Defectos y excesos del reglamentismo hispánico en la pretendida regulación de una ética secular de la virtud y en la supresión de los tratamientos de cortesía por la Administración General del Estado: aportando algo de educación y sensatez

febrero 9, 2017 § Deja un comentario


Defectos y excesos del reglamentismo hispánico en de la pretendida regulación de una ética secular de la virtud y en la supresión de los tratamientos de cortesía por la Administración General del Estado: aportando algo de educación y sensatez

Por Pablo Luis Guérez Tricarico, ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Acreditado a Profesor Contratado Doctor y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

 

Abstract: En la presente publicación, sin ánimo de exhaustividad, examino algunos de los defectos y excesos prototípicos de la actual Administración Española en relación con una correcta comprensión de la educación y la cortesía, en la que intento dar mi criterio, contrario, por una parte, al exceso reglamentista de “virtudes” que supuestamente deberían reunir los empleados públicos, y, por otra parte, el defecto que ha supuesto la evolución de las reglas del trato social en el trato personal y en la utilización de los tratamientos de cortesía en la Administración.

Palabras clave: Administración Pública; Administración General del Estado; relaciones especiales de sujeción; derechos fundamentales; ética de la virtud; coacción administrativa; educación; cortesía; tratamientos; protocolo.

 

  1. Los excesos de la Administración Pública en materia de exigencias de su personal: el problema de la imposición de una ética de la virtud en un Estado de tradición liberal

En una monografía del excelente administrativista el Excmo. Sr. Prof. González Pérez, llamado “Administración pública y moral”, publicado por la prestigiosa Editorial jurídica Thomson Civitas en los años noventa del pasado siglo, el viejo Profesor elogiaba las normas comunitarias que exigían probidad y otras virtudes de una ética de la virtud tradicionalista, al tiempo que lamentaba la derogación de normas similares en el ordenamiento jurídico español. La misma temática fue escogida por el Profesor para su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y legislación, que tuvo lugar en 1995, y cuyo texto íntegro, breve y de lectura amena y recomendable, puede descargarse en la web vía http://www.racmyp.es/R/racmyp/docs/anales/A72/A72-1.pdf.

Al hilo de una discusión, en un comentario objetivamente muy desafortunaado por el que  se tildó de “raro” –con la connotación negativa que suele tener este término en español, a pesar de las múltiples definiciones, moralmente neutras, que da a esta palabra el Diccionario de la Real Academia Española- por escribir de Ud. a mis superiores, en el contexto de una estructura fuertemente jerarquizada y con una flexibilidad manifiestamente mejorable -tanto en lo que se refiere al modo de acceso como a las dinámicas “informales” que se producen en su actuación-, quisiera compartir con Uds. algunas reflexiones sobre el uso profesional del Ud. en la lengua española y, más concretamente, en España.

Aquellas reflexiones entonces expuestas por el Profesor, la crispada situación de la política española con minúsculas y el debate político-mediático, que viene durando ya aproximadamente al menos dos años y medio, sobre lo que debe o no ser exigible a un cargo público, debate que tiene lugar, más que en la natural discusión parlamentaria, en el terreno mediático, con el empleo de un discurso compartido por los partidos de todo el espectro político español, así como mi cierto conocimiento profesional práctico sobre el funcionamiento de la “black box” de la Administración española, me ha suscitado reflexiones sobre los peligros de la juridificación de una cierta ética de la virtud en la Administración Pública, que, a la vez que desatiende problemas de educación claros, pretende exigir a los empleados públicos unas cualidades o virtudes a cuya práctica un Estado de Derecho no puede legítimamente obligar.

En 1990 el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) editó un Manual de estilo de lenguaje administrativo que, si bien tenía puntos positivos –mejorar la sencillez y la claridad en la redacción de documentos, evitando por ejemplo el uso excesivo de frases subordinadas, o aplicar los resultados de estudios para la mejora de la técnica legislativa-, se mostraba a mi modesto juicio poco respetuoso con la dignidad de la institución social “Administración Pública”.

El Manual recomendaba la supresión de los tratamientos tradicionales en la Administración (Excmo. Sr., Ilmo. Sr.), cuestión que fue tenida en cuenta –según mi criterio, negativamente- por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. A pesar de lo que diga el Preámbulo de dicho Código, a mi modesto juicio, y conforme a un importante sector de la doctrina de Derecho administrativa y generalista de Derecho público, el Código de Buen Gobierno como tal, aprobado por una Orden Ministerial, carece de valor normativo, especialmente “ad extra”, y sólo incluye recomendaciones dirigidas a los funcionarios públicos, a los que, por cierto, se les exige comportarse como seres seráficos, y no como hombres y mujeres de carne y hueso, pero humanos, con su dignidad, por supuesto, pero humana y no “angélica“. Por otra parte, no considero que sea función legítima de la Administración ni del Gobierno de un Estado de Derecho supuestamente respetuoso con la libertad de conciencia exigir a sus empleados principios éticos basados en una ética de la virtud, y que en modo alguno se deducen de la Constitución española, que proclama expresamente la libertad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de creencias (art. 16 CE) y los derechos a la libertad de expresión y relacionados (art. 20 CE). Buena parte de la corrupción que asola nuestro país podría evitarse, además de con otras medidas realmente eficaces, si dejaran de aprobarse normas basadas en una ética de la virtud laica y lo que se pidiera a los empleados públicos fuera simplemente que se comportaran como personas decentes y que no cometieran delitos ni infracciones administrativas (con la matización de que ambas clases de sanciones no deberían poder justificarse en un Estado de Derecho como mero refuerzo de normas morales).

Volviendo al Código de Buen Gobierno, considero que algunas de las normas contenidas en dicho Código, sobre todo en lo que respecta al contenido de esta publicación, afectan negativamente tanto a la dignidad del empleado público como a la Administración. Por si alguien quiere profundizar en las “lindezas” del buen Gobierno, observará sin necesidad de mucho detenimiento que la citada “norma” parece querer convertir a los empleados públicos en una suerte de monjes seculares, exigiéndole imposibles en nombre de conceptos tan ampulosos como, muchas veces ineficaces, como la “austeridad”, “transparencia”, las prohibición de actividades privadas, el “decoro”, y otros conceptos de moda muy similares en la dictadura del lenguaje políticamente correcto, a la que se han apuntado tanto la Derecha como la Izquierda políticas españolas. En definitiva: en nombre de no se sabe qué idealización pseudoplatónica o pseudohegeliana de la Administración, que recuerdan cosas peores, como el ideal franquista -que no falangista- de que el español debía ser mitad monje, mitad soldado.

La situación creada a partir de 2005 para la Administración General del Estado no es justificable, siguiendo a un autorizado sector de la doctrina administrativista, ni siquiera si admitimos la tesis de la vigencia de las relaciones especiales de sujeción en la Administración, hoy ya superado en muchos países de nuestro entorno cultural por los principios del binomio ciudadanos/servicio público o por la tradición jurídica, fundamentalmente anglosajona y paradójicamente dialéctica o de confrontación entre la Administración/Leviatán y el ciudadano, con sus derechos fundamentales como “cartas de triunfo” en el sentido de Dworkin. Con ello queda claro que un Estado de Derecho como el nuestro, teóricamente construido sobre la base de la tradición del liberalismo político, no puede imponer pretendidas virtudes morales, sobre todo teniendo en cuenta, en el orden sociológico, el pluralismo valorativo existente en nuestra sociedad y, en el jurídico, la garantía de dicho pluralismo que, si bien no es ilimitada, no autoriza injerencias en los derechos fundamentales de los “administrados” o de los ciudadanos contrarias al contenido esencial de aquéllos, y, siguiendo la tradición literaria del Tribunal de Justicia de Derechos Humanos, no puede imponer restricciones a los derechos fundamentales, como en este caso, incompatibles con los principios y valores constitucionales ni sacrificios no necesarios en una sociedad democrática.

No obstante lo anterior, la lectura del Código de Buen Gobierno es altamente recomendable, aunque no es apta para todos los públicos, y conviene prepararse antes con una buena dosis de ansiolíticos o de lo que se tenga a mano para poder relajarse ante los dislates que en él se contienen.

 

  1. La educación en la Administración Pública por defecto: ¿Ud. o vosotros en las relaciones profesionales? El problema de la eliminación de otros tratamientos de cortesía

Lamentablemente, en otros ámbitos –de momento pocos-, sí se ha dado fuerza normativa a la supresión de los tratamientos de cortesía. Es el caso, muy sentido por mí –pues procedo de la carrera universitaria-, de la supresión de los tratamientos de cortesía de las autoridades de la Universidad, a la que dediqué una parte muy importante de mi tiempo y de mis esfuerzos intelectuales- lo que ha traído efectos nefastos en la utilización de un protocolo académico que data en parte del siglo XVI, así como en la autonomía universitaria y en dignidad de la institución. La Disposición Adicional 13ª de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que en 2007, en plena época del “zapaterismo light buenrollista”, estableció lo siguiente: “Las autoridades universitarias recibirán el tratamiento de señor o señora, seguido de la denominación del cargo. Los Rectores de las universidades recibirán, además, el tratamiento académico de Rector Magnífico o Rectora Magnífica”. Esa es la única concesión que se ha hecho al derecho histórico universitario. En los demás tratamientos abolidos –que son muchos- es dudoso que el Estado tenga competencia para abolirlos o, al menos, ello presenta problemas de dudosa constitucionalidad por posible contradicción con el artículo 27.10 de la Constitución Española, que tutela al máximo nivel el derecho a la autonomía universitaria.

Estos ejemplos nos muestran que, ya a finales del pasado siglo se pusieron las bases para la degradación de la dignidad de los empleados públicos y, como trataré de argumentar más adelante, para la extensión del tuteo en las relaciones laborales en la Administración Pública. Con ello se abonó el camino, también para la Administración “técnica” para el “todo vale”, degradación que ya se había instaurado en la política por el falso progresismo de una igualación que terminó degradando la dignidad del trato debido a las instituciones públicas, con la aparición de frases del estilo: “oye, ministro”.  Parece ser que ahora en la Judicatura va a aprobarse algo similar al Código de Buen Gobierno, y sinceramente espero que no confunda la sencillez con el simplismo, o la claridad con la falta de complejidad expresiva y conceptual.

Abordo ahora, escuetamente, un tema relacionado con estas consideraciones, con el respeto debido a las instituciones, a los empleados públicos y a las personas en general.

Y es que, al margen del caso concreto administrativo, hemos llegado a un momento en el que la educación ha cedido ante la mala educación, la falta de respeto y la chabacanería. Con las consideraciones anteriores he intentado argumentar cómo los esfuerzos de nuestros técnicos al defender las ideas de respeto y dignidad han sido objeto de una dialéctica perversa que ha supuesto la consagración y consolidación precisamente de lo contrario. Llegados a este punto, no puedo ocultar mis preferencias en cuanto al uso del tuteo o del Usted, y creo que la educación no está de más. Más bien considero una anomalía lingüística que en España hayamos perdido el Usted/Ustedes como fórmula de cortesía –dejo a parte su utilización normal, como equivalente funcional al “tú” o al vosotros, común en algunas zonas de España, como Canarias o ciertas zonas de Andalucía Occidental; y especialmente como tratamiento de respeto hacia las personas mayores, autoridades, jefes, y, en general, hacia cualquier persona con la que no tengamos aún la suficiente confianza, salvo en el que caso en el que su legítimo destinatario tenga a bien apear de su fórmula o tratamiento de cortesía a su interlocutor.

Si esto es así, pueden Ustedes ya adivinar, por lo anteriormente expuesto, mi posición con respecto al mantenimiento de los tratamientos “propiamente de cortesía” y fruto de la tradición y del patrimonio lingüísticos del español, especialmente al mantenimiento de los tratamientos de cortesía en la Administración Civil del Estado (Excmo. Sr., Ilmo. Sr., etc.), cuya supresión, con el pretexto de “acercar la Administración a los ciudadanos” ha terminado por autorizar a todo el mundo a escribir de cualquier manera. Por supuesto que, como hemos visto, ello no ha venido a paliar las perversas dinámicas internas de las que adolece nuestra Administración, tanto en relación con el personal a su servicio como con los ciudadanos, ni ha contribuido a reducir los equilibrios de poder entre la Administración Pública y los administrados, ni la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa. Por el tipo de medida, más bien parece un equivalente funcional a lo que en Derecho penal los penalistas acostumbramos a llamar Derecho Penal simbólico. Sería un “Derecho administrativo simbólico”. Parece que al ciudadano le resuelve sus problemas no poner un Ilmo., o se le va a dar razón porque, de repente, la Administración se ha vuelto, de repente, “coleguita”.

Pues, Señores, Dios nos guarde de los “jefes coleguitas” que ejercen su poder con torpeza o con sutiliza, pero, en cualquier caso, sin ninguna formación en liderazgo. Más vale jefes “a la antigua” con las ideas claras y con un estilo de mando claro, directo y racional, es decir, no contradictorio. Me parece lo mínimo que puede exigirse a la Administración del Estado que, antaño, recibiera por Hegel el más que dudoso título de “suprema realización de la razón”.

Por mi parte, en cuanto se refiere a los tratamientos de cortesía, los sigo utilizando, sobre todo en mis relaciones “ad extra” con la Administración General del Estado, a pesar de su supresión para la Administración Civil del Estado operada por el Código de Buen Gobierno y dando una solución tan “políticamente correcta” como políticamente desafortunada. Máxime cuando se refiere a tratamientos de indudable raigambre histórica que se mantienen para muchos operadores jurídicos y no jurídicos más o menos dotados de personalidad jurídico-pública o similar. Sin ánimo de exhaustividad, y por citar sólo algunos ejemplos, los tratamientos de cortesía continúan utilizándose para el resto de Administraciones Públicas, ya sean de base territorial (Comunidades Autónomas, Entes locales), y para algunas Corporaciones de Derecho Público dotadas de autonomía, como algunos Colegios profesionales (en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la Presidenta es Excelentísima “ad vitam”, y me parece bien), así como para otras instituciones públicas. Así, se mantienen para las Reales Academias; para el Poder Legislativo y su Administración; para la Administración militar; para los Tribunales eclesiásticos; no digamos para los diplomáticos, al menos de facto y a pesar del Código de Buen Gobierno, que al menos respeta los tratamientos que a éstos puedan dispensarse en el extranjero conforme a la legislación del país al que van destinados; para la Administración de Justicia; para la Jurisdicción constitucional; y, por último, para las personas que merecen ese trato “ad hominem” por su pertenencia a algunas de las Órdenes civiles y militares reconocidas en España o por estar en posesión de alguna otra condecoración o premio que lleve aparejado un determinado tratamiento de cortesía.

Ello, como ha destacado más de un insigne diplomático experto en protocolo, ha dado lugar a situaciones tristemente jocosas, como presentaciones de los intervinientes en un acto oficial del siguiente tenor: “Sr. Presidente del Gobierno, Sr. Ministro de Educación, Sr. Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Alicante, Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Alicante” (sic). Mi posición, por si no había quedado clara, no es la de igualar a todos por abajo, sino a dar a cada cual el honor que le corresponde según la dignidad del cargo y de acuerdo con la tradición histórica.

La arriba descrita degradación del lenguaje de las instituciones oficiales, lejos de resultar necesaria y fruto de la cortesía natural del protocolo bien entendido, lleva a muchos a considerarla “rara” -con la connotación negativa que tiene en este país la utilización de este término de facto, a diferencia del “rare” inglés.

En los países cuyas lenguas admiten fórmulas de cortesía -al menos, en las lenguas romances o neolatinas que conozco- dicho tratamiento se utiliza con preferencia con extraños -exceptuando el caso quizá de las personas muy jóvenes-, pero, desde luego, es la fórmula habitual en el mercado laboral. Por poner como ejemplo el caso que más conozco, en Alemania, por ejemplo, cualquier profesional, desde el panadero hasta el Profesor de Universidad -quien, además, recibe otros tratamientos, siendo los más comunes los de “Herr/Frau Doctor” o “Herr/Frau Professor Doctor”, y, en general, desde que se tiene edad laboral (16 años) reciben, como mínimo, el Usted como tratamiento en el ámbito de las relaciones laborales.

Por su parte, en los países anglosajones, en los que no existe fórmula gramatical de cortesía y se trata a todo el mundo de “you” -exceptuando el anecdótico “Thy”, equivalente funcional del “Vos” religioso, para referirse a Dios, hoy en desuso-, el respeto y la deferencia que merecen determinadas personas se manifiesta de otra manera, que consiste básicamente en el empleo de un lenguaje más respetuoso y “polite” para la construcción de la frase.

En España, en esa tensión típicamente hispánica pendular, extremista y cainita que nos caracteriza -el término “dialéctica” le viene grande a la media de la cultura general de este país-, hemos pasado en menos de treinta años de las fórmulas utilizadas durante todo el siglo XIX y casi todo el XX, incluido el período de la Dictadura franquista -no necesariamente dañinas- en los escritos administrativos del tipo de “Ilmo. Sr. Jefe de Área (…) suplico (…) Es gracia que espera proceder del correcto proceder de V.I., a.q.g.D.mm.aa., al “oye, Ministro” que ya se hiciera famoso en la Transición.

Entre los pocos usos del Usted como tratamiento de cortesía en nuestro país, ha quedado un uso táctico para marcar distancias, y que obedece, a mi juicio, a una táctica legítima de quien se siente poco respetado o poco reconocido en su actividad profesional o, en general, en cualquier ámbito en el que exista un ámbito de sumisión o dependencia jerárquica.

Por otra parte, entre los médicos, ya sean de la Sanidad Pública o privada, me consta que el uso del Ud. todavía se mantiene en mayor o menor medida, especialmente en las relaciones jerárquicas, y con más frecuencia en el trato con las personas de más edad.

Quizá yo esté algo anticuado -pero esto no creo que sea malo de por sí-, pero no deja de resultarme paradójico que el médico, el odontólogo o el fontanero me hablen de Ud. y yo les devuelva el mismo tratamiento, cuando en un ámbito tan fuertemente jerarquizado como es el de la Administración General del Estado, ésta ha actuado de un modo irresponsable al renunciar a la liturgia y al protocolo. Con ello, se ha olvidado que la liturgia civil ha sido a lo largo de los siglos, y en diferentes civilizaciones, un modo de preservar la dignidad del Poder público y de estabilización social, a través de la protección de intereses colectivos cuya preservación ha redundado, aun desde la perspectiva de una ética utilitarista de la norma, en beneficio de todos y de la misma cohesión social.

Para Fernando Savater, el hoy tan denostado y caduco “protocolo” no es más que una manifestación cultural de la “cortesía”, del trato y del respeto formales que se deben a toda persona y a su posición en un contexto social determinado, y por el que se empieza la natural socialización con personas en principio extrañas a nuestro círculo primario de socialización.

Sin embargo, en contra de estas consideraciones, parece que las mentes pensantes de la “alta” Administración y de la política con minúsculas que llevan las riendas de instituciones tan importantes como el Estado, han cedido –en honor a la verdad, no son las únicas- al “bullsheet” de nuestra “cultura” dominante posmoderna, según la cual deba ser el “colegueo” y el “buenrollismo” el que prime en todo caso y, por supuesto, en las relaciones laborales, públicas o privadas. Por supuesto, que este nuevo clima “buenrollista”, como ya denunciaran, con otros términos, autores de la Escuela de Frankfurt como Horkheimer, Adorno o Habermas, no puede abandonar la tendencia natural de dominación de la naturaleza y del hombre cosificado que caracteriza a la política moderna fruto de la Ilustración, la cual sigue ejerciéndose sin renunciar a la autoridad -en el sentido común del término, y no etimológico que se le suele dar, de “potestas o imperium“-, ni al autoritarismo. Como en la gran novela de Lampedusa, cambia el envoltorio para que nada cambie. Aunque no es el propósito de esta publicación denunciar los males endémicos de nuestra Administración, las reflexiones sobre la pérdida de la educación no pueden dejarme indiferente ante la siguiente constatación. Estamos, decididamente, en una época en el que los envoltorios de caramelos que contienen virtudes impracticables e irreflexivas supresiones de tradiciones inveteradas pululan en forma de propuestas de buenas prácticas de gobernanza por los pasillos de los Ministerios, auspiciados por jóvenes triunfadores de determinados grupos de supuesto prestigio de la Administración, mientras el ciudadano común continúa enfrentándose a ella y tratando de entender sus arcanos de una manera no muy distinta a la del pobre pero genial Luisito de la novela galdosiana “Miau”. Menos mal que en la novela Luisito tiene el apoyo moral nada menos que de Dios, aunque no le ayude en sus peticiones.

 

 

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Breve nuevo perfil público. Mi compromiso, con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Academia Universal

mayo 19, 2016 § 2 comentarios


 

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus. (bis)
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
ubi iam fuere.
Vita nostra brevis est,
breve finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.
Vivat Academia,
vivant professores.
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore.
Vivant omnes virgines,
faciles, formosae
vivant et mulieres
tenerae, amabiles
bonae, laboriosae.
Vivat nostra societas!
Vivant studiosi!
Crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.
Vivat et res publica,
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.
Pereat tristitia,
pereant osores.
Pereat diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrisores.
Quis confluxus hodie
Academicorum?
E longinquo convenerunt,
Protinusque successerunt
In commune forum.
Alma Mater floreat
quae nos educavit,
caros et conmilitones
dissitas in regiones
sparsos congregavit.
Alegrémonos pues,
mientras seamos jóvenes.
Tras la divertida juventud,
tras la incómoda vejez,
nos recibirá la tierra.
¿Dónde están los que antes que nosotros
pasaron por el mundo?
Subid al mundo de los cielos,
descended a los infiernos,
donde ahora se encuentran.
Nuestra vida es corta,
en breve se acaba.
Viene la muerte velozmente,
nos arrastra cruelmente,
no respeta a nadie.
Viva la Universidad,
vivan los profesores.
Vivan todos y cada uno
de sus miembros,
resplandezcan siempre.
Vivan todas las vírgenes,
fáciles, hermosas!
vivan también las mujeres
tiernas, amables,
buenas y trabajadoras.
¡Viva nuestra sociedad!
¡Vivan los que estudian!
Que crezca la única verdad,
que florezca la fraternidad
y la prosperidad de la patria.
Viva también el Estado,
y quien lo dirige.
Viva nuestra ciudad,
y la generosidad de los mecenas
que aquí nos acoge.
Muera la tristeza,
mueran los que odian.
Muera el diablo,
Cualquier persona en contra de los estudiantes,
y quienes se burlan.
¿Por qué hoy tal multitud
de académicos?
A pesar de la distancia están de acuerdo,
Superando el pronóstico del tiempo
En un foro común.
Florezca la Universidad
que nos ha educado,
y ha reunido a los queridos compañeros
que por regiones alejadas
estaban dispersos.

 

A mis padres

A mis compañeros de camino pasados, presentes y futuros

A mis amigos de ahora y de siempre

A mis enemigos

A la Universidad Autónoma de Madrid, a los responsables de su gobierno y gestión y a todos aquellos que han compuesto, componen o compondrán su comunidad universitaria

A la Academia

Y A.M.D.G.

 

Hola a todos. Llevo mucho tiempo sin escribir en este blog, y es porque ahora, gracias a Dios, tengo mucha carga de trabajo.

Para los que no me conozcan, sobre todo, vengo con esta entrada a actualizar mi principal perfil público en la red.

Soy Pablo Luis Guérez Tricarico, investigador y profesor universitario por vocación, en el ámbito de las Ciencias jurídicas y, más especialmente, en el ámbito de la llamada Ciencia del Derecho penal y disciplinas auxiliares. Me doctoré en 2011 con una tesis sobre la relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico curativo, en la que abordé, desde diversas perspectivas jurídicas y no jurídicas, los problemas relativos a la autonomía del paciente en las modernas sociedades democráticas y plurales, la configuración de las dimensiones de la salud como bien jurídico protegido y como valor de configuración social compleja, más allá de su identificación con las definiciones salud en el ámbito de la Fisiología, la Medicina, la Psicología y, en general, las Ciencias de la Salud, y los complejos problemas de regulación en nuestro país, y por medio de un análisis de Derecho histórico y comparado, de los distintos casos en los que el consentimiento del paciente a un tratamiento médico puede ser privado legítimamente de validez en un Estado democrático de base liberal y no paternalista, incluido el análisis de la problemática del llamado consentimiento presunto y la regulación de los detalles de prestación del consentimiento en las distintas regulaciones sobre la materia, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico.

Durante más de dieciséis años he venido prestando mis servicios, con carácter de exclusividad de 1997 a 2011, a la Universidad Autónoma de Madrid. Primero, como estudiante de la Licenciatura en Derecho y miembro del Claustro Universitario, para la defensa de los intereses de los estudiantes en la comunidad universitaria, Licenciatura que finalmente obtuve con una media de Sobresaliente y varias Matrículas de Honor que me pagaron casi la mitad de la carrera; media que, unida a los méritos de mi primer Director de Tesis y Maestro Ilmo. Sr. Dr. D. Agustín Jorge Barreiro, discípulo del Excmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Maestro de la Escuela de penalistas de la Autónoma, me permitieron optar a una beca FPU del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que me fue concedida el 28 de diciembre de 2001. A partir de entonces, comenzaba un camino incierto, ya entonces plagado de insondables misterios y de grandes dificultades, que sin embargo, me permitió el mayor espacio de libertad investigadora y general que haya tenido nunca en ningún puesto laboral, además de haberme brindado la oportunidad de conocer a personas excelentes en lo académico y en lo humano. Solamente por eso estoy agradecido a la Universidad Autónoma de Madrid y, en particular, al Área de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

Durante mi carrera universitaria tuve oportunidad de conocer el mundo de la Universidad germánica, gracias a dos estancias de investigación, en los años 2003 y 2004, concedidas por la entonces Secretaría de Estado de Universidades, y de participar en debates de la primera fila internacional de la dogmática y de la política criminal. En particular, guardo un recuerdo imborrable de mis estancias en la Albert Ludwigs-Universität de Freiburg, al amparo de mi Profesor y Maestro en el Derecho y en la vida el Prof. Dr. Dr. H.c. múlt. Wolfgang Frisch, experto tanto en las cuestiones más complejas e intricadas de la dogmática jurídico-penal como sensible a las necesidades político-criminales de protección penal a nivel internacional y transnacional.

Aquellos felices días de mi juventud académica me dieron fuerzas para el arduo trabajo que me esperaba a la vuelta, la elaboración de una tesis doctoral “a la antigua”, donde los atributos de la calidad y la cantidad eran igualmente exigidos, junto al rigor, para autorizar su defensa.

En los años de la crisis económica internacional y española, la asistencia moral en sus largos y fatigosos procesos de habilitaciones a Cátedras, felizmente resueltas a favor de casi todos mis Maestros, las necesidades docentes derivadas de mi contrato como Profesor Ayudante, unidas a las derivadas de la incesante burocratización de la Universidad y de las exigencias de gestión, las propias necesidades de la investigación, que precisaba, a mi juicio, un conocimiento de lo que en la Ciencia del Derecho Penal suele llamarse “ciencias auxiliares”, pero que en realidad se trata de las nobles disciplinas científicas de la Psicología, la Filosofía y la Bioética, entre otras, así como otros factores objetivos y subjetivos contribuyeron a retrasar la finalización de mi tesis doctoral, cuya codirección asumió el entonces Decano de la Facultad de Derecho, ahora Maestro y amigo personal, Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Molina Fernández, también discípulo del Excmo. Sr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo. El resultado final fue una tesis que recibió el premio extraordinario de Doctorado y que me permitió, junto a otros méritos, conseguir la acreditación a Profesor Contratado Doctor por la Agencia de Acreditación, Calidad y Prospectiva (ACAP) de la Comunidad de Madrid al año de su lectura, y estando el libro resultante de la tesis todavía en prensa para Thomson Reuters Civitas Aranzadi, grupo editorial al que agradezco enormemente la deferencia en orden a la publicación de los principales resultados de mis investigaciones.

Pocos días después de haber leído la tesis, que obtuvo en el acto de lectura la calificación máxima de Sobresaliente “cum laude” por unanimidad del Tribunal, me venció la prórroga de mi contrato como Profesor Ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ante una política de promoción del profesorado incierta por parte del Rectorado y unas directrices en todas las Administraciones Públicas de crecimiento cero –lo que se tradujo en la ausencia de tasas de reposición del profesorado, especialmente en los niveles de ingreso en las categorías, laborales o funcionariales, de profesorado permanente-, en la línea de la ortodoxia económica impuesta por Bruselas y por los Gobiernos de los principales países de la Eurozona, incluidos los Gobiernos de España, como principal estrategia para luchar contra la crisis, el Área de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid tuvo la gentileza de proponer mi nombramiento como Profesor Honorario de dicha Universidad, cargo que me permitió seguir dando docencia limitada, fundamentalmente en Seminarios sobre delitos contra la vida junto a mi compañero y amigo Fernando Molina, tarea que compaginé con contribuciones profesionales y editoriales puntuales mientras estuve apuntado al Servicio Estatal de Empleo, al que fui derivado tras la finalización de mi relación laboral con la Universidad Autónoma de Madrid el 28 de julio de 2011.

El 11 de enero de 2016 la Tesorería General de la Seguridad Social volvió a darme de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, como Profesor colaborador doctor de la Universidad Internacional de La Rioja, para la dirección de trabajos de fin de Máster en el Máster para el Ejercicio de la Abogacía online que oferta dicha Universidad. El 25 de enero del mismo año, tras haber superado las fases de concurso y oposición previstas por la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 14 de octubre de 2015, para la provisión de plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, encomendándose su selección a los Organismos públicos de empleo, entré a trabajar como funcionario interino de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de la Subdirección General de Asilo (Dirección General de Política Interior) del Ministerio del Interior, cargo que detento en la actualidad y en el que aprendo cosas nuevas todos los días, pues a diario me veo confrontado, aun sólo en mis expedientes, con la realidad de la vida y de la muerte de personas que huyen de la guerra de Siria y de otros conflictos bélicos.

De momento, me gano el pan de cada día intentando ayudar desde el poder civil a personas que lo han perdido todo, salvo quizá, la fe y la esperanza. Mi misión, como digo muchas veces, es trabajar en mi presente para conseguir un futuro para personas que, en muchas ocasiones, lo han perdido todo y no pueden regresar a su país de origen.

Por ahora, sólo soy una pequeña piedrecita de una cadena de mando altamente jerarquizada, y hacemos lo que podemos. En cualquier caso, y a pesar de la excesiva burocratización que caracteriza a nuestra Administración Pública, las cosas que aquí se hacen –y también, lo que se deja de hacer-, tienen repercusiones –positivas o negativas- sobre las vidas de personas que se encuentran provisionalmente en el CETI de Melilla o en territorio español a la espera de que una autoridad competente les diga si pueden residir legalmente y trabajar en España, otorgándoles un documento que poca gente conoce equivante a un NIE, pero con la leyenda “protección internacional” y, en su caso, un título de viaje equivalente a un pasaporte, en cuya portada, debajo del Escudo de España, aparece la leyenda, en castellano, francés e inglés, “Documento de viaje. Convención de 28 de julio de 1951”, para los beneficiarios del derecho de asilo -los menos-, o “Documento de viaje. Protección internacional”, para los beneficiarios de protección subsidiaria, que es la protección internacional que actualmente está dando España con carácter más general.

En cuanto a mí, soy consciente de que mi trabajo “para el Gobierno”, como dirían en una película norteamericana, es provisional: como toda obra humana, como expresara en un discurso de fin de curso el que fuera Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, y después Ministro de Educación, conocido mío Excmo. Sr. Dr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Catedrático de Metafísica en servicios especiales.

Mi pasado pertenece a la Misericordia de Dios, y mi futuro está en manos de la Providencia Divina.

En cualquier caso, sigo sintiéndome un investigador, un profesor universitario y un académico. Quizá por eso, y por otras cosas que no pueden fácilmente resumirse en una entrada, por la gran bondad y misericordia del Excmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Presidente de la Sección de Derecho Penal de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Censor de dicha Corporación, la Junta de Gobierno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación estimó favorablemente, en sesión celebrada el 11 de abril de este año, mi ingreso en dicha Corporación en la categoría de Académico Correspondiente, acto que ya me ha sido comunicado en forma. Mi gratitud a D. Gonzalo, así como a otros Maestros Académicos de dentro y de fuera del Derecho penal es sencillamente inefable y, sinceramente, considero que queda mejor expresada con un reverente silencio que con palabras.

Gracias a todas aquellas personas, de dentro y de fuera de la Universidad, que han contribuido a mi formación académica y humana en el sentido más amplio, predoctoral, doctoral y posdoctoral como penalista y como investigador humanista y cristiano comprometido con el mundo en el que le ha tocado vivir. La Universidad, la Academia, cualquiera de ellas que tenga tal nombre por estilo de trabajo y de vida, dondequiera que se halle en todo el ancho mundo, será siempre mi Casa, mi vida, mi refugio y mi estímulo para seguir adelante y para aportar mi humilde conocimiento sobre las cosas de este mundo para la ayuda de mi prójimo y la mejora de la comunidad cuyo servicio quiera la Providencia encomendarme. Con la ayuda de Dios.

 

Pablo Luis Guérez Tricarico

En Madrid, a 19 de mayo de 2016, XXXVII aniversario de mi Bautismo en la Iglesia Católica

A.M.D.G.

A.I.P.M.

Ad Inmaculatum Cor Mariae ego omnes dignae opera mea consecrare volo.

 

LA ANTIPSIQUIATRÍA COMO LA MEJOR ARMA CONTRA EL ESTIGMA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS ENFERMOS MENTALES

octubre 10, 2015 § Deja un comentario


A Francisco Cózar, por tantas buenas enseñanzas

A Ángela Barrios y a tantos y tantas psiquiatras ortodoxos, con la esperanza de que comprendan la complejidad, el misterio y el milagro del ser humano

 

Hoy, 10 de octubre, se “conmemora” el Día Internacional de la Enfermedad Mental.

Desde la posición que se mantiene en este blog, quiero aprovechar este día para denunciar las verdaderas causas del estigma y su diferente influencia en la sociedad. En contra de lo que muchos pensamos o decimos pensar, incluidos médicos, psiquiatras, psicólogos y todo el ámbito de lo que yo denomino “psicomédicos”, es decir, todos aquellos que se encuentran ante la difícil tarea de atender a personas con enfermedades, según la posición que aquí se sostiene, “no del cuerpo”, defendidas por la mayor parte de la Psiquiatría y de la Psicopatología académicas y clínicas dominantes como entidades nosológicas patológicas, no sólo funcionalmente equivalentes a las enfermedades del cuerpo o enfermedades de verdad, sino nosológicamente iguales a éstas.

Sin ánimo de entrar en los orígenes del fundamento de una epistemología muy problemática, pero común a la moderna Psiquiatría y Psicopatología mecanicistas, que desconocen el papel fundamental del ambiente y de las interacciones de los sistemas biológicos con los sistemas sociales –error a mi juicio de bulto que hace imposible una “ontología de las enfermedades mentales”-, como pretenden la mayoría de los psiquiatras y psicólogos, no soy ajeno a la influencia del poder de la casta psiquiátrica al servicio del Poder establecido en la sociedad actual. La pervivencia de prácticas, a mi juicio, abiertamente contrarias a los derechos humanos, como la Terapia Electro-Convulsiva (conocida como TEC), o algunas técnicas todavía empleadas en el ámbito de la llamada psicocirugía, como las lobotomías prefrontales, aún indicadas, en pleno siglo XXI, para el tratamiento de “enfermedades” como la depresión mayor u otros “trastornos mentales”, incluso sin síntomas psicóticos, sólo puede entenderse desde una epistemología incorrecta de la enfermedad mental y por la aceptación por parte de los sistemas sociales y político-jurídico de las artes de la casta psiquiátrica para luchar contra las supuestas desviaciones supuestamente explicables únicamente como mecanismos producidos en áreas del cerebro humano, y desde una concepción que vendría corroborada por las últimas investigaciones en el ámbito de las ya conocidas como neurociencias.

No es éste el lugar más adecuado para atacar epistémica y científicamente los presupuestos epistemológicos de la Psiquiatría, ni yo tenga probablemente los conocimientos técnicos adecuados para ello. Sin embargo, para la formación de mi juicio adulto, responsable, y valorativo sobre lo que una sociedad democrática basada en la dignidad de la persona y en su libertad y autonomía, con una concepción sociantropológica de la misma que impide su reconducción a elementos mecanicistas básicos, puede y debe tolerar, me basta mi conocimiento general como “sujeto” (¿objeto para los psiquiatras?), como todo ser humano, potencialmente usuario de los “servicios” de la llamada Salud Mental, dotado de una cultura general y de un conocimiento del ámbito científico en cuestión suficientes como para poder expresar un posicionamiento en ámbito de la filosofía moral, política y jurídica, así como para promover respuestas adecuadas para la regulación jurídica, incluso penal, de la profesión psiquiátrica, y prevenir los abusos que, a estas alturas del siglo, se siguen cometiendo en nombre de una concepción vetusta y antiliberal del paciente basada en el paternalismo terapéutico y en la actuación del médico psiquiatra “por el paciente, para el paciente, pero sin el paciente”.

En este sentido, y a pesar de la ingente regulación, tanto en extensión como en intensidad, nacional, autonómica, comunitaria e internacional sobre los derechos de los pacientes, a pesar de la jurisprudencia de las principales democracias occidentales sobre tan importante cuestión, a pesar de todos los trabajos jurídico-doctrinales sobre la autonomía del paciente y los límites jurídicos de la Medicina, incluida mi tesis doctoral, la cuestión sobre el trato adecuado que se, de facto, en la práctica clínica, se da en nuestro país a la autonomía de las personas oficialmente diagnosticadas con algún trastorno mental (sic) sigue dejando mucho que desear, y puede afirmarse que, de manera cotidiana, se cometen atentados a los derechos fundamentales del paciente y, en particular, a su libertad, a su autonomía y dignidad, en relación con los derechos legalmente reconocidos como pacientes autónomos, aun en el ámbito de la Psiquiatría.

Parece que la idea de autonomía sigue siendo ajena a la práctica diaria de la Medicina, muchos de cuyos profesionales miran con recelo a la importante institución del consentimiento informado –que algunos exponentes de nuestro Derecho Constitucional entienden incluso como una garantía institucional-. Así, en el ámbito de la Salud Mental, muchos psiquiatras siguen actuando como si tuvieran una “patente de corso” frente a las garantías legales, llegando a considerar la necesidad de consentimiento informado como un incómodo corsé, en muchas ocasiones como un trámite burocrático molesto más que el legislador les exigiría por alguna extraña razón, a ellos, los psiquiatras, poseedores de la verdad sobre el ser humano, y siempre conocedores de los ocultos arcanos de “la mente”, dispensadores de los fármacos y/o de las “terapias” adecuadas para corregir a los desviados sociales y encarrirarles de nuevo, a golpe de electroshocks u otros medios tan poco invasivos, a los cánones de la “normalidad social”.

Doy por descontado que muchos psiquiatras considerarán este “post” como un escrito panfletario y no dudarán en aplicarme al menos siete de las etiquetas del farragosísimo, aburrido y acientífico DSM-5, en el que las enfermedades mentales se han multiplicado con una capacidad de mitosis pavorosa gracias al voto, que no al estudio, de estadounidenses y japoneses, puritanos fanáticos dados a tapar la neurosis –utilizo este término en sentido no técnico, sino sociológico e incluso literario- de sus respectivas sociedades a base de drogas que crean efectos de “discontinuación” (no lo vayamos a llamar “dependencia, eso es para las drogas moralmente malas, como el alcohol, la cocaína o el opio), psicocirugía o Dios sabe qué otras nuevas “terapias”. Y lo harán para descalificar, que no rebatir, mis opiniones sobre su muy honrada, útil y leal profesión.

Sin embargo, quiero dejar constancia de que también hay buenos psiquiatras o, mejor dicho, psiquiatras buenos, que, más allá de los graves errores su disciplina, y aun habiendo sido adoctrinados en una concepción médico-mecanicista del cuerpo y de lo que ellos llaman  “mente” humanos, han conservado la sensatez y han rechazado el dogmatismo del DSM-5, y saben recetar psicofármacos de manera adecuada a las necesidades del paciente libre que lo solicita (yo los llamaría mejor por su definición oficial, es decir, fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central). Con ello hacen mucho bien a las personas, que, voluntariamente, acuden a sus servicios. Recuerde el lector que es contra los presupuestos epistemológicos de la ciencia psiquiátrica y contra la mentalidad paternalista terapéutica e irrespetuosa con el paciente demasiado arraigada en la casta psiquiátrica y sus nefastas consecuencias en la práctica clínica contra la que se dirige esta entrada.

Pero volviendo a mi peculiar pliego de descargos, también doy por descontado que muchos podrán rebatirme acusándome de querer eliminar los mecanismos de control social para los desviados, o, como preferimos decir los penalistas demócratas, para las conductas sociales más intolerables lesivas de bienes jurídicos cuya penalización ha sido consensuada por el Parlamento. ¡Por supuesto que el Derecho penal está entre las grandes “vías duras” utilizadas por el Poder y cumple una función de control social! Y aunque mi ingenuidad no vaya tan lejos como la de algunos retribucionistas clásicos que pusieran de moda lemas del estilo de “la pena honra al delincuente”, quizá sí haya algo de esto, y la pena, incluida la de prisión, sea el mayor mal necesario compatible con los mayores niveles de libertad de todos en una sociedad democrática. Y es que, recordando la conocida película Alguien voló sobre el nido del cuco, si la cárcel me produce miedo, los hospitales psiquiátricos o las unidades psiquiátricas de los hospitales, en España, en el año 2015, me producen terror. Por no hablar de los psiquiátricos de un país como los Estados Unidos, en los que todavía resuenan los gritos de las víctimas de los experimentos MK-Ultra, entre otros; país, sin embargo, en el que las Comisiones del Congreso no fueron ajenas a intervenir con medidas muy duras, por ejemplo, también en dicho caso, cuando dichos experimentos salieron a la luz y fueron denunciados ante la opinión pública.

En fin… con la psiquiatría, cénit del paternalismo terapéutico, nos hemos topado en esta defensa de la persona anónima diagnosticada con la etiqueta de un trastorno mental sobre la cual días como éste deberían hacernos reflexionar más sobre las genuinas causas del estigma social en teoría ya superado por médicos del cuerpo, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, coachers, intrusistas sanitarios y “psicomédicos” de cualquier tipo. Pero entonces, si lo tienen tan claro, ¿por qué sigue el estigma? La sociedad es bastante más adulta de la que la mayoría de los profesionales de la salud puedan creer. ¿No serán ellos mismos uno de los mayores factores de estabilización social para la pervivencia de un estigma tan estrechamente ligado al empleo de las categorías o etiquetas psiquiátricas que tiene que seguir existiendo so pena del cuestionamiento de la gran autoridad prescriptiva, sobre todo, de los médicos psiquiatras, pero también de otro personal sanitario que, aun movido por buenas intenciones, sigue empeñado en “curar” a quien no quiere curarse de no se sabe muy bien qué mal? Por cierto, que no todas las enfermedades psiquiátricas son igualmente estigmatizadoras, como no lo son tampoco las enfermedades de verdad, es decir, las del cuerpo. Algunas son más estigmatizadoras que otras, las que tienen que ver con la moral social; por ejemplo, los trastornos sexuales, las adicciones y otro tipo de “desviaciones”, y ello tiene que ver con el hecho de que también algunas enfermedades físicas o de verdad, como el SIDA, o simplemente la condición de seropositivo, conserven un gran estigma social de tintes moralistas. En el fondo no ha desaparecido el reproche moral y la culpa identitaria ligada a un gran número de enfermos, en otro tiempo considerados por la moral social mayoritaria –y hoy aún por algunos morales minoritarias- como “viciosos”, tampoco en la mentalidad de los psiquiatras, ni en la algunos médicos generales. Se produce contra dichas personas un fenómeno de “blaming the victim”, doble victimización, o victimización terciaria, por utilizar un lenguaje común en victimología social o en sociología de los procesos de victimización. La victimización terciaria hace referencia al siguiente proceso sufrido por muchos “sujetos” –como los denomina irónicamente la psiquiatría, aunque tendría que hablar de objetos, pues éstos son contemplados con un rudo mecanicismo reduccionista a  partir de la palmaria incapacidad de conocer y de reconocer otras dimensiones de la persona enferma más allá del hecho de que, para la Psiquiatría, ésta está efectivamente enferma. El proceso es bastante sencillo y doloroso para quien lo sufre. La primera victimización o victimización primaria nace de la percepción subjetiva por una persona de su posible condición psicopatológica, ya se perciba a sí misma efectivamente como enferma y patológica, y realmente sufra por un mal existente (recordemos que sufrir viene del griego pathos, sufrimiento, y de ahí el término patológico), ya no se perciba a sí misma efectivamente como tal, pero sufra por las consecuencias de una conducta desadaptativa en un contexto y en un tiempo social determinados, lo que nos debería llevar a plantear la siguiente pregunta: ¿quién está realmente enfermo?; ¿el enfermo, o la sociedad (o ambos, y qué relación hay entre una cosa y la otra?

La victimización secundaria surge cuando dicha persona se pone en manos o entra en el circuito de los psiquiatras. Y la victimización terciaria se produciría cuando aquélla recibe el estigma por parte de los profesionales sanitarios que supuestamente le tratan, los cuales todavía no han abandonado una concepción de la supuesta enfermedad mental vinculada a la moral, y se da lo que yo, en otra entrada de este blog, denomino como “moralización de la Psiquiatría”, o “psiquiatrización de la moral”. Esta confusión, lejos de producir un efecto beneficioso, tiene un efecto perverso, y es que al “enfermo” no se le exculpa por estar enfermo, sino que se le culpa por ello. Subsisten, entre los psiquiatras técnicamente mejor formados, los juicios clínico y moral que se suman, en lugar de excluirse, en una responsabilidad que los filósofos morales neohegelianos llamaran “responsabilidad por el carácter”.

Contra una responsabilidad de este tipo, que diera lugar entre el siglo XIX y el XX, ya en el terreno de mi especialidad, al llamado “Derecho penal de autor”, también supuestamente inspirado en bases científicas que se revelaron falsas, como la llamada “ciencia criminal” lombrosiana, entre otras “inspiraciones”, se rebeló el antiguo Derecho penal liberal, base de los Códigos penales de los Estados democráticos occidentales durante buena parte del siglo XX. Hasta que algunos excesos de socioantropología posmoderna como la “Defensa Social”, la aplicación inadecuada de la teoría de sistemas de base luhmaniana al Derecho Penal (funcionalismo) y, en fechas relativamente recientes, los descubrimientos de las neurociencias, volvieron a agitar peligrosamente el fantasma del Derecho penal de autor, y resurgiendo éste con más fuerza que nunca en forma de “Derecho penal del enemigo” (Jakobs), o de un Derecho penal científico basado en las neurociencias y negador de la libertad (Gazzaniga et alii), fundamentalmente en el ámbito anglosajón.

Pero volvamos a la Psiquiatría Contra los excesos de la Psiquiatría, y a favor de algunos pocos psiquiatras buenos –que no es lo mismo que buenos psiquiatras-, soy partidario de promover algunas iniciativas legislativas más, como la prohibición legal en todo el territorio español de determinadas prácticas psiquiátricas, prohibición a la que debería seguir, con carácter inmediato y urgente, también una importante penalización. Mis seguidores recibirán en adelante dichas propuestas. De momento, dos lecturas imprescindibles sobre la cuestión tratada en este “post” de tintes ensayísticos: el libro de Allen Frances, ¿Somos todos enfermos mentales? Manifiesto contra los abusos de la Psiquiatría: ed. española por Ariel, 2014. Un libro escrito “desde dentro”, por uno de los psiquiatras responsables de la redacción del DSM-IV. Y, del magnífico ensayo de mi admirado Dr. Fernando Savater, El contenido de la felicidad: Aguilar, Madrid, 1994, en una línea liberal humana, demasiado humana, el Capítulo “Paradojas éticas de la salud”, con una cita con la que quiero concluir, y que expresa unas ideas con las que estoy de acuerdo al menos al 80 por ciento: “Como ya se ha dicho en ocasiones, la denominación de “enfermedad mental” es una metáfora que ha sido tomada demasiado al pie de la letra. Es como si alguien entendiese literalmente la expresión “fatiga del metal” y propusiera administrar dosis masivas de vitaminas a los listones de acero. No hay “enfermedades mentales” en el sentido en el que las hay del hígado o del corazón: o se trata de algún tipo de lesión orgánica con repercusiones en la conducta o no son “enfermedades más que por una peligrosa facilidad del lenguaje. Lo que suele llamarse “loco” es en realidad un egocéntrico desdichado, alguien que ha tenido poco acierto o mala suerte en la tarea de hacerse querer por los otros en la que todos estamos empeñados: no siempre, por cierto, la culpa es exclusivamente suya. Decir que el “loco” no está enfermo más que de un modo metafórico -si su enfermedad adquiere un rasgo artístico o concita remuneración erótica dejará inmediatamente de estarlo- no equivale a negar que sea un personaje absurdo, inaguantable o peligroso; aún menos, por supuesto, significa que sea un genio incomprendido o una víctima persecutoria de la sociedad. Por lo general, el estado llamado “locura” es doloroso, y la pedagogía del dolor rara vez mejora a nadie. En numerosas ocasiones, el llamado “loco” quiere angustiosamente ser ayudado e incluso su metafórica enfermedad no es sino una coartada de dependencia, como el fervor patriótico o la admiración por el maestro practicado por otros. Pero lo que resulta en general evidente es que pocos “dementes” ganan nada por ser considerados como pacientes, en lugar de como agentes caprichosos o depravados. Si alguno de ellos llega a ser encerrado, debe quedar bien claro que lo será por la seguridad amenazada de los que le rodean -tal como cualquier otro delincuente-, y no por su propio bien, como hipócritamente se le intenta hacer creer. Una de las tristes argucias del Estado terapéutico es conseguir -so capa de humanismo- que se prefiera la enfermedad a la culpabilidad, que resulte más “digno” ser cleptómano que ladrón o “loco” que “arrogante y agresivo”. Por lo demás, puede haber muy buenas razones para rechazar un tratamiento psiquiátrico que uno no ha solicitado (lo cual no implica que se rechace todo tipo de ayuda). Como dijo en su momento Raoul Vaneigem, “ya hay demasiados extraños dentro de mí como para que consienta además que penetre otro que pretende expulsarlos en mi lugar” (Le livre des plaisirs)””.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho Público y Filosofía Jurídica

 

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About the Greek tragedy: (demos) δeμος (pathos), πάθος and αγορές (Markets). Όχι (Nai) as a moral response.

julio 5, 2015 § 2 comentarios


Για τους ανθρώπους και την Ελληνική Κυβέρνηση

This Is What the Greek Referendum Ballot Will Look Like

oxi-greece-no

Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores (Mt 6, 12)

Forgive us our debts, as we forgive our debtors (Mt 6,12)

Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris (Mt 6, 12)

Συγχώρεσέ μας τα χρέη μας, όπως συγχωρούμε τους οφειλέτες μας (Ματθαίος 6, 12)

 

“Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja al capitalismo como único modelo de organización económica. Hay que romper las barreras y los monopolios que colocan a tantos pueblos al margen del desarrollo, y asegurar a todos -individuos y naciones- las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo (…) Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago, cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. En estos casos es necesario -como, por lo demás, está ocurriendo en parte- encontrar mecanismos de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso” (De la carta encíclica “Centesimus Annus” de San Juan Pablo II, 1991, escrita con motivo del centenario de la publicación de la “Rerum Novarum”).

“La política no debe someterse a la economía, y ésta no debe semeterse a los dictámenes y al paradima eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La salvaciión de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los princioios éticos y para una regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que sigue rigiendo al mundo. La producción no es siempre nacional, y suele estar atada a variables económicas que fijan a los productos un valor que no coincide con su valor real” (De la Carta encíclica “Laudato sí” del papa Francisco, dada en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año 2015, tercero de su Pontificado, pp. 144-145) 

“The true essence of the banking industry is turning us all into debt slaves” (The International, US/GE, 2009, directed by Tom Tykwer, written by Erin Warren Singer)

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Grecia se encuentra en este momento en un estado realmente crítico a causa de una deuda de 1.600.000.000 de euros que no puede pagar al FMI. Es sólo un primer pago de la deuda, frente a la cual la República Helénica ya ha incurrido en mora. El próximo lunes, 20 de julio, vence, D. m., un pago de 3.500.000.000 que Grecia debe al Banco Central Europeo. Ante esta situación, el primer ministro Tsipras, tras las fallidas negociaciones con el Eurogrupo, ha decidido hacer algo cuestionable, pero profundamente democrático y lleno de sentido de Estado y de responsabilidad: convocar un referéndum para hoy, 5 de julio, para que los griegos decidan su destino. Para que decidan si desean continuar pidiendo como esclavos a las vetustas instituciones de Bretton Woods –y, de paso, a sus lacayas instituciones financieras y de crédito europeas-, cuyo liderazgo moral internacional, después de los escándalos de Strauss-Kahn, Rato y la propia Cristine Lagarde está hoy más que nunca en entredicho, a costa de más recortes y políticas de austeridad (o austericidio), o bien dar un salto en “territorio desconocido”, plantarse y decir: NO (Όχι, en griego), asumiendo las trágicas consecuencias que esta decisión podría conllevar. La mayor parte de la prensa oficialista europea, pero sobre todo española, en coherencia con el discurso neoliberal que detenta la hegemonía cultural del pensamiento económico y político, ha mostrado un absoluto desprecio hacia el Gobierno griego de Syriza legítimamente elegido, solamente por el hecho de que dicho Gobierno se ha atrevido a cuestionar los mandamientos neoliberales y la legitimidad de la deuda. Sin embargo, pocos han sido los que han analizado el origen de la deuda griega o se han molestado en analizar cómo el pueblo griego ha sido víctima de gobiernos corruptos de partidos que se han movido desde la ortodoxia económica.

Toda esta situación de Grecia y la reacción de nuestros representantes políticos que han gestionado la cosa pública desde que comenzó la “crisis” me resulta sencillamente repugnante. Para empezar, tengo un sentimiento de amarga indiferencia hacia todos aquellos que se declaran católicos de irreprochable conducta y que han contribuido a enfangar más nuestro país, habiendo despilfarrado nuestro dinero -no el suyo-, y ahora dan lecciones a los griegos de austeridad, gobernabilidad y demás tecnicismos político-criminalmente correctos. De nuestros trasparentes rescates a la banca prefiero no hablar. Esos rescates nos han hecho a más de uno insolventes, “descartables”, como proclama lúcidamente el papa Francisco en su última encíclica “Laudato sí”. Mas aun siendo insolvente, estoy más cerca del pueblo griego de lo que pude estar jamás. Más cerca de cuando me enamoré de ellos y de su cultura cuando leía a sus filósofos y a sus escritores en un Bachillerato de primera durante el estudio de aquellas asignaturas que el ministro saliente de maleducación, el señor Wert, considera, con razón, inútiles. Inútiles para ser “emprendedor” y no persona, que es el único objetivo que le preocupó a su Administración. ¡Cómo no voy a perdonar, si es que tengo algo que perdonarles, yo, a los griegos! Como cristiano, no puedo dejar de recordar en estos momentos la parábola de los diez mil talentos, que encontramos en Mateo 18, 23-34. De aquel rey compasivo que le perdonó toda su deuda a su siervo, y éste, no contento de semejante merced, al encontrarse con un compañero que le debía a su vez cien denarios, se los intentó exigir. El rey se enteró y mandó que el primer deudor, con el que tanta compasión había tenido, fuera encerrado en la cárcel y atormentado allí hasta que hubiese pagado el último céntimo de su deuda. Así reacciona al mundo con la letra de una ley sin alma y con consignas de justicia conmutativa al estilo de “las deudas hay que pagarlas”, y que ignora la dimensión infinita de la Misericordia. Una Misericordia que es tan difícil de encontrar en los hombres que sólo puede tener un origen divino. Y cuya fuente, en Quien los cristianos creemos y que se hizo hombre precisamente para pagar una deuda que no era Suya, sino nuestra, nos manda ejercer con nuestro prójimo. Hace unos días, el 28 de junio, la Iglesia Católica celebraba la memoria de San Ireneo de Lyon, uno de los Padres de la Iglesia. San Ireneo nos recuerda cómo hemos sido rescatados, recordando a su vez a San Pablo, a un gran precio: precisamente con la Sangre de Aquél por quien “todo fue hecho”, según reza el Credo de Niceo-Costantinopla. No, si acaso les debo yo a los griegos. Por ello, en cuanto tenga algo en mi cuenta, antes de que los acreedores usureros ilegales legalizados se ciernan contra mí, haré una pequeña transferencia a la cuenta solidaria que a tal efecto ha abierto el Banco Central Griego, antes de que sea expulsado del SEBC por “heterodoxo” y anatema. Aun ahora, si pudiera echarlo en una hucha, echaría siquiera 10 euros, que para mí significa dinero, para contribuir a salvar la dignidad del Gobierno griego.

Por mi parte, no sé lo que yo votaría, pues para ello tendría que ser griego, haber nacido y haberme criado allí, y tener memoria histórica de la actuación de mis gobernantes, así como conectar con el clima social del país. A falta de estas circunstancias, resultaría una temeridad pronunciarme ante cualquiera de las dos opciones. Ambas me parecen perfectamente legítimas. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi simpatía hacia el “NO”, y especialmente, hacia aquellos que voten “NO” por una cuestión de dignidad. Un antiguo proverbio hindú dice que nadie es más fuerte que el que no tiene nada que perder. Pues bien, en esta situación se encuentra buena parte de la población griega joven y no tan joven. Una situación en la que, como diría Marx, no tienen que perder sino sus propias cadenas: las cadenas que les atan a un modelo de Europa fallido, que tiene poco de Unión y menos de europeo, y mucho de gran mercado, o mercadeo. Como europeísta y ciudadano comunitario, incluso a nivel jurídico, no puedo menos que empatizar con la situación griega, pues yo concibo el proceso de integración europea como un proceso de integración en valores comunes –no precisamente cotizables-, basados en lo mejor de la tradición democrática europea común a todos los Estados miembros, y que es fuente del Derecho comunitario, tal y como declarara hace ya más de una década el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Valores fundados en el humanismo que, desde la tradición de la Antigüedad griega y romana, pasaron al Renacimiento y a pensadores humanistas como Erasmo de Rotterdam, Pascal, Montaigne, Vitoria o Pico della Mirandola, inspirados fuertemente por los ideales – no necesariamente compartidos a lo largo de la Historia por la Jerarquía eclesiástica-, del Cristianismo. Valores que fueron retomados en la Revolución francesa, que dieron lugar a los Estados democráticos modernos tal y como hoy los conocemos, y que en el Romanticismo evolucionaron hacia los Estados Nacionales, en cuya defensa intervinieron personalidades tan implicadas en el devenir del Pueblo griego como Lord Byron, quien dio su vida en Missolonghi para defender a los griegos frente a la enésima invasión turca de su historia, o el poeta autóctono Cavafis. Y valores que, a pesar de las guerras y de las crisis que tuvo que padecer el Viejo Continente durante el siglo pasado, han sabido resistir al paso del tiempo en varias corrientes del pensamiento moderno identificado con la tradición humanista, tanto laica como religiosa. Conviene conocer un poco de historia no sesgada frente a las demasiadas voces que desprestigian a los actuales griegos con el argumento de que no son los griegos de Pericles.

Estos valores están siendo hoy gravemente amenazados por el “pensamiento único”. Una corriente de pensamiento, de origen anglonorteamericano, que ha hecho de la economía, en principio la ciencia que se encarga del estudio de la distribución de los recursos escasos, una disciplina ideologizada al servicio de la economía financiera y de un sistema económico capitalista, basado en el Capital financiero, que ya no es capaz de garantizar, aunque genere crecimiento, una igualdad mínima en la distribución de los recursos naturales, de los bienes primarios y de la riqueza generada por la producción. La deuda de las personas físicas con el sistema financiero (deuda privada), así como la deuda de las Naciones (deuda pública), se encuentra tan condicionada por la excesiva asimetría entre acreedores y deudores que resulta difícil hablar, desde los que tenemos una visión del mundo (si se quiere, llámesela “ideología), que considera que la desigualdad extrema, incluso la grave, resulta intolerable en una sociedad democrática, de deuda legítima. Por esta razón, lo que he escrito en otros lugares al respecto, lo afirmo ahora con mayor rotundidad: el capitalismo financiero actual no es un modelo socioeconómico moralmente lícito, pues a la vez que genera riqueza, genera al mismo tiempo, como un doble efecto, la exclusión exponencial de más personas del sistema productivo, lo que a su vez genera paro, y la exclusión exponencial de más personas del acceso a bienes y servicios, aun de primera necesidad, lo que produce desigualdad. Con ello el capitalismo, que antaño pudo ser lícito, precisamente por la existencia de contrapoderes fácticos, incluso militares, que limitaban su hegemonía en el escenario de la política de bloques, pero también por una mayor integración entre economía financiera y economía real, y por la pervivencia de una cierta ética del comercio, en el momento actual es directamente responsable de la miseria de la gran mayoría de población mundial, como han destacado insignes Premios Nobel de Economía como Stiglitz o Krugman, y se ha encargado de demostrar recientemente Piketty, en su inmensa obra “El Capital en el siglo siglo XXI”: 2014. Un sistema económico que genere riqueza, pero que al mismo tiempo impida su distribución equitativa, conforme al destino universal de los bienes, es decir, que éstos lleguen por los mecanismos de la justicia social y de la caridad, a todo el género humano, tal y como ha proclamado la doctrina social de la Iglesia, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, en las declaraciones “Gaudium et spes”, o las encíclicas Populorum Progressio del beato Pablo VI, “Centesimus Annus” del papa San Juan Pablo II, o la reciente encíclica “Laudato sí”, sobre el cuidado de la casa común, publicada el pasado mes por el papa Francisco, es sencillamente inmoral. En definitiva, se trata de llevar a término la máxima que ya fuera expresada por San Pablo en su Segunda Carta a los Corintios, 9, 13-15, cuando escribiera: “No se trata de aliviar a otros pasando vosotros apuros, sino de lograr la igualdad. Que vuestra abundancia remedie por ahora su escasez, de modo que un día la abundancia de ellos remedie vuestra escasez. Así habrá igualdad. Como está escrito: A quien recogía mucho no le sobraba, a quien recogía poco no le faltaba”.

Es necesario, desde mi punto de vista, rediseñar, refundar o sustituir el sistema económico capitalista por un modelo que, combinando el respeto a la iniciativa privada y a la propiedad personal, sea capaz de distribuir la riqueza de modo equitativo, integrando fórmulas societarias o de tipo cooperativo, para que los bienes y recursos naturales, y la riqueza generada por el hombre, no permanezca en manos de unos pocos, sino que llegue a todos los hombres. Tal es, por otra parte, desde mi punto de vista, una de las fórmulas más acordes con el auténtico mensaje evangélico y con un planteamiento humanista que prime la persona y su dignidad sobre las frías cifras de la macroeconomía, aspectos “sagrados” del neoliberalismo o del ultraliberalismo. Porque al igual que Nuestro Señor Jesucristo declaró que “no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre”, la economía no es más que una ciencia que debe estar al servicio del hombre, y no al revés: de sus necesidades, de las necesidades de todos los hombres y mujeres que poblamos el Planeta.

Por ello, porque se trata de una cuestión de dignidad, admiro a los que voten no, aun sabiendo el trágico destino que les aguarda (la tragedia, al menos en la forma en la que la conocemos, también la inventaron los griegos, igual que la democracia). Que un ciudadano, después de ocho años de políticas de recortes dictadas por la Troika y que no han hecho más que asfixiar al Pueblo griego, diga OXI/NO a las condiciones leoninas del FMI o de la Troika significa que no está dispuesto a dejar que su parte de soberanía económica sea decidida en los oscuros pasillos de un edificio de Bruselas por personas que carecen de legitimidad democrática alguna, o en las logias londinenses. Que no acepta las reglas de un comercio internacional ilícito, y que, por tanto, está dispuesto a ser asfixiado, incluso a morir de hambre, como consecuencia de su decisión, pero al mismo tiempo poniendo de manifiesto que los responsables de dicha decisión no se encuentran ni el Gobierno ni el Pueblo griego, sino que son encorbatados señores de Bruselas, Londres o Frankfurt que en fondo están deseando el “Grexit” para incrementar el poder derivado de sus ilícitas especulaciones. Es la lógica de los mártires. Y frente a ella sólo cabe mi empatía, mi silencio y mi respeto.

Παραβολή του οφειλέτη των δέκα χιλιάδων ταλάντων. Ματθαίος 18: 23-35

(Ματθαίος 18:23) δια ωµοιωθηfue η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω Βασιλει ος ηθελησεν συναραι λογον µετα  των los δουλων αυτου (24) αρξαµενο δε αυτου συναιρειν προσηνεχθη αυτω εις  οφειλετης µυριων Ταλαντων (25) µη No εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον κυριος αυτου πραθηνα και την γυναικα αυτου και y τα  Τεκνα και y πανταtodas οσα  ειχεν και y αποδοθηναι (26) ουν δουλος προσεκυνει αυτω λεγω κυριε µακροθυµησον  επ εµοιmí και y παντα σοι αποδωσω (27) σπλαγχνισθεις δε κυριο του δουλου εκεινου απελυσεν  αυτον και το δανειον αφηκεν αυτω  (28) εξελθων δε ο el δουλος εκεινος ευρεν ενα των  συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια και κρατησας αυτον επνιγεν λεγων αποδος  µοι  ει τι οφειλεις (29) πεσων ουν συνδουλος αυτου εις τους ποδας αυτου παρεκαλει  αυτον  λεγων µακροθυµησον  επ sobre εµοι mí και y αποδωσω σοι (30) ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλοµενον (31) ιδοντες δε οι συνδουλοι αυτου γενοµενα ελυπηθησαν σφοδρα και y ελθοντες  διεσαφησαν τω κυριω Εαυτων παντα γενοµενα (32) τοτε προσκαλεσαµενος αυτον ο κυριος αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα σοι επει παρεκαλεσας suplicaste µε a mí (33) ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα (34) και οργισθεις ο κυριος  αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως  ου αποδω παν το οφειλοµενον  αυτω (34) ουτως και ο πατηρ µου ο επουρανιος ποιησει υµιν εαν µη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υµων τα παραπτωµατα αυτων. (Del Evangelio Según San Mateo. Texto Bizantino-Interlineal Griego-Español).

Parábola del Deudor de los diez mil talentos. Mateo 18:23-35

“Por lo cual [esta frase liga la parábola directamente a lo que el Señor acababa de decir sobre el perdón en los párrafos precedentes] el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.”

Licencia de Creative CommonsAbout the Greek tragedy: (demos) δeμος (pathos), πάθος and αγορές (Markets). Όχι (Nai) as a moral response. byPablo Guérez, PhD is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License. You can find more permissions beyond the scope of this licence writing to the author via pablo.guerez@gmail.com, pablo.guerez@uam.es, @pabloguerez. Official bodies of the Hellenic Republic can use this text, even for profit, for any purpose. Natural and legal persons of the Hellenic Republic can use this text, nonprofit, unless authorized by the author, for information, communication, teaching, research or other non-profit, no conditions other than the recognition of its authorship.
Interesting links:

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/inaki-gabilondo-que-gustaria-saber-como-llega-congreso-ahora_2015070200413.html

¿Justicia poética o cambio municipal real? El inicio de un cambio desde abajo, y desde los de abajo

junio 15, 2015 § Deja un comentario


 

A Ada Colau. A Manuela Carmena. A Joan Ribó. A Mónica Otra. A “Kichi”. A Santisteve. A tantos otros alcaldes y concejales que me dejo en el tintero y que han cambiado radicalmente, en el sentido etimológico y no mediático-sensacionalista del término, la manera de entrar en las instituciones con la voluntad de hacer una auténtica Política; a los ciudadanos que han participado en la Primavera electoral española; a todos aquellos representantes de la nueva ola de políticos, nueva no en edad, sino en actitud, que han comenzado a hacer posible, como decía Julio Anguita, no la alternancia, sino la alternativa

Y al Pueblo español, del que emanan los poderes del Estado

 

Ada Colau toma la vara de mando en Barcelona / Luis Gené. AFP

The new mayor of Barcelona, Ada Colau smiles as she holds the mayor’s baton after being sworn in as mayor of Barcelona during the investiture session at the Barcelona City-Hall on June 13, 2015. The anti-eviction activist turned politician Ada Colau was sworn in as the first female mayor of the Spanish city of Barcelona on June 13, 2015 thanks to the support of independents and Socialists after her list of candidates won 11 of the 41 seats in local elections on May 24. © AFP PHOTO / LLUIS GENE

 

Este fin de semana han sido constituidos los más de 8.000 Ayuntamientos de España. Si algo, desde la perspectiva que a este blog, y al que lo escribe, le interesa, es que candidaturas de unidad popular, encabezadas por personas que se han significado en favor de los más débiles, de los humildes, de los más desvavorecidos, han lllegado, por la fuerza de los votos y no de artimañas relacionadas con otro tipo de sobres, no lo olvidemos, a formar Gobierno en varias de las más importantes ciudades españolas. El Partido Popular, símbolo de la corrupción -aunque ésta no le afecte a la mayoría de sus miembros, sí le ha pasado factura en relación con sus miembros más relevantes, y es por ello, por ser una estructura jérarquica, por mucho que sus pactos con Ciudadanos les hayan hecho “tragar” con el compromiso de hacer primarias”-, ha ganado las elecciones en número de votos. Y esto hay que reconocerlo. A pesar de la corrupción, hay una parte del electorado que ideológicamente puede ser ubicada entre el franquismo sociológico y el nacionalcatolicismo, ambas corrientes, desde luego, no liberales, sino más conservadoras, para ser generosos. Sin embargo, buena parte de la cúpula del Partido, estructura muy jeraquizada, se ha movido en el ámbito del ultraliberalismo, y no ha tenido interés en “maquillar” un poco sus posturas antisociales con cierto “conservadurismo compasivo”, como les achacó el editorial del ABC y varios articulistas de este periódico, que tradicionalmente ha defendido a este partido y a su predecersor, AP, y a la Iglesia Católica -donde dice defender a la Iglesia Católica, léase Jerarquía Eclesástica Española, mucha de ella, todavía, reticente a abandonar un nacionalcatolicismo antidemocrático en contra incluso de las recomendaciones a favor de las democracias como sistemas de gobierno óptimos, hacia las cuales el mismo San Juan Pablo II, para nada sospechoso de comunista, se manifestó en varios documentos, pero especialmente en su Centesimus Annus de 1990, tras la caída del Muro de Berlín-.

Pero volvamos a la constitución de los Ayuntamientos. Mucho leeremos de que estos ayuntamientos son “comunistas”, “masones”, de “ultraizquiedas”, “radicales”, “inmoderados”, como dijo respecto del gobierno de Manuela Carmona, nada más salir elegida, Esperanza Aguirre en su última pataleta, esperemos, de su vida público “de primera fila”.

Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, nos hallamos ante una auténtica recuperación por parte de la ciudadanía del espacio público. No se trata sólo de justicia “poética”, como algunos izquierdistas de salón podrían comentar desde sus cómodos sillones o desde sus despachos en los que acuden a visitarlos, quizá demasiadas veces, los representantes del Poder real. Se trata de recuperación de la Política con mayúsculas, de la dignidad de la “cosa pública, por parte de todos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos, en este momento, no son “grandes inversionistas” -algunos inversionistas ni son ciudadanos españoles, ciudadanos de la UE o ciudadanos con los que Espña mantenga Convenios de sufrafio activo en las elecciones municipales, ni son personas físicas, y, por lo tanto, en cualquiera de sus dos condiciones, no tienen derecho al voto-. Y es que en los Ayuntamientos, en las Comunidades Autónomas, en el Estado Español y en cualquier estructura con personalidad jurídico-pública de base territorial los que deciden son los ciudadanos, por disposición expresa de la Norma que regula todas estas instituciones: la Constitución Española de 1978.

Los Ayuntamientos -lo sabemos, y a mi juicio es una asignatura pendiente demandada por varios sectores de la sociedad, que, léase bien, no es equivalente a empresa, aunque muchas veces esta equivalencia funcional se utilice demasiado por parte de los medios de comunicación que llegue a confundir a la sociedad-, no tienen todas las competencias que deberían. Las Administraciones típicamente más pequeñas del Estado de base territorial carecen de muchas competencias, ante la hipertrofia de la “pequeña gran política”, y que es llevada a cabo en los pasillos del Congreso y de varias Asambleas Legislativas autonómicas -algunas más que otras-, en el toma y daca de las transferencias de competencias fundamentales para la vida de los ciudadanos que ha ido produciéndose paulatinamente en la ya no tan breve historia de nuestra democracia institucional, pero que fue incrementándose peligrosamente a partir de la última legislatura de Felipe González, para constituir ya una forma de gobierno “normal” con el primer gobierno Aznar, en el que la transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas catalana y vasca era la moneda con la que estos Gobiernos, sin mayoría absoluta, debían pagara a Ciu y al PNV para que éstos se colgaran los honores de “patriotismo constitucional”, en su voluntad de garantizar la gobernabilidad. Relamente, lo único que quisieron -como ha quedado demostrado con los casos de corrupción descubiertos recientemente- fue garantizar la goberanabilidad para la burguesía catalana y vasca, incluidos los empresarios que apoyaban a ETA.

Una de las cosas buenas que debemos al actual mapa político español es que los pactos postelectorales no han girado, al menos públicamente, en torno al debate de competencias, sino en torno a cosas más profundas: la necesidad de regeneración democrática, propuesta tanto por las nuevas formaciones de centro-derecha, como Ciudadanos -y que esta formación ya iba demandando en 2008, cuando, según sus propios Estatutos, se definía de centro-izquierda-, o por formaciones injustamente castigadas electoralmente como UPD o Izquierda Unida, o de izquierda, como Podemos, han hecho recapitular a las formaciones políticas tradicionales como el PP o el PSOE, de manera que puede afirmarse que lo ha se ha dado en muchas importantes ciudades de nuestra país este fin de semana no ha sido simplemente una alternancia técnica entre las dos formaciones bipartidistas tradicionales, sino una alternativa real de cambio. Una alternativa que simboliza muy bien, a mi juicio, la nueva alcaldesa de Barcelona con su vara de mando: la que un día fue perseguida por defender a los pobres, a los débiles, a los deshauciados, toma la vara de mando y la mismao Policía local tendrá que cuadrarse, mal que le pese, ante ella, cada vez que entre el el Ayuntamiento para gobernar siguiendo la voluntad de todos los ciudadanos. Repito, de todos los ciudadanos. Hecho en falta un poco más de entusiasmo y credibilidad en la formación tan modosita de Albert Rovira, que en su afán de querer ser políticamente correcta -en contra de su propia reciente historia, pues en Cataluña no lo fue, y las candidaturas a las generales de 2008 tampoco lo eran-, un poco más de defensa de los ciudadanos y menos miedo a la hora de que los “inversionistas”, incluidos los fondos buitres, puedan condicionar sus políticas. Manuela Carmena, por su parte, ya ha declarado que gobernará escuchando, para todos, en contra lo de lo que ha venido haciendo Esperanza Aguirre durante 26 años, tamayazos mediante. Pero el pueblo de Madrid, como el de Barcelona, ha despertado. O el de Valencia, donde Joan Ribó, que se presentaba por Compromís, uno de los mejores diputados, a mi juicio, tanto a nivel ideológico como técnico, de las últimas legislaturas, fue investido antes de ayer Alcalde de Valénica. Tampoco es justicia poética, sino recuperación de poder territorial para la ciudadanía, el hecho de que el candidato de Por Cádiz sí se Puede (PCSSP), José María González, Kichi, haya sido investido alcalde de Cádiz tras obtener el apoyo comprometido por los cinco concejales del PSOE y los dos de Ganar Cádiz en Común, logrando así la mayoría absoluta del Pleno que evita que Teófila Martínez (PP) asumiera el que habría sido su sexto mandato como alcaldesa de la capital. O que el abogado penalista Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, un absoluto desconocido para la inmensa mayoría de los zaragozanos hace tres meses, se haya convertido en el nuevo alcalde de la capital aragonesa, la quinta ciudad de España. Con el apoyo de los otros ocho concejales de su formación, y de los seis del PSOE y los dos de CHA, ha sido investido alcalde este abogado defensor de presos e insumisos que se ha incorporado a la política tras haber participado en los movimientos asociados al 15-M. Zaragoza en Común, una plataforma formada por Izquierda Unida (IU), Equo, Puyalón, Piratas de Aragón, Somos y Demos+, con el apoyo de Podemos, ha convertido a Santisteve en el político municipal más poderoso de Aragón, pero, como ha sido destacado por la prensa local, con una frágil estabilidad necesitada siempre del apoyo de otras fuerzas.

En cualquier caso, parece claro que algo, y mucho, ha cambiado en el panorama municipal español. Las candidaturas de unidad popular, ya por sí solas ya con el apoyo pre o postelectorales de otras formaciones políticas, bien nuevas como Podemos, bien tradicional, con el PSOE, cuyas bases siempre han sido más ácratas que su aparato, han permitido un cambio de gobierno en muchas importantes ciudades españolas, y también en municipios más pequeños, en el que el electorado ha querido premiar otra forma, si se quiere amateur y por ello no contaminada, pero técnicamente preparada, de hacer de nuevo Política con mayúsculas. Algo de esto me recuerda a las elecciones municipales de 1979. Corren vientos cambio. Y no, no es justicia poética. Ya es, mal que les pese a algunos, autoridades civiles y militares, eclesiásticas, poderes fácticos económicos, una realidad; si quiera al nivel de lo pequeñito, de los Ayuntamientos. Pero la Historia ha veces nos ha demostrado cómo desde el cambio en lo pequeño puede surgir el cambio en lo grande. Todavía más en una sociedad compleja e interconectada en el nuevo escenario mundial globalizado de la llamada sociedad 3.0.

En un mundo donde la política con minúsculas se escribe con mayúsculas, y la tecnocracia usurpa el poder ciudadano, en un mundo no tan lejano, el FMI, oscura institución surgida del pacto intergubernamental de Bretton Woods despues de la segunda Guerra Mundial, como precursor del nuevo orden mundial que, según los designios del CB y de las logias masonas en las que se encuentra el verdadero y oscuro Poder en la sombra, ha anunciado, por el momento, la retirada de su apoyo a la República soberana de Grecia, por cierto, cuna de la democracia. Pero ya veremos. De nuevo, los cambios producidos son más que justicia poética. Son la expresión del espíritu de la conocida frase con la que Abraham Lincoln concluyó su discurso tras la batalla de Gettisburg, y que todavía puede leerse a la entrada del Capitolio en Washington D.C. Un espíritu que encuentra en el pueblo una fuerza tan grande que, pese al imperio de la corporatocracia, todavía sigue gritando para que el contrato social deje de ser una ficción y vuelva a su origen. Y, como hiciera Lincoln ante un escenario de devastación tras una guerra civil, 152 años después, la ciudadanía, devastada por una crisis sin precedentes y caracterizada por la usurpación del gobierno por los tecnócratas formados en la economía “ortodoxa”, sólo pide una cosa: que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra. Las estructuras organizadas de poder, cuando desconocen esta regla básica, tanto si son “de izquierdas” o marxistas en sentido clásico, en los ya casi desaparecidos regímenes del llamado “socialismo real”, o “democracias populares”, ya sean “de derechas”, las cuales recubren una amplia gama de formas de Gobierno, que va desde los fascismos declarados hasta los gobiernos autocráticos, formalmente democráticas pero en las que los derechos más elementales de los ciudadanos son conculcados, como denunciara desde la cárcel Nelson Mandela respecto de una República de Sudáfrica formalmente democrática, pero materialmente profundamente conservadora y segregacionista, se convierten en el enemigo a batir, en el bastión que impide que el verdadero poder legítimo, el que emana del pueblo, pueda surgir, siquiera como un pequeño ramo verde de un árbol seco, a partir del cual convencer, y no imponer, al resto de los conciudadanos, de la difícil, pero no imposible, tarea de tomar conciencia de ciudadanía y de la necesidad de que el espacio público, fundamento y regidor de todos los demás espacios en los que se manifiesta el poder civil, como nos enseñaron los griegos hace más de dos mil quinientos años, pertenece a los ciudadanos por derecho. Como declaró Ada Colau con su vara de mando en su discurso de investidura “hoy hemos hecho posible lo imposible”. Mis mejores augurios, Ada. De activista a Alcaldesa. A pesar de los bancos, de la Policía sumisa y de los poderes fácticos. En un espacio tan pequeño pero tan cargado de tradición y sabiduría, tu vara de mando simboliza el mandato que te han dado los ciudadanos, y el poder que de ellos has obtenido, tanto del príncipe como del mendigo; y que en tu caso, como en el de agunos otros Alcades investidos este fin de semana, por mucho que los medios de comunicación afines al Poder se harten de proclamar que llevamos 38 años en democracia -una cosa es la democracia y otra su calidad-, se ha dado, por fin, la tan difícil coexistencia, casi de “unión hipostática”, entre autoridad e imperio.

Poco a poco, se está fraguando el cambio y un auténtico proceso de devolution, término que en Italia sirvió para simbolizar la devolución de poder a la sociedad -entendida ésta como un equivalente, en lenguaje políticamente correcto, de las grandes empresas- bajo los gobiernos de Berlusconi. En este caso se trata de una devolution legítima. O, mejor, de la toma de poder, moralmente legítima, jurídicamente válida, y éticamente obligada, por parte de los ciudadanos de los espacios que les habían sido arrebatados por buena parte de los representantes de los partidos tradicionales: fundamentalmente, por parte del PP, pero también, en algunos casos, del PSOE. Los ciudadanos han comenzado a recuperar con fuerza su papel en los Ayuntamientos y, sobre esta base, será posible volver a creer en ellos como instituciones cercanas a sus necesidades, especialmente, las de los ciudadanos más pobres y que tanto han sufrido y siguen sufriendo los devastadores efectos de una crisis que han provocado otros jugando a sus casinos de saltos mortales con red, o rescate público incluido, pero con nuestras fichas, las fichas de los ciudadanos, el dinero de todos.

En cuanto a los municipios, es verdad que son entidades territoriales pequeñas, y que han servido, durante ocho años, a una política promotora de la burbuja inmobiliaria y de la corrupción. Sin embargo, estas mismas instituciones, durante ochocientos años, han servido bien a los intereses de los ciudadanos, preferentemente de una pequeña burguesía, pero también de mendigos y de gente sin hogar. Los Ayuntamientos, la Iglesia y las Universidades, no lo olvidemos, son las instituciones más antiguas del mundo occidentale. Cuidémolos, y hagamos que ellos cumplan con una vocación de servicio comunes a las otras dos instituciones mencionadas y que se sitúa en la base del pensamiento político occidental, desde las antiguas ciudades-Estado de Grecia hasta las nuevas propuestas de municipios abiertos y participativos del siglo XXI. Estas elecciones municipales han honrado lo mejor de nuestra tradición municipalista, al tiempo que no han mostrado su temor frente a los oscuros poderes que, de momento, pero sólo de momento, dominan el mundo. Hasta que la ciudadanía recupere más espacios de poder. Hasta que la ciudadanía pueda de nuevo escribir orgullosamente Política con mayúsculas.

 

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho

@pabloguerez

 

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Interrogantes que plantea el nuevo mapa político español surgido de las elecciones del 24-M

junio 1, 2015 § Deja un comentario


Tras el nuevo escenario político que se ha abierto en España tras las elecciones del 24-M abundan los artículos de opinión sobre si nos encontramos ante una nueva etapa de nuestra todavía joven democracia, con una serie de consecuencias que irían desde el fin del bipartidismo hasta la eventual ruptura del consenso constituyente de 1978, valorada positiva o negativamente tanto desde perspectivas propias de la izquierda como de la derecha políticas y sociológicas.

Corren vientos, tanto “de izquierdas”, como “de derechas”, en contra del consenso constituyente. Sin embargo, sin entrar en esa delicada cuestión, que entiendo merece un análisis más detenido, entre otras voces autorizadas, el periodista Raúl Ciriza, por ejemplo, en un reciente artículo publicado en Attac Navarra, viene a expresar su entusiasmo, desde una óptica no muy lejana de una perspectiva “abertzale”, con el nuevo mapa electoral o político resultante de las últimas elecciones municipales y autonómicas. En esta línea, muchos de los que alaban las ventajas del supuesto fin del bipartidismo no parten de un análisis profundo y pormenorizado de nuestra reciente historia política. De este modo, los partidarios de varias corrientes de opinión que se van extendiendo tanto en los medios de prensa tradicionales como digitales, y desde diversas perspectivas ideológicas que son, en muchos casos, reflejos de intereses ocultos, faltan a la verdad cuando realizan una equiparación tan alegre entre PSOE y PP, al tiempo que alaban las bondades de las nuevas formaciones como Ciudadanos o Podemos. Así, por poner sólo un ejemplo, el periodista u “opinador público” no puede desconocer las notables diferencias, dentro de un sistema de economía de mercado, entre el primer gobierno socialista salido de las urnas en 1982 y la segunda legislatura del gobierno Aznar, en el año 2000. Lo que sí es cierto, desde una perspectiva socioeconómica, pero que responde también a una voluntad política, es que, a partir de 1993, con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea -que recibió la aprobación de todas las fuerzas políticas de ámbito nacional excepto la de algunos diputados de Izquierda Unida, por cierto, injustamente castigada, junto con UPD, en estas elecciones municipales y autonómicas del 24-M-, la sumisión de la política a los poderes económicos y a los “mercados”, auténticos artífices de una política económica no sometida a controles políticos ni a un Tesoro Público europeo, más allá de las vagas directrices y recomendaciones del Consejo Europeo, rendido casi en su unanimidad a la hegemonía cultural del pensamiento único, ha “atado las manos” al PSOE en la implementación de políticas económicas auténticamente socialdemócratas. Y quizá la mayor crítica que habría que hacer a las políticas realizadas por el PSOE, desde una perspectiva socialdemócrata, es que la referida situación de impotencia no ha sido denunciada por dicho partido en las instituciones supranacionales, ni en las europeas ni en las mundiales, estas últimas fruto del consenso que, a mi juicio, sí que habría que romper, pues ése sí es que es un fiel reflejo de las políticas ultraliberales que perpetúan la desigualdad entre las diferentes clases sociales de los Estados y entre los Estados, llegando a la máxima justificación de la desigualdad en la bendición del status quo en las relaciones Norte-Sur: el consenso de Bretton Woods y de sus insolidarias y masonas instituciones como el FMI o el Banco Mundial . Pero incluso en esa impotencia, subsiste una diferencia sustancial ideológica entre el PP y el PSOE, al menos en muchos de sus miembros y en sus bases. Incluso en la negociación del artículo 135 de la Constitución Española: la mala conciencia o el remordimiento de los socialistas de no haber sido fieles a sus principios; los únicos que pueden salvarlos de unos resultados electorales mediocres en los que su mejoría electoral se ha debido más a variables en buena parte independientes de los méritos de la formación política: por una parte, una variable negativa, expresada en el descontento de los votantes del centro-derecha por los incontables casos de corrupción del Partido Popular, y por la otra, una positiva y esperanzadora: la apertura del PSOE, desde hace meses, encabezado por el “revisionismo hacia la izquierda” de su nuevo líder Pedro Sánchez, quien, en su afán de volver a su caladero electoral tradicional, la izquierda sociológica y las bases del Partido Socialista, ha llegado a proponer, en el plano programático, la modificación del artículo 135 de la Constitución y la derogación de la reforma laboral impulsada en primer lugar por el segundo gobierno Zapatero; y, en el plano electoral, ha mostrado una actitud abierta y de diálogo ante las llamadas “candidaturas de confluencia” o de “unidad popular”, con las que el Partido Socialista puede aspirar a formar gobierno en muchos municipios españoles.

Por Pablo Guérez, PhD.

Doctor en Derecho Penal

Colegiado ICAM no. 97.901

Acreditado a Profesor Contratado Doctor

En situación legal de desempleo desde el 28/7/2011, actualmente sin percibir prestación o ayuda social alguna, pública o privada. Razón: Universidad Autónoma de Madrid, Rectorado. Calle Einstein, no. 1, 28049 Madrid.

@pabloguerez

 

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24/M: Vientos de cambio. Un análisis valorativo y teleológico de los resultados electorales en clave sociológica

mayo 26, 2015 § Deja un comentario


A vosotros, los que habéis iniciado el cambio. Y a nosotros, el pueblo.

(…) that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that, government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth (Abraham Lincoln, from the Gettysburg Address, given to Edward Everett, 1864)

 

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Ada Colau y Manuela Carmona celebran su victoria electoral. Fotografía de Avelino Rodrigues ©.

Las elecciones del 24-M han revelado un importante cambio en la sociología electoral, que ha afectado a las formas de hacer política. Frente a las formas tradicionales basadas en los partidos políticos, la irrupción en muchos municipios especialmente estratégicos, como Madrid, Barcelona o Zaragoza, de candidaturas de unidad popular, que han sabido aglutinar a la gente de los movimientos sociales de inspiración tan diversa como los que protagonizaron el 15-M, han supuesto un desafío al sistema tradicional de entender la política en nuestro país y, en concreto, al Estado de partidos, al que eufemísticamente llamara el gran constitucionalista de los inicios del funcionamiento del Tribunal Constitucional, Don Manuel García Pelayo, Estado “con partidos”.

Y es que, hasta ahora, el sistema parlamentario, en los 28 años que llevamos de democracia en España, se había orquestado en torno a la fórmula tradicional todavía vigente, en el entonces denominado “mundo libre” en los años que vieron el alumbramiento de la Constitución de 1978, fórmula a la que, como en muchas cosas, los españoles llegamos con retraso. Y no es que no hubiera entonces fórmulas de participación ciudadana más allá del voto cada cuatro años con prohibición expresa del mandato imperativo. El Partido Comunista, por aquel entonces el único conocido como “El Partido”, conoció, junto a dinámicas autocráticas propias de las peores versiones del marxismo, también el llamado “centralismo democrático” trotskista, inspirado en la máxima de “máxima democracia en el interior, y máxima unidad en el exterior”. Conviene recordar que entonces en el Partido Comunista, por su capacidad organizativa, militaba gente de la más diversa ralea. Y conviene recordarlo precisamente frente a aquéllos que ahora, desde la derecha española, representada en buena parte por una combinación explosiva de lo que queda del franquismo sociológico y por la adhesión triunfalista a un ultraliberalismo al más impuro estilo “Chicago Boys” –una de cuyos máximos exponentes es la recientemente destronada Esperanza Aguirre-, que se atreve a despreciar no sólo a quienes piensan diferente tachándoles a todos de “chavistas”, golpistas, miembros de la mal llamada “izquierda radical”, u otras lindeces que todos hemos escuchado a lo largo de la campaña electoral, sino a compañeros o camararadas –desconozco cómo se llaman entre sí en ese partido-, más afines a un escuálido conato de democracia cristiana que en España, más allá de la efímera experiencia de la UCD, nunca llegó a cuajar.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral de 1985, hija de su tiempo, contemplaba también, junto a los sujetos políticos por antonomasia, la posibilidad de que hubiera “agrupaciones de electores”, pero las propias dificultades burocráticas del sistema implantado, unido a la práctica inexistencia de un tejido de sociedad civil organizado en el Estado asimilable al que existe en otras democracias occidentales, y, típicamente, en las de corte anglosajón, hacían que las opciones de  “participación ciudadana directa no representativa”, como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, fórmulas complementarias, por no decir folkróricas, de un sistema de democracia representativo de corte clásico, reglamentado por un sistema electoral rígido de listas cerradas y bloqueadas (con la excepción, por su peso poco significativa, de las elecciones al Senado; pero incluso la legitimidad democrática de estas elecciones estaba corregida por un sistema electoral muy mayoritario perfectamente diseñado para desligar a los representantes electos de cualquier comunicación con la ciudadanía, como ocurre con los sistemas uninominales de corte anglosajón, en los que los candidatos pelean literalmente el voto barrio por barrio, o distrito por distrito.

Sea como fuere, una serie de factores cuyo análisis detenido no es posible realizar aquí, pero en entre los que destacan la corrupción, el desgaste mayoritario del sistema de partidos, y la percepción social de desconexión por parte de los ciudadanos respecto de sus representantes políticos, en el contexto de una crisis ética y de legitimidad de las instituciones a escala mundial, con el cuestionamiento de la legitimidad democrática de las instituciones supranacionales a las que los Estados, de acuerdo con el discurso hegemónico del pensamiento único, han ido cediendo soberanía, agravada por una crisis económica globalizada que, en nuestro país ha explotado con el añadido de ingredientes locales, han supuesto el clima idóneo para que romper el umbral de tolerancia de los ciudadanos, en su percepción de no ser ya más agentes de su destino. La percepción de pérdida de soberanía y la crisis de lo que, en otros lugares, he denominado “ficción contractualista”, en función de la cual la soberanía procede del pueblo, del que emanan los poderes del Estado, ha irritado, utilizado una terminología sociológica muy empleada en teoría de sistemas a la sociedad civil española, de tal manera que ha contribuido a la emergencia de los llamados “movimientos sociales”, movimientos de participación ciudadana o movimientos de participación directa, que, en el fondo, han venido a reivindicar el espacio público que por derecho debe corresponder a los ciudadanos. En definitiva, la vieja idea tan bien expresada por Lincoln en el discurso de Gettysburg, de un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. De que los ideales ilustrados de la modernidad no podían sucumbir en la posmodernidad de la falta de centralidad del poder, sino que debían ser canalizados por nuevos vehículos de participación ciudadana en la cosa pública. La ciudadanía o, en términos más clásicos, “el pueblo”, ha tomado conciencia de que debía recupera un espacio, y que ese espacio era precisamente el poder político, hurtado por tecnócratas que, utilizando un viejo lenguaje marxista, eran simplemente las correas de transmisión profesionalizadas del Poder en la sombra: el de los lobbies económicos. La prudencia me aconseja no ir más arriba en la búsqueda de quién, quiénes o qué nos gobierna realmente. Sobre ello también he tratado en otro lugar.

La lectura que cabe hacer, a nivel sociológico, de estas elecciones, puede resumirse, aun a riesgo de ser demasiado reduccionista, en lo siguiente: la irrupción de una nueva formación política, Podemos, no sin debates y sacrificios internos, ha tenido la habilidad de apostar por la integración de las candidaturas de unidad popular ha servido de resorte para espolear a una ciudadanía descontenta, y con razón. Las víctimas de los desahucios, de las políticas de recortes, del crecimiento desigual y de las consecuencias del desmantelamiento del Estado del bienestar y de la propia credibilidad de las instituciones, agrupadas en una diversidad de movimientos sociales y de “mareas” que en su momento desembocara en lo que fue el 15-M, han evolucionado hacia un nivel organizativo suficiente como para presentarse, frente al electorado más pasivo, como una fuerza o conjunto de fuerzas razonables como opción electoral política y, sobre todo, como opción de gobierno, comenzando por el gobierno de los Ayuntamientos y, en algunos casos, por el de algunas entidades territoriales superiores y alguna Comunidad Autónoma. El partido político Podemos, formalmente clásico y materialmente dinámico, constituía un vehículo adaptado para participar, con opciones serias de gobierno, en la contienda electoral. A condición no dejarse arrastrar por sus sectores más populistas. Es así cómo la legitimación material de Podemos de cara a estas elecciones –y ello se ha visto por los resultados electorales, comenzando por las plazas más emblemáticas del Estado- necesitaba integrar una buena parte de los movimientos sociales, para construir lo que se ha llamado “candidaturas de unidad popular”. Asistimos, y coincido en esto con mi colega Fabio Gándara, articulista del Huffington Post, a un momento que a muchos nos puede resultar ilusionante, a distinto nivel, en la historia de la democracia española. Con la convergencia del acervo técnico de la gente de Podemos y la legitimidad material de la gente sin más, “el pueblo”, parece que buena parte de las exigencias de legitimidad democrática de un sistema económico-político percibido por la mayoría de la ciudadanía ha comenzado a ocupar el espacio público que la ciudadanía había perdido, y con ello hoy parecen posibles exigencias que hace cinco años hubiesen sido impensables, o meros sueños utópicos. Poner a los poderes fácticos en su sitio. Plantarse ante las deudas injustas. Desterrar la usura y la insolidaridad del país. Y todo ello ha comenzado ya, “ahora”, como se han llamado algunas candidaturas, en el nivel de las elecciones municipales. Para que el “debe” del sujeto político que nació con las revoluciones de la Ilustración vuelva a ser el “es”: “nosotros, el pueblo”. Las tres palabras con las que comienza la Constitución norteamericana. Y permitidme, mis queridos lectores, para concluir, la “licencia poética”: para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra.

 

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho

Acreditado a Profesor Contratado Doctor

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