NO A LA LEY MORDAZA: ¡AÚN ESTAMOS A TIEMPO!

diciembre 10, 2014 § 2 comentarios


Sobre el contenido de la “Ley Mordaza”, o nueva “Ley de Seguridad Ciudadana” vid., entre otros, la información más reciente dada vía http://www.publico.es/533426/el-pp-impone-la-ley-mordaza

 

La Ley Mordaza  Multa  boton+No+LM

 

En el Día internacional de los Derechos Humanos, en el que se conmemora el 66 aniversario de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento entendido hoy como de “ius cogens” universal, en cuanto expresa el sentir compartido y la “opinio iuris” de la comunidad internacional en materia de Derecho internacional humanitario, el partido en el Gobierno se prepara para nuevos recortes. Esta vez, nos quita ya los derechos económicos y sociales, que ya nos ha quitado, sino que la nueva Ley afectará de manera muy directa a los derechos “fundamentales”, “burgueses”, “formales”: a los derechos llamados “de la primera generación”, entre los que se encuentran los derechos a la libertad de expresión y manifestación. Si estás de acuerdo con el contenido, firma la propuesta en https://secure.avaaz.org/es/ley_mordaza_rb/?abqTMib o en cualquier otra página web contra dicha Ley. NO AL ESTADO DE LA SEGURIDAD. SÍ AL ESTADO DE DERECHO.

Saludos cordiales,

Fdo. Dr. Pablo Guérez Tricarico. Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y del Colegio Universitario “Cardenal Cisneros”.

 

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Sobre la despenalización y permisión del aborto en países democráticos desde la perspectiva de la protección de la vida prenatal. Análisis comparativo sucinto de la situación española regulada por los arts. 142 a 146 del Código Penal, por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE núm. 55, de 4 de marzo), y legislación concordante, especialmente, en el ámbito sanitario

noviembre 22, 2014 § Deja un comentario


Nota preliminar: esta entrada trae su origen de un documento a cuya elaboración me ha motivado la marcha por la vida convocada por varias asociaciones defensoras del derecho a la vida desde su concepción. Se trata de un documento sobre la situación legal del aborto en España, y que presenta al mismo tiempo un análisis de Derecho penal histórico y comparado. Su contenido es meramente informativo. O al menos, eso es lo que he intentado. Mi propósito ha sido el del jurista informativo, no el del jurista crítico. Lo que he tratado de hacer ha sido simplemente informar, desde mis conocimientos jurídicos, sobre el estado de un problema de innumerables implicaciones, filosóficas y religiosas. También para el jurista y para los operadores jurídico. Estas valoraciones también se “colaron” en la Sentencia 55/1985, del Tribunal Constitucional, que dio el visto bueno al primer proyecto legislativo de despenalización parcial del aborto, a pesar de que el Tribunal comenzó su argumentación diciendo que iba a prescindir de valoraciones de tipo ético-moral, filosófica o religiosa. En definitiva, he tratado -y espero haberlo, si no conseguido, al menos sí haberme acercado a ese objetivo- de dejar a un lado valoraciones ético-morales y presentar la situación legal de un problema social tan candente como el del aborto como puro dato fáctico, desde la perspectiva legal, con el propósito de informar a muchas de las personas que hoy se han manifestado sobre muchos aspectos de una situación legislativa contra la que protestan. Porque para protestar contra algo antes hay que conocerlo, en lo esencial y en lo accidental, y saber discernir estos aspectos de la realidad fáctica.

Ahí va el documento reproducido a continuación, y el enlace para su visualización en pdf para su mejor descarga y lectura más cómoda.informe sobre el aborto

Sobre la despenalización y permisión del aborto en países democráticos desde la perspectiva de la protección de la vida prenatal. Análisis comparativo sucinto de la situación española regulada por los arts. 142 a 146 del Código Penal, por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo  (BOE núm. 55, de 4 de marzo), y legislación concordante, especialmente, en el ámbito sanitario

 

Por PABLO GUÉREZ TRICARICO, Doctor en Derecho, ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y del Colegio Universitario “Cardenal Cisneros”, ex Profesor invitado por la Universidad del Istmo de Guatemala y Acreditado por la ACAP a Profesor Contratado Doctor, especializado en Derecho penal médico y Bioética

Madrid, 22 de noviembre de 2014

Nota para el lector: En este documento se incluyen únicamente datos fácticos, ya procedentes de la realidad social, ya del mundo jurídico. Las observaciones que pueda contener sólo constituyen juicios de valoración de orden técnico-jurídico o sociológico, y no representan juicios de valor ni en el orden político-criminal, ni el orden moral. Consta de 6 páginas numeradas. Se permite su reproducción, citando su autoría, de acuerdo con los términos de la licencia que el documento incorpora en la última de sus páginas.

  1. Premisa

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo  (BOE núm. 55, de 4 de marzo) vino a regular varios aspectos sobre el aborto: entre ellos destaca, por primera vez en nuestra historia legal, la introducción en España de un “sistema de plazos”, conforme al cual la mujer gestante puede abortar en las 14 primeras de gestación sin dar razones, una vez cumplidas las formalidades de información en sobre cerrado establecidas en el art. 14 de la citada Ley Orgánica. Dentro de este plazo, la ley parece conceder un verdadero derecho subjetivo a la mujer a abortar, de acuerdo con los planteamientos de los modelos llamados “basados en la autodeterminación”, conforme a los cuales, durante un plazo, el derecho a la autodeterminación de la mujer gestante primaría siempre sobre el interés en la protección de la vida prenatal. Modelos basados en la autodeterminación son comunes en varios países de nuestro entorno cultural (vid. Punto 3 de este documento).

A su vez, en la Ley Orgánica, el sistema de plazos está complementado con una serie de “indicaciones”, reguladas en el art. 15, conforme a las cuales, “excepcionalmente”, se podrá interrumpir el embarazo por causas médicas: aquí se recoge la tradicional indicación terapéutica de peligro para la vida o la salud de la embarazada y los formalismos de los dictámenes médicos que deben ser emitidos, y dos supuestos de indicaciones “embriopáticas”, relacionadas con las anomalías fetales. Sólo en el último de ellos, cuando las anomalías detectadas sean “incompatibles con la vida”, una vez cumplidas una serie de formalidades, entre las que se incluye el dictamen de un comité clínico, puede legalmente interrumpirse el embarazo sin plazo. En los dos primeros supuestos, el límite es de 22 semanas de gestación.

La Ley Orgánica es coherente, no tanto con el respeto a los derechos de la mujer –en relación con los cuales cabe advertir importantes lagunas-, sino con una concepción socioantropológica cientifista y simplista de la vida humana. Sólo así se explica, por ejemplo, que se haya optado por el límite de la viabilidad extrauterina incluso en casos de grave peligro para la vida de la madre, habiendo dado por supuesto el espíritu de la Ley Orgánica, en su Exposición de Motivos, que en tales supuestos, implícitamente, es posible realizar (en realidad, imponer) un parto inducido, puesto que la otra  interpretación posible para resolver este conflicto vida-vida, de entender que en el supuesto de la viabilidad extrauterina es siempre posible lograr un parto inducido eutócico no puede ser sostenida de acuerdo con la ciencia médica. Por esta razón, a la luz de la Ginecología, debemos mostrarnos muy cautos a la hora de refrendar esta pacífica resolución de tan extremo conflicto, y cuestionar seriamente la afirmación contenida en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de que, “en tales casos, los intereses de la madre y del feto se armonizan plenamente”. La ley resuelve con una mala técnica esta cuestión.

  1. Derecho histórico español

En relación con nuestro Derecho histórico, la Ley Orgánica es la primera que adopta una Ley de Plazos. Anteriormente, el legislador de 1983, refrendado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 55/1985, había introducido un sistema de indicaciones moderado de tres supuestos, a través de la incorporación al Código Penal de 1973 del art. 417.3 bis, artículo que mantuvo vigente el Código Penal de 1995, hasta tanto fuere aprobada una normativa de regulación de la práctica de la interrupción del embarazo: la llamada indicación terapéutica, ética o criminológica y la indicación eugenésica (que ha sido siempre la más discutida en la doctrina penal), mejor denominada embriopática.

Por porcentajes, los datos reportados por las encuestas del Consejo General del Poder Judicial y del CIS de los últimos años, reflejaban que más del 88-90% de las alegaciones de solicitud de interrupción del embarazo se fundamentaban en el primer supuesto (más concretamente, en la situación de grave peligro para la salud de la embarazada), y que la mayoría de las solicitudes se basaban en dictámenes psiquiátricos.

En los años 2008 y 2009 se destaparon por varios diarios, como Abc, casos aislados de clínicas que practicaron abortos de fetos de hasta siete y ocho meses de vida, pero que no movieron ninguna acción penal de la Fiscalía, aunque sí se tomaron medidas de mayor incremento de los controles administrativos. También es constatable que, a la luz de las técnicas de detección de taras congénitas y malformaciones genéticas de los embriones y los fetos actualmente desarrolladas, muchas de ellas son detectables con bastante anterioridad al plazo de 22 semanas fijado por la anterior normativa.

Desde el primer Código penal español de 1822, el aborto –y por cierto, también el infanticidio-, fueron castigados con menores penas que la que correspondía aplicar a los delitos contra la llamada vida humana independiente, el homicidio y el asesinato y, en un grado menor de relevancia práctica, el parricidio. Así, tanto conforme a los Códigos penales aprobados en las épocas de las Monarquías más o menos constitucionales del siglo XIX, como con arreglo al Códigos penal aprobado durante la dictaduras de Primo de Rivera (el Código Penal de 1928), el Código penal aprobado durante la II República, y el Código penal de 1870 (llamado “Código de verano”, por haberse aprobado provisionalmente en septiembre), que recobró vigencia por un decreto de la Junta Militar de Burgos, y fue posteriormente refundido en un texto aprobado por el gobierno de la dictadura del general Franco, El Código Penal. Texto Refundido de 1944, modificado varias veces en un número significativo de artículos o de cuestiones, como en 1963 o en 1973 y, ya con la llegada de la democracia, en 1977 y 1983, que ha sido el Código penal de mayor duración de la Historia de España (pues su vigencia expiró el 26 de noviembre de 1996), el aborto, tanto provocado con o sin el consentimiento de la mujer, siempre recibió una pena significativamente menor que la  del homicidio y el asesinato. Con la única excepción del Código de Primo de Rivera de 1928 –que estableció un sistema como el actual, de medición de la pena en horquillas de años-, pero que mantuvo este criterio general de considerar el aborto menos grave que el homicidio o el asesinato, las penas, con alguna leve variación, entre 1870 y 1996 fueron, para el aborto no consentido, de prisión mayor (de 6 años y un día a 12 años), y para el consentido, de prisión o presidio menor (de 6 meses y un día a 6 años) –el infanticidio tenía un tratamiento semejante, y algo más benévolo-, mientras que las penas para el homicidio se mantuvieron en reclusión menor, es decir, de 12 años y un día a 20 años. Y el asesinato varío, pero estuvo en el rango más alto de la escala: desde la muerte por garrote en el Código penal de 1828 hasta la pena de reclusión mayor (de 20 años y un día a 30 años), reclusión perpetua o muerte en el Código Penal de 1848, o la pena, ya clásica, de reclusión mayor a muerte, que se mantuvo prácticamente ininterrumpida, salvo entre los años 1932 a 1939 por el Código penal de la II República Española que suprimió la pena de muerte para los delitos comunes, aunque los reintrodujo en leyes penales especiales y, sobre todo, penales militares.

En la actualidad, el aborto no consentido es castigado con la pena de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de índole ginecológica, para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 3 a 10 años (art. 144 CP). El aborto consentido, fuera de los casos permitidos por la Ley, con la pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de índole ginecológica, para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 1 a 6 años, conforme al art. 145 CP. Este artículo establece que el juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. Para la mujer que produjere su propio aborto, o consintiere en que otra persona se lo causare, fuera de los casos permitidos por la Ley, el art. 145.2 CP establece una pena de multa de seis a veinticuatro meses. La cuota mensual, como en la mayoría de los casos en los que se impone esta pena, se calcula teniendo en cuenta los recursos económicos del autor del delito. Por último, el art. 145.3 CP dispone que, en todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo-segunda semana de gestación.

Por su parte, el art. 145 bis CP castiga con penas de multa una serie de infracciones a las formas, plazos y procedimientos previstos en la LO 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto causado por imprudencia grave es punible como delito, conforme al art. 146, con una pena muy atenuada, que no se aplica a la embarazada a tenor de este precepto.

En cuanto al infanticidio, en el que la conducta típica consistía en dar muerte al recién nacido por parte de la madre o de sus abuelos maternos “para ocultar su deshonra”, fue una figura mal heredada de la tradición liberal de la ilustración, que, como explica el penalista Cerezo Mir, nunca tuvo que ver en los países en los que surgió primero –como Francia o Alemania-, con una falsa y prepotente concepción del honor, sino con la situación de la mujer que se hallara bajo el síndrome postmenstrual u otra anomalía psíquica derivada de la concepción-, fue suprimido como figura delictiva autónoma por el Código Penal de 1995. Las penas que se contemplaban para esta figura,  y para todos sus autores, oscilaron entre el arresto mayor (de 1 mes y un día a 6 meses, y la prisión o el presidio menor (normalmente esta última pena estaba reservada para las mujeres e implicaba un tratamiento penitenciario menos riguroso), penas cuyos marcos penológicos estaban fijados entre los 6 meses y 1 día y los 6 años de privación de libertad.

Por su parte, el parricidio desapareció como delito autónomo con el Código Penal de 1995.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los años ‘50 y ‘60, sobre todo a partir de que el Prof. Dr. Antonio Quintano Ripollés fuera designado Magistrado de la Sala 2ª (Sala de lo Penal) del Tribunal Supremo, influida por los comentarios del penalista y de otros insignes académicos españoles, algunos residentes en España y otros en el exilio, consideró aplicable el estado de necesidad genérico del entonces artículo 8.5 del Código Penal en contados casos de aborto terapéutico cuando había peligro para la vida de la madre. Para Quintano, debía permitirse la práctica del aborto terapéutico en este caso, e incluso en el de peligro para la salud, considerando además que no sería “de buen cristiano” no hacerlo y favorecer así la práctica de los abortos clandestinos, con peligro para las dos vidas implicadas (cfr. Tratado de Derecho Penal, Tomo I, 1967). Pues, de acuerdo con Jiménez de Asúa, “la ley penal está hecha para el hombre común, y no para el héroe”, y no cabe exigir obligaciones supererogatorias en estados excepcionales. Tal era la base del estado de necesidad como causa de justificación y como causa de exculpación, heredado de la tradición alemana.

 

  1. Derecho comparado actual en países democráticos

Debido al ingente volumen de información sobre la cuestión, os remito a un excelente enlace que puede daros una panorámica general sobre el estado de la regulación del aborto en varios países del mundo, democráticos y no democráticos, con más referencias:

http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n_sobre_la_pr%C3%A1ctica_del_aborto_en_el_mundo

Dos cuestiones deben ser destacadas: en primer lugar, dónde nos situamos nosotros en cuanto a nivel de permisividad legislativa del aborto en el mundo democrático; y, en segundo lugar, una serie de consideraciones sobre los países en los que más han influido los movimientos proabortistas para reformar sus legislaciones. Comenzaré el sucinto análisis por esta última cuestión, dejando las comparativas para el final.

En países muy influyentes de la órbita anglosajona, como los Estados Unidos o Canadá, puede afirmarse que el grueso de la cuestión sobre el aborto fue abordado por primera vez en serio por los Tribunales, y no por el legislador. Hasta el caso “Roe vs. Wade”, del que resultó una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1973 reconociendo, en algunos casos, el derecho al aborto, la mayoría de la legislación de los Estados mantenían leyes prohibicionistas.  Desde entonces, en los Estados Unidos de Norteamérica, en cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo dictada a partir de la sentencia citada, el aborto es libre dentro de los tres primeros meses de gestación, pudiendo los Estados legislar en uno u otro sentido a partir de dicho plazo, pero respetando siempre el mismo y el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo cuando corra grave peligro su vida, salud o integridad.  En Canadá, sucedió algo similar a raíz de la sentencia que dirimió el caso “R. vs. Morgentaler”, de 1988, declarando inconstitucionales las leyes prohibicionistas sobre el aborto. A partir de dicha sentencia, el Parlamento de Canadá aprobó, en 1990, la Criminal Law Amendment Act, 1968-69 (Ley de Reforma del Código Penal), que despenalizó la homosexualidad, los métodos anticonceptivos y la práctica del aborto inducido, entre otras modificaciones. Según mis datos, ésta es, muy probablemente, la ley sobre el aborto más permisiva del mundo, pues permite el aborto en cualquier momento y sin explicación, y lo único que varía según los Estados es la cuestión de si se asumen, y cuáles, los costes de la interrupción del embarazo por la financiación pública. Aun así, hay pequeños territorios de Canadá donde hay clínicas que practiquen el aborto.

Hasta lo que he podido consultar, y como conclusión, puede afirmarse que España está en el “grupo” de los países más permisivos del mundo con respecto a la práctica del aborto, habiendo adoptado lo que podría denominarse, para dar razón de todos sus matices, modelo incompleto de plazo basado en la autodeterminación sin asesoramiento y complementado por un modelo de indicaciones técnicamente manifiestamente mejorable. Pero, como hemos visto, no somos los más permisivos.

Siempre se peca de falta de rigor en hacer clasificaciones de este tipo. Por ello, a los limitados propósitos de estas páginas, he intentado mantener un criterio estricto de clasificación: en la duda de si la legislación es o no más permisiva en su conjunto, debido a que hay multitud de variables y detalles de técnica jurídica y política legislativa que pueden llevar la balanza a inclinarse de un lado o de otro, he optado por no mencionar, a este respecto, a los países cuya regulación es más compleja, como por ejemplo, la italiana o la alemana, o presenta más dudas sobre si es o no más favorable o restrictiva, como por ejemplo, la legislación noruega, islandesa, rumana o moldava).

La Ley italiana de interrupción voluntaria del embarazo, de 1978, fruto de un acuerdo desarrollado en el marco de un compromiso histórico entre los entonces partidos democristiano y comunista, es muy curiosa, pues presenta, en realidad, un modelo de indicaciones, aunque ni el médico ni nadie que intervenga en el proceso de toma de decisión de la mujer relativo a interrumpir o no su embarazo, puede revisar la concurrencia de las indicaciones. Es, en la práctica, un modelo de plazos revestido de un modelo teórico de indicaciones.

Mención aparte merece también la amplia y compleja regulación alemana, de la que aquí sólo puedo destacar dos aspectos: el primero, que en Alemania rige, dentro de las 12 primeras semanas, un sistema de plazos con asesoramiento obligatorio para la mujer, que debe dar razones sobre la interrupción del embarazo ante comités integrados por profesionales procedentes de diversas disciplinas de conocimiento, incluidos representantes de las confesiones religiosas católica y evangélica, las dos religiones mayoritarias del país. El segundo, es que el Tribunal Constitucional alemán consideró que el plazo establecido por el Código Penal de 22 semanas para que la gestante pudiera interrumpir su embarazo sin sufrir pena alguna se trataba de un supuesto que vendría a regular un estado de cosas ilícito, pero no punible (rechtswidrig, aber nicht strafbar).

Por su parte, en Holanda, a partir de una serie de sentencias de los años ‘90, la jurisprudencia penal, influida por un sector minoritario de los comentaristas británicos y de la doctrina del ámbito germánico, adoptó el criterio de la viabilidad extrauterina para determinar el límite a partir del cual debía de considerarse la vida en gestación como vida independiente. Como consecuencia, en dicho país, se castiga como homicidio o asesinato la causación voluntaria de la muerte del feto a partir de la vigésimocuarta semana de gestación. Esta situación influyó en cuatro sentencias aisladas de nuestro Tribunal Supremo, en relación con la aplicación de los delitos de lesiones, de los años 1997, 1998 y 1999, habiendo después el Alto Tribunal retomado el criterio tradicional para distinguir el límite entre el objeto material del delito de aborto y los delitos de homicidio y/o asesinato, que lo sitúa en la completa separación del feto del claustro materno (el momento del nacimiento).

Entre los países democráticos más permisivos que España pueden citarse, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes. Muchos de ellos pertenecen a países de la antigua órbita de influencia soviética. Entre los de Europa occidental sólo Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia,  Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Suecia y el Reino Unido. Entre el resto de países europeos democráticos –considerando como criterio para su definición como democráticos su inclusión en el Consejo de Europa-, encontramos bastantes más: Albania, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, la Antigua República de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. En América, los Estados Unidos de América (según los Estados), Canadá y Puerto Rico. Por su parte, los Estados que mantienen legislaciones más prohibicionistas son Chile y El Salvador, dejando aparte algunos Estados mexicanos. En este sentido, la legislación mexicana varía muchísimo de un Estado a otro, oscilando entre la despenalización en el D.F. y condenas de hasta cincuenta años de prisión en algunos Estados. Por su parte, la legislación de la República del Uruguay es algo semejante a la nuestra, y no me atrevería a decir cuál es más o menos permisiva o restrictiva. En Asia solamente encontramos, entre los países democráticos, regulaciones más permisivas que la nuestra en Baréin y Camboya. Por supuestos, entre los países no democráticos, tanto mal denominados “comunistas” como autocráticos conservadores, encontramos más ejemplos, como la República Popular de China, Corea del Norte o Vietnam. En África todos los países tienen regulaciones más restrictivas que la nuestra, y en Oceanía, la mayor parte de ellos también, aunque varía mucho por países y por territorios dentro de los propios países, como en el caso de Australia.

 

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Sobre la despenalización y permisión del aborto en países democráticos desde la perspectiva de la protección de la vida prenatal. Análisis comparativo sucinto de la situación española regulada por los arts. 142 a 146 del Código Penal, por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE núm. 55, de 4 de marzo), y legislación concordante, especialmente, en el ámbito sanitario by Pablo Guérez Tricarico, PhD is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.

Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia preguntando al autor en pablo.guerez@uam.es, pablo.guerez@gmail.com o @pabloguerez

Otro enlace. Más sobre Podemos: recuperar la política.

noviembre 5, 2014 § Deja un comentario


http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/noticias/6218373/11/14/CIS-Podemos-se-convierte-en-la-primera-fuerza-politica-en-intencion-directa-de-voto.html#.Kku89TwB9yf9jsg

“Sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen con su poderío. Entre vosotros no debe ser así, sino que, si alguno de vosotros quiere ser grande, que se haga vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el servidor de todos” (Mt 20,25-26).

No es sólo la intención del voto del resentimiento y de la indignación, sino también el grito desesperado de los “desecantados” por el “sistema”, a los cuales me sumo. El dato refleja la voluntad de cambio de un electorado decepcionado y, sobre todo, de los colectivos marginados y estigmatizados -a los cuales también me sumo- por la idolatría plutocrática que permitimos que nos domine. En este sentido, yo no soy un “hombre de bien, ley y orden”, sino una persona, con sus defectos o debilidades, pero también con sus virtudes, que cree en su dignidad y en la convivencia basada en valores humanistas, además de cristiano y creyente en la Misericordia divina, fuente de todas las bondades. Ante una sociedad que se ha postrado al dios Dinero y se ha menospreciado a sí misma, negando la dignidad de las personas que la componen, la formación política Podemos simboliza, de algún modo, muchas de las aspiraciones legítimas de aquellos que aspiramos a recuperar una dignidad perdida. Ante el previsible desplome augurado por la encuesta del CIS de IU -cosa que lamento, pues tienen candidatos muy válidos-, urge una alianza estratégica, basada en muchos valores que son compartidos por ambas formaciones, que sea capaz de desterrar los personalismos. Podemos es contingente, pero la voluntad del electorado, especialmente de los más desvaforecidos, es sagrada. Porque nosotros, “we, the people”, somos el pueblo soberano.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

@pabloguerez

Os dejo de nuevo con un enlace musical de mis preferidos para confortar el alma de todas las personas con sensibilidad social, tradicionalmente adscritas a “la izquierda” o “las izquierdas”: https://www.youtube.com/watch?v=hsBo3rN6Z1M

Salud, compañeros.

25-M: European Elections in Spain. Los verdaderos ganadores morales de las elecciones europeas en España: los ciudadanos y los candidatos “amateurs”. Otra política es posible.

mayo 26, 2014 § 1 comentario


 

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Dedicado a las formaciones y a los partidos democráticos pequeños progresistas de toda Europa y, sobre todo, a las candidatas y candidatos “amateurs” de corazón de las fuerzas políticas pequeñas ganadoras de estas elecciones europeas en España; en especial, a Marina Albiol Guzmán (EU-PV), María Lidia Senra Rodríguez (ANOVA), Ángela Rosa Vallina de la Noval (EU-PV), Nuria Lozano Montoya (EU-PV), Lara Hernández García (IU), María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (PODEMOS), María Dolores Lola Sánchez Caldentey (PODEMOS), Carlos Jiménez Villarejo (PODEMOS), Pablo Echenique Robba (PODEMOS), Pablo Iglesias Turrión (PODEMOS), Ángela Labordeta de Grandes (CHA), Florent Marcellesi (EQUO), Jordi Sebastià Talavera (COMPROMIS), Mireia MolÀ (COMPROMIS-IPV), Rafael Polo Guardo (LV), Carolina Punset Bannel (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA), Juan Carlos Girauta Vidal (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA), y Javier Nart Peñalver (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) ¡Enhorabuena a los que han conseguido escaños! Puedo decir que sí me representan, aunque no como delegados de un poder soberano que, desgraciadamente, la UE cedió a las instituciones bancarias en 1992 con el Tratado de la Unión Europea.

Dedicado a Robert Schuman (1886-1963), IN MEMORIAM

 

Los resultados electorales de las últimas Elecciones Europeas dejan pocas dudas sobre el mensaje que el conjunto de la ciudadanía que decidimos ir a votar ayer, aun “in extremis”, quisimos mandar a los partidos políticos. El desplome de los dos partidos tradicionales -el PSOE y el PP-, la entrada triunfal en el Parlamento Europeo de PODEMOS y la subida generalizada de los partidos pequeños, básicamente representativos de un espectro social de centro-izquierda, cuando no de izquierda sin más, renovada y plural, ha canalizado por la vía pacífica de las urnas las frustraciones, las decepciones, pero también las ambiciones y las aspiraciones de mucha gente, joven y no tan joven, de un conjunto muy significativo y significado de la población, el cual, a través de las redes sociales y de otros mecanismos de acción directa y participativa, ha pedido sencillamente, en lo positivo, más (sic) democracia para las instituciones europeas: básicamente, entre otras cosas, que no haya una casta política “chupando del bote” de instituciones europeas no democráticas, al amparo de un Banco sin supervisión de un Tesoro público políticamente dependiente de instituciones democráticas -algo insólito en cualquier potencia mundial y ajeno a cualquier proceso de integración regional en todo el mundo-, que es, básicamente, quien nos “gobierna” directamente en Europa. Pero la ciudadanía ha pedido mucho más: la recuperación de la política entendida en su sentido más noble, como poder de los ciudadanos sobre la cosa común, y su supremacía frente a los poderes fácticos; en nuestra disgregada Europa, sobre todo, al poder de los mercados, que son los verdaderos legisladores que dictan las reglas a las Troikas, a la Sra. Merkel, a los políticos neoliberales y neconservadores que sólo piensan que recortando el gasto público en aspectos esenciales del Estado social -una construcción, la del Estado social, con su “economía social de mercado” ” a la alemana” (sozialmarktwirkshaft) o “a la nórdica”, con sus socialdemocracias tradicionales de los años 60 y 70-, que había conformado la identidad europea por tantas décadas, frente a otros modelos de integración regional en el resto del mundo, y ahogando la demanda interna, haciendo accesible el consumo sólo para unos pocos -los mismos-, es posible mantener la estabilidad del “sacrosanto” déficit público y ofrecer, casi a modo de víctima propiciatoria, a los mercados, el sufrimiento de la población, ya que el crecimiento o el desarrollo económico, sinceramente, no les interesa.

En la otra parte no ya de una ideología, sino de una actitud frente a la política, se sitúan los auténticos partidos ganadores, tanto moralmente, como electoralmente. Felicidades a todos los partidos democráticos que han subido en número de escaños, así como a los nuevos partidos democráticos que han conseguido entrar en el Parlamento Europeo: PODEMOS, Primavera Europea-Compromis-Equo-CHA y Ciutadan’s. Algunos de dichos partidos han conseguido entrar con mucha fuerza, como PODEMOS. A esta formación, de apenas cuatro meses de existencia, le auguro larga vida, así como que sea capaz de tender puentes entre las demás formaciones políticas, ya sean “de izquierda” o surgidas del descontento popular y que abogan por una auténtica regeneración democrática, y que hagan gestos de renuncia a la tan denostada “política de castas”, en la terminología del líder de aquella formación, el Dr. Pablo Iglesias. Como bien recordaba en su excelente discurso de esta noche en una conocida plaza de Madrid, “mañana seguirá habiendo seis millones de parados, y no se pararán los desahucios”. La aspiración del Dr. Iglesias de superar a los “partidos de la casta”, articulando en una organización aspiraciones nacidas en el 15-M, se me antoja quizá demasiado lejana. Pero nunca se sabe. La historia ha dado muchas vueltas, y en los momentos de crisis, en los que el pueblo ha sentido más que nunca pisoteados sus derechos materiales y formales como ahora, puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, el Dr. Iglesias debería ser consciente de una cosa: sin quitarle el mérito indudable del auge de su formación, buena parte de su éxito electoral -que él mismo ha calificado de insuficiente- se ha debido no sólo a la abstención -inferior, por poco, a la de las últimas Elecciones Europeas de 2009-. Como politólogo deberá saber que ha sido favorecido por el sistema electoral de circunscripción única vigente en estas elecciones, algo, por cierto, reclamado por Izquierda Unida y por otros partidos con y sin representación en el Congreso de los Diputados, y que no ha sido suficientemente tenido en cuenta por los analistas políticos “oficialistas”. Éste voto ha sido más generoso y poético de lo que ha parecido, y no puede compararse con hipotéticos resultados futuros o pasados de unas elecciones municipales, autonómicas o generales. Por ello, la consecución de una amplia mayoría social pasa por tender puentes a formaciones políticas con un discurso afín a nivel estatal, tanto de cara a las elecciones autonómicas y municipales, como de cara a las elecciones generales, llevando a la política estatal las propuestas que han sido incorporadas a la agenda europea, algunas de ellas típicamente españolas -o agravadas por el modelo sociopolítico español vigente-. En primer lugar, debería abrirse una reflexión con los movimientos sociales, como aquella formación misma indica, junto a otras como lzquierda Unida, en la que su burocracia interna debería dar lugar, como de hecho está dando, cada vez a nuevas caras y a nuevos modos de hacer política más próximos a la ciudadanía y a los movimientos sociales, no vinculados necesariamente con la antigua historia de la coalición IU y con su antiguo modo de funcionamiento, muy ligado a la realpolitik del aparato del PCE; mucho de esto ya ha sido hecho con la formación de la Izquierda Plural, habiendo integrado a buena parte -si bien no a todo- el ecologismo político español, y ello es de alabar en esta formación en parte “tradicional”, que surgiera históricamente para plantar cara a la “esquizofrenia” socialista ante la entrada de nuestro país en la OTAN, bajo la presión de unos Estados Unidos dominados por una política reaganniana al borde de una verdadera legitimación democrática en ejercicio.

En un análisis político de la jornada electoral de ayer, no se me oculta el impacto social de que en Cataluña Esquerra Republicana haya sido la primera fuerza política; al margen de su proyecto europeo, muy encomiable en muchos puntos, no puedo dejar de avdertir un factor de estabilidad política cuya responsabilidad trasciende a la propia Comunidad Autónoma catalana y es, en parte, imputable a una política muy agresiva del Gobierno central sustentado por el Partido Popular. Personalmente, me cuento entre los que opinan que la secesión de Cataluña es un error y supondría un perjuicio no sólo para el resto de España, sino para la propia formación catalana. Siempre he sido enemigo de los nacionalismos -que no de los nacionalistas pacíficos-, aunque el provincianismo que ellos destilan pueda ser explicable por el descontento de estar siendo manejados por fuerzas que no controlan. Frente a ello, no considero que haya que blandir la Constitución Española -fruto de un consenso y de un esfuerzo muy complicado, hija de su tiempo, desde luego más noble que éste, y que difícilmente pudo haberse hecho mejor-. Basta con recordar a las formaciones independentistas o “sólo nacionalistas” (como CiU, que iniciara el proceso del referéndum y ahora se ha visto castigada; no me extraña: los ciudadanos suelen ser más coherentes y sensatos que sus líderes, y cuando se inicia un proceso de estas características es natural que hayan preferido el original a la copia) algo muy básico en la política europea: el principio de subsidiariedad, que viene a decir, explicado de una manera sencilla, que cuando alguna política puede hacerse desde un territorio u organización administrativa menor, es ésta la competente para hacerla, sin recurrir a las grandes instituciones europeas. España no es una amenaza para Cataluña, sino al revés. Otra cosa es su casta política.

En otro orden de cosas -y aunque no haya sido un problema que se haya dado en España-, no puedo terminar un post sobre las Elecciones Europeas sin manifestar mi preocupación sobre el auge de los partidos de extrema derecha en varios países europeos, desde Francia -con la victoria electoral del partido de Le Pen-, a Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría o Austria (con el auge del partido neonazi “Nuevo Amanecer”). Se trata sin duda de una mala noticia, cuyos efectos sin embargo creo que pueden estar limitados por la incompetencia de los propios líderes elegidos. El mayor problema es el problema de fondo: la canalización de los problemas ciudadanos y de su actitud hacia las políticas de recortes llevadas a cabo por los partidos tradicionales tanto de inspiración socialdemócrata como democristiana o popular a través del voto euroescéptico. No tanto por la fueza que estas formaciones puedan hacer en el Parlamento Europeo -puesto que su eficacia, en contra de lo que se nos quiere vender por parte de los dos grupos parlamentarios mayoritarios de la Cámara y de sus partidos nacionales “de casta”, utilizando la terminología del Dr. Iglesias, es muy limitada-, sino en el fomento de actitudes ciudadanas xenófobas, machistas y violentas, contrarias a la tradición cultural humanista europea. Y quien dice en la calle, dice en poderosos sectores de la sociedad civil; fundamentalmente, en pequeñas y medianas empresas de la economía y de la industria urbana y rural -pensemos en el ejemplo de Francia-, cuyos líderes políticos ultaderechistas pueden haber “comprado” ese discurso.

Concluyo con una consideración politológica de carácter general. Es verdad que el déficit democrático de la Unión Europea y, en concreto, del Parlamento Europeo, es cada vez mayor, y que esta Asamblea no ha conseguido asemejarse -siquiera en determinadas políticas- a las Asambleas legislativas de los Estados miembros. Sin embargo, aunque el Parlamento Europeo tuviera los poderes de los Parlamentos de los Estados miembros -siquiera al modo de un Estado federal, distribuyendo las competencias por materias y poniendo fin a la codecisión con el Consejo de la Unión-, la situación nos remitiría al déficit democrático de los Estados miembros: es decir, a la ficción contractualista según la cual nosotros, el pueblo -parafraseando el comienzo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América-, otorgamos a unos representantes nuestro poder para gobernar. Y lo cierto es que, mientras esta ficción no se corresponda al menos con un porcentaje asumible de la realidad política -como lo era en los tiempos de la Guerra Fría-, mientras el dios Dinero siga mandando sobre todo, mientras sean los mercados los que hagan política o manden hacer política a nuestros “representantes”, mientras éstos actúen como representantes de otros, es decir, de poderes económicos conocidos u ocultos -como una especie de “representantes del pueblo de segundo o tercer orden”, será muy difícil volver a hablar de política y de democracia entendidos como el ejercicio del poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (como, por cierto, todavía se mantiene en la actual Constitución Francesa de la V República, artículo 2). La mejor herencia de la Revolución Francesa, la única que ha conseguido “triunfar” durante tres siglos, está en entredicho, e incluye a los llamados por el marxismo “derechos formales”, los derechos de primera generación, que peligran en nombre de la “seguridad nacional” o, simplemente, porque carecen de base material mínima para que los mismos sean, como manda el artículo 10 de la Constitución Española, “reales y efectivos”. Democracia real y participación ciudadana en los asuntos públicos parecen ser palabras huecas. Y contra ese vacío es contra el que se ha rebelado la mayoría del electorado comprometido en las elecciones de ayer. Pero para recuperar un espacio político para los ciudadanos, de nada sirve apelar al “déficit” democrático de la Unión Europea o a la “política de casta”: hace falta, como bien decía el lema de la Izquierda Plural para esta elecciones, recuperar “el poder de la gente”; la igualdad de la gente. No sólo de aquellos a quienes -al menos a los ojos del mundo- “les va bien”, sino, por ejemplo, de los seis millones de parados que, al menos, gracias a las ideas de verdaderos liberales como Voltaire, Rousseau, Jefferson, John Stuart Mill -si bien este último defendió el voto plural, pero no sobre la base de la clase social, sino sobre la base de la formación, así como el voto de la mujer, algo impensable en aquellos tiempos-, y tantos otros, se les ocurrió la por entonces peregrina idea de que el voto de un mendigo debería valer lo mismo que el de un millonario. Y es así: quizá lo único verdaderamente importante que ha quedado del contrato social es la igualdad del voto, derecho absolutamente formal, casi abstracto, pero fundamentalísimo. El parado, el desahuciado, el enfermo, el marginado, el discapacitado, el mutilado, el excuido, el diferente, el disidente, algunos (y sobre este tenemos que seguir trabajando) inmigrantes, las víctimas de un sistema injusto de distribución de la riqueza, las víctimas del sistema hipotecario y crediticio, los que no tenemos nada (nada directamente intercambiable por las migajas del dios Dinero, o para ofrecer en su altar, ni siquiera prole); en definitiva, los miserables -mis honores para el gran Víctor Hugo-, tenemos el mismo derecho a votar que el señor Botín. O el señor Blesa. O el señor Bárcenas. Al menos hasta ahora. Hasta que seamos realmente importantes y los poderosos cambien hasta el sistema de representación “formal”, dando el voto a los bancos y volviendo al sufragio censitario: ¿os parece un panorama tan distópico como para ser irrealizable? Ojalá me equivoque, pero como los ciudadanos no nos movamos a través de los nuevos canales de comunicación que la llamada sociedad de la información ha puesto a nuestra disposición, como las redes sociales -hasta que sean controladas del todo o censuradas por el gran Poder económico-político, es decir, por el Poder Total que, sobre la base del culto al Dinero, trata de imponerse en todo el mundo, a partir del Club Bilderberg y de un club superior de cuyo conocidísimo nombre no quiero acordarme-, vamos a ver cosas peores.

Sin embargo, no es éste el momento para ponernos pesimistas. Lo importante es que los ciudadanos que realmente queremos un cambio en la política hacia medidas sociales y de regeneración democrática nos movamos y podamos articular una amplia base social -utilizando, como se ha dicho por varios partidos pequeños, “la forma” del partido político, en palabras de varias de las formaciones “pequeñas” triunfadoras de la noche de ayer para concurrir a los niveles inferiores de Poder, como son los de la representación formal de los ciudadanos en los órganos políticos, pero no sólo-; y ello con el objetivo de conmover, siquiera un poquito, las estructuras del Poder y poder plantar cara a nuestras justas reivindicaciones. En concreto, creo que las siguientes reivindicaciones pueden estar compartidas por una amplia base del electorado y de los candidatos (¡viva la política amateur en el mejor mentido, como todo lo amateur, incluido el deporte, en el mejor de los sentidos), y en relación con el caso español -aunque no exclusivamente-: la supremacía de la política y de la economía denominada “real” frente a la economía especulativa (definida como financiera y no real, cuando desgraciadamente es más real que la otra); la lucha contra la corrupción en los partidos políticos y en las instituciones para políticas como las entidades bancarias; el trabajo constante para la corrección de las desigualdades; la finalización de la ficción jurídica de la libertad de contratación entre personas físicas con problemas y grandes personas jurídicas, especialmente las entidades bancarias y las multinacionales; el fin de los privilegios de Derecho civil y fiscales para estas personas jurídicas; el cese de la insostenible situación en un Estado social de los desahucios y la aprobación de la dación el pago; la instauración de una renta de ciudadanía; la aprobación de una tasa para las grandes transacciones financieras internacionales y el levantamiento de las trabas que, en nombre de la lucha del blanqueo de capitales, se imponen al comercio normal de los ciudadanos, para transacciones inferiores a 12.500 euros; la eliminación en lo posible de todas las formas de intermediación y gestión económica de la propiedad personal de las personas físicas, desde los mecanismos de inversión hasta la reinvención de la propiedad intelectual; en este sentido, la promoción de licencias de cultura libre del tipo de Creative Commons y de conocimiento compatido, tanto para la propiedad intelectual como para la industrial, y la reforma de la legislación en materia de propiedad industrial para promover un comercio justo con los países del Sur; la promoción de la paz y de la democracia auténticas en todos los rincones de la Tierra; la apuesta por el desarrollo de energías sostenibles e innovadoras y la valorización del conocimiento y su trasferencia a la sociedad -no sólo a algunas multinacionales-, a través de convenios entre universidades, fundaciones e institutos de investigación con cooperativas y formas de gestión económica societarias, sin descuidar la investigación básica, a la que habría que prestar el mayor apoyo con objetivos a largo plazo; en definitiva, la opción por modelos productivos de desarrollo que favorezcan la creación, transmisión, crítica y transferencia del conocimiento científico, técnico, artístico y humanístico entre toda la población y la distribución equitativa de los bienes culturales directamente derivados de dicha transmisión, así como la distribución y, en su caso, la redistribución de la riqueza y del bienestar derivado de una utilización de dichos bienes en equidad, en beneficio de todos los ciudadanos y, especialmente, de los más necesitados y desfavorecidos. Y esto sólo en economía, que parece ser la “ciencia” que guarda el “fuego sagrado” de nuestro tiempo, la “cifra”, en palabras del filósofo Jaspers, de la post-post modernidad. De los demás ámbitos de la actividad humana, aplastados por la economía -o por lo que dicen ser economía-, espero tener ocasión de tratar, bien en este blog por su temática relacionada con los fenómenos de victimización, además del análisis social, bien en Twitter (@pabloguerez), o en algún lugar de la red.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

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