Los parados hipercualificados: ¿una nueva forma de discapacidad?

mayo 22, 2014 § 3 comentarios


A mis Padres, Hijos de Tiempos más nobles

 

La noticia de que muchos jóvenes -y no tan jóvenes- con estudios universitarios en paro en este país que se ven obligados a adelgazar sus currícula es más que una leyenda urbana. Es así, y ya me he encontrado con bastantes que sostienen que eso es mejor que nada. Ya dejen de ocultarse en los currícula ingenierías, o cualesquiera clase de estudios superiores. En la vieja Europa del Sur, con España a la cabeza, hemos llegado a un punto en el que algunos casi tenemos que pedir perdón por tener tanta formación. Formación, muchas veces, que ha sido sufragada gracias al sacrificio de miles de ciudadanos, de cualquier extracción social -más bien de la clase media empobrecida y de las clases bajas-, a través de impuestos cuya carga, como es notorio, ha recaído casi siempre sobre los ingresos fácilmente detectables por el Estado, es decir, sobre las nóminas de los ciudadanos asalariados, y, en menor medida, sobre el consumo de profesionales, consumo interno que no ha hecho más que decrecer por la crisis, según datos del propio Gobierno.

Ante la situación de paro insostenible que vive nuestro país, cabe formular una pregunta legítima, que quiero lanzar por primera vez a los actores económicos, políticos y al resto de la ciudadanía: ¿no será la hipercualificación, o sobrecualificación, una nueva forma de discapacidad? ¿O, al menos, su equivalente funcional en una sociedad que no funciona económicamente como cabría esperar de una sociedad desarrollada y avanzada? Desde estas breves líneas, que no pretenden otra cosa sino iniciar un debate en este sentido, ésta es la hipótesis que pretendo defender: la hipercualificación es una nueva forma de discapacidad en la medida en la que dificulta, cuando no impide, el acceso a un trabajo adecuado a su formación, cuando no inadecuado, a miles de personas, simplemente por la razón de que nuestro actual modelo económico -que no me atrevo a llamar productivo- o, para que se entienda más claramente, “las empresas”, no están por la labor de invertir a largo plazo y de apostar por la innovación -a través de la creación de perfiles cualificados-, sino que desean simplemente mantener sus beneficios a costa de una plantilla de trabajadores semicualificados o no cualificados que les sigan reportando los mayores beneficios sin el menor riesgo. O, dicho en otros términos, privatizando sus beneficios y socializando sus pérdidas, cuando no recurriendo a las subvenciones del papá Estado del que nunca se separaron por completo aquellos que se tildan en este país de picaresca de “liberales”. Esta actitud empresarial, en un contexto recesivo o de grave crisis económica, resulta muy racional para los empresarios, pero nefasta para el conjunto de la sociedad. En términos estrictamente macroeconómicos aboca a otra recesión, a más despidos masivos como los que ya hemos presenciado y al abaratamiento de los costes sociales que tanto ha costado conseguir. La propia demanda interna de la clase media-alta se ve resentida, y es en ese punto quizá en el que las personas hipercualificadas podamos hacer algo. Pero una vez que la sociedad económica se ha conformado con una plantilla x para mantener una situación de primacía económica sobre su competencia, cuando no directamente se producen acuerdos colusorios entre las empresas, la apuesta por la .innovación y la creación de perfiles económico-laborales que cuestionen el status quo no resulta ya atractiva para dichas empresas. O, mejor dicho, para las personas que están detrás de dichas empresas. Se les presentan plazos demasiado largos y apuestas de riesgo en un contexto económico hostil del que no son capaces de entrever un horizonte distinto; es normal que no quieran arriesgarse, su mediocridad y cortedad de miras les lleva a ello. Sin embargo, sin el riesgo empresarial nunca ha habido crecimiento ni progreso, ni para la propia empresa ni para la sociedad. Ello revela la poca altura de miras de nuestra clase empresarial de “emprendedores”, como gusta llamarla a nuestra clase política.

La hipercualificación podría entonces definirse como una discapacidad, en sentido amplio, o al menos, en el equivalente funcional de aquélla, constituida por la situación de grave incapacidad que a muchas personas toca padecer para acceder a un puesto de trabajo, ya sea este último acorde con su hipercualificación -porque estructuralmente no se han previsto los mecanismos para su incorporación-, ya sea inferior -por el miedo del empresario a que el orgullo de la persona hipercualificada o su falta de formación específica en relación con el puesto que se le oferta pueda afectar al proceso productivo, ¡cuánto más si se contagia a otros trabajadores!-. Desde un punto de vista de sociología económica podría definirse la hipercualificación como la discapacidad funcional que sufren ya varios miles de personas -muchas en nuestro país- por el hecho de encontrarse en peores condiciones ex ante a la hora de encontrar cualquier puesto de trabajo, incluso muy inferior al que les correspondería en justicia según su grado de formación; ¿la causa?: en un contexto económico recesivo o, en cualquier caso, caracterizado por políticas procíclicas que priman la llamada “austeridad” frente a las políticas de crecimiento basado en el I+D+I, el puesto de trabajo natural para dichas personas ya no resulta atractivo para las principales empresas del mercado, incluidas las multinacionales. Por otra parte, la gran valoración social (simbólica, pues no es otra cosa, pero en el análisis social el funcionalismo sistémico nos enseña que los símbolos tienen importancia) de la juventud exige mano de obra muy joven para trabajos poco cualificados, basados básicamente en el aprendizaje automático y en el cumplimiento de unas pocas instrucciones mecánicas, así como en la fuerza física (este último argumento explica también, junto con otros que no es necesario apuntar aquí -como la posibilidad de embarazo-, la todavía notable preferencia -discriminación, en términos jurídicos- que lleva a cabo el mercado de trabajo privado de varones frente a mujeres, preferencia que, curiosamente, tiende a decrecer a medida que escalamos hacia trabajos más cualificados en los que las competencias de varones y mujeres se igualan, no precisamente “a la Cañete”, sino en una progresión favorable a la mujer (mayor estabilidad emocional, además de poseer, en general, o al menos así lo establecen las últimas estadísticas psicométricas, el mismo nivel en el rango de competencias más altas -como la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto, con un nivel de desviación típica en la estadística menor al 10%). El sector público, con su prohibición de discriminación -dejo a parte a las Universidades públicas con su famosa autonomía (¿o debería decir endogamia?), trata de compensar esta situación de discriminación entre varones y mujeres con acciones positivas (esto también es Derecho europeo). Aunque esto tiene a mi juicio una pega, o más bien un efecto secundario: como no vivimos en un país socialista, sino en un mercado libre en el que el empleo público se presenta como una rara avis, el legislador tiene que tener presente las posibles disfunciones sobre el mercado laboral general: una tendencia que ya se advirtió en los años de bonanza, y que motivó el escoramiento de las mujeres hacia puestos públicos que favorecieron su estabilidad y su progresiva ausencia de los centros directivos de las empresas privadas. Desde mi punto de vista convertir a todas las mujeres en funcionarias y todos los hombres medios en empresarios sería una distiopía peor que la situación social de los años 50 y 60 en nuestro país, antes de la revolución de la mujer y de las revoluciones feministas. Sin embargo, esta situación no se va a producir, por el simple hecho de que el sector público está en un peligroso retroceso que va a afectarnos muy negativamente a todos, varones y mujeres.

Volviendo a la hipercualificación como discapacidad, sería legítimamente exigible, si no su reconocimiento expreso a nivel legislativo combinado con políticas para combatir sus efectos desfavorables, al menos una petición de perdón pública por parte de los líderes políticos parecida a la que hizo el ex presidente del Consejo de Ministros italiano Letta, antes de ser desplazado por Renzi: pidió perdón por todos los jóvenes italianos que se habían visto obligados a abandonar el país por no encontrar trabajo. Y el honorable Letta, hombre inteligente, bien sabía que se trataba de jóvenes cualificados, y que muchos de ellos, de haber permanecido en Italia y haber querido encontrar cualquier puesto de trabajo, como ahora se insta a los jóvenes desde los responsables de nuestro lamentable Ministerio de Empleo, deberían haber adelgazado sus curricula. Algo impensable para un hombre de política, pero verdaderamente democristiano y honrado. Porque sabía que esos jóvenes eran perfectamente capaces de servir cafés y pizzas en cualquier restaurante o cafetería de Italia. Una respuesta muy honesta y muy alejada de las respuestas de nuestros líderes políticos, especialmente de los que sustentan nuestro Gobierno, con sus argumentos de que servir cafés en Londres supone una experiencia enriquecedora para los jóvenes, que por lo demás, tendrían una naturaleza “aventurera”. Hemos oído estas declaraciones en los debates parlamentarios, tanto por parte del partido en el Gobierno como por parte del partido en la oposición, si bien desde éste como crítica: ¿pero qué propuso en el último debate sobre el Estado de la Nación el PSOE y el Señor Rubalcaba, Doctor en Química? ¿Que habría plazas para Doctores en empresas punteras?… Pues nada de eso, queridos lectores, siento desilusionaros. La mayoría de vosotros ya lo sabréis. Lo que propuso, y me temo que va a seguir proponiendo -a pesar de la gran habilidad de este político para cambiar de opinión-, es seguirle el juego a los que aceptan que la hipercualificación deba ser una nueva discapacidad social (salvo para la política, claro; por cierto, en ésta brilla por su ausencia no ya la hipercualificación, sino una cualificación de cualquier tipo): fomentar y alargar la formación profesional -trabajo menos cualificado que el universitario-, para que aquellos alumnos que, siguiendo el benéfico instinto de enriquecimiento, abandonaron sus estudios durante los años de bonanza, para ser readmitidos y por lo menos terminar de pagar sus hipotecas casi perpetuas con un trabajo de 1500 euros al mes. Mejor que el PP, en términos cuantitativos. Pero me atrevería a decir mucho peor, en términos cualitativos. Porque esta política supone un ninguneo -y el Sr. Rubalcaba, como universitario, si no se le ha olvidado, debería recordarlo-, de todos aquellos que en ningún momento abandonamos -al menos de manera definitiva- un camino espinoso y plagado de dificultades; sí, se nos hizo difícil, tardamos mucho, cometimos errores, cada uno los suyos, pero al final lo logramos: el camino de la ciencia, del conocimiento y del desarrollo, para obtener el máximo grado académico reconocido por el ordenamiento jurídico español, que no es precisamente el grado de Máster, a pesar de su hipervaloración social y de su excesiva publicidad, sino el de Doctor: el grado que trae consigo la plenitud de la capacidad docente e investigadora; que debería conferir a su portador, según la legislación vigente, las mayores capacidades de análisis, de creatividad, de resolución de problemas complejos y de cambio. Lo que sobre el papel demandan las grandes empresas y deberían saberse -si es que saben lo que significa-, las psicólogas que son contratadas en sus departamentos de recursos humanos. Pues bien: éste es el camino que elegí. Me equivoqué. Porque, a todas luces, entro dentro de una nueva discapacidad, y una de las que molestan al Poder si éste no es capaz de hundirnos en la depresión o de mandarnos encadenar por los poderes fácticos blandiendo contra nosotros las categorías de molestos o fanáticos, cuando no de enfermos mentales. Y en esto el Poder es muy hábil. A una persona sola pueden silenciarla. Por eso quiero publicar y difundir esto, así como otros blogs; para que, si llega a “ocurrirme” un lavado de cerebro que me devuelva al denominado por Chomsky “rebaño de los adormecidos” (aquí no somos tan importantes con en las Universidades norteamericanas con algunos de cuyos exponentes más subversivos se experimentó dentro del ya desclasificado programa MK-Ultra), si el Poder hace uso del condicionamiento operante el peor de sus sentidos -por ejemplo, a través del Estado terapéutico-, y se me da la falsa felicidad del soma del Mundo Feliz de Huxley, por lo menos estas ideas habrán sido lanzadas al ciberespacio. Lo mismo pretendo hacer, y más pronto que antes, con otros posts.

Termino con unas pocas citas de nuestra Constitución Española, tan en boca de los políticos de todos los colores como prostituida. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, dice el artículo 35 de la Constitución Española en su primer párrafo. Incluso la propia Constitución se hace eco de la protección de los discapacitados, a los que, utilizando la terminología de la época, llama “disminuidos”, en su artículo 49, cuyo texto reproduzco a continuación: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”; la cursiva es mía, y con ella quiero subrayar el hecho de que todas las limitaciones a la capacidad de obrar de los discapacitados deben ser interpretadas restrictivamente, que su tratamiento ha de ser contando con su cooperación, y no de modo paternalista, y que el objetivo del mismo debe ser el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, que son para todos, y no sólo para la mayoría “normal”. Porque, entre otras cosas, de una lectura siquiera superficial del arma más mortífera de la Psiquiatría actual -es verdad que ya no hacen tantas lobotomías como antes, pero por lo general diagnostican más que hablan-, si abrimos el DSM-V de 2013, no hay nadie “normal”. Sólo basta con que alguien acuda a consulta para que sea considerado “enfermo mental”, desencadenándose con ello los nefastos efectos victimizadores propios de la dinámica de inclusión/exclusión en el colectivo de los denominados “enfermos mentales”. Casi no me resisto a seguir, pero sobre ello, téngalo por seguro mis lectores que, si Dios quiere, y como dijo el gobernador de California, “volveré”.

Volvamos sin embargo a la Constitución. Todos los criterios interpretativos sobre la capacidad de obrar de aquellas personas que por alguna u otra razón (edad, trastorno mental transitorio o permanente, incapacidad) son Derecho vigente, y manifiestan una tendencia clara en contra de la regla del paternalismo médico incluso en esos supuestos, tanto en nuestra doctrina como en nuestra jurisprudencia, así como en el ámbito deontológico médico, sobre todo a partir de la aprobación del Convenio de Oviedo de Derechos de los Pacientes de 1999, que tendrían que leerse varias veces muchos de los actuales profesionales españoles de la salud mental. Todo ello, incluso en una época de crisis, es Derecho vigente, aunque sean meros “criterios rectores de la política económica y social”. Pero a ellos han de estar sometidos todos los partidos, incluidos el PSOE y el PP. Por cierto, igualmente vigente resulta el artículo 42 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”. Así que, además de ello, no vendría mal una petición de disculpas públicas por parte del actual Presidente del Gobierno, el Sr. Mariano Rajoy, por los miles de jóvenes y no tan jóvenes que han tenido que dejar este país por la situación de crisis de la que son responsables en cuanto gobernantes. Me dan igual las herencias recibidas; la misma declaración se la exigiría al PSOE si estuviera ahora mismo en el gobierno. Y es que en Derecho civil se enseña que las herencias se transmiten, y que el sucesor es -según las reglas generales- responsable de las deudas producidas por el causante, haya habido o no culpa; la responsabilidad como categoría esctricamente jurídica -cuestión distinta es cuando pretende extrapolarse espuriamente a otros lenguajes, como el clínico-, es una categoría que no necesita la culpa; puede fundarse perfectamente en el riesgo, en la equidad o en otras construcciones jurídicas; por ello, y en una cierta analogía con el Derecho civil, del mismo modo en Derecho político un gobierno es responsable de la situación de un país, tal y como se lo encuentre; ello se ve muy bien en el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en las obligaciones que la IV Convención de Viena impone a los países invasores sobre el país invadido. En la medida en la que las potencias ocupantes se arrogan el ejercicio de una acción de gobierno, se hacen competentes de todos los riesgos que afectan al territorio ocupado -diríamos en teoría del Derecho penal-, procedan de donde procedan. Así que con mayor razón el Gobierno actual es responsable, objetivamente y por voluntad de las urnas -aunque sea una voluntad formal o una ficción jurídico-pública- de la situación del país, y ellos -los gobernantes- tienen que contribuir a mejorarla. Los que pretenden esquivar su responsabilidad -esta responsabilidad, la que implica acción y compromiso de cambio y no aceptación de culpa-, nos dan una idea de lo limitada de su formación intelectual y humana, además de su pusilanimidad.

En resumen: estoy dispuesto a lanzar esta idea: los parados hipercualificados como una nueva forma de discapacidad, y de lanzarla incluso a la arena política. Quiero que se hable del tema, y quiero lanzar, a través de este post, el testigo para que, desde la sociedad civil -aunque luego deban mediar los partidos-, pueda ser recogido por quienes la apoyen. El objetivo: llevar el problema del paro hipercualificado al Congreso de los Diputados como problema político de primer orden de I + D + I, con la legitimidad que debe darnos esta idea. La propuesta podría bien cristalizarse en una iniciativa legislativa popular de Proposición no de ley, pero de puntos programáticos claros, que restituya la dignidad al colectivo de los parados hipercualificados. Las personas hipercualificadas no somos simples personas “vagas” que no queremos aceptar “cualquier trabajo” -como recientemente se nos acusaba por personas afines al Ministerio de Empleo-; somos personas conscientes de que en “cualquier puesto de trabajo” lo tenemos más difícil y que, además, lo vamos a hacer peor que quien ha estado toda su vida en ese trabajo; aunque esta posición parezca elitista, no lo es, pues la mayoría de vosotros conocéis mi posición sobre la necesidad de redistribución de la riqueza y de poner límites al capital; muchos de estos conocimientos los he adquirido, además de en participación en acciones de voluntariado, sobre todo gracias a mi hipercualificación. Así que, más allá de las críticas que se nos dirijan por hacer o no hacer otras cosas, tal y como yo lo veo, somos personas conscientes de la grave responsabilidad que pesa sobre nosotros, como colectivo social, en cuanto talento desperdiciado por el sistema y que ansiamos que revierta en la sociedad para el bien común de todos. En mi caso, si no adelgazo mi currículum, no es por orgullo, sino por no faltar al respeto a tantos miles de personas -muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de cursar estudios superiores- que pagaron una formación excelente y a las que ahora no les puedo devolver, en términos productivos, dicha formación recibida. Ello me llena de amargura, pero constituye también un grave problema social, que espero haber denunciado con este post. Y me costa que lo mismo piensan miles de personas ahora mismo en silencio, cuando no silenciadas. También por ello, no aceptaré -al menos a fecha de hoy, 22 de mayo a las 17:00 h GMT +1)- ninguna discapacidad que no sea ésta. Porque lo contrario sería darles la razón a quienes quieren silenciarnos, a los pseudopsiquiatras y pseudopsicólogos que, a fuerza de querer hurgar en nuestros ombligos, descubren ahí sus propias miserias y justifican un sistema de autoridad prescriptiva y de trastorno mental cuya epistemología resulta altamente cuestionable. Pero eso, como diría el nunca suficientemente ponderado Michael Ende… eso es otra historia. Parte de ella trataré de contarla o de reescribirla en sucesivos posts, con la ayuda de Dios. En cualquier caso, retomo la cuestión fundamental de los problemas de la hipercualificación y de los problemas relativos a la crítica a la juventud por su “ociosidad” en http://pabloguerez.com/2014/07/08/de-nuevo-sobre-el-prolema-de-la-hipercalificacion-y-contra-la-critica-a-la-presunta-ociosidad-de-la-juventud-sin-trabajo/.

 

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico / Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

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Breve comentario sobre las Propuestas de la Carta por la Ciencia en inversión en I + D + I ante las candidaturas que optan a representación parlamentaria en las próximas elecciones europeas y sobre su viabilidad en un sistema de representación política degradado

mayo 22, 2014 § 4 comentarios


Breve comentario sobre las Propuestas de la Carta por la Ciencia en inversión en I + D + I ante las candidaturas que optan a representación parlamentaria en las próximas elecciones europeas y sobre su viabilidad en un sistema de representación política degradado

 
Estimados seguidores:
 
Tras veinte días de inactividad en el blog por razones personales, rompo mi silencio a través de la publicación de este enlace, que espero os sea de interés.
 
  Ayer me llegó, de mano de una de sus miembros más destacados, el siguiente comunicado de la FJI, a la que pertenecí en su momento. En ella se recogen propuestas básicas de la Carta por la Ciencia, curiosamente suscrita por todas las formaciones políticas españolas con representación parlamentaria y nunca llevada a la práctica, supongo, por parte del partido en el Gobierno, para respetar el “sacrosanto” déficit público y la estabilidad, y por miedo a ser “regañado” por “Europa” como lo fuera el gobierno del PSOE de la segunda legislatura de Zapatero, cuando éste tuvo que echar marca atrás en sus políricas keynesianas y anticíclicas en noviembre de 2010: mi precaria alegría intelectual de ese momento por no haber votado a dicho partido a las elecciones generales sólo se vio en parte compensada por una verdadera alegría por haber votado a dicha formación en las elecciones al Parlamento Europeo, donde, por cierto, el Sr. Borrell plantó admirablemente cara a la “Directiva de la Vergüenza” de expulsión de inmigrantes, en un gesto histórico de insumisión a la disciplina de su partido y de su grupo parlamentario europeo.
 
  Desde nuestra modesta posición, sólo podemos recordarles a los partidos políticos los compromisos que ya suscribieron y que parecen haber aplazado “sine diae”, hasta que la fuerza de la razón, y no lo contrario, les lleve a comprender que en este mundo globalizado es imposible competir a nivel regional con las demás áreas “desarrolladas” del planeta sin una seria inversión en I+D+I. Se trata de una cuestión de interés público de primer orden, donde deberíamos trabajar todos en una misma dirección y debería acabar cediendo incluso, si es necesario, la autonomía universitaria, que para algunos ya está visto para qué sirve -para desechar a los mejores, como ha sido mi caso-. Espero no pecar de soberbia con esta última afirmación realizada un poco “by the way”, pero yo soy consciente del potencial intelectual y académico que poseo, y la única razón por la que la he realizado ha sido para subrayar todavía más si cabe lo que ha perdido la Universidad pública española con mi arrinconamiento a la dorada -pero improductiva, por no dignificadora ni estabilizadora- condición de Profesor honorario, que bien sabe que, con razón, no podrá mantener mucho tiempo (sobre ello, vid. más extensamente, en este mismo blog, “Perfil público actualizado”).
 
  Volviendo al tema general, os dejo el enlace y la carta de la FJI, donde se recogen los principales puntos que deberían ser implementados si en Europa -y sobre todo en los países del Sur- queremos ser economías productivas “reales” -y no meramente especulativas, por desgracia tan o más “reales” que las llamadas economías reales-, basadas en la investigación, el desarrollo y la innovación, así como en el desarrollo de todas las disciplinas del saber, tanto las antiguas como las nuevas ciencias, para ponerlas al servicio de la sociedad y cimentar así una economía no basada en el ladrillo, sino en la creación, transmisión y transferencia del conocimiento y su distribución equitativa en términos de bienestar a toda la sociedad. Pero ello exige tener planes a futuro. O por lo menos a medio plazo. Algo muy lejano a la dinámica y al pensamiento -si es que lo tienen- de los líderes políticos actuales de todos los colores, cuyo mayor atributo es la mediocridad y el corto plazo de “ganar las elecciones”. No obstante, sigo confiando en que cinco años son bastantes como para plantearles logros a medio plazo, no como contrapartida de nuestro voto, sino reconociendo sus aciertos y denunciando sus errores constantemente en la red, que es hoy -al menos en algunos países- prácticamente el único medio de difusión libre, donde puede canalizarse verdaderamente la libertad de expresión, dado que toda la prensa tradicional está “comprada” a intereses, por cierto, muy parecidos entre sí, es decir, los intereses del capital, del dinero o como prefiráis llamarlo vosotros, lectores, ya procedáis de tradiciones políticas marxistas o socialdemócratas, ya lo seáis de tradiciones sociales -aquí en España no hubo nunca nada de eso- democristianas.
 
  Así que, aunque la legitimidad en ejercicio del Parlamento Europeo y su eficacia real para cambiar la economía en el sentido en el que muchos queremos sea muy limitada, se puede hacer algo. Por ejemplo, instaurando un Tesoro europeo controlado por órganos políticos y capaz de dar órdenes al Banco Central Europeo, cosa para nada marxista, ya que existe en todas las grandes potencias del mundo y debería haber sido previsto ya en 1992 el lugar del famoso “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, del que por cierto se olvidaron del crecimiento; o excluyendo el gasto en I+D+I, como propone la propia Carta por la Ciencia, del cómputo del déficit público; o presionando a los organismos internacionales garantes del “nuevo orden económico mundial” (quien pueda leer más allá y no se asuste viendo compases, triángulos y ojos que todo lo ven que lea, pero de momento sólo me estoy refieriendo a organismos conocidos y (re)conocidos -sic- por los actores políticos y económicos internacionales: básicamente, el FMI, el Banco Mundial y, por su importancia, el Tesoro Estadounidense, frente al cual nuestro Banco Central Europeo, a cuyo frente se sitúa el impresentable Mario Draghi, sólo puede palidecer) para implantar tasas a las transacciones financieras internacionales especulativas, cosa ya defendida por la organización ATTACK desde hace más de veinte años sobre la base de la tasa propuesta por el Premio Nobel de Economía Tobin en una época, si bien no muy lejana -los años 70-, ciertamente más noble que la nuestra, donde todavía cabía entrever ideales, buenos o malos, en las formaciones políticas de los dos lados del mundo inventado por las mismas instituciones de Bretton Woods arriba mencionadas. Resumiendo, se trata de someter a la economía a la ya desvelada como farsa de la “representación política formal”, es decir, a la representación, si queremos indirecta, imperfecta, susceptible de corrupción, de las formaciones políticas, que se supone que elegimos entre todas las personas físicas, y no las jurídicas, públicas o privadas, que son las que controlan directamente nuestro bienestar, ya se llamen Bankia, Banco de Santader o Deutsche Bank, o BCE, todas ellas unidas en esos entes sin personalidad jurídica alguna a los que casi todas las formaciones y líderes políticos del mundo parecen profesar un “temor reverencial” llamados “mercados”. Y si, desde el pensamiento neoliberal seguidor de Fukuyama podrá objetarse esta concepción que tengo de la política, y que seguiré manteniendo mientras ellos no consigan dejar de ocultar que la “democracia” no es sino algo instrumental, en el mejor de los casos, de un modelo económico injusto en su raíz, es decir, el sistema capitalista. Mi concepción, si bien degradada, casi al modo de “pensamiento débil” de la política -no sólo de los políticos, que también, en la actualidad-, resulta preferible al pensamiento único de la sumisión sin más a los mercados como algo bueno. Si ello no se consigue será una prueba más de que la política tradicional, nacida en el siglo XVIII tras la Revolución francesa, no funciona, y hay que ir a otros medios en el que los ciudadanos podamos tomar las riendas de las principales decisiones en torno a la producción de los recursos y su distribución, o, en su caso, de su redistribución: sí, de su redistribución, y que nadie se asuste con esta palabra, pues más deberían asustarse los poderosos ante el tamaño que ha tomado en el mundo de hoy la desigualdad social, con el dato de que más del 90% de la riqueza está en manos de poco más del 1% de la población mundial. Eso es simplemente un pecado que clama al Cielo, por muy cristianos que se profesen los que lo perpetran. Señores neoliberales (¿o debería decir neoconservadores? Tampoco se notaría mucho): Ustedes tienen secuestrada la soberanía popular. Nunca se la tomaron en serio, pero ahora lo han conseguido. A traves de los instrumentos económicos crediticios y de deuda tienen sojuzgada a una gran parte de su población ya no sólo en sus derechos sociales, sino también -y sobre todo, pues es lo que más me preocupa- en los derechos, llamados por los marxistas, “formales”-. En eso sí soy marxista, y se sorprenderán algunos que en mi concepción sobre la propiedad personal -no estoy hablando ahora de la propiedad de los medios de producción- coincida tanto con Marx en su Manifiesto comunista -quien nunca habló de quitarles lo poco que tenía al proletariado, sino antes bien advirtió que la posesión de cierta riqueza material era necesaria para el pleno desarrollo de todas las libertades básicas, más adelante llamados derechos humanos, como con muchos pensadores cristianos. Así, del mismo modo explicaba el papa León XIII, muy a finales del siglo XIX, en su encíclica De rerum novarum el carácter natural y bueno de la propiedad, con tal de que no llevase a la codicia. Y es que es de cajón. Si no tengo pan para llevarme a la boca, si no tengo un trabajo justo que me permita obtener bienes según mi trabajo, no podría escribir estas líneas, o no podría escribirlas con la calidad con la que siento el compromiso moral de hacerlo. La cuestión en este punto y mi opinión sobre la propiedad están claras, y disculpe el lector la falta de citas, que he preferido omitir en favor de la frescura del texto. Tenga por seguro el lector, especialmente el lector crítico respecto de mi planteamiento, que se las proporcionaré en cuanto él me las pida. Me gustaría matizar sin embargo lo anteriormente dicho sobre la propiedad en el sentido de que, en el contexto la evolución del sistema socioeconómico actual, el respeto a los recursos mínimos no puede agotarse en un socialismo subsiado y supervisado, al estilo de algunos modelos de Europa del Sur. Sí me parece fundamental, por el contrario, la instauración, de una vez por todas, de la renta mínima de ciudadanía. Frente a otros modelos basados en el subsidio, éste tiene la ventaja de restituir, en justicia, no sólo la parte de renta “secuestrada” por los mercados o por el Estado capitalista cómplice al ciudadano, sino de promover una autoadministración libre del ciudadano de sus recursos. El ciudadano a que en justicia, por el sólo hecho de serlo, le corresponde un nivel mínimo de bienestar, debe poder administrar su en dinero, pues es éste la moneda de cambio y el depósito de valor configurador por excelencia de las sociedades posmodernas. By the way, como este es un blog sobre victimología, y muchos de vosotros conocen mi predilección hacia los temas médicos, especialmente hacia la dudosa legitimación moral de los “médicos de la mente”, anuncio que en un post de próxima publicación, D. m., a partir del post que escribí anteriormente sobre medicalización de la moral, me gustaría poder exponer al lector las consecuencias nefastas que para la persona pueden derivarse de la privación de su derecho de propiedad en la vertiente de su capacidad de obrar, es decir, de poder administrar su dinero, ayudado por ideas relativas a la corresponsabilización del paciente en su proceso curativo que me han sido suministradas por un valioso seguidor, y ahondando en las ideas de Estado paternalista y Estado terapéutico. 
 
  Me gustaría concluir este post con un llamamiento de sentido común. Desde luego, Europa todavía representa un vergel donde las desigualdades no son tan extremas -al menos, comparada con la mayoría de las zonas del Planeta-, pero los últimos datos publicados por organizaciones independientes anuncian un auge imparable de las desigualdades. Frente a ello, quiero pensar que Europa todavía cuenta con una tradición de pensamiento filosófico, político, económico y religioso ausente en otras zonas del Planeta, o donde éste ha sido exportado. Sólo por ello, porque creo en esta tradición y porque confío en que Europa pueda seguir produciendo un pensamiento crítico -quizá ya no de manera tradicional en las academias, pero sí en nuevos foros como la red o por parte de personas excluidas de las Academias europeas y, por lo tanto, no “institucionalizadas” ni obligadas a llevar una vida laboral sometida a los dictados de agencias de evaluación continuas e invisibles que no hacen sino imposibilitar el surgimiento de cualquier pensamiento crítico, o en microempresas, o en movimientos ciudadanos del estilo del 15-M, con poco que pueda organizarse-, un pensamiento que pueda traducirse en acción política y que sea capaz de llevar a una mejor distribución de la riqueza y del bienestar, objetivo que tendría que serlo de cualquier gobernante, iré a votar en las próximas Elecciones Europeas.
 
  Os dejo con el texto del comunicado.
 
  Fdo. Dr. Pablo Guérez Tricarico
  Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD
 
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Desde la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, tenemos el gusto de mandarles el siguiente comunicado. Esperamos que resulte de su interés. Gracias por su tiempo y esfuerzo.
El enlace es el siguiente: http://precarios.org/article324

    Reciban un cordial saludo,

          Portavocía de FJI/Precarios
 
 
 
Como miembro del colectivo Carta por la Ciencia, la Federación de Jóvenes Investigadores FJI/Precarios y el resto de los integrantes de este colectivo (CRUE, COSCE, UGT, CCOO, PID) se están poniendo en contacto estos días con todos los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones europeas para hacerles llegar una carta con algunas de las necesidades más urgentes para poder garantizar el futuro de la I+D española en el ámbito de la UE así como conocer de forma más directa las propuestas de sus candidatos al respecto.
 
Hasta el momento se han confirmado reuniones con algunos de los principales partidos del arco parlamentario :
 
Miércoles 21 de mayo:
PSOE – Ramón Jáuregui – Congreso de los diputados 12.00 h
PP – Pilar del Castillo – Sede calle Génova 13.45 h
 
Viernes 23 de mayo
IU: sitio por determinar
UPyD – Sosa Wagner – Sede calle Cedaceros 19 h
 
Asimismo se está manteniendo contacto con el resto de partidos que concurren a estas elecciones para hacerles llegar todos los puntos que se incluyen en la carta y con los que varios de ellos ya han mostrado su total acuerdo y compromiso.
 
A continuación se incluye la carta enviada a los partidos:
 
En los próximos años, la política de Investigación y Desarrollo (I+D) que se seguirá en la Unión Europea y en los países que la integran constituirá sin duda un asunto crucial para su futuro y el de sus ciudadanos. Desgraciadamente, debido a la crisis económica, el sector de la I+D está sufriendo importantísimos retrocesos en varios de sus estados miembros, entre los que destaca España, que compromete el progreso de estos países y acrecienta las desigualdades y desperdicia el talento de algunas de sus generaciones de investigadores e investigadoras mas  preparadas.
 
Ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, desde el colectivo “Carta por la Ciencia” integrado por los representantes de Sociedades Científicas (COSCE), Universidades (CRUE), Jóvenes Investigadores (FJI),  investigadores (PID), sindicatos (CCOO y UGT) y empresas (FEI) queremos mantener una breve entrevista con Ud. para conocer las propuestas de su partido y hacerle llegar nuestras ideas en torno a las necesidades urgentes de un sector, como la I+D, clave para el avance y el bienestar de nuestra sociedad.
 
Las cuatro propuestas básicas del colectivo “Carta por la ciencia” son:
 
1) Que la inversión en I+D civil de un país no compute para el cálculo de su déficit nacional a efectos de cumplir los compromisos de estabilidad, ayudando así a evitar que los países que más se están viendo afectados por la crisis sean también los que más estén recortando en este sector, comprometiendo así su futuro y el de una Unión Europea igualitaria y equilibrada
 
2) Establecer medidas para reducir las diferencias en el número de investigadores por habitante en los países europeos, tanto en las etapas sénior como en las de iniciación, formación y estabilización y como una medida para la creación de empleo cualificado y de calidad, haciendo especial incidencia en los jóvenes.
 
3) Favorecer la estandarización de requisitos administrativos (títulos, justificaciones,…) para la circulación libre y real de personal de I+D dentro del espacio europeo, fomentando el acceso en igualdad de condiciones y en base a los méritos a los distintos puestos de trabajo.
 
4) Defensa de la Investigación básica como pilar del conocimiento, motor de avance y pieza imprescindible para la existencia de la investigación aplicada.
 
 
Colectivo Carta por la Ciencia
 
 
Esperamos que esta información sea de su interés. 
 
medios@precarios.org                 http://www.precarios.org
 
FJI – PRECARIOS: www.precarios.org
EURODOC: www.eurodoc.net

 

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