Defectos y excesos del reglamentismo hispánico en la pretendida regulación de una ética secular de la virtud y en la supresión de los tratamientos de cortesía por la Administración General del Estado: aportando algo de educación y sensatez

febrero 9, 2017 § Deja un comentario


Defectos y excesos del reglamentismo hispánico en de la pretendida regulación de una ética secular de la virtud y en la supresión de los tratamientos de cortesía por la Administración General del Estado: aportando algo de educación y sensatez

Por Pablo Luis Guérez Tricarico, ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Acreditado a Profesor Contratado Doctor y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

 

Abstract: En la presente publicación, sin ánimo de exhaustividad, examino algunos de los defectos y excesos prototípicos de la actual Administración Española en relación con una correcta comprensión de la educación y la cortesía, en la que intento dar mi criterio, contrario, por una parte, al exceso reglamentista de “virtudes” que supuestamente deberían reunir los empleados públicos, y, por otra parte, el defecto que ha supuesto la evolución de las reglas del trato social en el trato personal y en la utilización de los tratamientos de cortesía en la Administración.

Palabras clave: Administración Pública; Administración General del Estado; relaciones especiales de sujeción; derechos fundamentales; ética de la virtud; coacción administrativa; educación; cortesía; tratamientos; protocolo.

 

  1. Los excesos de la Administración Pública en materia de exigencias de su personal: el problema de la imposición de una ética de la virtud en un Estado de tradición liberal

En una monografía del excelente administrativista el Excmo. Sr. Prof. González Pérez, llamado “Administración pública y moral”, publicado por la prestigiosa Editorial jurídica Thomson Civitas en los años noventa del pasado siglo, el viejo Profesor elogiaba las normas comunitarias que exigían probidad y otras virtudes de una ética de la virtud tradicionalista, al tiempo que lamentaba la derogación de normas similares en el ordenamiento jurídico español. La misma temática fue escogida por el Profesor para su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y legislación, que tuvo lugar en 1995, y cuyo texto íntegro, breve y de lectura amena y recomendable, puede descargarse en la web vía http://www.racmyp.es/R/racmyp/docs/anales/A72/A72-1.pdf.

Al hilo de una discusión, en un comentario objetivamente muy desafortunaado por el que  se tildó de “raro” –con la connotación negativa que suele tener este término en español, a pesar de las múltiples definiciones, moralmente neutras, que da a esta palabra el Diccionario de la Real Academia Española- por escribir de Ud. a mis superiores, en el contexto de una estructura fuertemente jerarquizada y con una flexibilidad manifiestamente mejorable -tanto en lo que se refiere al modo de acceso como a las dinámicas “informales” que se producen en su actuación-, quisiera compartir con Uds. algunas reflexiones sobre el uso profesional del Ud. en la lengua española y, más concretamente, en España.

Aquellas reflexiones entonces expuestas por el Profesor, la crispada situación de la política española con minúsculas y el debate político-mediático, que viene durando ya aproximadamente al menos dos años y medio, sobre lo que debe o no ser exigible a un cargo público, debate que tiene lugar, más que en la natural discusión parlamentaria, en el terreno mediático, con el empleo de un discurso compartido por los partidos de todo el espectro político español, así como mi cierto conocimiento profesional práctico sobre el funcionamiento de la “black box” de la Administración española, me ha suscitado reflexiones sobre los peligros de la juridificación de una cierta ética de la virtud en la Administración Pública, que, a la vez que desatiende problemas de educación claros, pretende exigir a los empleados públicos unas cualidades o virtudes a cuya práctica un Estado de Derecho no puede legítimamente obligar.

En 1990 el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) editó un Manual de estilo de lenguaje administrativo que, si bien tenía puntos positivos –mejorar la sencillez y la claridad en la redacción de documentos, evitando por ejemplo el uso excesivo de frases subordinadas, o aplicar los resultados de estudios para la mejora de la técnica legislativa-, se mostraba a mi modesto juicio poco respetuoso con la dignidad de la institución social “Administración Pública”.

El Manual recomendaba la supresión de los tratamientos tradicionales en la Administración (Excmo. Sr., Ilmo. Sr.), cuestión que fue tenida en cuenta –según mi criterio, negativamente- por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. A pesar de lo que diga el Preámbulo de dicho Código, a mi modesto juicio, y conforme a un importante sector de la doctrina de Derecho administrativa y generalista de Derecho público, el Código de Buen Gobierno como tal, aprobado por una Orden Ministerial, carece de valor normativo, especialmente “ad extra”, y sólo incluye recomendaciones dirigidas a los funcionarios públicos, a los que, por cierto, se les exige comportarse como seres seráficos, y no como hombres y mujeres de carne y hueso, pero humanos, con su dignidad, por supuesto, pero humana y no “angélica“. Por otra parte, no considero que sea función legítima de la Administración ni del Gobierno de un Estado de Derecho supuestamente respetuoso con la libertad de conciencia exigir a sus empleados principios éticos basados en una ética de la virtud, y que en modo alguno se deducen de la Constitución española, que proclama expresamente la libertad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de creencias (art. 16 CE) y los derechos a la libertad de expresión y relacionados (art. 20 CE). Buena parte de la corrupción que asola nuestro país podría evitarse, además de con otras medidas realmente eficaces, si dejaran de aprobarse normas basadas en una ética de la virtud laica y lo que se pidiera a los empleados públicos fuera simplemente que se comportaran como personas decentes y que no cometieran delitos ni infracciones administrativas (con la matización de que ambas clases de sanciones no deberían poder justificarse en un Estado de Derecho como mero refuerzo de normas morales).

Volviendo al Código de Buen Gobierno, considero que algunas de las normas contenidas en dicho Código, sobre todo en lo que respecta al contenido de esta publicación, afectan negativamente tanto a la dignidad del empleado público como a la Administración. Por si alguien quiere profundizar en las “lindezas” del buen Gobierno, observará sin necesidad de mucho detenimiento que la citada “norma” parece querer convertir a los empleados públicos en una suerte de monjes seculares, exigiéndole imposibles en nombre de conceptos tan ampulosos como, muchas veces ineficaces, como la “austeridad”, “transparencia”, las prohibición de actividades privadas, el “decoro”, y otros conceptos de moda muy similares en la dictadura del lenguaje políticamente correcto, a la que se han apuntado tanto la Derecha como la Izquierda políticas españolas. En definitiva: en nombre de no se sabe qué idealización pseudoplatónica o pseudohegeliana de la Administración, que recuerdan cosas peores, como el ideal franquista -que no falangista- de que el español debía ser mitad monje, mitad soldado.

La situación creada a partir de 2005 para la Administración General del Estado no es justificable, siguiendo a un autorizado sector de la doctrina administrativista, ni siquiera si admitimos la tesis de la vigencia de las relaciones especiales de sujeción en la Administración, hoy ya superado en muchos países de nuestro entorno cultural por los principios del binomio ciudadanos/servicio público o por la tradición jurídica, fundamentalmente anglosajona y paradójicamente dialéctica o de confrontación entre la Administración/Leviatán y el ciudadano, con sus derechos fundamentales como “cartas de triunfo” en el sentido de Dworkin. Con ello queda claro que un Estado de Derecho como el nuestro, teóricamente construido sobre la base de la tradición del liberalismo político, no puede imponer pretendidas virtudes morales, sobre todo teniendo en cuenta, en el orden sociológico, el pluralismo valorativo existente en nuestra sociedad y, en el jurídico, la garantía de dicho pluralismo que, si bien no es ilimitada, no autoriza injerencias en los derechos fundamentales de los “administrados” o de los ciudadanos contrarias al contenido esencial de aquéllos, y, siguiendo la tradición literaria del Tribunal de Justicia de Derechos Humanos, no puede imponer restricciones a los derechos fundamentales, como en este caso, incompatibles con los principios y valores constitucionales ni sacrificios no necesarios en una sociedad democrática.

No obstante lo anterior, la lectura del Código de Buen Gobierno es altamente recomendable, aunque no es apta para todos los públicos, y conviene prepararse antes con una buena dosis de ansiolíticos o de lo que se tenga a mano para poder relajarse ante los dislates que en él se contienen.

 

  1. La educación en la Administración Pública por defecto: ¿Ud. o vosotros en las relaciones profesionales? El problema de la eliminación de otros tratamientos de cortesía

Lamentablemente, en otros ámbitos –de momento pocos-, sí se ha dado fuerza normativa a la supresión de los tratamientos de cortesía. Es el caso, muy sentido por mí –pues procedo de la carrera universitaria-, de la supresión de los tratamientos de cortesía de las autoridades de la Universidad, a la que dediqué una parte muy importante de mi tiempo y de mis esfuerzos intelectuales- lo que ha traído efectos nefastos en la utilización de un protocolo académico que data en parte del siglo XVI, así como en la autonomía universitaria y en dignidad de la institución. La Disposición Adicional 13ª de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que en 2007, en plena época del “zapaterismo light buenrollista”, estableció lo siguiente: “Las autoridades universitarias recibirán el tratamiento de señor o señora, seguido de la denominación del cargo. Los Rectores de las universidades recibirán, además, el tratamiento académico de Rector Magnífico o Rectora Magnífica”. Esa es la única concesión que se ha hecho al derecho histórico universitario. En los demás tratamientos abolidos –que son muchos- es dudoso que el Estado tenga competencia para abolirlos o, al menos, ello presenta problemas de dudosa constitucionalidad por posible contradicción con el artículo 27.10 de la Constitución Española, que tutela al máximo nivel el derecho a la autonomía universitaria.

Estos ejemplos nos muestran que, ya a finales del pasado siglo se pusieron las bases para la degradación de la dignidad de los empleados públicos y, como trataré de argumentar más adelante, para la extensión del tuteo en las relaciones laborales en la Administración Pública. Con ello se abonó el camino, también para la Administración “técnica” para el “todo vale”, degradación que ya se había instaurado en la política por el falso progresismo de una igualación que terminó degradando la dignidad del trato debido a las instituciones públicas, con la aparición de frases del estilo: “oye, ministro”.  Parece ser que ahora en la Judicatura va a aprobarse algo similar al Código de Buen Gobierno, y sinceramente espero que no confunda la sencillez con el simplismo, o la claridad con la falta de complejidad expresiva y conceptual.

Abordo ahora, escuetamente, un tema relacionado con estas consideraciones, con el respeto debido a las instituciones, a los empleados públicos y a las personas en general.

Y es que, al margen del caso concreto administrativo, hemos llegado a un momento en el que la educación ha cedido ante la mala educación, la falta de respeto y la chabacanería. Con las consideraciones anteriores he intentado argumentar cómo los esfuerzos de nuestros técnicos al defender las ideas de respeto y dignidad han sido objeto de una dialéctica perversa que ha supuesto la consagración y consolidación precisamente de lo contrario. Llegados a este punto, no puedo ocultar mis preferencias en cuanto al uso del tuteo o del Usted, y creo que la educación no está de más. Más bien considero una anomalía lingüística que en España hayamos perdido el Usted/Ustedes como fórmula de cortesía –dejo a parte su utilización normal, como equivalente funcional al “tú” o al vosotros, común en algunas zonas de España, como Canarias o ciertas zonas de Andalucía Occidental; y especialmente como tratamiento de respeto hacia las personas mayores, autoridades, jefes, y, en general, hacia cualquier persona con la que no tengamos aún la suficiente confianza, salvo en el que caso en el que su legítimo destinatario tenga a bien apear de su fórmula o tratamiento de cortesía a su interlocutor.

Si esto es así, pueden Ustedes ya adivinar, por lo anteriormente expuesto, mi posición con respecto al mantenimiento de los tratamientos “propiamente de cortesía” y fruto de la tradición y del patrimonio lingüísticos del español, especialmente al mantenimiento de los tratamientos de cortesía en la Administración Civil del Estado (Excmo. Sr., Ilmo. Sr., etc.), cuya supresión, con el pretexto de “acercar la Administración a los ciudadanos” ha terminado por autorizar a todo el mundo a escribir de cualquier manera. Por supuesto que, como hemos visto, ello no ha venido a paliar las perversas dinámicas internas de las que adolece nuestra Administración, tanto en relación con el personal a su servicio como con los ciudadanos, ni ha contribuido a reducir los equilibrios de poder entre la Administración Pública y los administrados, ni la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa. Por el tipo de medida, más bien parece un equivalente funcional a lo que en Derecho penal los penalistas acostumbramos a llamar Derecho Penal simbólico. Sería un “Derecho administrativo simbólico”. Parece que al ciudadano le resuelve sus problemas no poner un Ilmo., o se le va a dar razón porque, de repente, la Administración se ha vuelto, de repente, “coleguita”.

Pues, Señores, Dios nos guarde de los “jefes coleguitas” que ejercen su poder con torpeza o con sutiliza, pero, en cualquier caso, sin ninguna formación en liderazgo. Más vale jefes “a la antigua” con las ideas claras y con un estilo de mando claro, directo y racional, es decir, no contradictorio. Me parece lo mínimo que puede exigirse a la Administración del Estado que, antaño, recibiera por Hegel el más que dudoso título de “suprema realización de la razón”.

Por mi parte, en cuanto se refiere a los tratamientos de cortesía, los sigo utilizando, sobre todo en mis relaciones “ad extra” con la Administración General del Estado, a pesar de su supresión para la Administración Civil del Estado operada por el Código de Buen Gobierno y dando una solución tan “políticamente correcta” como políticamente desafortunada. Máxime cuando se refiere a tratamientos de indudable raigambre histórica que se mantienen para muchos operadores jurídicos y no jurídicos más o menos dotados de personalidad jurídico-pública o similar. Sin ánimo de exhaustividad, y por citar sólo algunos ejemplos, los tratamientos de cortesía continúan utilizándose para el resto de Administraciones Públicas, ya sean de base territorial (Comunidades Autónomas, Entes locales), y para algunas Corporaciones de Derecho Público dotadas de autonomía, como algunos Colegios profesionales (en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la Presidenta es Excelentísima “ad vitam”, y me parece bien), así como para otras instituciones públicas. Así, se mantienen para las Reales Academias; para el Poder Legislativo y su Administración; para la Administración militar; para los Tribunales eclesiásticos; no digamos para los diplomáticos, al menos de facto y a pesar del Código de Buen Gobierno, que al menos respeta los tratamientos que a éstos puedan dispensarse en el extranjero conforme a la legislación del país al que van destinados; para la Administración de Justicia; para la Jurisdicción constitucional; y, por último, para las personas que merecen ese trato “ad hominem” por su pertenencia a algunas de las Órdenes civiles y militares reconocidas en España o por estar en posesión de alguna otra condecoración o premio que lleve aparejado un determinado tratamiento de cortesía.

Ello, como ha destacado más de un insigne diplomático experto en protocolo, ha dado lugar a situaciones tristemente jocosas, como presentaciones de los intervinientes en un acto oficial del siguiente tenor: “Sr. Presidente del Gobierno, Sr. Ministro de Educación, Sr. Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Alicante, Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Alicante” (sic). Mi posición, por si no había quedado clara, no es la de igualar a todos por abajo, sino a dar a cada cual el honor que le corresponde según la dignidad del cargo y de acuerdo con la tradición histórica.

La arriba descrita degradación del lenguaje de las instituciones oficiales, lejos de resultar necesaria y fruto de la cortesía natural del protocolo bien entendido, lleva a muchos a considerarla “rara” -con la connotación negativa que tiene en este país la utilización de este término de facto, a diferencia del “rare” inglés.

En los países cuyas lenguas admiten fórmulas de cortesía -al menos, en las lenguas romances o neolatinas que conozco- dicho tratamiento se utiliza con preferencia con extraños -exceptuando el caso quizá de las personas muy jóvenes-, pero, desde luego, es la fórmula habitual en el mercado laboral. Por poner como ejemplo el caso que más conozco, en Alemania, por ejemplo, cualquier profesional, desde el panadero hasta el Profesor de Universidad -quien, además, recibe otros tratamientos, siendo los más comunes los de “Herr/Frau Doctor” o “Herr/Frau Professor Doctor”, y, en general, desde que se tiene edad laboral (16 años) reciben, como mínimo, el Usted como tratamiento en el ámbito de las relaciones laborales.

Por su parte, en los países anglosajones, en los que no existe fórmula gramatical de cortesía y se trata a todo el mundo de “you” -exceptuando el anecdótico “Thy”, equivalente funcional del “Vos” religioso, para referirse a Dios, hoy en desuso-, el respeto y la deferencia que merecen determinadas personas se manifiesta de otra manera, que consiste básicamente en el empleo de un lenguaje más respetuoso y “polite” para la construcción de la frase.

En España, en esa tensión típicamente hispánica pendular, extremista y cainita que nos caracteriza -el término “dialéctica” le viene grande a la media de la cultura general de este país-, hemos pasado en menos de treinta años de las fórmulas utilizadas durante todo el siglo XIX y casi todo el XX, incluido el período de la Dictadura franquista -no necesariamente dañinas- en los escritos administrativos del tipo de “Ilmo. Sr. Jefe de Área (…) suplico (…) Es gracia que espera proceder del correcto proceder de V.I., a.q.g.D.mm.aa., al “oye, Ministro” que ya se hiciera famoso en la Transición.

Entre los pocos usos del Usted como tratamiento de cortesía en nuestro país, ha quedado un uso táctico para marcar distancias, y que obedece, a mi juicio, a una táctica legítima de quien se siente poco respetado o poco reconocido en su actividad profesional o, en general, en cualquier ámbito en el que exista un ámbito de sumisión o dependencia jerárquica.

Por otra parte, entre los médicos, ya sean de la Sanidad Pública o privada, me consta que el uso del Ud. todavía se mantiene en mayor o menor medida, especialmente en las relaciones jerárquicas, y con más frecuencia en el trato con las personas de más edad.

Quizá yo esté algo anticuado -pero esto no creo que sea malo de por sí-, pero no deja de resultarme paradójico que el médico, el odontólogo o el fontanero me hablen de Ud. y yo les devuelva el mismo tratamiento, cuando en un ámbito tan fuertemente jerarquizado como es el de la Administración General del Estado, ésta ha actuado de un modo irresponsable al renunciar a la liturgia y al protocolo. Con ello, se ha olvidado que la liturgia civil ha sido a lo largo de los siglos, y en diferentes civilizaciones, un modo de preservar la dignidad del Poder público y de estabilización social, a través de la protección de intereses colectivos cuya preservación ha redundado, aun desde la perspectiva de una ética utilitarista de la norma, en beneficio de todos y de la misma cohesión social.

Para Fernando Savater, el hoy tan denostado y caduco “protocolo” no es más que una manifestación cultural de la “cortesía”, del trato y del respeto formales que se deben a toda persona y a su posición en un contexto social determinado, y por el que se empieza la natural socialización con personas en principio extrañas a nuestro círculo primario de socialización.

Sin embargo, en contra de estas consideraciones, parece que las mentes pensantes de la “alta” Administración y de la política con minúsculas que llevan las riendas de instituciones tan importantes como el Estado, han cedido –en honor a la verdad, no son las únicas- al “bullsheet” de nuestra “cultura” dominante posmoderna, según la cual deba ser el “colegueo” y el “buenrollismo” el que prime en todo caso y, por supuesto, en las relaciones laborales, públicas o privadas. Por supuesto, que este nuevo clima “buenrollista”, como ya denunciaran, con otros términos, autores de la Escuela de Frankfurt como Horkheimer, Adorno o Habermas, no puede abandonar la tendencia natural de dominación de la naturaleza y del hombre cosificado que caracteriza a la política moderna fruto de la Ilustración, la cual sigue ejerciéndose sin renunciar a la autoridad -en el sentido común del término, y no etimológico que se le suele dar, de “potestas o imperium“-, ni al autoritarismo. Como en la gran novela de Lampedusa, cambia el envoltorio para que nada cambie. Aunque no es el propósito de esta publicación denunciar los males endémicos de nuestra Administración, las reflexiones sobre la pérdida de la educación no pueden dejarme indiferente ante la siguiente constatación. Estamos, decididamente, en una época en el que los envoltorios de caramelos que contienen virtudes impracticables e irreflexivas supresiones de tradiciones inveteradas pululan en forma de propuestas de buenas prácticas de gobernanza por los pasillos de los Ministerios, auspiciados por jóvenes triunfadores de determinados grupos de supuesto prestigio de la Administración, mientras el ciudadano común continúa enfrentándose a ella y tratando de entender sus arcanos de una manera no muy distinta a la del pobre pero genial Luisito de la novela galdosiana “Miau”. Menos mal que en la novela Luisito tiene el apoyo moral nada menos que de Dios, aunque no le ayude en sus peticiones.

 

 

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Breve nuevo perfil público. Mi compromiso, con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Academia Universal

mayo 19, 2016 § 2 comentarios


 

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus. (bis)
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
ubi iam fuere.
Vita nostra brevis est,
breve finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.
Vivat Academia,
vivant professores.
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore.
Vivant omnes virgines,
faciles, formosae
vivant et mulieres
tenerae, amabiles
bonae, laboriosae.
Vivat nostra societas!
Vivant studiosi!
Crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.
Vivat et res publica,
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.
Pereat tristitia,
pereant osores.
Pereat diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrisores.
Quis confluxus hodie
Academicorum?
E longinquo convenerunt,
Protinusque successerunt
In commune forum.
Alma Mater floreat
quae nos educavit,
caros et conmilitones
dissitas in regiones
sparsos congregavit.
Alegrémonos pues,
mientras seamos jóvenes.
Tras la divertida juventud,
tras la incómoda vejez,
nos recibirá la tierra.
¿Dónde están los que antes que nosotros
pasaron por el mundo?
Subid al mundo de los cielos,
descended a los infiernos,
donde ahora se encuentran.
Nuestra vida es corta,
en breve se acaba.
Viene la muerte velozmente,
nos arrastra cruelmente,
no respeta a nadie.
Viva la Universidad,
vivan los profesores.
Vivan todos y cada uno
de sus miembros,
resplandezcan siempre.
Vivan todas las vírgenes,
fáciles, hermosas!
vivan también las mujeres
tiernas, amables,
buenas y trabajadoras.
¡Viva nuestra sociedad!
¡Vivan los que estudian!
Que crezca la única verdad,
que florezca la fraternidad
y la prosperidad de la patria.
Viva también el Estado,
y quien lo dirige.
Viva nuestra ciudad,
y la generosidad de los mecenas
que aquí nos acoge.
Muera la tristeza,
mueran los que odian.
Muera el diablo,
Cualquier persona en contra de los estudiantes,
y quienes se burlan.
¿Por qué hoy tal multitud
de académicos?
A pesar de la distancia están de acuerdo,
Superando el pronóstico del tiempo
En un foro común.
Florezca la Universidad
que nos ha educado,
y ha reunido a los queridos compañeros
que por regiones alejadas
estaban dispersos.

 

A mis padres

A mis compañeros de camino pasados, presentes y futuros

A mis amigos de ahora y de siempre

A mis enemigos

A la Universidad Autónoma de Madrid, a los responsables de su gobierno y gestión y a todos aquellos que han compuesto, componen o compondrán su comunidad universitaria

A la Academia

Y A.M.D.G.

 

Hola a todos. Llevo mucho tiempo sin escribir en este blog, y es porque ahora, gracias a Dios, tengo mucha carga de trabajo.

Para los que no me conozcan, sobre todo, vengo con esta entrada a actualizar mi principal perfil público en la red.

Soy Pablo Luis Guérez Tricarico, investigador y profesor universitario por vocación, en el ámbito de las Ciencias jurídicas y, más especialmente, en el ámbito de la llamada Ciencia del Derecho penal y disciplinas auxiliares. Me doctoré en 2011 con una tesis sobre la relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico curativo, en la que abordé, desde diversas perspectivas jurídicas y no jurídicas, los problemas relativos a la autonomía del paciente en las modernas sociedades democráticas y plurales, la configuración de las dimensiones de la salud como bien jurídico protegido y como valor de configuración social compleja, más allá de su identificación con las definiciones salud en el ámbito de la Fisiología, la Medicina, la Psicología y, en general, las Ciencias de la Salud, y los complejos problemas de regulación en nuestro país, y por medio de un análisis de Derecho histórico y comparado, de los distintos casos en los que el consentimiento del paciente a un tratamiento médico puede ser privado legítimamente de validez en un Estado democrático de base liberal y no paternalista, incluido el análisis de la problemática del llamado consentimiento presunto y la regulación de los detalles de prestación del consentimiento en las distintas regulaciones sobre la materia, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico.

Durante más de dieciséis años he venido prestando mis servicios, con carácter de exclusividad de 1997 a 2011, a la Universidad Autónoma de Madrid. Primero, como estudiante de la Licenciatura en Derecho y miembro del Claustro Universitario, para la defensa de los intereses de los estudiantes en la comunidad universitaria, Licenciatura que finalmente obtuve con una media de Sobresaliente y varias Matrículas de Honor que me pagaron casi la mitad de la carrera; media que, unida a los méritos de mi primer Director de Tesis y Maestro Ilmo. Sr. Dr. D. Agustín Jorge Barreiro, discípulo del Excmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Maestro de la Escuela de penalistas de la Autónoma, me permitieron optar a una beca FPU del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que me fue concedida el 28 de diciembre de 2001. A partir de entonces, comenzaba un camino incierto, ya entonces plagado de insondables misterios y de grandes dificultades, que sin embargo, me permitió el mayor espacio de libertad investigadora y general que haya tenido nunca en ningún puesto laboral, además de haberme brindado la oportunidad de conocer a personas excelentes en lo académico y en lo humano. Solamente por eso estoy agradecido a la Universidad Autónoma de Madrid y, en particular, al Área de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

Durante mi carrera universitaria tuve oportunidad de conocer el mundo de la Universidad germánica, gracias a dos estancias de investigación, en los años 2003 y 2004, concedidas por la entonces Secretaría de Estado de Universidades, y de participar en debates de la primera fila internacional de la dogmática y de la política criminal. En particular, guardo un recuerdo imborrable de mis estancias en la Albert Ludwigs-Universität de Freiburg, al amparo de mi Profesor y Maestro en el Derecho y en la vida el Prof. Dr. Dr. H.c. múlt. Wolfgang Frisch, experto tanto en las cuestiones más complejas e intricadas de la dogmática jurídico-penal como sensible a las necesidades político-criminales de protección penal a nivel internacional y transnacional.

Aquellos felices días de mi juventud académica me dieron fuerzas para el arduo trabajo que me esperaba a la vuelta, la elaboración de una tesis doctoral “a la antigua”, donde los atributos de la calidad y la cantidad eran igualmente exigidos, junto al rigor, para autorizar su defensa.

En los años de la crisis económica internacional y española, la asistencia moral en sus largos y fatigosos procesos de habilitaciones a Cátedras, felizmente resueltas a favor de casi todos mis Maestros, las necesidades docentes derivadas de mi contrato como Profesor Ayudante, unidas a las derivadas de la incesante burocratización de la Universidad y de las exigencias de gestión, las propias necesidades de la investigación, que precisaba, a mi juicio, un conocimiento de lo que en la Ciencia del Derecho Penal suele llamarse “ciencias auxiliares”, pero que en realidad se trata de las nobles disciplinas científicas de la Psicología, la Filosofía y la Bioética, entre otras, así como otros factores objetivos y subjetivos contribuyeron a retrasar la finalización de mi tesis doctoral, cuya codirección asumió el entonces Decano de la Facultad de Derecho, ahora Maestro y amigo personal, Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Molina Fernández, también discípulo del Excmo. Sr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo. El resultado final fue una tesis que recibió el premio extraordinario de Doctorado y que me permitió, junto a otros méritos, conseguir la acreditación a Profesor Contratado Doctor por la Agencia de Acreditación, Calidad y Prospectiva (ACAP) de la Comunidad de Madrid al año de su lectura, y estando el libro resultante de la tesis todavía en prensa para Thomson Reuters Civitas Aranzadi, grupo editorial al que agradezco enormemente la deferencia en orden a la publicación de los principales resultados de mis investigaciones.

Pocos días después de haber leído la tesis, que obtuvo en el acto de lectura la calificación máxima de Sobresaliente “cum laude” por unanimidad del Tribunal, me venció la prórroga de mi contrato como Profesor Ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ante una política de promoción del profesorado incierta por parte del Rectorado y unas directrices en todas las Administraciones Públicas de crecimiento cero –lo que se tradujo en la ausencia de tasas de reposición del profesorado, especialmente en los niveles de ingreso en las categorías, laborales o funcionariales, de profesorado permanente-, en la línea de la ortodoxia económica impuesta por Bruselas y por los Gobiernos de los principales países de la Eurozona, incluidos los Gobiernos de España, como principal estrategia para luchar contra la crisis, el Área de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid tuvo la gentileza de proponer mi nombramiento como Profesor Honorario de dicha Universidad, cargo que me permitió seguir dando docencia limitada, fundamentalmente en Seminarios sobre delitos contra la vida junto a mi compañero y amigo Fernando Molina, tarea que compaginé con contribuciones profesionales y editoriales puntuales mientras estuve apuntado al Servicio Estatal de Empleo, al que fui derivado tras la finalización de mi relación laboral con la Universidad Autónoma de Madrid el 28 de julio de 2011.

El 11 de enero de 2016 la Tesorería General de la Seguridad Social volvió a darme de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, como Profesor colaborador doctor de la Universidad Internacional de La Rioja, para la dirección de trabajos de fin de Máster en el Máster para el Ejercicio de la Abogacía online que oferta dicha Universidad. El 25 de enero del mismo año, tras haber superado las fases de concurso y oposición previstas por la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 14 de octubre de 2015, para la provisión de plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, encomendándose su selección a los Organismos públicos de empleo, entré a trabajar como funcionario interino de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de la Subdirección General de Asilo (Dirección General de Política Interior) del Ministerio del Interior, cargo que detento en la actualidad y en el que aprendo cosas nuevas todos los días, pues a diario me veo confrontado, aun sólo en mis expedientes, con la realidad de la vida y de la muerte de personas que huyen de la guerra de Siria y de otros conflictos bélicos.

De momento, me gano el pan de cada día intentando ayudar desde el poder civil a personas que lo han perdido todo, salvo quizá, la fe y la esperanza. Mi misión, como digo muchas veces, es trabajar en mi presente para conseguir un futuro para personas que, en muchas ocasiones, lo han perdido todo y no pueden regresar a su país de origen.

Por ahora, sólo soy una pequeña piedrecita de una cadena de mando altamente jerarquizada, y hacemos lo que podemos. En cualquier caso, y a pesar de la excesiva burocratización que caracteriza a nuestra Administración Pública, las cosas que aquí se hacen –y también, lo que se deja de hacer-, tienen repercusiones –positivas o negativas- sobre las vidas de personas que se encuentran provisionalmente en el CETI de Melilla o en territorio español a la espera de que una autoridad competente les diga si pueden residir legalmente y trabajar en España, otorgándoles un documento que poca gente conoce equivante a un NIE, pero con la leyenda “protección internacional” y, en su caso, un título de viaje equivalente a un pasaporte, en cuya portada, debajo del Escudo de España, aparece la leyenda, en castellano, francés e inglés, “Documento de viaje. Convención de 28 de julio de 1951”, para los beneficiarios del derecho de asilo -los menos-, o “Documento de viaje. Protección internacional”, para los beneficiarios de protección subsidiaria, que es la protección internacional que actualmente está dando España con carácter más general.

En cuanto a mí, soy consciente de que mi trabajo “para el Gobierno”, como dirían en una película norteamericana, es provisional: como toda obra humana, como expresara en un discurso de fin de curso el que fuera Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, y después Ministro de Educación, conocido mío Excmo. Sr. Dr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Catedrático de Metafísica en servicios especiales.

Mi pasado pertenece a la Misericordia de Dios, y mi futuro está en manos de la Providencia Divina.

En cualquier caso, sigo sintiéndome un investigador, un profesor universitario y un académico. Quizá por eso, y por otras cosas que no pueden fácilmente resumirse en una entrada, por la gran bondad y misericordia del Excmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Presidente de la Sección de Derecho Penal de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Censor de dicha Corporación, la Junta de Gobierno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación estimó favorablemente, en sesión celebrada el 11 de abril de este año, mi ingreso en dicha Corporación en la categoría de Académico Correspondiente, acto que ya me ha sido comunicado en forma. Mi gratitud a D. Gonzalo, así como a otros Maestros Académicos de dentro y de fuera del Derecho penal es sencillamente inefable y, sinceramente, considero que queda mejor expresada con un reverente silencio que con palabras.

Gracias a todas aquellas personas, de dentro y de fuera de la Universidad, que han contribuido a mi formación académica y humana en el sentido más amplio, predoctoral, doctoral y posdoctoral como penalista y como investigador humanista y cristiano comprometido con el mundo en el que le ha tocado vivir. La Universidad, la Academia, cualquiera de ellas que tenga tal nombre por estilo de trabajo y de vida, dondequiera que se halle en todo el ancho mundo, será siempre mi Casa, mi vida, mi refugio y mi estímulo para seguir adelante y para aportar mi humilde conocimiento sobre las cosas de este mundo para la ayuda de mi prójimo y la mejora de la comunidad cuyo servicio quiera la Providencia encomendarme. Con la ayuda de Dios.

 

Pablo Luis Guérez Tricarico

En Madrid, a 19 de mayo de 2016, XXXVII aniversario de mi Bautismo en la Iglesia Católica

A.M.D.G.

A.I.P.M.

Ad Inmaculatum Cor Mariae ego omnes dignae opera mea consecrare volo.

 

Refugees crisis: What is really creepy beyond Valletta Summit

noviembre 12, 2015 § Deja un comentario


Posted also as a comment approved  on the online Journal “Times of Malta” via http://www.timesofmalta.com/articles/view/20151110/opinion/Beyond-Valletta-Summit.591589 (see the original article, it is is very interesting)

 

I’m in the world of NGOs related to the immigration issue, although I receive no incomes whatsoever. I count myself among those people doubly pissed off by how it is carrying out a process that, despite the pompous objectives of the summit of La Valletta and the good intentions of development cooperation and investment, ends up being a deal refugee quota as if were a contest to see who sits at the table of the yet opulent Europe -in comparative terms, of course- the largest number of refugees.

Dark officials in Brussels, without any democratic legitimacy, say there are working to correct this, but some bureaucratic sources acknowledge that while Europe would still have a conservative majority, it will be difficult to get to other approaches.

We already know. I will not spread here about the European process and drift that has taken at least since the adoption of the TEU, completely neoliberal and marking since its inception a deficit of alarming democratic legitimacy, to the glory of free movement is built goods and capital under the pretext of a “European citizenship” for citizens. Many are practically on the street because of that policy, which, incidentally, was not only European but world, including the United States. But even in this, we have been more “papists” Chicago Boys that no European Treasury or anything. Everything is a pure sham and a scam. It is not surprising that the refugee crisis, without a socialist really humane alternative, will not be able to spend the meager amount of money needed to make viable investment projects in the origin and manage well the European budget items aimed to development cooperation, it will end in a tragedy of biblical proportions. All because European social democracy has failed to return to its origins and to fight the discourse of cultural hegemony in the field of unique thought of the IMF, the World Bank, the ECB and other criminal organizations defenders of ultra-liberalism and whose name should be pronounced: savage and inhuman capitalism.

From Pablo Guérez Tricarico, PhD
Doctor of Public Law and Juridical Philosophy
Former Professor of Criminal Law of the Autonomous University of Madrid
Former Member of the Board of the Committee on assistance to Refugees, Asylum seekers and Immigrants in the Spanish State (COMRADE, see www.comrade.es)
@pabloguerez

Blog about victimization processes and other social items: http://pabloguerez.com

LA ANTIPSIQUIATRÍA COMO LA MEJOR ARMA CONTRA EL ESTIGMA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS ENFERMOS MENTALES

octubre 10, 2015 § Deja un comentario


A Francisco Cózar, por tantas buenas enseñanzas

A Ángela Barrios y a tantos y tantas psiquiatras ortodoxos, con la esperanza de que comprendan la complejidad, el misterio y el milagro del ser humano

 

Hoy, 10 de octubre, se “conmemora” el Día Internacional de la Enfermedad Mental.

Desde la posición que se mantiene en este blog, quiero aprovechar este día para denunciar las verdaderas causas del estigma y su diferente influencia en la sociedad. En contra de lo que muchos pensamos o decimos pensar, incluidos médicos, psiquiatras, psicólogos y todo el ámbito de lo que yo denomino “psicomédicos”, es decir, todos aquellos que se encuentran ante la difícil tarea de atender a personas con enfermedades, según la posición que aquí se sostiene, “no del cuerpo”, defendidas por la mayor parte de la Psiquiatría y de la Psicopatología académicas y clínicas dominantes como entidades nosológicas patológicas, no sólo funcionalmente equivalentes a las enfermedades del cuerpo o enfermedades de verdad, sino nosológicamente iguales a éstas.

Sin ánimo de entrar en los orígenes del fundamento de una epistemología muy problemática, pero común a la moderna Psiquiatría y Psicopatología mecanicistas, que desconocen el papel fundamental del ambiente y de las interacciones de los sistemas biológicos con los sistemas sociales –error a mi juicio de bulto que hace imposible una “ontología de las enfermedades mentales”-, como pretenden la mayoría de los psiquiatras y psicólogos, no soy ajeno a la influencia del poder de la casta psiquiátrica al servicio del Poder establecido en la sociedad actual. La pervivencia de prácticas, a mi juicio, abiertamente contrarias a los derechos humanos, como la Terapia Electro-Convulsiva (conocida como TEC), o algunas técnicas todavía empleadas en el ámbito de la llamada psicocirugía, como las lobotomías prefrontales, aún indicadas, en pleno siglo XXI, para el tratamiento de “enfermedades” como la depresión mayor u otros “trastornos mentales”, incluso sin síntomas psicóticos, sólo puede entenderse desde una epistemología incorrecta de la enfermedad mental y por la aceptación por parte de los sistemas sociales y político-jurídico de las artes de la casta psiquiátrica para luchar contra las supuestas desviaciones supuestamente explicables únicamente como mecanismos producidos en áreas del cerebro humano, y desde una concepción que vendría corroborada por las últimas investigaciones en el ámbito de las ya conocidas como neurociencias.

No es éste el lugar más adecuado para atacar epistémica y científicamente los presupuestos epistemológicos de la Psiquiatría, ni yo tenga probablemente los conocimientos técnicos adecuados para ello. Sin embargo, para la formación de mi juicio adulto, responsable, y valorativo sobre lo que una sociedad democrática basada en la dignidad de la persona y en su libertad y autonomía, con una concepción sociantropológica de la misma que impide su reconducción a elementos mecanicistas básicos, puede y debe tolerar, me basta mi conocimiento general como “sujeto” (¿objeto para los psiquiatras?), como todo ser humano, potencialmente usuario de los “servicios” de la llamada Salud Mental, dotado de una cultura general y de un conocimiento del ámbito científico en cuestión suficientes como para poder expresar un posicionamiento en ámbito de la filosofía moral, política y jurídica, así como para promover respuestas adecuadas para la regulación jurídica, incluso penal, de la profesión psiquiátrica, y prevenir los abusos que, a estas alturas del siglo, se siguen cometiendo en nombre de una concepción vetusta y antiliberal del paciente basada en el paternalismo terapéutico y en la actuación del médico psiquiatra “por el paciente, para el paciente, pero sin el paciente”.

En este sentido, y a pesar de la ingente regulación, tanto en extensión como en intensidad, nacional, autonómica, comunitaria e internacional sobre los derechos de los pacientes, a pesar de la jurisprudencia de las principales democracias occidentales sobre tan importante cuestión, a pesar de todos los trabajos jurídico-doctrinales sobre la autonomía del paciente y los límites jurídicos de la Medicina, incluida mi tesis doctoral, la cuestión sobre el trato adecuado que se, de facto, en la práctica clínica, se da en nuestro país a la autonomía de las personas oficialmente diagnosticadas con algún trastorno mental (sic) sigue dejando mucho que desear, y puede afirmarse que, de manera cotidiana, se cometen atentados a los derechos fundamentales del paciente y, en particular, a su libertad, a su autonomía y dignidad, en relación con los derechos legalmente reconocidos como pacientes autónomos, aun en el ámbito de la Psiquiatría.

Parece que la idea de autonomía sigue siendo ajena a la práctica diaria de la Medicina, muchos de cuyos profesionales miran con recelo a la importante institución del consentimiento informado –que algunos exponentes de nuestro Derecho Constitucional entienden incluso como una garantía institucional-. Así, en el ámbito de la Salud Mental, muchos psiquiatras siguen actuando como si tuvieran una “patente de corso” frente a las garantías legales, llegando a considerar la necesidad de consentimiento informado como un incómodo corsé, en muchas ocasiones como un trámite burocrático molesto más que el legislador les exigiría por alguna extraña razón, a ellos, los psiquiatras, poseedores de la verdad sobre el ser humano, y siempre conocedores de los ocultos arcanos de “la mente”, dispensadores de los fármacos y/o de las “terapias” adecuadas para corregir a los desviados sociales y encarrirarles de nuevo, a golpe de electroshocks u otros medios tan poco invasivos, a los cánones de la “normalidad social”.

Doy por descontado que muchos psiquiatras considerarán este “post” como un escrito panfletario y no dudarán en aplicarme al menos siete de las etiquetas del farragosísimo, aburrido y acientífico DSM-5, en el que las enfermedades mentales se han multiplicado con una capacidad de mitosis pavorosa gracias al voto, que no al estudio, de estadounidenses y japoneses, puritanos fanáticos dados a tapar la neurosis –utilizo este término en sentido no técnico, sino sociológico e incluso literario- de sus respectivas sociedades a base de drogas que crean efectos de “discontinuación” (no lo vayamos a llamar “dependencia, eso es para las drogas moralmente malas, como el alcohol, la cocaína o el opio), psicocirugía o Dios sabe qué otras nuevas “terapias”. Y lo harán para descalificar, que no rebatir, mis opiniones sobre su muy honrada, útil y leal profesión.

Sin embargo, quiero dejar constancia de que también hay buenos psiquiatras o, mejor dicho, psiquiatras buenos, que, más allá de los graves errores su disciplina, y aun habiendo sido adoctrinados en una concepción médico-mecanicista del cuerpo y de lo que ellos llaman  “mente” humanos, han conservado la sensatez y han rechazado el dogmatismo del DSM-5, y saben recetar psicofármacos de manera adecuada a las necesidades del paciente libre que lo solicita (yo los llamaría mejor por su definición oficial, es decir, fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central). Con ello hacen mucho bien a las personas, que, voluntariamente, acuden a sus servicios. Recuerde el lector que es contra los presupuestos epistemológicos de la ciencia psiquiátrica y contra la mentalidad paternalista terapéutica e irrespetuosa con el paciente demasiado arraigada en la casta psiquiátrica y sus nefastas consecuencias en la práctica clínica contra la que se dirige esta entrada.

Pero volviendo a mi peculiar pliego de descargos, también doy por descontado que muchos podrán rebatirme acusándome de querer eliminar los mecanismos de control social para los desviados, o, como preferimos decir los penalistas demócratas, para las conductas sociales más intolerables lesivas de bienes jurídicos cuya penalización ha sido consensuada por el Parlamento. ¡Por supuesto que el Derecho penal está entre las grandes “vías duras” utilizadas por el Poder y cumple una función de control social! Y aunque mi ingenuidad no vaya tan lejos como la de algunos retribucionistas clásicos que pusieran de moda lemas del estilo de “la pena honra al delincuente”, quizá sí haya algo de esto, y la pena, incluida la de prisión, sea el mayor mal necesario compatible con los mayores niveles de libertad de todos en una sociedad democrática. Y es que, recordando la conocida película Alguien voló sobre el nido del cuco, si la cárcel me produce miedo, los hospitales psiquiátricos o las unidades psiquiátricas de los hospitales, en España, en el año 2015, me producen terror. Por no hablar de los psiquiátricos de un país como los Estados Unidos, en los que todavía resuenan los gritos de las víctimas de los experimentos MK-Ultra, entre otros; país, sin embargo, en el que las Comisiones del Congreso no fueron ajenas a intervenir con medidas muy duras, por ejemplo, también en dicho caso, cuando dichos experimentos salieron a la luz y fueron denunciados ante la opinión pública.

En fin… con la psiquiatría, cénit del paternalismo terapéutico, nos hemos topado en esta defensa de la persona anónima diagnosticada con la etiqueta de un trastorno mental sobre la cual días como éste deberían hacernos reflexionar más sobre las genuinas causas del estigma social en teoría ya superado por médicos del cuerpo, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, coachers, intrusistas sanitarios y “psicomédicos” de cualquier tipo. Pero entonces, si lo tienen tan claro, ¿por qué sigue el estigma? La sociedad es bastante más adulta de la que la mayoría de los profesionales de la salud puedan creer. ¿No serán ellos mismos uno de los mayores factores de estabilización social para la pervivencia de un estigma tan estrechamente ligado al empleo de las categorías o etiquetas psiquiátricas que tiene que seguir existiendo so pena del cuestionamiento de la gran autoridad prescriptiva, sobre todo, de los médicos psiquiatras, pero también de otro personal sanitario que, aun movido por buenas intenciones, sigue empeñado en “curar” a quien no quiere curarse de no se sabe muy bien qué mal? Por cierto, que no todas las enfermedades psiquiátricas son igualmente estigmatizadoras, como no lo son tampoco las enfermedades de verdad, es decir, las del cuerpo. Algunas son más estigmatizadoras que otras, las que tienen que ver con la moral social; por ejemplo, los trastornos sexuales, las adicciones y otro tipo de “desviaciones”, y ello tiene que ver con el hecho de que también algunas enfermedades físicas o de verdad, como el SIDA, o simplemente la condición de seropositivo, conserven un gran estigma social de tintes moralistas. En el fondo no ha desaparecido el reproche moral y la culpa identitaria ligada a un gran número de enfermos, en otro tiempo considerados por la moral social mayoritaria –y hoy aún por algunos morales minoritarias- como “viciosos”, tampoco en la mentalidad de los psiquiatras, ni en la algunos médicos generales. Se produce contra dichas personas un fenómeno de “blaming the victim”, doble victimización, o victimización terciaria, por utilizar un lenguaje común en victimología social o en sociología de los procesos de victimización. La victimización terciaria hace referencia al siguiente proceso sufrido por muchos “sujetos” –como los denomina irónicamente la psiquiatría, aunque tendría que hablar de objetos, pues éstos son contemplados con un rudo mecanicismo reduccionista a  partir de la palmaria incapacidad de conocer y de reconocer otras dimensiones de la persona enferma más allá del hecho de que, para la Psiquiatría, ésta está efectivamente enferma. El proceso es bastante sencillo y doloroso para quien lo sufre. La primera victimización o victimización primaria nace de la percepción subjetiva por una persona de su posible condición psicopatológica, ya se perciba a sí misma efectivamente como enferma y patológica, y realmente sufra por un mal existente (recordemos que sufrir viene del griego pathos, sufrimiento, y de ahí el término patológico), ya no se perciba a sí misma efectivamente como tal, pero sufra por las consecuencias de una conducta desadaptativa en un contexto y en un tiempo social determinados, lo que nos debería llevar a plantear la siguiente pregunta: ¿quién está realmente enfermo?; ¿el enfermo, o la sociedad (o ambos, y qué relación hay entre una cosa y la otra?

La victimización secundaria surge cuando dicha persona se pone en manos o entra en el circuito de los psiquiatras. Y la victimización terciaria se produciría cuando aquélla recibe el estigma por parte de los profesionales sanitarios que supuestamente le tratan, los cuales todavía no han abandonado una concepción de la supuesta enfermedad mental vinculada a la moral, y se da lo que yo, en otra entrada de este blog, denomino como “moralización de la Psiquiatría”, o “psiquiatrización de la moral”. Esta confusión, lejos de producir un efecto beneficioso, tiene un efecto perverso, y es que al “enfermo” no se le exculpa por estar enfermo, sino que se le culpa por ello. Subsisten, entre los psiquiatras técnicamente mejor formados, los juicios clínico y moral que se suman, en lugar de excluirse, en una responsabilidad que los filósofos morales neohegelianos llamaran “responsabilidad por el carácter”.

Contra una responsabilidad de este tipo, que diera lugar entre el siglo XIX y el XX, ya en el terreno de mi especialidad, al llamado “Derecho penal de autor”, también supuestamente inspirado en bases científicas que se revelaron falsas, como la llamada “ciencia criminal” lombrosiana, entre otras “inspiraciones”, se rebeló el antiguo Derecho penal liberal, base de los Códigos penales de los Estados democráticos occidentales durante buena parte del siglo XX. Hasta que algunos excesos de socioantropología posmoderna como la “Defensa Social”, la aplicación inadecuada de la teoría de sistemas de base luhmaniana al Derecho Penal (funcionalismo) y, en fechas relativamente recientes, los descubrimientos de las neurociencias, volvieron a agitar peligrosamente el fantasma del Derecho penal de autor, y resurgiendo éste con más fuerza que nunca en forma de “Derecho penal del enemigo” (Jakobs), o de un Derecho penal científico basado en las neurociencias y negador de la libertad (Gazzaniga et alii), fundamentalmente en el ámbito anglosajón.

Pero volvamos a la Psiquiatría Contra los excesos de la Psiquiatría, y a favor de algunos pocos psiquiatras buenos –que no es lo mismo que buenos psiquiatras-, soy partidario de promover algunas iniciativas legislativas más, como la prohibición legal en todo el territorio español de determinadas prácticas psiquiátricas, prohibición a la que debería seguir, con carácter inmediato y urgente, también una importante penalización. Mis seguidores recibirán en adelante dichas propuestas. De momento, dos lecturas imprescindibles sobre la cuestión tratada en este “post” de tintes ensayísticos: el libro de Allen Frances, ¿Somos todos enfermos mentales? Manifiesto contra los abusos de la Psiquiatría: ed. española por Ariel, 2014. Un libro escrito “desde dentro”, por uno de los psiquiatras responsables de la redacción del DSM-IV. Y, del magnífico ensayo de mi admirado Dr. Fernando Savater, El contenido de la felicidad: Aguilar, Madrid, 1994, en una línea liberal humana, demasiado humana, el Capítulo “Paradojas éticas de la salud”, con una cita con la que quiero concluir, y que expresa unas ideas con las que estoy de acuerdo al menos al 80 por ciento: “Como ya se ha dicho en ocasiones, la denominación de “enfermedad mental” es una metáfora que ha sido tomada demasiado al pie de la letra. Es como si alguien entendiese literalmente la expresión “fatiga del metal” y propusiera administrar dosis masivas de vitaminas a los listones de acero. No hay “enfermedades mentales” en el sentido en el que las hay del hígado o del corazón: o se trata de algún tipo de lesión orgánica con repercusiones en la conducta o no son “enfermedades más que por una peligrosa facilidad del lenguaje. Lo que suele llamarse “loco” es en realidad un egocéntrico desdichado, alguien que ha tenido poco acierto o mala suerte en la tarea de hacerse querer por los otros en la que todos estamos empeñados: no siempre, por cierto, la culpa es exclusivamente suya. Decir que el “loco” no está enfermo más que de un modo metafórico -si su enfermedad adquiere un rasgo artístico o concita remuneración erótica dejará inmediatamente de estarlo- no equivale a negar que sea un personaje absurdo, inaguantable o peligroso; aún menos, por supuesto, significa que sea un genio incomprendido o una víctima persecutoria de la sociedad. Por lo general, el estado llamado “locura” es doloroso, y la pedagogía del dolor rara vez mejora a nadie. En numerosas ocasiones, el llamado “loco” quiere angustiosamente ser ayudado e incluso su metafórica enfermedad no es sino una coartada de dependencia, como el fervor patriótico o la admiración por el maestro practicado por otros. Pero lo que resulta en general evidente es que pocos “dementes” ganan nada por ser considerados como pacientes, en lugar de como agentes caprichosos o depravados. Si alguno de ellos llega a ser encerrado, debe quedar bien claro que lo será por la seguridad amenazada de los que le rodean -tal como cualquier otro delincuente-, y no por su propio bien, como hipócritamente se le intenta hacer creer. Una de las tristes argucias del Estado terapéutico es conseguir -so capa de humanismo- que se prefiera la enfermedad a la culpabilidad, que resulte más “digno” ser cleptómano que ladrón o “loco” que “arrogante y agresivo”. Por lo demás, puede haber muy buenas razones para rechazar un tratamiento psiquiátrico que uno no ha solicitado (lo cual no implica que se rechace todo tipo de ayuda). Como dijo en su momento Raoul Vaneigem, “ya hay demasiados extraños dentro de mí como para que consienta además que penetre otro que pretende expulsarlos en mi lugar” (Le livre des plaisirs)””.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho Público y Filosofía Jurídica

 

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24/M: Vientos de cambio. Un análisis valorativo y teleológico de los resultados electorales en clave sociológica

mayo 26, 2015 § Deja un comentario


A vosotros, los que habéis iniciado el cambio. Y a nosotros, el pueblo.

(…) that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that, government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth (Abraham Lincoln, from the Gettysburg Address, given to Edward Everett, 1864)

 

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Ada Colau y Manuela Carmona celebran su victoria electoral. Fotografía de Avelino Rodrigues ©.

Las elecciones del 24-M han revelado un importante cambio en la sociología electoral, que ha afectado a las formas de hacer política. Frente a las formas tradicionales basadas en los partidos políticos, la irrupción en muchos municipios especialmente estratégicos, como Madrid, Barcelona o Zaragoza, de candidaturas de unidad popular, que han sabido aglutinar a la gente de los movimientos sociales de inspiración tan diversa como los que protagonizaron el 15-M, han supuesto un desafío al sistema tradicional de entender la política en nuestro país y, en concreto, al Estado de partidos, al que eufemísticamente llamara el gran constitucionalista de los inicios del funcionamiento del Tribunal Constitucional, Don Manuel García Pelayo, Estado “con partidos”.

Y es que, hasta ahora, el sistema parlamentario, en los 28 años que llevamos de democracia en España, se había orquestado en torno a la fórmula tradicional todavía vigente, en el entonces denominado “mundo libre” en los años que vieron el alumbramiento de la Constitución de 1978, fórmula a la que, como en muchas cosas, los españoles llegamos con retraso. Y no es que no hubiera entonces fórmulas de participación ciudadana más allá del voto cada cuatro años con prohibición expresa del mandato imperativo. El Partido Comunista, por aquel entonces el único conocido como “El Partido”, conoció, junto a dinámicas autocráticas propias de las peores versiones del marxismo, también el llamado “centralismo democrático” trotskista, inspirado en la máxima de “máxima democracia en el interior, y máxima unidad en el exterior”. Conviene recordar que entonces en el Partido Comunista, por su capacidad organizativa, militaba gente de la más diversa ralea. Y conviene recordarlo precisamente frente a aquéllos que ahora, desde la derecha española, representada en buena parte por una combinación explosiva de lo que queda del franquismo sociológico y por la adhesión triunfalista a un ultraliberalismo al más impuro estilo “Chicago Boys” –una de cuyos máximos exponentes es la recientemente destronada Esperanza Aguirre-, que se atreve a despreciar no sólo a quienes piensan diferente tachándoles a todos de “chavistas”, golpistas, miembros de la mal llamada “izquierda radical”, u otras lindeces que todos hemos escuchado a lo largo de la campaña electoral, sino a compañeros o camararadas –desconozco cómo se llaman entre sí en ese partido-, más afines a un escuálido conato de democracia cristiana que en España, más allá de la efímera experiencia de la UCD, nunca llegó a cuajar.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral de 1985, hija de su tiempo, contemplaba también, junto a los sujetos políticos por antonomasia, la posibilidad de que hubiera “agrupaciones de electores”, pero las propias dificultades burocráticas del sistema implantado, unido a la práctica inexistencia de un tejido de sociedad civil organizado en el Estado asimilable al que existe en otras democracias occidentales, y, típicamente, en las de corte anglosajón, hacían que las opciones de  “participación ciudadana directa no representativa”, como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, fórmulas complementarias, por no decir folkróricas, de un sistema de democracia representativo de corte clásico, reglamentado por un sistema electoral rígido de listas cerradas y bloqueadas (con la excepción, por su peso poco significativa, de las elecciones al Senado; pero incluso la legitimidad democrática de estas elecciones estaba corregida por un sistema electoral muy mayoritario perfectamente diseñado para desligar a los representantes electos de cualquier comunicación con la ciudadanía, como ocurre con los sistemas uninominales de corte anglosajón, en los que los candidatos pelean literalmente el voto barrio por barrio, o distrito por distrito.

Sea como fuere, una serie de factores cuyo análisis detenido no es posible realizar aquí, pero en entre los que destacan la corrupción, el desgaste mayoritario del sistema de partidos, y la percepción social de desconexión por parte de los ciudadanos respecto de sus representantes políticos, en el contexto de una crisis ética y de legitimidad de las instituciones a escala mundial, con el cuestionamiento de la legitimidad democrática de las instituciones supranacionales a las que los Estados, de acuerdo con el discurso hegemónico del pensamiento único, han ido cediendo soberanía, agravada por una crisis económica globalizada que, en nuestro país ha explotado con el añadido de ingredientes locales, han supuesto el clima idóneo para que romper el umbral de tolerancia de los ciudadanos, en su percepción de no ser ya más agentes de su destino. La percepción de pérdida de soberanía y la crisis de lo que, en otros lugares, he denominado “ficción contractualista”, en función de la cual la soberanía procede del pueblo, del que emanan los poderes del Estado, ha irritado, utilizado una terminología sociológica muy empleada en teoría de sistemas a la sociedad civil española, de tal manera que ha contribuido a la emergencia de los llamados “movimientos sociales”, movimientos de participación ciudadana o movimientos de participación directa, que, en el fondo, han venido a reivindicar el espacio público que por derecho debe corresponder a los ciudadanos. En definitiva, la vieja idea tan bien expresada por Lincoln en el discurso de Gettysburg, de un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. De que los ideales ilustrados de la modernidad no podían sucumbir en la posmodernidad de la falta de centralidad del poder, sino que debían ser canalizados por nuevos vehículos de participación ciudadana en la cosa pública. La ciudadanía o, en términos más clásicos, “el pueblo”, ha tomado conciencia de que debía recupera un espacio, y que ese espacio era precisamente el poder político, hurtado por tecnócratas que, utilizando un viejo lenguaje marxista, eran simplemente las correas de transmisión profesionalizadas del Poder en la sombra: el de los lobbies económicos. La prudencia me aconseja no ir más arriba en la búsqueda de quién, quiénes o qué nos gobierna realmente. Sobre ello también he tratado en otro lugar.

La lectura que cabe hacer, a nivel sociológico, de estas elecciones, puede resumirse, aun a riesgo de ser demasiado reduccionista, en lo siguiente: la irrupción de una nueva formación política, Podemos, no sin debates y sacrificios internos, ha tenido la habilidad de apostar por la integración de las candidaturas de unidad popular ha servido de resorte para espolear a una ciudadanía descontenta, y con razón. Las víctimas de los desahucios, de las políticas de recortes, del crecimiento desigual y de las consecuencias del desmantelamiento del Estado del bienestar y de la propia credibilidad de las instituciones, agrupadas en una diversidad de movimientos sociales y de “mareas” que en su momento desembocara en lo que fue el 15-M, han evolucionado hacia un nivel organizativo suficiente como para presentarse, frente al electorado más pasivo, como una fuerza o conjunto de fuerzas razonables como opción electoral política y, sobre todo, como opción de gobierno, comenzando por el gobierno de los Ayuntamientos y, en algunos casos, por el de algunas entidades territoriales superiores y alguna Comunidad Autónoma. El partido político Podemos, formalmente clásico y materialmente dinámico, constituía un vehículo adaptado para participar, con opciones serias de gobierno, en la contienda electoral. A condición no dejarse arrastrar por sus sectores más populistas. Es así cómo la legitimación material de Podemos de cara a estas elecciones –y ello se ha visto por los resultados electorales, comenzando por las plazas más emblemáticas del Estado- necesitaba integrar una buena parte de los movimientos sociales, para construir lo que se ha llamado “candidaturas de unidad popular”. Asistimos, y coincido en esto con mi colega Fabio Gándara, articulista del Huffington Post, a un momento que a muchos nos puede resultar ilusionante, a distinto nivel, en la historia de la democracia española. Con la convergencia del acervo técnico de la gente de Podemos y la legitimidad material de la gente sin más, “el pueblo”, parece que buena parte de las exigencias de legitimidad democrática de un sistema económico-político percibido por la mayoría de la ciudadanía ha comenzado a ocupar el espacio público que la ciudadanía había perdido, y con ello hoy parecen posibles exigencias que hace cinco años hubiesen sido impensables, o meros sueños utópicos. Poner a los poderes fácticos en su sitio. Plantarse ante las deudas injustas. Desterrar la usura y la insolidaridad del país. Y todo ello ha comenzado ya, “ahora”, como se han llamado algunas candidaturas, en el nivel de las elecciones municipales. Para que el “debe” del sujeto político que nació con las revoluciones de la Ilustración vuelva a ser el “es”: “nosotros, el pueblo”. Las tres palabras con las que comienza la Constitución norteamericana. Y permitidme, mis queridos lectores, para concluir, la “licencia poética”: para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra.

 

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho

Acreditado a Profesor Contratado Doctor

@pabloguerez

 

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Taxonomía del activista político español (RB)

mayo 9, 2015 § Deja un comentario


Enhorabuena, David, por tu entrada, a la que he accedido por casualidad ¿o tal vez no?, y por tu excelente blog. Creo que has dado en un punto clave de las deficiencias de nuestro sistema político. En una noche insomne de viernes en plena efervescencia de campaña electora, la reflexión callada me ha hecho toparme, tal vez por intervención de la Providencia, con tu interesantísimo artículo, en medio, a su vez, de un muy interesante blog que animo a mis lectores a visitar. Sirvan las siguientes modestas reflexiones, espero, aun precipitadas -¡pero cómo no van a serlo, al menos en parte, en esta sociedad mediática dominada por el eficientismo inmediatista en el que el noble arte de la política se ha convertido en una contienda apenas sin reglas para atrapar votos, al más puro estilo salvaje estadounidense de “vote-catching” que ya describieran sociólogos como Schumpeter1-, para enriquecer el debate y difundir algunas ideas con el loable fin de arrojar algo de luz en medio de la vorágine electoralista que acaba de comenzar.

Sobre la calidad de nuestro sistema democrático y lo que yo he dado en llamar la “falacia contractualista”, que está en la base de la creencia de la separación de poderes, así como sobre muchas de las cosas que se sugieren en el artículo que me dispongo a rebloguear, mucho tendría que decir, y, como he dicho antes, creo que el autor ha dado en el clavo, por lo que respecta a uno de los fallos sistémicos del sistema político español; sistema irritado, utilizando el lenguaje sociológico de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, por un sistema económico que es “estructura” en sentido marxista. Pero a mi juicio, y en ello difiero del marxismo, al menos del ortodoxo, el carácter estructural no viene dado por la naturaleza materialista dialéctica de la economía, sino que más bien esta situaciómn de “irritación” del sistema político por el sistema económico es dada por el peso que ha adquirido un pensamiento económico único de corte ultraliberal, en términos de hegemonía cultural en sentido gramsciano. Sobre esto he hablado y escrito hasta la saciedad y no se me ha hecho caso, incluso en los círculos más cercanos. Aun a riesgo de ser impopular y no coincidir con la sensibilidad del perfil de determinados lectores de este blog, voy a atreverme a compartir algo que escribí el año pasado, al hilo del debate monarquía/república, que personalmente considero una cuestión accidental y muy secundaria.

Pues a mi entender, lo importante es la calidad democrática y el poder de los ciudadanos, de la gente, del “we the people” que alimentó las Constituciones democráticas como la Constitución americana en la época de los padres fundadores, y que la democracia sea participativa y lo sea de verdad en sentido material, y no “burgués” o formal, utilizando una terminología marxista conocida. Porque de nada sirven los derechos, incluidos los de primera y segunda generación, si no se arbitran los mecanismos suficientes para cumplir el mandato constitucional recogido en el artículo 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Desde luego, también los tiempos de nuestro constituyente, a treinta y siete años vista, fueron sin duda, aun con sus defectos, tiempos mucho más nobles que los actuales, donde el dios Dinero (Mammon en arameo) no detentaba la supremacía cultural, en sentido gramsciano, del pensamiento social a todos los niveles. Por si a alguien le interesa a estas alturas, ya metidos de lleno en campaña electoral, ahí va mi entrada. Soy formal en el lenguaje y en los tratamientos, porque mi formación es clásica y creo que el protocolo no está reñido con la crítica de fondo. Es más, a veces es mucho más eficaz, en el plano meramente estratégico, mantener formas que a uno le gustan, para denunciar que, frente a “poderes” irracionales como la monarquía, existen poderes ocultos en la sombra, basados en el culto al dios Dinero, mucho más poderosos. Así que, de nuevo, me atrevo a compartir mi vieja entrada, escrita deliberadamente “a modo de ensayo”, que por supuesto animo a que critiquéis, bien el blog o por este medio, así como a que la difundáis libremente, dentro de los términos de la licencia que incorpora, y que por cierto me alegra ver que es del tipo de las utilizadas por el autor de este blog que tengo el honor de rebloguear, salvo que su autor o administrador me comuniquen algo en contra. Así que, sobre la separación de poderes y el bla…bla…bla… burgués de nuestra “fiesta de la democracia”, me remito a mi entrada via http://pabloguerez.com/2014/06/04/dios-salve-a-s-a-r-don-juan-carlos-y-a-felipe-vi-dicho-por-un-republicano-breve-ensayo-sobre-la-oportunidad-historica-de-la-abdicacion-del-soberano-y-sobre-la-soberania-en-el-contexto-de-la-crisis/

De nuevo, mis felicitaciones, David.

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD
Doctor en Ciencia Jurídica
Acreditado a Profesor Contratado Doctor
Ex Profesor de Derecho Penal de las Universidades Autónoma de Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia y Colegio Universitario “Cardenal Cisneros”
Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad ICSA-UAM
Colegiado ICAM núm. 97.901
Desempleado e inscrito en el SEPE como demandante de empleo desde el 28/7/ 2011
Razón: Universidad Autónoma de Madrid, Rectorado, C/ Einstein, no. 1, 28049, Madrid.

AUTOPSIA

¿Quiere usted algo irrefutable en la llamada ciencia política? Bien, ahí va: las reglas del juego definen el juego. O sea, no pretenda usted jugar a la oca con las reglas del parchís porque al final no jugará ni a una cosa ni a la otra. La democracia formal, en países con millones de habitantes, tiene dos condiciones básicas para ser democracia formal: separación de los tres poderes y representación efectiva del ciudadano. Convendrá conmigo el lector en que en España, se mire por donde se mire, no existe nada parecido. ¿Entonces por qué hay quienes, considerándose a sí mismos demócratas, participan en política como si nuestro país fuera una democracia? Me temo que solo existen dos respuestas posibles: una, por ignorancia de cuáles sean las reglas de juego de una democracia formal; dos, por intereses personales que nada tienen que ver con el bien común. De la primera respuesta…

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Informe Cáritas con el Empleo 2014 con ocasión del 1 de Mayo, Día internacional de los trabajadores

abril 30, 2015 § Deja un comentario


 

Cáritas Madrid. Campaña contra el paro 2015

Cáritas Madrid. Campaña contra el paro 2015

1 de Mayo. Día internacional de los trabajadores.

1 de Mayo. Día internacional de los trabajadores. Cortesía de la American Federation of Labor.

 

El provocativo lema de Caritas Española para la campaña contra el paro de este año es el siguiente: “Busco trabajo. Lo que sea”. El que escribe poco tiene que añadir a lo señalado por esta dignísima organización. Me remito, por tanto, al texto de Cáritas para la campaña. En cuanto a mí, “una sola cosa pido al Señor: habitar en su Casa por los días de mi vida”.

“Durante este curso resuena permanentemente en nosotros la pregunta ¿qué haces con tu hermano? ( Gn 4, 9), que nos interpela sobre quién es realmente el otro, quién es la persona para nosotros, cuál es su dignidad, y cómo acompañamos y cuidamos al que está situación de necesidad o de desventaja social. Y ante esta pregunta la Campaña Contra el Paro de Cáritas Madrid contesta diciendo “Defiende un trabajo digno”. Con ella se nos invita a construir una fraternidad comprometida, que no sólo nos lleva a acoger y acompañar a las personas que en estos momentos están pasando por una situación de desempleo, sino que nos urge a defender un trabajo digno.

En esta campa se nos invita a defender un trabajo digno, no se puede consentir que las personas ante su situación de desesperación, por la falta de empleo, lleguen a decir: “Busco trabajo. Lo que sea”. Y, por supuesto que la sociedad permita que estén ofreciendo trabajos que no sean lo suficientemente dignos. Nos invita a relfexionar sobre lo que está aconteciendo en el mundo laboral. Nos invita a favorecer y crear trabajo digno en nuestro entorno, llevándonos a discernir qué podemos hacer desde nuestro propio ser de trabajadores, familia, comunidad…

Todos, a nivel personal e institucional, somos corresponsables en esta realidad que deseamos transformar“.

Hasta aquí las palabras oficiales de Caritas. Por mi parte, poco más que añadir. Recordad mi condición de parado de larga duración y altamente cualificado, Doctor en Ciencia Jurídica e incapaz de encajar en una sociedad enferma que me dice que el enfermo soy yo. No me voy a rendir a ese discurso. Por mi propia dignidad. Feliz Día del Trabajo y arriba a las organizaciones que, tradicionalmente, desde la Izquierda democrática, han defendido el derecho al trabajo digno de hombres y mujeres. Con ellas quiero gritar alto: ¡Feliz Día del Trabajo! ¡Pan, Trabajo y Justicia! ¡Feliz 1 de Mayo!

 

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y del Colegio Universitario “Cardenal Cisneros”

Acreditado para Plazas de Profesorado universitario permanente por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de la Comunidad de Madrid (ACAP)

Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM (ICFS-UAM)

Colegiado ICAM 97901

Desempleado y demandante de empleo inscrito en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid desde el 28/7/2011. Razón: Universidad Autónoma de Madrid, Rectorado. Calle Einstein, no. 1, 28049 Madrid.

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Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

Ex Professor of Criminal Law of the Autonomous University of Madrid and of the Universitary School “Cardenal Cisneros”

Tenured as Professor of Criminal Law received by the Quality, Accreditation and Prospective Agency of the Region Madrid

Member of the Institute of Forensic Sciences and Security of the Autonomous University of Madrid (ICFS-UAM)

Referee of hon. Attorneys Council of Madrid n. 97901

Unemployed and seeking employment registered on the Public Employment Service of the Region Madrid since 28/7/2011. Reason: Autonomous University of Madrid, Rector. Einstein Street, n. 1, 28049 Madrid.

 

 

 

Licencia de Creative Commons
Informe Cáritas con el Empleo 2014, con ocasión del 1 de Mayo, Día internacional de los trabajadores by Ennio Morricone, American Federation of Labor, Hermandades del Trabajo, Cáritas Madrid, Justicia y Paz, Pablo Guérez Tricarico, PhD is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.
Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia en preguntar via pablo.guerez@gmail.com, pablo.guerez@uam.es, @pabloguerez

 

 

antes de 2015 ¡actúa!

La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización justa (2008) va de la mano de la Declaración del Milenio (2000). Esta propuesta de Trabajo Decente de la OIT, en un contexto de globalización justa, es esencial para la realización de dichos objetivos comunes porque cada uno de los ocho ODM tienen que ver con la forma en que el empleo decente y productivo, la erradicación del hambre, el acceso a la salud, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo contribuyen a cristalizar los objetivos y a restaurar la dignidad de las personas empobrecidas y desempleadas.

presentacion caritas empleo

Cáritas –ha presentado el informe Cáritas con el Empleo 2014 (ver aquí)- propone tomar conciencia de que nuestro mercado laboral sigue cerrando sus puertas a algunos colectivos, especialmente los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 45 años…

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