Interesantísimo artículo sobre la exclusión de trabajadores no tan jóvenes hipercualificados de los nuevos modelos de sistema productivo: ¿importa el sistema o la persona?

febrero 23, 2015 § Deja un comentario


 

A mis padres

No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre (Mc 2, 27)

No podéis servir a Dios y al dinero (Lc 16, 13)

 

Enlace:

http://interesproductivo.blogspot.com.es/2015/02/el-arte-de-dirigir.html

Poco más que añadir. Las consideraciones sobre esta cuestión las he expuesto en múltiples entradas en este blog. Para los que “aterricen” por primera vez aquí, escribiré sólo un lacónico comentario sobre el reconocimiento laboral (el social lo voy a omitir por esta vez, pues podéis deducir mi pensamiento de la lectura de varias entradas anteriores sobre la situación de los desempleados calificados en España. Entre éstos, recomiendo la relectura de

http://pabloguerez.com/2014/05/22/los-parados-hipercualificados-una-nueva-forma-de-discapacidad/

Algunos estamos dispuestos a trabajar como “Seniors”, que es lo que somos, o para lo que nos hemos formado, aun aceptando sueldos para “Juniors”, aceptando con resignación cristiana nuestra santificación por el trabajo y la acción de la Divina Providencia que nos ha colocado -o a permitido que se nos colocara- en una situación tan triste según los criterios del mundo, pues el mundo adora al ídolo Dinero, pero que no lo es para nosotros, si no fuera porque a veces tenemos que llegar a componendas con el mundo. Así que no nos importa asumir la sobriedad de vida de un trabajo que nos asegure nuestro decoroso sustento sirviendo a la comunidad con los talentos que nos ha dado Nuestro Señor, a imitación de Aquél que, teniéndolo todo, se hizo pobre y quiso nacer humildemente, y pasar como hijo de un carpintero.

Comentario a un artículo de “El Confidencial” sobre el trabajo de Profesor de Universidad

septiembre 9, 2014 § Deja un comentario


¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que entrarían (Mt 23, 13-14). 

 

Estimados amigos, compañeros, profesores, estudiantes, familiares, ciudadanos y más de 6.000 lectores y visitantes de mi blog:

 

Os dejo un link del periódico “El confidencial” sobre “los males de la Universidad española” y mis comentarios al respecto, ligeramente ampliados en esta entrada. Son comentarios de alguien que tiene su corazón en la Universidad y en el claustro de profesores, pero que ya no es, como sabéis, y como le ha sido dicho con un lenguaje más propio de otras organizaciones, “uno de los suyos”.

 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-07-07/los-8-males-del-profesor-universitario-es-uno-de-los-trabajos-mas-toxicos-que-existen_156018/

 

Buenas tardes. Permítanme que haga una breve presentación de mi perfil universitario, a los principales efectos de justificar mi experiencia y conocimiento del sistema universitario español, pasa pasar seguidamente a comentar someramente este artículo.

 

He sido profesor honorario (sin cobrar nada) de una de las Universidades más prestigiosas del país durante tres años. Actualmente estoy en situación de legal de desempleo desde ese tiempo, y sin percibir prestación ni ayuda social alguna. Anteriormente trabajé con contrato laboral temporal -algo sólo permitido legalmente a las Universidades-, durante seis años y medio y, previamente, obtuve una beca predoctoral de cuatro años concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A pesar de ser Doctor “cum laude”, Premio Extraordinario de Doctorado y acreditado para plazas de profesorado permanente por la Agencia de la Acreditación, Calidad y Prospectiva de la Comunidad de Madrid, no encuentro trabajo. De nada.

 

Como comentaba al principio, y en estricta observancia de las normas de esta Comunidad, a la que agradezco la posibilidad de expresar mi opinión, lo que he escrito lo he hecho con la finalidad de fundamentar mi experiencia y mi conocimiento del sistema universitario español, de sus grandezas y de sus deficiencias.

 

A mi juicio, los principales problemas del sistema universitario no son ni la sobrecarga administrativa -aunque a mí me pasó factura-, ni el modelo feudal denunciado en el artículo -hoy mezclado con un régimen de control de agencias de calificación que hace que se potencien los efectos negativos de uno y otro modelo-, ni otros -a mi juicio anecdóticos- que se mencionan. Aunque me ha alarmado que se denuncie como problema generalizado el acoso por parte de alumnos. Admito el mobbing entre compañeros, pero el acoso por parte de los alumnos me suena a la típica herramienta de pendiente resbaladiza de la derecha no democrática para cargar sobre los alumnos las frustraciones de los profesores, implantar métodos docentes retrógrados basados en la autoridad y no en el respeto e impedir un aprendizaje autónomo por parte de éstos, que, no lo olvidemos, deberían poder acceder a las élites -abiertas, por supuesto- del mañana. Los profesores nos debemos a ellos y, en buena medida, muchos “viejos profesores” lo han olvidado. A mí, los estudiantes universitarios no me han dado más que satisfacciones en mi trabajo. Como entiendo que no puede ser de  otra manera.

Así que, desde la perspectiva que aquí sostengo, los principales problemas de la Universidad española actual son, a mi juicio, básicamente dos, y afectan, sobre todo, al reemplazo generacional.

En primer lugar las bases de ambos problemas se encuentran en el tremendo desfase entre el tiempo de la Universidad y el tiempo de la vida actual, que viene a coincidir, mal que nos pese, con el tiempo del mercado de trabajo, especialmente dominado en nuestro país por la idealización de la prisa y del cortoplacismo eficientista. La Universidad pública española ha exigido -por el reconocimiento que históricamente tuvo,  sobre todo fuera de las fronteras de nuestro país-, un tiempo de “formación” integral no agotada por la elaboración y redacción de una tesis doctoral; un “tiempo” muy superior al de la empresa privada e incluso al del sector público, formación que el último decreto sobre los estudios de Doctorado ha intentado recortar, como casi todo en este país, al amparo de la “convergencia” con el llamado espacio europeo de Educación Superior, limitando los Doctorados a tres años prorrogables e incorporando como paso intermedio la dudosa titulación del Máster Universitario de investigación. Sin embargo, hasta la última reforma de los estudios de Doctorado en 2011, el tiempo de tesis doctoral -que no es sólo el tiempo de realización de la tesis, sino tiempo de formación general, de colaboración en tareas docentes, de docencia real, de tareas administrativas, de trabajos por encargo-, se había alargado tanto que, para cuando una persona consigue tener un perfil universitario ideal, tiene de media 34 años, según la última encuesta del CIS al respecto. Parece que este país no conoce el término medio: o hacer tesis titánicas que más bien parecen tratados en las que se inviertan ocho, diez o doce años de trabajo, o realizar “tesis-express” puramente de especialización para adaptarse a las exigencias de no se qué mundo laboral. Como en tantas otras cosas, en este país, el término intermedio no existe. No quiero extenderme con ejemplos de Derecho Doctorado, pero en Alemania, donde se exigen tesis más breves, por ejemplo, un tiempo de investigación doctoral de cuatro o seis años es perfectamente asumible por el sistema universitario.  Y en los Estados Unidos el tiempo dedicado a cursar estudios de Doctorado (Phd degree), con un reconocimiento social y económico envidiable, si bien varía bastante según las Universidades, se sitúa de media entre los cuatro años para las disciplinas más científico-técnicas y los diez años para los estudios de Antropología. En cuanto a mí y a mis circunstancias típicamente hispánicas, que para mi tesis tuve que aprender alemán a un nivel académico desde la nada -incluidas estancias de investigación en Alemania-, y a pesar de que me cambiaron las reglas del juego una vez iniciada la partida, me doctoré algún año antes por encima de la media española, pero lo que percibíamos muchos Ayudantes cuando comenzó la crisis universitaria, antes de que comenzara la crisis general, era que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca conseguiríamos estabilizarnos, pues los Rectorados iban a cerrar el grifo de las plazas permanentes, tanto laborales como de cuerpos docentes universitarios, especie por cierto intocable en nuestro sistema universitario público y especialmente privilegiada de funcionarios, a la que todo le es permitido, desde el “simple” abandono de sus labores docentes hasta comportamientos y decisiones basados en la más absoluta discriminación por razón de sexo, salud o cualquier otra circunstancia personal o social, o el acoso sexual en toda regla, pasando por la inobservancia supina de la Ley de Incompatibilidades. Por supuesto, todo ello sin consecuencias. Pero no es mi intención hablar de ello con mayor profundidad en esta entrada. Allá cada uno con su conciencia.

El segundo gran problema, consecuencia en buena medida del anterior, es decir, de la falta de voluntad política de reemplazo generacional desde hace ya demasiado tiempo, es que, precisamente como los que tenemos un currículum laboral-universitario y no conseguimos obtener plazas, nos vemos abocados a entrar en el “tiempo” que nos corresponde. En el de personas de la década de la treintena cuya vocación universitaria ya no puede compensar por sí misma las necesidades de una persona que, no ya por su edad, sino por sus méritos, debería tener un “status” de “senior”. En lugar de esto, nos encontramos sin trabajo y en peores condiciones de quienes todavía no han acabado la carrera. Es una de las manifestaciones de la hipercualificación, tan penalizada en este país debido al cortoplacismo empresarial y social imperante, de la que ya he hablado en otro lugar. El sentimiento de frustración de muchos expulsados como yo, además, agrava las secuelas psicológicas de nuestra situación y hace más difícil que consigamos, literamente, “rehacer nuestra vida”. Porque, a pesar del sentimiento de frustración que nos produce el ver nuestra carrera universitaria truncada, algunos, como yo, seguimos teniendo vocación universitaria y creyendo en la Universidad como un proyecto de comunidad de vida, más que como en un trabajo.

Por tanto, la aportación que quisiera realizar a este foro es que debería distinguirse muy bien entre profesorados permanentes y quienes no lo son. No digo que éstos no tengan problemas, no estén lo suficientemente remunerados ni reconocidos como debieran ni sobrecargados administrativamente, ni que no se les haga injusticia. Pero, aun con todo, si tienen vocación, están desempeñando, a mi juicio, una de las mejores profesiones que existen. Con gusto volvería yo a la Universidad con un puesto de profesorado permanente cobrando 1.500 euros, que es el último sueldo que percibí, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el mercado de trabajo. Por ello, cuando escucho a mis ahora ex compañeros -en realidad soy yo el ex compañero, puesto que han echado ellos- hablar de estas cosas, no puedo menos que indignarme o, en el mejor de los casos, ruborizarme. Porque no puede compararse la frustración de un Vicedecano sobrecargado con puesto fijo, o el un Profesor Titular que no llega a Catedrático, por ejemplo -por legítimas que sean estas quejas-, con la de quien ni siquiera está en situación de pedir una ayuda social con treinta y pico años tras trece años de dedicación a la Universidad lo mejor que ha podido.

 

Así que, si realmente se quiere dignificar a la Universidad, ábranse las promociones por abajo, puesto que son su futuro, y éstas asumirán con gusto las cargas de la burocratización, la endogamia y los demás males que denuncian aquellos que tienen dentro de la Academia la vida resuelta. Es más, estoy convencido de que el reemplazo generacional constituirá un elemento muy positivo para una reforma material -no política- de la Universidad, y redundará en provecho de la comunidad universitaria en su conjunto, para que aquella pueda servir a la principal finalidad que le ha sido encomendada por todas las leyes democráticas universitarias de nuestro país: la creación, desarrollo, transmisión y crítica del conocimiento, el arte y la cultura.

 

Vivat Accademia, vivant Professores

Vivat Accademia, vivant Professores

Vivat membrum quodlibet

Vivant membrae quaelibet

Semper sint in fiore, Semper sint in fiore.

 

Hasta aquí mi comentario: Sobre la hipercualificación y sus perniciosos efectos en el mercado laboral, recomiendo otro enlace en el mismo periódico digita. Son hechos: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-09-09/el-paro-de-los-espanoles-con-estudios-superiores-triplica-la-media-de-la-ocde_188713/

 

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De nuevo sobre el problema de la hipercualificación y contra la crítica a la presunta “ociosidad” de la juventud sin trabajo

julio 8, 2014 § 1 comentario


Creo que hay que reconocer que los jóvenes más inteligentes de los países occidentales tienden a padecer aquella clase de infelicidad que se deriva de no encontrar un trabajo adecuado para su talento (…) El cinismo que tan frecuentemente observamos en los jóvenes occidentales con estudios superiores es el resultado de la combinación de la comodidad con la impotencia. La impotencia le hace a uno sentir que no vale la pena hacer nada, y la comodidad hace soportable el dolor que causa esa sensación (Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, 1930)

 

La lucidez y la clarividencia del gran matemático, fílósofo, lógico, epistemólogo y humanista Bertrand Russell, quen ganara el Premio Nobel de Literatura escribiendo prácticamente sólo ensayo, hacen que sus siempre textos de referencia, escritos en la mejor tradición de la prosa anglosajona, hablen por sí mismos y no merezcan comentarios. Por esta razón, me limitaré a subrayar la actualidad de esta reflexión de Russell, que mantiene plena vigencia en el tiempo presente.

En una entrada anterior expresé una idea ciertamente iconoclasta, en la que describí como acreedora a una nueva forma de discapacidad a la persona hipercualificada, joven o no tanto, pues la formación de la buena necesita su tiempo y su madurez, más allá de las modas impuestas por las supuestas necesidades de innovación que tan bien parecen interpretar los políticos, con su incesante reforma de las enseñanzas regladas con el único objeto no declarado de sumir a la Academia en una vorágine burocráctica que, cual Leviatán acaba por fagocitarse a sí misma. En aquella entrada, como recordarán mis lectores, me aventuré a definir al parado hipercualificado como una persona extraordinariamente formada -no sólo en un ámbito del conocimiento humano, pues todo conocimiento está interconectado-, la cual, precisamente por su peculiar estilo investigador y su profundo amor al conocimiento teórico -no digamos ya si posee un Doctorado, cuyo contenido ha querido aligerarse en los últimos años con el pretexto de la convergencia con el proceso de Bolonia-, estaba en estos tiempos en peores condiciones de obtener un puesto de trabajo “normal” o, si se quiere, empleando términos más ampulosos de la sociología sistémica moderna, “disfuncional” para el sistema. Un sistema de producción y distribución de bienes que se basa en un estadio de la economía capitalista que parece que ya no da más de sí, y en el que la brecha entre los llamados “creadores de empleo” o “emprendedores” y los trabajadores va aumentando cada vez más, tanto en poder adquisitivo como, sobre todo, en el diverso estatus social de unos y otros, a quienes se les reconoce, de facto, un diferente estatus jurídico, con menos derechos y con menos dignidad. Pero sobre ello ya he tratado largo y tendido en otras ocasiones. Fijémonos en la cita de Russell: a diferencia de algunos “discursos” que ahondan en la idea de que la “titulitis” ha sido el mal endémico de la juventud española, y de que los jóvenes -y aquellos no tan jóvenes que han perdido el trabajo-, no quieren trabajar, Russel se fija en el aspecto psicológico, causa de infelicidad en los jóvenes universitarios, los cuales, como el propio Russell reconoce, desarrollan sus propias estrategias de evitación emocional para no sucumbir ante lo que el autor, en capítulos atrás, hubiera magistralmente como la mayor de las desdichas psicológicas, la “infelicidad byroniana”, en honor a Lord Byron. En lo referente a la infelicidad de la que trata el párrafo citado, el aspecto psicológico comprende, aunque no lo agota, un doble sentimiento de frustración por parte de las personas cualificadas que no pueden acceder a un puesto de trabajo acorde con su formación -lo que significa, ni más ni menos, ¡un puesto que van a desempeñar mejor que otras personas no cualificadas!, y eso se les olvida a muchos de aquellos que ven la solución al problema del desempleo en España en que los ingenieros, por poner un ejemplo, se vayan a servir cafés a Londes (escuchado en el Congreso de los Diputados, sic.)-. Por esta razón cuando he expresado en anteriores entradas que lo que produce frustración a muchas personas hipercualificadas es su profunda sensación de no poder devolver a la sociedad, en términos de progreso y de desarrollo económico, aquello que la sociedad -muchas veces con los impuestos reamente pagados, y que normalmente son los impuestos que recaen sobre las nóminas, pensiones e ingresos regulares directamente controlables por el fisco- ha invertido en su formación. A esta primera frustración se añade el pesar derivado de la constatación que mucha gente, de cuyas buenas intenciones no cabría dudar, y que han pagado impuestos para formar a los mejores talentos del país, se suma a los argumentos populistas del estilo de que “si los jóvenes y/o los parados no trabajan es porque no quieren, porque podrían trabajar perfectamente limpiando suelos o de reponedores por 400 0 600 euros mensuales con jornadas de 12 horas”. Exceptuando a nuestros políticos, prefiero pensar que la pobre gente que utiliza estos argumentos lo hace con buenas intenciones; no obstante, permítaseme destacar algunas características que se suelen dar en la gente que busca este tipo de “soluciones” al desempleo juvenil y cualificado. Por mi experiencia, he podido constatar que se trata de personas, digamos, al menos de clase media acomodada, con un puesto fijo -algo ya impensable en la “nueva economía”-, y con cierta formación -más bien titulación- universitaria, por cierto, la mínima formación académica instrumental que les permitiera en su día acceder a puestos de trabajo clásicos como empleados de banca, corredores de seguros, asesores, e incluso abogados.

La solución al tremendo drama del desempleo juvenil y no tan juvenil cualificado tiene que venir, por el contrario, de un replanteamiento de las estructuras económicas que sirven de base a la superestructura jurídica constituida por el Estado. Mis lectores podrán reprocharme la falta de rigor científico en la elección deliberada de términos marxistas -o marxianos-, pero éstos son los que expresan más que nunca la actual supremacía de la economía frente a la política en la más noble de sus acepciones, es decir, el arte del buen gobierno de la cosa pública en aras al Bien Común.

Lo que ocurre con el drama al que acabo de aludir es que no es sino el corolario necesario del actual estadio del sistema capitalista; comoquiera que la educación, como derecho prestacional de un Estado social cada vez más en crisis, se ha escindido del fomento del empleo, por parte de los poderes públicos, que tenga en cuenta el grado de formación para que los mejores talentos puedan desarrollar las competencias y las habilidades adquridas durante su largo proceso formativo, muchos ellos no encuentran salidas en empleos acordes a su formación. Nótese aquí cómo estoy presentando el problema desde un punto de vista de cálculo de la eficiencia económica: una de las funciones del Estado social y del Estado de bienestar consiste en ofrecer canales entre la educación y el empleo, pero no para satisfacer el orgullo -ni siquiera la dignidad- del trabajador cualificado o hipercualificado en paro, sino para lanzar el gran reto al sector productivo privado de contar con gente de elevada cualificación, la cual, en puestos directivos, garantizará seguramente a largo plazo el desarrollo de empresas concretas y, con ello, el desarrollo del país. Dicho de una manera mucho más simple: el hecho de que haya “muchos ingenieros sirviendo cafés” puede ciertamente contribuir a culivar la virtud de la humildad de los ingenieros, pero resulta tremendamente disfuncional para un sistema socioeconómico que no esté centrado exclusivamente en obtener beneficios a corto plazo. Si hay ingenieros de caminos sirviendo cafés, significa que no se construirán puentes, como no habrá progreso tecnológico si los informáticos se dedican a limpar escaleras. Y todos convendremos, incluso desde un punto de vista de estricta eficiencia económica, que un país moderno debe apostar por el trabajo cualificado enmarcado en una dirección empresarial con anchura de miras, sobre todo, como respuesta a “los retos” de la tan cacareada por los actores sociales y políticos “sociedad de la información y del conocimiento”, la cual ya adelanto, desde mi punto de vista, que no es sino una “sociedad de la desinformación y de la ignorancia”. Sin embargo, y analizando la realidad social española -pero no sólo, puesto que sobre ella influyen premisas ideológicas disfrazadas de ciencia económica basadas en el austericidio, cuyas consecuencias en orden a cualquier recuperación económica siempre son omitidas por los “sabios” de la Troika y de las instituciones clásicas del orden mundial surgido tras los acuerdos de Bretton Woods-, me temo que nos hemos topado ante uno de los principales escollos: la combinación, terrible, entre “emprendedores” que sólo buscan el beneficio a corto plazo e intentan minimizar el riesgo, con lo que siguen empeñándose en procedimientos y en maneras tradicionales -y ello dificulta la contratación de personas con elevados conocimientos pero con capacidad realmente crítica y transformadora-, y una banca caracterizada por privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, con el apoyo de los Gobiernos a los que sustenta, que no dudan en “echarles un cable”, vía línea de crédito o directamente de préstamo con dinero que sale de los contribuyentes y cuya supervisión brilla por su ausencia.

En este contexto socioeconómico, las palabras de Russell cobran nuevos matices en el ámbito psicológico. Russel habla de impotencia, pero la impotencia no es más que el reflejo psicológico de la lucha por la dignificación del trabajo cualificado que resulta menospreciado por el connubio Estado-Banca-Empresa. Y la comodidad no deja de ser una huida humana, muy humana, que alivia el dolor, el que previó Russell y el dolor más existencial referido al sentimiento personal de autofrustración y falta de dignidad a que siempre lleva el talento desperdiciado. Tras este análisis, ¿realmente puede alguien en conciencia reprochar humanamente a los jóvenes sin empleo o a los parados que han perdido el suyo, después de que éstos hayan “quemado”, muchas veces casi literalmente, los mejores años de su vida en la preparación para carreras vocacionales con la esperanza no sólo de ganarse la vida, sino de contribuir al desarrollo del país? Que cada uno responda a esta pregunta en conciencia.

Sobre este problema, tenéis más referencias en este mismo blog en http://pabloguerez.com/2014/07/08/de-nuevo-sobre-el-prolema-de-la-hipercalificacion-y-contra-la-critica-a-la-presunta-ociosidad-de-la-juventud-sin-trabajo/.

 

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD. /Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

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Los parados hipercualificados: ¿una nueva forma de discapacidad?

mayo 22, 2014 § 3 comentarios


A mis Padres, Hijos de Tiempos más nobles

 

La noticia de que muchos jóvenes -y no tan jóvenes- con estudios universitarios en paro en este país que se ven obligados a adelgazar sus currícula es más que una leyenda urbana. Es así, y ya me he encontrado con bastantes que sostienen que eso es mejor que nada. Ya dejen de ocultarse en los currícula ingenierías, o cualesquiera clase de estudios superiores. En la vieja Europa del Sur, con España a la cabeza, hemos llegado a un punto en el que algunos casi tenemos que pedir perdón por tener tanta formación. Formación, muchas veces, que ha sido sufragada gracias al sacrificio de miles de ciudadanos, de cualquier extracción social -más bien de la clase media empobrecida y de las clases bajas-, a través de impuestos cuya carga, como es notorio, ha recaído casi siempre sobre los ingresos fácilmente detectables por el Estado, es decir, sobre las nóminas de los ciudadanos asalariados, y, en menor medida, sobre el consumo de profesionales, consumo interno que no ha hecho más que decrecer por la crisis, según datos del propio Gobierno.

Ante la situación de paro insostenible que vive nuestro país, cabe formular una pregunta legítima, que quiero lanzar por primera vez a los actores económicos, políticos y al resto de la ciudadanía: ¿no será la hipercualificación, o sobrecualificación, una nueva forma de discapacidad? ¿O, al menos, su equivalente funcional en una sociedad que no funciona económicamente como cabría esperar de una sociedad desarrollada y avanzada? Desde estas breves líneas, que no pretenden otra cosa sino iniciar un debate en este sentido, ésta es la hipótesis que pretendo defender: la hipercualificación es una nueva forma de discapacidad en la medida en la que dificulta, cuando no impide, el acceso a un trabajo adecuado a su formación, cuando no inadecuado, a miles de personas, simplemente por la razón de que nuestro actual modelo económico -que no me atrevo a llamar productivo- o, para que se entienda más claramente, “las empresas”, no están por la labor de invertir a largo plazo y de apostar por la innovación -a través de la creación de perfiles cualificados-, sino que desean simplemente mantener sus beneficios a costa de una plantilla de trabajadores semicualificados o no cualificados que les sigan reportando los mayores beneficios sin el menor riesgo. O, dicho en otros términos, privatizando sus beneficios y socializando sus pérdidas, cuando no recurriendo a las subvenciones del papá Estado del que nunca se separaron por completo aquellos que se tildan en este país de picaresca de “liberales”. Esta actitud empresarial, en un contexto recesivo o de grave crisis económica, resulta muy racional para los empresarios, pero nefasta para el conjunto de la sociedad. En términos estrictamente macroeconómicos aboca a otra recesión, a más despidos masivos como los que ya hemos presenciado y al abaratamiento de los costes sociales que tanto ha costado conseguir. La propia demanda interna de la clase media-alta se ve resentida, y es en ese punto quizá en el que las personas hipercualificadas podamos hacer algo. Pero una vez que la sociedad económica se ha conformado con una plantilla x para mantener una situación de primacía económica sobre su competencia, cuando no directamente se producen acuerdos colusorios entre las empresas, la apuesta por la .innovación y la creación de perfiles económico-laborales que cuestionen el status quo no resulta ya atractiva para dichas empresas. O, mejor dicho, para las personas que están detrás de dichas empresas. Se les presentan plazos demasiado largos y apuestas de riesgo en un contexto económico hostil del que no son capaces de entrever un horizonte distinto; es normal que no quieran arriesgarse, su mediocridad y cortedad de miras les lleva a ello. Sin embargo, sin el riesgo empresarial nunca ha habido crecimiento ni progreso, ni para la propia empresa ni para la sociedad. Ello revela la poca altura de miras de nuestra clase empresarial de “emprendedores”, como gusta llamarla a nuestra clase política.

La hipercualificación podría entonces definirse como una discapacidad, en sentido amplio, o al menos, en el equivalente funcional de aquélla, constituida por la situación de grave incapacidad que a muchas personas toca padecer para acceder a un puesto de trabajo, ya sea este último acorde con su hipercualificación -porque estructuralmente no se han previsto los mecanismos para su incorporación-, ya sea inferior -por el miedo del empresario a que el orgullo de la persona hipercualificada o su falta de formación específica en relación con el puesto que se le oferta pueda afectar al proceso productivo, ¡cuánto más si se contagia a otros trabajadores!-. Desde un punto de vista de sociología económica podría definirse la hipercualificación como la discapacidad funcional que sufren ya varios miles de personas -muchas en nuestro país- por el hecho de encontrarse en peores condiciones ex ante a la hora de encontrar cualquier puesto de trabajo, incluso muy inferior al que les correspondería en justicia según su grado de formación; ¿la causa?: en un contexto económico recesivo o, en cualquier caso, caracterizado por políticas procíclicas que priman la llamada “austeridad” frente a las políticas de crecimiento basado en el I+D+I, el puesto de trabajo natural para dichas personas ya no resulta atractivo para las principales empresas del mercado, incluidas las multinacionales. Por otra parte, la gran valoración social (simbólica, pues no es otra cosa, pero en el análisis social el funcionalismo sistémico nos enseña que los símbolos tienen importancia) de la juventud exige mano de obra muy joven para trabajos poco cualificados, basados básicamente en el aprendizaje automático y en el cumplimiento de unas pocas instrucciones mecánicas, así como en la fuerza física (este último argumento explica también, junto con otros que no es necesario apuntar aquí -como la posibilidad de embarazo-, la todavía notable preferencia -discriminación, en términos jurídicos- que lleva a cabo el mercado de trabajo privado de varones frente a mujeres, preferencia que, curiosamente, tiende a decrecer a medida que escalamos hacia trabajos más cualificados en los que las competencias de varones y mujeres se igualan, no precisamente “a la Cañete”, sino en una progresión favorable a la mujer (mayor estabilidad emocional, además de poseer, en general, o al menos así lo establecen las últimas estadísticas psicométricas, el mismo nivel en el rango de competencias más altas -como la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto, con un nivel de desviación típica en la estadística menor al 10%). El sector público, con su prohibición de discriminación -dejo a parte a las Universidades públicas con su famosa autonomía (¿o debería decir endogamia?), trata de compensar esta situación de discriminación entre varones y mujeres con acciones positivas (esto también es Derecho europeo). Aunque esto tiene a mi juicio una pega, o más bien un efecto secundario: como no vivimos en un país socialista, sino en un mercado libre en el que el empleo público se presenta como una rara avis, el legislador tiene que tener presente las posibles disfunciones sobre el mercado laboral general: una tendencia que ya se advirtió en los años de bonanza, y que motivó el escoramiento de las mujeres hacia puestos públicos que favorecieron su estabilidad y su progresiva ausencia de los centros directivos de las empresas privadas. Desde mi punto de vista convertir a todas las mujeres en funcionarias y todos los hombres medios en empresarios sería una distiopía peor que la situación social de los años 50 y 60 en nuestro país, antes de la revolución de la mujer y de las revoluciones feministas. Sin embargo, esta situación no se va a producir, por el simple hecho de que el sector público está en un peligroso retroceso que va a afectarnos muy negativamente a todos, varones y mujeres.

Volviendo a la hipercualificación como discapacidad, sería legítimamente exigible, si no su reconocimiento expreso a nivel legislativo combinado con políticas para combatir sus efectos desfavorables, al menos una petición de perdón pública por parte de los líderes políticos parecida a la que hizo el ex presidente del Consejo de Ministros italiano Letta, antes de ser desplazado por Renzi: pidió perdón por todos los jóvenes italianos que se habían visto obligados a abandonar el país por no encontrar trabajo. Y el honorable Letta, hombre inteligente, bien sabía que se trataba de jóvenes cualificados, y que muchos de ellos, de haber permanecido en Italia y haber querido encontrar cualquier puesto de trabajo, como ahora se insta a los jóvenes desde los responsables de nuestro lamentable Ministerio de Empleo, deberían haber adelgazado sus curricula. Algo impensable para un hombre de política, pero verdaderamente democristiano y honrado. Porque sabía que esos jóvenes eran perfectamente capaces de servir cafés y pizzas en cualquier restaurante o cafetería de Italia. Una respuesta muy honesta y muy alejada de las respuestas de nuestros líderes políticos, especialmente de los que sustentan nuestro Gobierno, con sus argumentos de que servir cafés en Londres supone una experiencia enriquecedora para los jóvenes, que por lo demás, tendrían una naturaleza “aventurera”. Hemos oído estas declaraciones en los debates parlamentarios, tanto por parte del partido en el Gobierno como por parte del partido en la oposición, si bien desde éste como crítica: ¿pero qué propuso en el último debate sobre el Estado de la Nación el PSOE y el Señor Rubalcaba, Doctor en Química? ¿Que habría plazas para Doctores en empresas punteras?… Pues nada de eso, queridos lectores, siento desilusionaros. La mayoría de vosotros ya lo sabréis. Lo que propuso, y me temo que va a seguir proponiendo -a pesar de la gran habilidad de este político para cambiar de opinión-, es seguirle el juego a los que aceptan que la hipercualificación deba ser una nueva discapacidad social (salvo para la política, claro; por cierto, en ésta brilla por su ausencia no ya la hipercualificación, sino una cualificación de cualquier tipo): fomentar y alargar la formación profesional -trabajo menos cualificado que el universitario-, para que aquellos alumnos que, siguiendo el benéfico instinto de enriquecimiento, abandonaron sus estudios durante los años de bonanza, para ser readmitidos y por lo menos terminar de pagar sus hipotecas casi perpetuas con un trabajo de 1500 euros al mes. Mejor que el PP, en términos cuantitativos. Pero me atrevería a decir mucho peor, en términos cualitativos. Porque esta política supone un ninguneo -y el Sr. Rubalcaba, como universitario, si no se le ha olvidado, debería recordarlo-, de todos aquellos que en ningún momento abandonamos -al menos de manera definitiva- un camino espinoso y plagado de dificultades; sí, se nos hizo difícil, tardamos mucho, cometimos errores, cada uno los suyos, pero al final lo logramos: el camino de la ciencia, del conocimiento y del desarrollo, para obtener el máximo grado académico reconocido por el ordenamiento jurídico español, que no es precisamente el grado de Máster, a pesar de su hipervaloración social y de su excesiva publicidad, sino el de Doctor: el grado que trae consigo la plenitud de la capacidad docente e investigadora; que debería conferir a su portador, según la legislación vigente, las mayores capacidades de análisis, de creatividad, de resolución de problemas complejos y de cambio. Lo que sobre el papel demandan las grandes empresas y deberían saberse -si es que saben lo que significa-, las psicólogas que son contratadas en sus departamentos de recursos humanos. Pues bien: éste es el camino que elegí. Me equivoqué. Porque, a todas luces, entro dentro de una nueva discapacidad, y una de las que molestan al Poder si éste no es capaz de hundirnos en la depresión o de mandarnos encadenar por los poderes fácticos blandiendo contra nosotros las categorías de molestos o fanáticos, cuando no de enfermos mentales. Y en esto el Poder es muy hábil. A una persona sola pueden silenciarla. Por eso quiero publicar y difundir esto, así como otros blogs; para que, si llega a “ocurrirme” un lavado de cerebro que me devuelva al denominado por Chomsky “rebaño de los adormecidos” (aquí no somos tan importantes con en las Universidades norteamericanas con algunos de cuyos exponentes más subversivos se experimentó dentro del ya desclasificado programa MK-Ultra), si el Poder hace uso del condicionamiento operante el peor de sus sentidos -por ejemplo, a través del Estado terapéutico-, y se me da la falsa felicidad del soma del Mundo Feliz de Huxley, por lo menos estas ideas habrán sido lanzadas al ciberespacio. Lo mismo pretendo hacer, y más pronto que antes, con otros posts.

Termino con unas pocas citas de nuestra Constitución Española, tan en boca de los políticos de todos los colores como prostituida. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, dice el artículo 35 de la Constitución Española en su primer párrafo. Incluso la propia Constitución se hace eco de la protección de los discapacitados, a los que, utilizando la terminología de la época, llama “disminuidos”, en su artículo 49, cuyo texto reproduzco a continuación: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”; la cursiva es mía, y con ella quiero subrayar el hecho de que todas las limitaciones a la capacidad de obrar de los discapacitados deben ser interpretadas restrictivamente, que su tratamiento ha de ser contando con su cooperación, y no de modo paternalista, y que el objetivo del mismo debe ser el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, que son para todos, y no sólo para la mayoría “normal”. Porque, entre otras cosas, de una lectura siquiera superficial del arma más mortífera de la Psiquiatría actual -es verdad que ya no hacen tantas lobotomías como antes, pero por lo general diagnostican más que hablan-, si abrimos el DSM-V de 2013, no hay nadie “normal”. Sólo basta con que alguien acuda a consulta para que sea considerado “enfermo mental”, desencadenándose con ello los nefastos efectos victimizadores propios de la dinámica de inclusión/exclusión en el colectivo de los denominados “enfermos mentales”. Casi no me resisto a seguir, pero sobre ello, téngalo por seguro mis lectores que, si Dios quiere, y como dijo el gobernador de California, “volveré”.

Volvamos sin embargo a la Constitución. Todos los criterios interpretativos sobre la capacidad de obrar de aquellas personas que por alguna u otra razón (edad, trastorno mental transitorio o permanente, incapacidad) son Derecho vigente, y manifiestan una tendencia clara en contra de la regla del paternalismo médico incluso en esos supuestos, tanto en nuestra doctrina como en nuestra jurisprudencia, así como en el ámbito deontológico médico, sobre todo a partir de la aprobación del Convenio de Oviedo de Derechos de los Pacientes de 1999, que tendrían que leerse varias veces muchos de los actuales profesionales españoles de la salud mental. Todo ello, incluso en una época de crisis, es Derecho vigente, aunque sean meros “criterios rectores de la política económica y social”. Pero a ellos han de estar sometidos todos los partidos, incluidos el PSOE y el PP. Por cierto, igualmente vigente resulta el artículo 42 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”. Así que, además de ello, no vendría mal una petición de disculpas públicas por parte del actual Presidente del Gobierno, el Sr. Mariano Rajoy, por los miles de jóvenes y no tan jóvenes que han tenido que dejar este país por la situación de crisis de la que son responsables en cuanto gobernantes. Me dan igual las herencias recibidas; la misma declaración se la exigiría al PSOE si estuviera ahora mismo en el gobierno. Y es que en Derecho civil se enseña que las herencias se transmiten, y que el sucesor es -según las reglas generales- responsable de las deudas producidas por el causante, haya habido o no culpa; la responsabilidad como categoría esctricamente jurídica -cuestión distinta es cuando pretende extrapolarse espuriamente a otros lenguajes, como el clínico-, es una categoría que no necesita la culpa; puede fundarse perfectamente en el riesgo, en la equidad o en otras construcciones jurídicas; por ello, y en una cierta analogía con el Derecho civil, del mismo modo en Derecho político un gobierno es responsable de la situación de un país, tal y como se lo encuentre; ello se ve muy bien en el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en las obligaciones que la IV Convención de Viena impone a los países invasores sobre el país invadido. En la medida en la que las potencias ocupantes se arrogan el ejercicio de una acción de gobierno, se hacen competentes de todos los riesgos que afectan al territorio ocupado -diríamos en teoría del Derecho penal-, procedan de donde procedan. Así que con mayor razón el Gobierno actual es responsable, objetivamente y por voluntad de las urnas -aunque sea una voluntad formal o una ficción jurídico-pública- de la situación del país, y ellos -los gobernantes- tienen que contribuir a mejorarla. Los que pretenden esquivar su responsabilidad -esta responsabilidad, la que implica acción y compromiso de cambio y no aceptación de culpa-, nos dan una idea de lo limitada de su formación intelectual y humana, además de su pusilanimidad.

En resumen: estoy dispuesto a lanzar esta idea: los parados hipercualificados como una nueva forma de discapacidad, y de lanzarla incluso a la arena política. Quiero que se hable del tema, y quiero lanzar, a través de este post, el testigo para que, desde la sociedad civil -aunque luego deban mediar los partidos-, pueda ser recogido por quienes la apoyen. El objetivo: llevar el problema del paro hipercualificado al Congreso de los Diputados como problema político de primer orden de I + D + I, con la legitimidad que debe darnos esta idea. La propuesta podría bien cristalizarse en una iniciativa legislativa popular de Proposición no de ley, pero de puntos programáticos claros, que restituya la dignidad al colectivo de los parados hipercualificados. Las personas hipercualificadas no somos simples personas “vagas” que no queremos aceptar “cualquier trabajo” -como recientemente se nos acusaba por personas afines al Ministerio de Empleo-; somos personas conscientes de que en “cualquier puesto de trabajo” lo tenemos más difícil y que, además, lo vamos a hacer peor que quien ha estado toda su vida en ese trabajo; aunque esta posición parezca elitista, no lo es, pues la mayoría de vosotros conocéis mi posición sobre la necesidad de redistribución de la riqueza y de poner límites al capital; muchos de estos conocimientos los he adquirido, además de en participación en acciones de voluntariado, sobre todo gracias a mi hipercualificación. Así que, más allá de las críticas que se nos dirijan por hacer o no hacer otras cosas, tal y como yo lo veo, somos personas conscientes de la grave responsabilidad que pesa sobre nosotros, como colectivo social, en cuanto talento desperdiciado por el sistema y que ansiamos que revierta en la sociedad para el bien común de todos. En mi caso, si no adelgazo mi currículum, no es por orgullo, sino por no faltar al respeto a tantos miles de personas -muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de cursar estudios superiores- que pagaron una formación excelente y a las que ahora no les puedo devolver, en términos productivos, dicha formación recibida. Ello me llena de amargura, pero constituye también un grave problema social, que espero haber denunciado con este post. Y me costa que lo mismo piensan miles de personas ahora mismo en silencio, cuando no silenciadas. También por ello, no aceptaré -al menos a fecha de hoy, 22 de mayo a las 17:00 h GMT +1)- ninguna discapacidad que no sea ésta. Porque lo contrario sería darles la razón a quienes quieren silenciarnos, a los pseudopsiquiatras y pseudopsicólogos que, a fuerza de querer hurgar en nuestros ombligos, descubren ahí sus propias miserias y justifican un sistema de autoridad prescriptiva y de trastorno mental cuya epistemología resulta altamente cuestionable. Pero eso, como diría el nunca suficientemente ponderado Michael Ende… eso es otra historia. Parte de ella trataré de contarla o de reescribirla en sucesivos posts, con la ayuda de Dios. En cualquier caso, retomo la cuestión fundamental de los problemas de la hipercualificación y de los problemas relativos a la crítica a la juventud por su “ociosidad” en http://pabloguerez.com/2014/07/08/de-nuevo-sobre-el-prolema-de-la-hipercalificacion-y-contra-la-critica-a-la-presunta-ociosidad-de-la-juventud-sin-trabajo/.

 

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico / Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

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De nuevo sobre “la crisis”: ¿es necesaria en nuestro “Primer Mundo” una nueva “revolución burguesa”? (A propósito de la última encuesta de la EPA en España)

abril 30, 2014 § Deja un comentario


 

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1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. (Constitución Española de 1978, art. 35)

 

 

Desde luego, la encuesta sobre población activa publicada ayer nos ha dejado perplejos a muchos. Desde mi supina ignorancia de macroeconomía no he podido evitar hacerme esta pregunta: a la vista del pequeño, pero real, crecimiento económico ¿cómo es posible, o cómo dejamos que sea posible, a nivel político, que no se esté creando empleo? ¿Realmente nos encontramos ante una falta de voluntad de los poderes políticos, en connivencia con los poderes financieros, que no quieren que se creen trabajos cualificados? Porque es lo que parece, a juzgar por las estadísticas de empleo, máxime si examinamos los tramos por edades. No sólo no se crea empleo, sino que en los tramos más altos por edad, parece que se están incentivando las jubilaciones anticipadas, mientras que en los tramos más bajos el llamado paro juvenil (hasta los veinticinco años), desde el que se podría incorporar al mercado laboral a las tan elogiadas por los políticos de los dos grandes partidos como “las generaciones mejor preparadas de la historia de España (por supuesto, gracias a haber sido formadas bajo sus respectivos sistemas educativos, y a pesar de las Universidades y del esfuerzo personal de miles de jóvenes)  sigue en tasas del 45-46%. La conclusión parece muy clara: no hay voluntad política de incorporar al mercado laboral a trabajadores cualificados. Y no digamos ya nada con respecto a los denominados trabajadores “hipercualificados”, cuya sola mención parece un insulto, algunos de los cuales tienen que rebajarse, no ya a aceptar puestos de trabajo de inferior categoría a la que les correspondería según su formación –lo cual, sin dejar de ser una injusticia, supondría en ellos seguramente un signo de humildad y admiración que nunca tuvieron que demostrar, por lo general, las generaciones precedentes-, sino a  adelgazar sus currícula, cosa que ya no supone humillarse, sino una cosa bien distinta, es decir, mentir. Mentir sobre una cualificación que, en la gran mayoría de los casos, ha costado esfuerzo y años de estudio no sólo a las personas directamente concernidas o sus familias, sino a toda la sociedad, que ha contribuido por años a sufragar una formación de élites con sus impuestos y que no ahora se ve privada de su derecho legítimo a verse beneficiada por las competencias y habilidades adquiridas por las personas, jóvenes y no tan jóvenes, altamente cualificadas.

Pareciera que los poderes que actualmente configuran el status quo a todos los niveles (político, burocrático, económico, financiero, cultural e incluso académico), hubieran pactado una suerte de congelación por lo que respecta a nuevas incorporaciones. Me viene a la mente, con respecto al mundo financiero, aquella famosa frase que pronunciara el inversor británico George Soros, aquel hombre que él solo era capaz de hacer temblar la cotización de la libra y, como veis, nada sospechoso de marxista: “Es sencillamente inmoral que permitamos que el mundo esté en manos de jóvenes aprendices de treinta años que sólo piensan en ganar dinero”. Pero por aquel entonces todavía existía una ética –no necesariamente la nuestra, o la mía-, pero una ética del comerciante, que pareciera haber desaparecido casi por completo.

Ya hace años que el historiador Eric Hobsbawn se refiriera a las sublevaciones de 1848 acaecidas en varias partes del continente europeo (sobre todo en Centroeuropa, pero con repercusiones importantes también en áreas como la península itálica o los Balcanes), como la última de las revoluciones “burguesas”, en las cuales la burguesía afianzó definitivamente su poder y tomó su lugar en la sociedad, como eje motriz del desarrollo industrial, entre la nobleza y el proletariado. Así ha sido, ciertamente, a pesar del triunfo, en una buena parte del planeta, de las revoluciones proletarias que habría de llevar al comunismo o, mejor dicho, al socialismo real, al poder, en Rusia, China y el Este de Europa, además de otros países, hasta su derrumbe final como contrapoder al sistema económico capitalista a partir de la caída del Muro en 1989 y de la desaparición de la Unión Soviética en la Navidad de 1990.

Desde finales de la Segunda Mundial, al menos en Europa, en nuestra vieja Europa, se ha dicho muchas veces, tanto desde los partidos democristianos como desde los partidos socialdemócratas, que la clase media era la que sostenía un país avanzado: por un lado, porque, a través del voto y de otros instrumentos de presión más o menos estandarizados, impediría los abusos de la clase alta, en defensa de su interés en conservar determinados derechos sociales adquiridos, hasta hace poco considerados como básicos, como la educación o la sanidad; y, por la otra, porque “tiraría” de la clase baja a través del apoyo solidario a medidas gubernamentales de ayudas y de fomento a la igualdad de oportunidades. En definitiva, la existencia de una clase media es la que ha garantizado la cohesión social en los países más desarrollados económicamente, y ello tanto a nivel político, como económico, habiendo representado el principal motor de la sociedad, basado en su núcleo en la existencia de un tejido productivo compuesto por la pequeña y mediana empresa. Es precisamente por esta razón que su desaparición, hacia la que parece abocarnos la crisis, constituye un craso error, tan históricamente comprobable a través de un detenido análisis de la mayoría de los países del mundo –los cuales carecen de una clase media consistente, o de clase media en absoluto-,  como el fracaso de los regímenes socialistas. Se impone, por lo tanto, una revolución social –no necesariamente violenta-, y, por de pronto, no se me ocurre una manera mejor de llevarla a cabo que a través del fortalecimiento de una sociedad civil capaz de moverse en red y de realizar iniciativas de ayuda a microempresas o empresas cooperativas, prescindiendo, en la medida de lo posible, de intermediarios políticos o financieros, como la Banca. Por supuesto, ello constituye una tarea muy ardua, en cuanto este tipo de iniciativas, aquí tan sólo esbozadas, encontrarán todo tipo de obstáculos por parte de los poderes fácticos –especialmente por parte del poder de las corporaciones y del poder financiero-, sobre todo en una sociedad, como la nuestra –y a pesar de lo que se diga-, en su gran mayoría envejecida en edad y pensamiento y altamente conservadora. Pero esta consideración no debe inducir a desfallecer a las generaciones más jóvenes que quieran hacer algo por este país o que, desde fuera, puedan importar fórmulas de gestión económica más societarias o cooperativas. A ello mes gustaría animarles con esta breve reflexión, esperando que suscite en ellos reflexiones mejores, comentarios y vaya calando la idea, tan arraigada en movimientos del estilo del 15-M, de que “otro mundo es posible”.

 

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De nuevo sobre “la crisis”:¿ es necesaria en nuestro “Primer Mundo” una nueva “revolución burguesa”? (A propósito de la última encuenta de la EPA en España) byPablo Guérez Tricarico, PhD is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.
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