24/M: Vientos de cambio. Un análisis valorativo y teleológico de los resultados electorales en clave sociológica

mayo 26, 2015 § Deja un comentario


A vosotros, los que habéis iniciado el cambio. Y a nosotros, el pueblo.

(…) that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that, government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth (Abraham Lincoln, from the Gettysburg Address, given to Edward Everett, 1864)

 

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Ada Colau y Manuela Carmona celebran su victoria electoral. Fotografía de Avelino Rodrigues ©.

Las elecciones del 24-M han revelado un importante cambio en la sociología electoral, que ha afectado a las formas de hacer política. Frente a las formas tradicionales basadas en los partidos políticos, la irrupción en muchos municipios especialmente estratégicos, como Madrid, Barcelona o Zaragoza, de candidaturas de unidad popular, que han sabido aglutinar a la gente de los movimientos sociales de inspiración tan diversa como los que protagonizaron el 15-M, han supuesto un desafío al sistema tradicional de entender la política en nuestro país y, en concreto, al Estado de partidos, al que eufemísticamente llamara el gran constitucionalista de los inicios del funcionamiento del Tribunal Constitucional, Don Manuel García Pelayo, Estado “con partidos”.

Y es que, hasta ahora, el sistema parlamentario, en los 28 años que llevamos de democracia en España, se había orquestado en torno a la fórmula tradicional todavía vigente, en el entonces denominado “mundo libre” en los años que vieron el alumbramiento de la Constitución de 1978, fórmula a la que, como en muchas cosas, los españoles llegamos con retraso. Y no es que no hubiera entonces fórmulas de participación ciudadana más allá del voto cada cuatro años con prohibición expresa del mandato imperativo. El Partido Comunista, por aquel entonces el único conocido como “El Partido”, conoció, junto a dinámicas autocráticas propias de las peores versiones del marxismo, también el llamado “centralismo democrático” trotskista, inspirado en la máxima de “máxima democracia en el interior, y máxima unidad en el exterior”. Conviene recordar que entonces en el Partido Comunista, por su capacidad organizativa, militaba gente de la más diversa ralea. Y conviene recordarlo precisamente frente a aquéllos que ahora, desde la derecha española, representada en buena parte por una combinación explosiva de lo que queda del franquismo sociológico y por la adhesión triunfalista a un ultraliberalismo al más impuro estilo “Chicago Boys” –una de cuyos máximos exponentes es la recientemente destronada Esperanza Aguirre-, que se atreve a despreciar no sólo a quienes piensan diferente tachándoles a todos de “chavistas”, golpistas, miembros de la mal llamada “izquierda radical”, u otras lindeces que todos hemos escuchado a lo largo de la campaña electoral, sino a compañeros o camararadas –desconozco cómo se llaman entre sí en ese partido-, más afines a un escuálido conato de democracia cristiana que en España, más allá de la efímera experiencia de la UCD, nunca llegó a cuajar.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral de 1985, hija de su tiempo, contemplaba también, junto a los sujetos políticos por antonomasia, la posibilidad de que hubiera “agrupaciones de electores”, pero las propias dificultades burocráticas del sistema implantado, unido a la práctica inexistencia de un tejido de sociedad civil organizado en el Estado asimilable al que existe en otras democracias occidentales, y, típicamente, en las de corte anglosajón, hacían que las opciones de  “participación ciudadana directa no representativa”, como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, fórmulas complementarias, por no decir folkróricas, de un sistema de democracia representativo de corte clásico, reglamentado por un sistema electoral rígido de listas cerradas y bloqueadas (con la excepción, por su peso poco significativa, de las elecciones al Senado; pero incluso la legitimidad democrática de estas elecciones estaba corregida por un sistema electoral muy mayoritario perfectamente diseñado para desligar a los representantes electos de cualquier comunicación con la ciudadanía, como ocurre con los sistemas uninominales de corte anglosajón, en los que los candidatos pelean literalmente el voto barrio por barrio, o distrito por distrito.

Sea como fuere, una serie de factores cuyo análisis detenido no es posible realizar aquí, pero en entre los que destacan la corrupción, el desgaste mayoritario del sistema de partidos, y la percepción social de desconexión por parte de los ciudadanos respecto de sus representantes políticos, en el contexto de una crisis ética y de legitimidad de las instituciones a escala mundial, con el cuestionamiento de la legitimidad democrática de las instituciones supranacionales a las que los Estados, de acuerdo con el discurso hegemónico del pensamiento único, han ido cediendo soberanía, agravada por una crisis económica globalizada que, en nuestro país ha explotado con el añadido de ingredientes locales, han supuesto el clima idóneo para que romper el umbral de tolerancia de los ciudadanos, en su percepción de no ser ya más agentes de su destino. La percepción de pérdida de soberanía y la crisis de lo que, en otros lugares, he denominado “ficción contractualista”, en función de la cual la soberanía procede del pueblo, del que emanan los poderes del Estado, ha irritado, utilizado una terminología sociológica muy empleada en teoría de sistemas a la sociedad civil española, de tal manera que ha contribuido a la emergencia de los llamados “movimientos sociales”, movimientos de participación ciudadana o movimientos de participación directa, que, en el fondo, han venido a reivindicar el espacio público que por derecho debe corresponder a los ciudadanos. En definitiva, la vieja idea tan bien expresada por Lincoln en el discurso de Gettysburg, de un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. De que los ideales ilustrados de la modernidad no podían sucumbir en la posmodernidad de la falta de centralidad del poder, sino que debían ser canalizados por nuevos vehículos de participación ciudadana en la cosa pública. La ciudadanía o, en términos más clásicos, “el pueblo”, ha tomado conciencia de que debía recupera un espacio, y que ese espacio era precisamente el poder político, hurtado por tecnócratas que, utilizando un viejo lenguaje marxista, eran simplemente las correas de transmisión profesionalizadas del Poder en la sombra: el de los lobbies económicos. La prudencia me aconseja no ir más arriba en la búsqueda de quién, quiénes o qué nos gobierna realmente. Sobre ello también he tratado en otro lugar.

La lectura que cabe hacer, a nivel sociológico, de estas elecciones, puede resumirse, aun a riesgo de ser demasiado reduccionista, en lo siguiente: la irrupción de una nueva formación política, Podemos, no sin debates y sacrificios internos, ha tenido la habilidad de apostar por la integración de las candidaturas de unidad popular ha servido de resorte para espolear a una ciudadanía descontenta, y con razón. Las víctimas de los desahucios, de las políticas de recortes, del crecimiento desigual y de las consecuencias del desmantelamiento del Estado del bienestar y de la propia credibilidad de las instituciones, agrupadas en una diversidad de movimientos sociales y de “mareas” que en su momento desembocara en lo que fue el 15-M, han evolucionado hacia un nivel organizativo suficiente como para presentarse, frente al electorado más pasivo, como una fuerza o conjunto de fuerzas razonables como opción electoral política y, sobre todo, como opción de gobierno, comenzando por el gobierno de los Ayuntamientos y, en algunos casos, por el de algunas entidades territoriales superiores y alguna Comunidad Autónoma. El partido político Podemos, formalmente clásico y materialmente dinámico, constituía un vehículo adaptado para participar, con opciones serias de gobierno, en la contienda electoral. A condición no dejarse arrastrar por sus sectores más populistas. Es así cómo la legitimación material de Podemos de cara a estas elecciones –y ello se ha visto por los resultados electorales, comenzando por las plazas más emblemáticas del Estado- necesitaba integrar una buena parte de los movimientos sociales, para construir lo que se ha llamado “candidaturas de unidad popular”. Asistimos, y coincido en esto con mi colega Fabio Gándara, articulista del Huffington Post, a un momento que a muchos nos puede resultar ilusionante, a distinto nivel, en la historia de la democracia española. Con la convergencia del acervo técnico de la gente de Podemos y la legitimidad material de la gente sin más, “el pueblo”, parece que buena parte de las exigencias de legitimidad democrática de un sistema económico-político percibido por la mayoría de la ciudadanía ha comenzado a ocupar el espacio público que la ciudadanía había perdido, y con ello hoy parecen posibles exigencias que hace cinco años hubiesen sido impensables, o meros sueños utópicos. Poner a los poderes fácticos en su sitio. Plantarse ante las deudas injustas. Desterrar la usura y la insolidaridad del país. Y todo ello ha comenzado ya, “ahora”, como se han llamado algunas candidaturas, en el nivel de las elecciones municipales. Para que el “debe” del sujeto político que nació con las revoluciones de la Ilustración vuelva a ser el “es”: “nosotros, el pueblo”. Las tres palabras con las que comienza la Constitución norteamericana. Y permitidme, mis queridos lectores, para concluir, la “licencia poética”: para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra.

 

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho

Acreditado a Profesor Contratado Doctor

@pabloguerez

 

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Reflexiones personales cuatro años después del 15-M-2011

mayo 15, 2015 § Deja un comentario


A mis padres, como yo, hijos del siglo XX

Foto de Democracia Real

Foto de Democracia Real

A cuatro años del 15-M-2011. Yo estuve allí… Entonces, todavía podía definirme joven, a efectos político-estadísticos. A pocos meses de que acabara mi contrato terminal con una Universidad que había tomado ya la decisión de política universitaria de no renovarme años atrás. Como premio a un Doctorado con Premio Extraordinario me fui al paro, y sí, empecé a cobrarlo.

Por aquel entonces, dentro del movimiento de indignados -recuerdo que entonces no tardaron en surgir apelativos más o menos despreciativos o jocosos para los jóvenes que, en diferente grado, participamos del movimiento, como el de “perroflautas”, estaba por lo general denostado por la mayoría de la opinión publicada de dentro y de fuera del país, que lo tildaban poco más de un movimiento de jóvenes vagos manipulados por el comunismo o vaya Ud. a saber qué oscura conspiración izquierdosa-, yo ya me definía como perteneciente al sector de los decepcionados, o “disappointed”; como parte de aquella generación de los ’80 a la que el destino del mundo y de la economía financiera habían hurtado la posibilidad de continuar con su vida laboral; en mi caso, era mucho más que ello: era una vocación, un proyecto de vida con el que me sentía identificado y al cual serví desde el primer momento con las energías que en cada momento pude poner en marcha. Y representaba además, económica y socialmente, la posibilidad de plantearme un proyecto vital de estabilización profesional y personal desde el cual encontrar un sitio “últil” y “respetado”, en esta sociedad de consumo cada vez más deshumanizada. Hasta que aquellos que pudieron haberme apoyado -algunos, quizá no me conocían o no quisieron conocerme-, pero que tenían esa responsabilidad, que no puedo sustraerles ahora -si bien pueda perdonarles-, truncaron mi vida y me arrojaron a un exilio económico, social, laboral y personal que ya dura demasiado.

Comprenderán ustedes que, a mis treinta y seis, y vistas las cosas que se han destapado y la actitud incluso de la gente más humilde, no tenga puesta demasiadas esperanzas en estas elecciones. Ni en éstas, ni en las generales. Volverán a ganar los mismos, los de siempre, la España de charanga y pandereta indolente ante el sufrimiento de los más débiles y envidiosa de los ricos, sin la más mínima voluntad para cambiar las cosas desde abajo. Y aun así, las instituciones europeas nos dicen que el 15-M ha sido un ejemplo de democracia, un activo positivo para la “marca España”. ¿Dónde el 15-M?, me pregunto yo ahora, como se preguntaran Aguaviva en 1969: ¿dónde los hombres?

La grandeza y las limitaciones del 15-M es que fue un movimiento espontáneo, y, como tal, no ha sido promovido por ninguna formación política. Tampoco, y mal que les pese a muchos, ha dado origen directamente a formaciones políticas, aunque puede decirse que el movimiento sí contribuyó a crear un cambio en la conciencia cívica de este mediocre país que ha propiciado un cambio en el escenario político basado en el tradicional modelo bipartidista. Aunque sí es verdad que algunas de las propuestas nacidas al amparo del 15-M, convenientemente matizadas y encorsetadas, han sido, tras haber saltado a la palestra del debate público y parlamentario, adoptadas tanto por las nuevas formaciones nacidas del descontento generalizado respecto de la calidad democráctica y del estilo de gobierno tradicional, como Ciudadanos o Podemos, como por partidos políticos tradicionales (como el PSOE, por ejemplo, en relación con la regulación de la dación en pago), y han influido, siquiera sólo de modo formal, en las políticas del PP, cuyo Gobierno aprobó un tibio real-decreto de “segunda oportunidad” para los deudores hipotecarios y no hipotecarios, que yo creo que habría sido impensable sin la movilización ciudadana. Donde sí que influyó más el espíritu reivindicativo del 15-M, y la percepción del respaldo popular, fue en organizaciones sociales que denunciaron graves injusticias sociales al margen de las formaciones políticas y sindicales tradicionales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que, a través de sus distintas asambleas, consiguieron la paralización de deshaucios, consiguiendo incluso el apoyo de algunos partidos políticos de izquierda minoritarios o de otros colectivos sociales y, en ocasiones, en la propia sociedad civil.

Sin embargo, y a pesar de todo, mi mirada actual sobre la realidad sociopolítica española es bastante negativa, en lo que respecta a sus posibilidades de transformación o, como se dice ahora, “regeneración democrática”. En este sentido, hago mías las palabras de José Sacristán cuando afirma que, visto lo visto, y sabido lo que la gente sabe, volverán a ganar los de siempre, lo cual demostrará que este país es una mierda (sic). En cuanto a mí, sólo un cambio de país, un cambio personal radical que pase por renunciar al mundo y a sus legítimas apetencias en pos de objetivos tan alejados de la política tal y como es entendida ahora, como la ayuda caritativa al prójimo a través de ONGs o la búsqueda de la santidad, o un milagro, pueden hacer nacer de nuevo en mí la alegría que da la dignidad de poder vivir de un trabajo cualificado cuyas herramientas, con sus luces y sombras, he procurado obtener durante toda mi vida.

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD

Doctor en Derecho

Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Inscrito en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid desde el 28/7/2011. Razón: Universidad Autónoma de Madrid, Rectorado. Calle Einstein, no. 1, 28049 Madrid.

@pabloguerez

 

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NO A LA LEY MORDAZA: ¡AÚN ESTAMOS A TIEMPO!

diciembre 10, 2014 § 2 comentarios


Sobre el contenido de la “Ley Mordaza”, o nueva “Ley de Seguridad Ciudadana” vid., entre otros, la información más reciente dada vía http://www.publico.es/533426/el-pp-impone-la-ley-mordaza

 

La Ley Mordaza  Multa  boton+No+LM

 

En el Día internacional de los Derechos Humanos, en el que se conmemora el 66 aniversario de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento entendido hoy como de “ius cogens” universal, en cuanto expresa el sentir compartido y la “opinio iuris” de la comunidad internacional en materia de Derecho internacional humanitario, el partido en el Gobierno se prepara para nuevos recortes. Esta vez, nos quita ya los derechos económicos y sociales, que ya nos ha quitado, sino que la nueva Ley afectará de manera muy directa a los derechos “fundamentales”, “burgueses”, “formales”: a los derechos llamados “de la primera generación”, entre los que se encuentran los derechos a la libertad de expresión y manifestación. Si estás de acuerdo con el contenido, firma la propuesta en https://secure.avaaz.org/es/ley_mordaza_rb/?abqTMib o en cualquier otra página web contra dicha Ley. NO AL ESTADO DE LA SEGURIDAD. SÍ AL ESTADO DE DERECHO.

Saludos cordiales,

Fdo. Dr. Pablo Guérez Tricarico. Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y del Colegio Universitario “Cardenal Cisneros”.

 

Reflexiones al hilo de la encuesta del CEF sobre la calidad de la investigación en España, pese a los recursos asignados

enero 30, 2014 § Deja un comentario


Reflexiones al hilo de la encuesta del CEF sobre la calidad de la investigación en España, pese a los recursos asignados

  Desde la dirección de Precarios Málaga (Sección Provincial de la FJI – Federación de Jóvenes Investigadores Precarios), me ha sido remitido un correo indicando que ya está disponible uno de los principales informes sobre la situación de la investigación en España, para quien le pudiera interesar. Por primera vez colabora en el informe, además de Precarios, el Centro de Estudios Financieros. Se puede contestar al informe. Por cierto, para los que no sepan de qué va esto, lo de jóvenes investigadores se aplica en nuestra querida España más o menos hasta los 42 años -o al menos así lo señalan los informes del CIS-. No deja de llamar la atención la comparación entre este camino, largo y estrecho, al que algunos nos apuntamos con veintipocos años, y la premura con la que, en este país, sobre todo en épocas no tan lejanas, muchos estudiantes universitarios dejaron sus estudios para irse a la construcción a ganar 3000 o 4000 euros que emplearon en lo que fueran -por algo vivimos en un país “libre”-; pero, mal asesorados por los bancos, coparon el mercado de las hipotecas “suprime a la española”, con la complicidad de bancarios y políticos, y ahora se encuentran sin empleo. Sinceramente, me dan pena. Pero más pena me da la inmensa minoría que optamos, en su día, por la ciencia y la investigación en un país de tercera división, que nunca tuvimos esos sueldos; y si a algunos se nos critica -por representantes del mundo económico, político, y hasta médico y psicológico- el haber vivido “por encima de nuestras posibilidades”, quisiera contestar diciendo que entiendo por tales las posibilidades que, los responsables de la concesión de créditos, en el uso de la seriedad y la profesionalidad financiera, nos ofrecieron créditos que a lo mejor necesitábamos, y quizá nunca debimos pedir. Y a los que nos critican -la mayoría de cierta generación no por mucho anterior a la nuestra, sobre todo ya asentada y “profesional”-, les diría que, si fueran juristas positivistas decimonónicos -a lo mejor son decimonónicos también en sus respectivas disciplinas-, probablemente tendrían razón. Pero si fueran juristas no ya del siglo XXI, que ha visto crecer leyes de protección de los derechos de los consumidores en el Derecho comparado, sino de finales del siglo XX, comprobarían que en un Estado como el nuestro, que se define como “Estado social” (artículo 1 de la Constitución Española de 1978, JURÍDICAMENTE VIGENTE), y de acuerdo con la doctrina constitucionalista y civilista que se ha ido formando al respecto, la llamada “igualdad de partes contractual” del artículo 1255 del Código Civil (también vigente) ya no puede mantenerse, al menos sin una importante revisión. La falacia de que Fulanito Pérez, enfermo, con dos hijos a cargo (persona física) contrata con el Banco Santander, S. A. (persona jurídica, creada para “favorecer el tráfico jurídico”, y que ni camina, ni siente, ni padece -salvo para el gran jurista alemán Gierke, que pensaba que las personas jurídicas eran personas con patitas; la cita es de PANTALEÓN PRIETO en clase, Derecho, UAM, curso académico 1998-1999), en igualdad de condiciones, sencillamente no puede mantenerse. De ello se han ocupado de recordárnoslo 1) la legislación vigente -Ley contra la Usura de 1913, VIGENTE pero que no se aplica en nuestro país porque no le da la gana a los jueces, Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, sobre cláusulas abusivas en los llamados “contratos de adhesión”; diversas circulares del ¡Banco de España!, institución, como todos sabemos, ultraizquierdista, que limita en mucho los tipos de interés que pueden ser aplicadas por las entidades bancarias y de crédito-; 2) sobre todo los principios desarrollados por la doctrina (vid. el artículo 33 de la Constitución Española sobre la función social de la propiedad, que “delimita su contenido”, así como otros principios relativos a la dignidad humana; 3) y por la jurisprudencia de la UE, que ya nos ha criticado, con razón, la más que probable ilegalidad de varios preceptos de nuestra Ley Hipotecaria de 1870 en relación con el sistema de principios y valores de la Unión Europea, gracias a la presión ejercitada por movimientos cívicos que tienen mi total adherencia -y quiero dejarlo aquí públicamente por escrito-, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y otros movimientos similares surgidos del 15-M.

  Sufro también por ciertos políticos, sobre todo por aquellos que dicen ser de “izquierdas”, como mi colega el Dr. Rubalcaba, Doctor en Químicas, que nos cuentan que hay que recuperar esos recursos humanos que se fueron “para la construcción” para el mercado. Señor Rubalcaba, y demás representantes políticos de todos los signos -pues a esto se han apuntado todos los partidos, y por lo que al sistema respecta, el PP y el PSOE; los demás partidos sobran siquiera formalmente-: ¿De verdad considera, como mantuvo en el circo de tres pistas de agosto pasado denominado “sesión parlamentaria extraordinaria”, que lo hay que hacer para la recuperación económica es recuperar esa clase de trabajadores, volviendo al modelo del “ladrillo”? Mal favor le haría a este país.

  Una reflexión sobre la edad, o las edades, en este país: en España existe una prisa por trabajar, por mí detectada, al menos, desde los años 90 del pasado siglo. Por trabajar a toda costa, por pasar de la formación, y ésta es valorada por el alumno sólo en la medida en la que le permita acceder a un mercado laboral cualificado económicamente más atractivo; en el ámbito universitario, esto se ve en el gran éxito de las prácticas en empresas, antes de acabar la carrera, o en las prisas por hacer oposiciones antes de terminarla; claro, como ni la empresa privada ni el sistema de selección público de este país concede -salvo contadísimas excepciones- valor al expediente académico o a la investigación, es normal que muchos alumnos de enseñanza superior se vean alienados, ante la carencia de incentivos de otro tipo, convirtiéndose en “alumni oeconomici”, cuyo lema podía ser: “estudia una carrera corta -principalmente relacionada con “el mundo de la empresa”-, y algo de derecho, que siempre está por ahí liando las cosas, luego un máster que dé esplendor, cueste lo que cueste, y, por supuesto, mucho inglés. Pero para valorar la cualificación profesional en TODOS LOS SECTORES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES… ¿es eso suficiente?; ¿es eso necesario?; ¿pero no se dan cuenta muchos estudiantes de ADE -en cualquiera de sus modalidades-, que no todos pueden llegar a ser directivos de empresas, que habrá que buscar otros puestos y otras colocaciones? Y si bien estas preguntas sean quizá demasiado “profundas” para que se las haga un estudiante de 18 o 19 años, lo que no es de recibo en un país de la OCDE es que sus responsables educativos -me da igual el nivel burocrático que posean -sí, he dicho posean, porque aquí nadie se va de su escaño o de su cargo-, si son autonómicos o estatales-, no se las planteen. Lo que no puede ser es que se llame “joven investigador” a la persona de 42 años que acaba de obtener una plaza en el CSIC o el sistema universitario público español, tras salir, exhausto, de un laberinto de pruebas, más pruebas, acreditaciones y más acreditaciones, mientras que en las encuestas sobre población activa y en los datos de paro oficiales del país, se considere “paro juvenil” al integrado por individuos con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Claro, el paro, y el trabajo que interesa, tiene límite temporal. No interesan las personas que han dedicado sus años, no sin caídas y errores, a conseguir una formación sólida “de verdad”, lo que implica tiempo, como se ve reflejado en los currícula meditados y construidos con esfuerzo y años de dedicación, a los que las responsables de recursos humanos recién licenciadas acostumbran a descartar por “hipercualificación”. Para este sistema económico de crisis típicamente hispano, lo que sirven son puestos bajos e intermedios, fungibles, que puedan ser desarrollados por cualquiera sin rechistar y bajo la amenza constante -“el condicionamiento operante”, dirían algunos psicólogos conductistas-, y consistente en que, si no coges el puesto, hay miles afuera esperando a hacer lo mismo que tú por 600 o 400 euros, y que por cierto, también podría hacer una máquina gratis. En este país se han desperdiciado y se siguen desperdiciando recursos y talento que tardarán mucho en recuperarse. Es, realmente, el mundo al revés. Los que mandan -y no sus víctimas- deberán responder alguna vez de tremendo desaguisado, aunque sea ante la Historia.

 

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