¿Qué es o qué debería ser hoy el “aggiornamento”? De nuevo sobre la posición de la Iglesia en torno a las desigualdades sociales, las injusticas del mundo y los nuevos debates abiertos en y fuera de la Iglesia.

junio 8, 2014 § Deja un comentario


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Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado (Jn 13, 34)

“Es un sistema injusto” (Discurso del papa Francisco pronunciado el 29 de febrero de 2014 sobre la crisis de los parados españoles, especialmente de sus jóvenes, y sobre la situación económica mundial)

 

 

Hace dos días, el papa Francisco nos sorpendió nuevamente con otra de sus declaraciones, en la que, entre otras cosas, expresaba su valoración sobre el estadio del capitalismo actual con unas breves pero contundentes palabras: “È un sistema ingiusto, che non dignifica la persona”.

Con ello, frente al tradicionalismo dominante en el llamado “pensamiento social cristiano”, las declaraciones del actual papa Francisco sobre la desigualdad social extrema suponen un cambio cualitiativo, y no simplemente cuantitativo, frente a la tímida doctrina social católica compatible incluso con la injusta -como todas- dictadura franquista española, doctrina que iniciara León XIII con su tibia, pero en su momento para algunos sectores cuasi revolucionaria “doctrina social de la Iglesia”, a partir de la publicación de la encíclica “De Rerum Novarum” a finales del siglo XIX. Tal vez el papa haga justicia y rehabilite tanto a los partidarios de la Teología de la Liberación que fueron condenados por la “Administración Ratzinger vaticana” durante el pontificado de San Juan Pablo II, pero lo cierto es que se impone no ya una “nueva evangelización a lo Ratzinger”, sino un nuevo “aggiornamento” de la Iglesia Católica que pase, por de pronto, por el reconocimiento de que la mayoría de la población cristiana mundial vive en países subdesarrollados en los que no son respetados sus derechos humanos. Sin embargo, antes de proseguir por este hilo del discurso, quisiera plantear, con carácter previo, y sin ánimo de hacer sociología ni atropología sobre las cuestiones que sucintamente voy a tratar para el lector, una cuestión sobre el significado de “aggiornamiento” que, en el pensamiento católico, adoptara el papa San Juan XXIII. La cuestión, como veremos, resulta de suma importancia, pues tiene que ver, nada más y nada menos, con la valoración histórica que puedan merecer actitudes de varios de los responsables de la Iglesia, y cuyas conductas desde el punto de vista de una moral crítica que no puede menos de prescindir del factor tiempo, es decir, de la contingencia del contexto sociopolítico propio de la época histórica en la que determinadas actitudes fueron tomadas por la Iglesia, y en la que podía existir, tanto en la filosofía secular, como en la praxis, un concepto socioantropológico de la persona muy distinto al de la actualidad. Ello nos lleva a una espinosa cuestión que excedería en mucho el popósito del presente post: la relación entre la contingencia de la concepción socioantropológica de la persona en un momento histórico dado -pongamos, la Edad Media-, y la eternidad de la verdad revelada en la Palabra. La respuesta a esta cuestión la dejo a la filosofía y a la teología, ciencias respectos de las cuales me considero un diletante, al menos en cuanto me refiero a mi labor investigadora. Me limitaré aquí a decir, para salvar una contradicción que no puedo menos que experimentar -pues soy creyente- como sólo aparente, reside en que, tanto por los defensores como por los partidarios de la Historia de la iglesia -y dejando aparte variables ideológicas que complicarían más un anlálisis elegante de esta difícil cuestión-, no ha sabido desligarse, en general -sobre todo, tanto por parte del aparato eclesial, como parte de las organizaciones antirreligiosas-, la contingencia accidental de la época histórica y la sensibilidad humana dominante en la misma, con una adecuada interpretación y exégesis de los textos sagrados. Ello mismo tendría una explicación teológica menor, cuasi catequética, que es la que los catequistas suelen contestar cuando se les habla del mal que ha realizado la Iglesia a lo largo de los siglos, poniendo multitud de ejemplos, como la Inquisión. Se dice, simplemente, que la Iglesia, como Iglesia de hombres, es una Iglesia de pecadores. Punto. Esta explicación, a mi modo de ver, no hace honor ni a la propia Iglesia como institución humana ni a los responsables que, en determinados momentos, tuvieron que llevar a cabo determinadas cuestiones, de acuerdo con la concepción socioantropológica de la persona, por ejemplo, en el contexto de una sociedad teocrática y la que determinados sentimientos de piedad o compasión estaban orientados hacia difícil mezc la de racionalidad e irracionalidad fundada en sentimientos más ancestrales, como el miedo. He tratado de exponer esta cuestión de la manera más sencilla que me ha sido posible. Sin embargo, quizá sea más comprensible para el elector como un ejemplo. Y voy a utilizar precisamente uno de los ejemplos -si no el que más- clásicos de los detractores de la Iglesia: cuando a un inquisidor que vive en el siglo XI, un siglo enteramente dominado por una conecpión muy pesimista de la regligión, dominado por el miedo al demonio -por cierto, tanto por el poder cil teocrático como por el poder eclesiástico-, se le presentaba una mujer acusada de brujería, uno de los mayores pecados que, en la configuración valorativa de su sociedad, revestía la gravedad mayor, es comprensible que dicho inquisidor hubiese condenado a dicha bruja a la hoguera, por haberse entregado a Satanás. Y no sólo para reparar la ofensa hecha a Dios, sino también para erradicar cualquier rastro de lo que los antropólogos, estudiando sacrificios que obedecen al mismo significado, aunque de menor gravedad, y que todavía siguien realizándose en algunas tribus, denominaran “metempsicosis”, o, con términos teológicos -o demonológicos-, infestación sobre la cosa. Para el monje del siglo XI debía elimiarse cualquier rastro de actividad satánica en el cuerpo de la infeliz mujer o del brujo que se hubiese entregado a tales prácticas, y de ahí una tortura que, en la actualidad, nos parece tan bárbara o inhumana. En ese contexto histórico, en el que la configuración de las sociedades occidentales estaba dominada por el milenarismo y la teocracia, no era concebible ningún rasgo de “aggiornamento”. Sólo después, con la aparición de las primeras órdenes mendicantes, la Iglesia pudo albergar movimientos “desde dentro”, en conreto, con la fundación de las Órdenes mendicantes, primero con Santo Domingo de Silos y poco más tarde con San Francisco de Asís, que denunciaron, desde el seno de la Iglesia, y con su ejemplo, los fastos y boatos de la Curia romana, proponiendo por primera vez en la Historia de l Iglesia Católica ortodoxa, una vuelta a sus raíces evangélicas y a sus consejos de pobreza, castidad y obediencia. Aunque me gustaría seguir este relato, el propósito de este post es limitado, y quiero dejar el análisis historiográfico de la Historia de la Iglesia aquí. Solamente me limitaré a señalar, en relación con los objetivos que me preocupaba destacar, que a mi juicio no merece la misma condena -en el plano de la ética crítica raciona-, las prácticas sin duda bárbaras, desde nuestra perspectiva histórica, del siglo XI-, que la quema en la hoguera de Migel Servet por sus obras teológicas y profanas, escritas a lo largo del siglo XVI -como, por ejemplo, por sus trabajos sobre la circulación pulmonar, no pueden merecer, por la variación en la contextualización histórica a que antes me he referido, una valoración historiográfica análoga; ni siquiera en una monaraquía teocrática como la española de aquella época, pues el protentantismo, y con él, la dignificación del ser humana como criatura racional capaz de interpretar por sí mismo los textos sagrados que una buena parte de las doctrina protestantes trajeron -otras, lamentablemente, como la primera Iglesia calvinista, entre otras, siguieron el mismo esquema de opresión de la Iglesia Católica-, ya había irrumpido por fuerza; y, el pensamiento del humanismo cristiano y del Renacimiento, con importantes contribuciones españolas, como el pensamiento de Francisco de Vitoria, no permitían sin más hablar de una configuración social análoga a la de la Edad Media; ni siquiera en España. A partir de la lucha del poder eclesiástico por acapar más cotas de poder civil, de manera directa o indirecta, sobre todo en los Estados con monarquías teocráticos, puede detectarse un cisma no declarado, conservador y dominante por siglos en el pensamiento católico occidental, consistente en la condena del pensamiento resultante, algunos siglos más tarde, del desarrollo natural del pensamiento humanista y del racionalismo que habría llevado a la Ilustración, a la Modernidad, y a la pérdida del monopolio de la iglesia en la justificación filosófica del poder civil. La hostilidad de la Iglesia hacia todo lo bueno que trajo de la Revolución Francesa -lo que no supone por mi parte ninguna justificación de aquel sombrío período histórico conocido como “El Terror”-, con sus repetidas condenas hacia el pensamiento ilustrado y la modernidad, sólo pudo producir un desajuste con su mensaje evangélico originario, es decir, cuando las clases populares vieron en el ejemplo de los dirigentes eclesiásticos precisamente lo contrario del mensaje de Jesús. En un momento histórico en el que, como diría Hegel, la Iglesia no supo estar a la altura del “Espíritu de los tiempos”, el caldo de cultivo generado a raíz de las nuevas formas de producción y explicación, y la aparición de los movimientos socialistas y comunistas, obligaron a la Iglesia a tomar cartas en el asunto, en lo que puede considerarse como el primer “aggiornamento” de la Historia de la Iglesia: la publicación en este sentido de la Encíclica “De Rerum Novarum”, promulgada por el pontífice León XII, pese a su tibieza a la que ya me he referido en otros posts, se refiere por primera vez a la cuestión social de una manera totalmente nueva, pues la Iglesia era consciente en aquel momento de la gran cantidad de fieles que iban continuamente perdiendo con sus alistamiento en las filas de los nuevos movimientos y partidos socialistas, comunistas y anarquistas, muchos de ellos abiertamente anticlericales. Quisiera sin embargo detener aquí la película. Este breve repaso por algunas de las cuestiones más espinosas de la Historia de la Iglesia Católica ha tenido como objetivo fundamental contextualizar, al mismo tiempo que definir, el “aggiornamento”: éste no sería nada más -y nada menos- que la actitud, promovida por los dirigentes eclesiásticos y difundida por sus pastores, de que la Iglesia conecte con los verdaderos problemas de sus fieles y de la gente en el momento histórico contingente en el que a todos ellos les toca vivir, de acuerdo con las concecpiones socioantropológicas de la personas vigentes en cada momento histórico y con las sensibilidades respecto de cuestiones que, en tiempos anteriores, pudieron plantearse de otra manera, cuando no ni siquiera existían.

En el momento actual, es para mí indudable la necesidad de un aggiornamento de la Iglesia -no sólo de la Iglesia Católica-, tanto en el se como en el ut y en el quantum. En relación al se, es decir, a la oportunidad de dicho “aggiornamento”, a casi ningún lector avezado que viva, sobre todo en países que nosotros, desde nuestro todavía -por poco- opulento “Primer Mundo y medio” -como me ha gustado denominarlo en otras entradas”, podrá ocultarse la lejanía sobre la priorización de los asuntos que parecen interesar, por una parte, a la jerarquía eclesiástica inferior al Papa, y, por la otra, a los asuntos que realmente interesan a sus fieles, que demandan cada vez más la incorporación dentro de la moral católica oficial de la gravedad del compromiso que los países y los individuos más ricos tenemos para con los países más pobres. En este sentido, la gravísima responsabilidad moral que pesa sobre los cristianos, por encima de cualquier discurso económico o economicista, del Problema Norte-Sur, con sus diversas variantes, enquistado demasiado tiempo por la era de la política de bloques y por la centralización de todas las luchas de las fuerzas democristianas en la erradicación del comunismo, se muestra hoy con toda su crudeza. A pesar de las encomiables ayudas de organizaciones que, como Caritas, están dedicadas a la erradicación de la pobreza y a la dignificación de la persona, hace falta más: un cambio de actitud por parte de los máximos responsables de la Iglesia Católica que impulse a este compromiso con acciones prácticas, tanto a fieles como a seglares. Y por lo que se refiere al cómo, así como al cuánto de dicho aggiornamento, baste con volver nuestra mirada hacia  la opresión y a la necesidad de liberación del mundo entero. Son éstos aspectos que ya no pueden ser soslayados en el debate teológico, sobre todo en la teología moral. Y ya es hora que la Iglesia “haga moral” para los países pobres, y no mirándose el ombligo como ha hecho a lo largo de los siglos la Iglesia latina de Roma. No se trata de descuidar cuestiones tradicionales, pero ya está bien de que los obispos y presbíteros occidentales, con la excepción del obispo de Roma, parezcan hablar sólo para el Primer Mundo y de los males del Primer Mundo -para la Derecha, claro-, de aborto, eutanasia, sexualidad fuera del matrimonio canónico y de los males de la “posmodernidad” -puesto que los de la Modernidad y la Ilustración ya fueron condenados en su momento por los papas del siglo XIX, sin darse cuenta de que el pensamiento cristiano racionalista contribuyó, paradójicamente, como he intentado antes apuntar, a las ideas liberales e ilustradas y a los conceptos modernos y laicos de derechos humanos, dignidad humana y democracia, entre otros-. Y aquí donde también quisiera plantaer otros problemas relativos al quantum del aggiornamento. Fundamentalmente, los males que se denuncian en este terreno no difieren en lo sustancial de los que fueran condenados al condenar la Iglesia de los siglos XVIII y XIX la Modernidad en su conjunto, y que podrían resumirse en la condena de cualquier doctrina que pueda suponer un peligro remoto para una sociedad teocrática. Así, se insiste en la condena del olvido de Dios (del Dios de la ortodoxia católica, por supuesto), o en el peligro de surgimiento de nuevos movimientos religiosos tipo “New Age”, que han arrebatado a la Iglesia un sector no desdeñable de sus fieles progresistas. Sin perjuicio de mi opinión sobre estas tendencias -sobre la que adelanto ya su escasa consistencia filosófica, su contradicción y la crítica acertada de ser una mala copia de movimiento gnósticos que han existido en el pesamiento esotérico y ocultista desde el inicio de los tiempos-, la tendencia de muchos de los denominados “curas jóvenes” es una evangelización no basada precisamente en la predicación del Dios Amor del Nuevo Testamento, sino de un temor de Dios mal entendido. En esta línea, auguro un mal pronóstico a lo que percibo como la vuelta en la “nueva evangelización” a una insistencia sobre los novísimos, infundiendo temor a los fieles y hablando sobre nuevos “humos de Satanás”, cosa que sólo conseguirá amedrentar a las conciencias escrupulosas y quizá a las almas más delicadas, cuando no apartarlas completamente de la Iglesia o, en el mejor de los casos, de “la comunión plena con la Iglesia Católica”. Frente a este panorama, desgraciadamente tan ultraconocido en nuestro país como ultramontano, tenemos el discurso del primer papa no nacido ni formado en el Primer Mundo, ni al amparo de los tejemanajes de la Curia romana. Es un discurso tan crítico como esperanzador: el testimonio de incapacidad para criticar a los homosexuales; la tolerancia cero para con los sacerdotes que abusen de niños; la preocupación por la falta de futuro laboral de la juventud, incluida la del Primer Mundo y medio, que parece comenzar a tener problemas de moral social “de verdad”, es decir, de cohesión social; la puerta abierta para el celibato de los sacerdotes… A estas cuestiones deberían seguir otras, como la insistencia y el desarrollo de la opción preferencial de la Iglesia por los pobres, proclamada en varios Documentos del Vaticano II que los pontificados de Pablo VI se encargaron poco a poco de remitir a un segundo plano, cuano no abiertamente de silenciar; la  libertad de crítica e intepretación de los fieles de los textos sagrados -sin perjuicio del valioso aporte de toda la tradición cristiana, y no sólo de la tradición católica anatemizadora-; el control de la manipulación y de la injerencia desproporcionada -a veces sectaria- en la vida privada de los fieles pertenecientes a los movimientos o a ciertas comunidades parroquiales “exclusivas” y excluyentes, que, por mi experiencia, parecen organizarse como sociedades cuasi totales, respetando y haciendo respetar el derecho constitucional a la libertad de conciencia -a través, por ejemplo, de la clásica potestad primaria de régimen del Papa sobre todas las parroquias y comunidades católicas del mundo, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico vigente-; el perdón por el uso y el abuso del poder civil por parte de la Iglesia a lo largo de su Historia y de las atrocidades cometidas en nombre del Dios del Amor, de Jesús que murió en la Cruz -léase aquí Inquisición, guerras de religión y, más modernamente, el apoyo abierto a sistemas dictatoriales “de derechas” en varios países del mundo, actuando como una potencia estratégica civil más y desviándose de su misión evangélica-; la condena de todas las formas de gobierno no democráticas y de todas las dictaduras del mundo, ya se proclamen éstas “de izquierdas” o “de derechas” y la remoción de los obstáculos que impidan la efectividad de la -en su momento, aceptada a regañadientes, con la excepción de la magnífica encíclica “Pacem in Terris” de San Juan XXIII- Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y de la misma libertad religiosa, aceptada por el Concilio Vaticano II. También sería deseable una actitud clara a favor de la abolición de la pena de muerte y del resto de las penas ihumanas y degradantes; la asunción por parte de la Iglesia de un discurso antibelicista, así como el final de la exaltación de los discursos patrióticos más rancios, dejando esta última cuestión a las conciencias de los fieles. Menos probables son la asunción de otras cuestiones, que sin embargo espero que acaben imponiéndose por la fuerza de la razón y de la sensatez: la admisión del sacerdocio femenino y la dignificación de verdad de la mujer en el seno de la Iglesia; la revisión del Derecho canónico y la derogación de la mayoría de los delitos caónicos (sobre todo las censuras, entre las que se encuentran las excomuniones) para los fieles seglares, de manera similiar a lo que ocurre con el Derecho penal militar de los países democráticos, no aplicable a civiles salvo en caso de guerra o salvo que se atente contra graves intereses similares; por ello, de manera similar, los delitos canónicos no deberían ser aplicados a seglares salvo que éstos atentasen contra intereses de la Iglesia; esta profunda revisión de la “parte penal” del CDC  de 1983 -que, por cierto, ya realizó un importante barrido y simplificación, tanto del número como de las clases de delitos canónicos previstos por el CDC de 1917), podría comenzar, por ejemplo, por la derogación de la excomunión “latae sententiae” en general -sencillamente por afectar a la seguridad jurídica, uno de los logros del Derecho penal liberal en el orden civil; en este sentido, a mi juicio, la sin duda positiva previsión de la facultad del confesor para remitir en confesión, por la dureza frente al delincuente, en el foro interno de la conciencia, una excomunión latae sententiae que no haya sido declarada, prevista en el canon 1357 CDC, me sigue pareciendo insuficiente, pues la inseguridad jurídica de haber o no incurrido en tal censura permanece, y el fiel se ve privado del acceso a la gracia proporcionada por otros Sacramentos, en concreto, por la Eucaristía-. También -en la medida en la que ello no sea interpretado como una justificación del error, la Iglesia del siglo XXI debería tomar conciencia de la madurez de sus fieles y de su propia madurez, y, en una línea más respetuosa con el derecho a la libertad de conciencia, así como en consideración al interés en favorecer el debate teológico incluso de las cuestiones más espinosas, sin perjuicio de los dogmas declarados, debería considerar la total eliminación de los delitos canónicos de herejía, apostasía y cisma. Varias razones, en parte ya aducidas, están a favor de esta tesis: en primer lugar, el respeto a la madurez de los fieles en materia de conciencia. La Iglesia ya no debería tener miedo del cuestionamiento de las verdades reveladas. Todo lo que a este respecto puediera contravenir los dogmas de la Iglesia Católica debería poder resolverse en el fuero del Sacramento de la Reconciliación. Comoquiera que las fronteras entre los dogmas y las demás verdades que la Iglesia manda creer son, tanto para el teólogo como para el profano en esta ciencia, cada vez más difusas -en realidad, siempre lo han sido-, la construcción jurídica desarrollada por parte del Tribunal de Derechos Humanos, por ejemplo, en torno al “efecto desaliento” en relación con la libertad de expresión, que consiste básicamente en el efecto de retraimiento de esta libertad en un ámbito lícito por miedo a superar los límites legítimos de la libertdad de expresión, sugirió acertadamente en la jurisprudencia de dicho Tribunal que los Estados no debieran imponer penas severas en los casos en los que, conforme a sus ordenamientos internos, sus ciudadanos pudieran cometer delitos de injurias, calumnias, desacatos u otros que tienen que ver con el abuso del derecho fundamental a la libertad de expresión. Llevado este razonamiento al plano del Derecho penal canónico -así como, por cierto, también debería ser para el Derecho penal militar)-, considero que a mi juicio, en los casos en los que las conductas de herejía, apostasía o cisma -especialmente si se trata de fieles seglares-, fueran realizadas de manera pública, previo apercibimiento de la autoridad eclesiástica competente, y fuera razonable prever una amenaza para la integridad de las verdades dogmáticas que conforman el Tesoro de la Iglesia, bastaría con una pena “ferendae saententia” -de tipo que se quisiera, pero mejor aún si fuese medicinal-, que no privara de la comunión scaramental.  También sería deseable la eliminación de esta censura en el delito de aborto (vid. canon 1398 CDC), dejando al confesor la posibilidad de absolver normalmente de estos pecados; la recuperación del discurso ecuménico comenzado por el Concilio Vaticano II y la progresiva comunión con el resto de las confesiones cristianas, lo que podría pasar por gestos de por parte del Papa de apertura en orden a una dotar de una mayor autoridad y poder a los concilios y a los sínodos eclesiales, e incluso a través de la promoción de convocatorias ecuménicas de los obispos, pastores y patriarcas del resto de las confesiones cristianas del mundo que no están en plena comunión con la Iglesia Católica para tratar asuntos que creo que nos sostienen a todos los cristinaos, cuando a no a todos los hombres y mujeres de la tierra.

Y dejo para el final algunas de las cuestiones más espinosas, por cierto, no en el plano de su relevancia mediática, de la que prácticamente nadie se ocupa, sino en el plano estrictamente teológico: la revisión interpretativa de algunos dogmas clásicos de Teología fundamental y moral relativos sobre todo al “Problema del Mal”, la libertad humana y el concepto de infierno, sobre la base de la concepción de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu infinitamente Amoroso y Misericordioso; una concepción equivocada, preonciliar o directamente “medievalista” que es posible apreciar en el discurso y en las homilías de sacerdotes del Primer Mundo en cuanto a los graves interrogantes que plantean los llamados “novísimos”, pueden llevar a las conciencias más escrupulosas o timoratas a un alejamiento gradual de la práctica de su vida cristiana, que puede ir desde la adopción de un práctica solamente servil o “de rito”, con el consiguiente sufrimiento de estas almas, hasta el caso más extremo de apostasía fáctica pero, sobre todo, de desesperación de la salvación; la consideración de la relevancia moral del ejercicio de la sexualidad en su justa medida, es decir, en un nivel de relevancia muy menor del que ocupa actualmente, y atribuyéndole mayor importancia solamente en los casos de instrumentalización o prostitución de la persona o de conductas sexuales no consentidas o realizadas con personas incapaces de consentir válidamente, así la adopción de una actitud clara para erradir el final de todas las dobles morales -mucho se está haciendo, y es de alabar, en relación con la ya declarada por el Papa “tolerancia cero” frente a los abusos a menores-, y, en esta línea, sobre todo en materia de moral sexual y conyugal; o la enajenación de buena parte del patrimonio de la Iglesia que no revista un valor histórico o artístico para aliviar el hambre en el mundo.

Sea como fuere, a día de hoy, por primera vez se dicen cosas, por parte de la máxima autoridad de la Iglesia Católica que, si bien no contradicen ningún dogma, sí revelan una actitud antidogmática en el mejor sentido del término, no basada en una concepción imperativista del principio de autoridad ni de la imposición de la potestad de las llaves, sino en la autenticidad cristiana, en un intento casi desesperado por volver la mirada al auténtico Jesús de Nazaret. Aquél que, desde siempre se ha predicado que pasó por el mundo haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal, dando pan a los hambrientos, sanando enfermedades y dando a todos, especialmente a los pobres y a los más desfavorecidos, la esperanza de una vida auténtica, verdadera, digna, cuya plenitud se alcanzará con la instauración del Reino de los Cielos.

Que el Espíritu Santo, hoy, Solemnidad de Pentecostés de ocho de junio de dos mil catorce, ilumine al Santo Padre y haga prosperar sus intenciones, con las esperanza de construir un mundo basado más auténticamente en el Santo Evangelio.

 

Creative Commons License¿Qué es o qué debería ser hoy el “aggiornamento”? De nuevo sobre la posición de la Iglesia en torno a las desigualdades sociales, las injusticas del mundo y los nuevos debates abiertos en y fuera de la Iglesia by Pablo Guérez Tricarico, PhD is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
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Dios salve a S.M. Don Juan Carlos y a S. M. Felipe VI (dicho por un republicano). Breve ensayo sobre la oportunidad histórica de la abdicación del soberano y sobre la soberanía en el contexto de la crisis española.

junio 4, 2014 § 1 comentario


 Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón (Antonio Machado, Proverbios y Cantares, Campos de Castilla, 1912)

Parecerá extraño incorporar una entrada de esta naturaleza en un blog sobre victimizaciones. No se asusten mis lectores; intentaré condensar la esencia de lo que quiero transmitir en el menor espacio posible. Simplemente no puedo dejar de expresar mi opinión sobre la que ya ha sido definida por los medios españoles como la mayor noticia del año, y que afecta indudablemente a temas sociales y políticos sobre los que he escrito, en la medida en que éstos contribuyen a la génesis de fenómenos de victimización y opresión de las personas menos desfavorecidas. Por ello, y aprovechando deliberadamente el “tirón mediático” de la noticia, me propongo realizar, “by the way (or not?)”, una serie de consideraciones que se me antojan imprescindibles para comprender las claves de este acto real, relativas a mi percepción del Estado y de la misma democracia españoles. Como jurista acreditado y analista social y político diletante, quisiera realizar a este respecto unas pocas observaciones sobre la abdicación del Rey y sobre sus posibles consecuencias para el país, no sin antes partir de una serie de valoraciones previas sobre nuestra forma de gobierno. Puesto que somos, teórica y jurídicamente (lo que acaso sea lo mismo), una monarquía constitucional democrática, y, más concretamente y ante todo, como afirma el artículo 1 de la Constitución Española de 1978, un “Estado social y democrático de Derecho”, para realizar un adecuado análisis de la decisión del monarca y de su trascendencia sociopolítica habrá que partir del análisis de la forma de gobierno y del origen político del poder del Estado, para pasar después a valorar qué incidencia sobre éste pueden tener los comportamientos de quienes detentan su jefatura.

La frase con la que titulo esta entrada podría parecer un ejemplo de lo que los clásicos habrían definido como una contradictio in abiecto. En realidad, lo que me interesa es poner de manifiesto mi valoración sobre la decisión real, así como el lugar que debería ocupar en este momento concreto de la historia de nuestro país el debate abierto tras la abdicación del monarca  sobre la oportunidad de mantener o de cambiar la actual forma de gobierno, expresada en concreto por la opción entre monarquía y república.

Muchas veces se ha dicho que este país no es monárquico, sino “juancarlista”, expresión tan práctica como atinada, y con la cual no me disgustaría en absoluto definirme.

En lógica estricta, cualquier demócrata racional debería definirse como republicano. La opción monárquica, que justifica legalmente una discriminación por el linaje, debería parecernos a todos injusta, e impropia de un gobierno del pueblo o de una concepción del Estado democrático como el nuestro en el que, como proclama con gran autoridad nuestra Constitución en su artículo 1.2, “la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”. Sin embargo, lo que creo que a mí -y me temo que también a muchos indignados, así como desencatados o decepcionados (yo pertenezco más bien a este grupo)- de dentro y de fuera del 15-M, así como a buena parte de la izquierda sociológica del país nos ocurre, es que sencillamente ya no nos creemos esta afirmación: ¿De verdad alguien puede sostener en serio en la actualidad que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado? ¿O que, como proclama con toda pompa el artículo 117 de la Constitución, “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (…)”? ¿Qué poder real tiene en la actualidad el Estado-Nación? ¿Hay verdaderamente división de los poderes formales del Estado? Sin ánimo de querer despachar cuestiones que merecerían un análisis más sosegado, preguntémonos más bien: ¿Dónde ha quedado la soberanía? ¿Qué ha pasado con el Estado social, como el más alto texto normativo define a nuestra forma de gobierno? ¿Qué ha pasado con lo que los constitucionalistas denominan “Constitución económica”, y que no es más que aquella parte de nuestra Carta Magna que se refiere a la organización del poder económico? El artículo 128 contiene esta preciosa declaración, no sólo “de intenciones”: “Toda la riqueza del país, cualquiera que sea su titularidad, está subordinada al interés general”. Pues ocurre sencillamente, entre otras cosas, que la soberanía económica fue transferida en fraude de Constitución -concretamente, en fraude de su artícuo 93-, al Sistema Europeo de Bancos Centrales, con la ratificación de nuestro país del Tratado de la Unión Europea (también conocido como Tratado de Maastricht), sin objeción alguna por parte de un Tribunal Constitucional políticamente dependiente de los dos grupos parlamentarios mayoritarios de las Cortes Generales en 1992; un Tribunal tibio y mediocre, privado de la genialidad jurídica de sus primeros miembros, cuyo dictamen sobre la compatibilidad de nuestra Constitución con dicho Tratado guardó silencio salvo en la cuestión, muy menor, de la necesidad de su reforma sólamente para extender el derecho de sufragio pasivo a los extranjeros comunitarios; a diferencia de otros Tribunales Constitucionales, como el alemán, que al menos realizaron declaraciones interpretativas sobre los límites a una cesión de soberanía económica, y cuyos efectos más devastadores estamos viendo, y algunos experimentando ahora. Ironías del destino. Las únicas palabras de la Constitución que se introdujeron en aquel momento fueron “y pasivo”, en relación con el aludido derecho de sufragio. Lo que sucedió en realidad es que la esencia de la Constitución pasó a depender de instituciones comunitarias no democráticas. La introducción de la expresión “y pasivo” pareció preconizar que, a partir de entonces, toda la Constitución sería pasiva; es decir, heterodependiente, heterogestionada teóricamente por “Europa”. Vamos a ver por quién. Volviendo al tiempo presente, todos estamos en crisis, pero algunos más que otros. Comoquiera que en estos tiempos la Economía lo es todo -o por lo menos eso se le pide que sea por parte de la sociedad, hasta acabar conformando la esencia misma de la configuración social de las comunidades sociopolíticas posmodernas-, resulta que toda la soberanía ha sido transferida al SEBC y, más concretamente, a su centro, la diabólica institución llamada Banco Central Europeo, independiente e irresponsable, no subordinado a nadie salvo a “los mercados”. Tenemos por lo tanto una democracia formal, basada en lo que otras entradas del blog en el que se insertan estas reflexiones he denominado como “ficción contractualista”.

La idea del contrato social, fruto de la revolución burguesa, sirvió como base para la instauración pacífica durante la transición de un régimen democrático en nuestro país. En aquellos tiempos más nobles, en los que la Economía no había alcanzado la hegemonía cultural del discurso político, mediático y social del país, pudo haber elementos que hicieran parcialmente auténtico ese contrato social. Ahora, desgraciadamente, no lo hay. No lo hay cuando más de un quince por ciento de la población española malvive bajo el umbral de la pobreza; cuando la tasa de paro general se mantiene en el orden del 27% -de la tasa de paro juvenil ni hablamos, pues ya he hablado bastante-; cuando los sueldos de los “afiortunados” trabajadores cualificados e hipercualificados están en niveles del orden de los 900 euros; cuando desde todas partes se impone la “receta” de la moderación salarial mientras las grandes empresas se niegan a limitar sus beneficios y a pagar impuestos con total impunidad; cuando se da la primacía a la estabilidad macroeconómica y se ingnora el sufrimiento de millones de personas de nuestro país, sufrimiento que clama al Cielo; cuando la educación, curiosamente, considerada como un derecho del más alto rango, con sus efectos directos y todo eso por la posición que ocupa en nuestra Carta Magna, como un derecho fundamental, es decir, en el mismo plano de valoración jurídica que los llamados por los marxistas “derechos formales o burgueses” -como el derecho a la libertad de expresión-, o el que ya comienza a ser cuestionado por el partido que sustenta al Gobierno derecho de manifestación, así como la sanidad de este país, sufren las consecuencias de una crisis que para la mayoría de los ciudadanos resulta tanto injusta como incomprensibe; cuando los derechos de las corporaciones y de las entidades financieras, que son personas jurídicas pero no ciudadanos, prevalecen sobre los derechos de los ciudadanos de verdad, es decir, de las personas físicas que sufren y padecen; personas que ven continuamente pisoteada su dignidad -sí, la misma dignidad humana la cual, según el artículo 10 de la Constitución Española, es “fundamento del orden político y de la paz social”-; cuando estas mismas personas se ven incapaces de poder alimentar o dar cobijo a sus hijos. Así las cosas… ¿pero de verdad alguien sensato puede creerse todo esto de la soberanía nacional, la democracia, los votos, las urnas y la realidad de toda esa preciosa construcción teórica que cambiara radicalmente la concepción de la política en buena parte del mundo occidental a finales del siglo XVIII?

El resultado de toda esta situación, a mi juicio, no ha sido otro que la pérdida del consenso social y político constituyente de 1978, fruto del austericidio heteroimpuesto por la Troika y alabado por los el gobiernos Zapatero y Rajoy, al menos hasta la sorpresa electoral del 25-M, que para algunos ha sido intepretada como un sorpasso de la izquierda. Llegados a este punto, e incluso antes, muchos lectores se habrán ya preguntado qué tendrá que ver todo esto con la abdicación del Rey. La respuesta que voy a tratar de dar es que, a mi juicio, la relación entre la pérdida del consenso democrático constituyente con la propia institución monárquica y el debate abierto sobre la abdicación ha provocado que la decisión de abdicar del Rey Don Juan Carlos haya trascendido, tanto en el debate mediático como en el debate social real, precisamente por el estado de justificada crispación ciudadana y por la acelerada disminución de la cohesión social por la que está pasando el país, lo que en otras circunstancias podría haberme limitado a interpretar como un simple cambio en la jefatura del Estado. Las claves de interpretación de la decisión del monarca, así como la valoración de la misma y de sus efectos, pasan necesariamente por el análisis de la difícil realidad social que estamos atravesando. Por esta razón, en este contexto social que acabo de describir, ¿realmente a quién le importa la forma que debe revestir la jefatura del Estado? ¿Es moralmente lícito para las personas que queremos contribuir a cambiar las cosas de verdad en este país tan lacerado por la pérdida del consenso constituyente y por la pérdida de la legitimidad del poder político, tanto de origen como de ejercicio -por utilizar la terminología propia de los filósofos políticos clásicos-, que centremos nuestros esfuerzos en conseguir una república -preocupación que debe de andar, más o menos, en el puesto 56 de la lista de mis preocupaciones, por poner una cifra lo suficientemente baja pero que no resulte sólo simbólica-, cuando hay otros aspectos de la realidad social española cuya injusticia, como he dicho antes, clama al Cielo? Porque, si nos podemos exquisitos, en este país no va haber ni república ni nada, sino simplemente lo que hay ahora: la dictadura del poder financiero expresada por el culto a “los mercados”. Otra vez, las nuevas fuerzas de la izquierda y progresistas de este país se encuentran ante la trágica encrucijada de decidir entre cambiar las cosas de una manera realista, sensata y sosegada, o perpetuar el mismo error histórico de las izquierdas clásicas: la entraga a las estériles e inacabables luchas sobre las diversas “doctrinas” socialistas, comunistas y anarquistas y la aceptación de la consigna del “todo o nada” que condujeron al hundimiento de la Segunda República, a la guerra civil y a la dictadura franquista. Dios quiera que no nos pase lo mismo; o que no nos pase como en Bizancio, cuando, en 1453, mientras sus representantes políticos estaban más preocupados por discutir sobre el sexo de los ángeles que sobre la fortaleza de sus murallas y la preparación de sus fuerzas militares, la ciudad fue tomada por los otomanos, provocando la caída del Imperio Romano de Oriente.

En este contexto, la abdicación del monarca sólo puede merecer dos valoraciones por mi parte: según una primera lectura, podría haber habido factores ocultos vinculados a la Casa Real y al Gobierno que se me escapan, y que habrían llevado al Rey a adoptar esta seguramente difícil decisión. Sin embargo, según una lectura del acontecimiento de una manera más sosegada no puedo menos que considerar la abidación del monarca como un error histórico; hay varios factores para considerarlo así. En primer lugar, la misma situación por la que atraviesa el país me lleva a considerar esta decisión irresponsable del Rey como una huida hacia adelante, en un intento desesperado de apostar por el mejor valor que tiene, su hijo, para tratar de compensar lo que a mi juicio no dejan de ser fallos menores de la historia reciente del reinado de una persona que merece mis más sinceros respetos por su papel durante la transición, así como graves errores de los que no debería hacérsele responsable a él, sino a determinados miembros de la familia real.

Detengámonos un momento en el papel del Rey durante la transición a la democracia. Un proceso delicadísimo que ahora, a más de treinta años de distancia, resulta demasiado cómodo de cuestionar, cosa que, por cierto, les encanta hacer continuamente a los medios oficialistas de todas las tendencias. A falta de una explicación alternativa razonable y consistente, mi actitud hacia la verdad histórica no puede sino basarse en el principio de parsimonia de Ockham. Siento con ello desilusionar a los que pudieran esperar por mi parte el apoyo a herméticas teorías conspiracionistas que tratan de oscurecer el papel del monarca en aquellos difíciles tiempos, especialmente, en relación con los acontecimientos que presuntamente habrían rodeado el intento de golpe de Estado del 23-F. Más aún: mi repugnancia es aún mayor para los “progres de salón” como el impresentable “periodista” Évole, por haber difundido conscientemente en su programa hace no mucho información a sabiendas inveraz, así como para todos los cómplices, incluido al ex presidente del Gobierno Felipe González, que se rebajó a sí mismo sin ninguna necesidad de hacerlo, de aquella farsa mediática que mis lectores españoles seguramente recordarán: hay cosas con las que no se juega. Sencillamente, por ejemplo, el terror que rodeó aquel triste episodio de la Historia reciente de nuestro país, terror que experimentaron muchas personas de generaciones ahora con edades de más de cincuenta años; personas que habían puesto su esperanza en la construcción de un país mejor, y en la superación, a través de un sincero consenso democrático y de la que fuera llamada reconciliación nacional, de las dos Españas que todavía tristemente permanecen y de las que continúan haciéndose eco los sectores más extremistas de periódicos de cierta reputación y de tirada nacional. Los españoles somos o fachas o rojos. Tertium non datur. Tienen razón, sin desmerecer aquel proceso constituyente ejemplar de nuestra Historia, aquellos que afirman que en España jamás ha habido una revolución burguesa. Ahora estamos pagando, por la derecha, los efectos de la ausencia de una rebelión que venía obligada por lo que el gran filsófo Hegel describiera tan bien como “el Espíritu de los tiempos”. El tiempo de España no es el tiempo de Europa. Ni siquiera el uso horario ha sido reajustado a su posición originaria. Solamente somos parte de una europa con minúsculas cuyo máximo objetivo por aunar esfuerzos y valores comunes se limita a compartir una misma forma del vil metal.

En este escenario es el que nos encontramos ahora. No está el país precisamente demandando más sobresaltos, cuando nos enteramos de la noticia de la abdicación del Rey Don Juan Carlos I en favor de su hijo. Los argumentos tecnocráticos y de “lavado de imagen de la monarquía” no soy convincentes por las razones arriba sucintamente aducidas. En contra de la abdicación pesan a mi juicio factores como la pérdida para el país de la experiencia del Rey, que cuenta todavía con una autoridad a nivel internacional que Felipe VI deberá trabajarse, a pesar de su impecable preparación, por ejemplo, en terrenos como la negociación diplomática con dignatarios extranjeros de Oriente Próximo, con Marruecos y con el resto de las monarquías mundiales. También podría aducirse el factor desestabilizador de un país que, como he expuesto largamente, no se encuentra precisamente en uno de sus mejores momentos. Y he aquí que he querido reservarme para el final una de las cuestiones más espinosas: el control del entusiasmo, a mi juicio desmedido y propio de la juventud de los líderes de las nuevas formaciones de izquierdas del país, en favor de una Tercera República española, aquí y ahora.  A corto plazo, en el intradía, utilizando el lenguaje hegemónico de la superciencia economicista. Como todo lo que se hace ahora en la mediocre política, no sólo exclusiva de nuestro país. En cuanto a la cuestión que nos ocupa, desde luego, a juzgar por cómo acabaron las otras dos efímeras repúblicas que ha conocido la Historia de España, no parece que la opción inmediata por una tercera pueda ser una opción sensata, sobre todo si la transición a la nueva forma de gobierno se realiza por la vía de los hechos, en todo o en parte del territorio del Estado, y no siguiendo el complicadísimo proceso de reforma constitucional exigido por el Título II de nuestro texto fundamental. A modo de conclusión, quisiera simplemente reparar en un aspecto: se da la circunstancia de que la mayoría de los Estados más avanzados socialmente del mundo y con mayor cohesión social son monarquías constitucionales, incluso confesionales: me refiero, más en concreto, a las socialdemocracias nórdicas o escandinavas, las cuales, a pesar del cambio de rumbo político impuesto por la tendencia hegemónica ultraliberal en Occidente, conservan no pocos de los elementos de la tradición de su forma de gobierno inspirada en la socialdemocracia y en una cohesión social envidiable. Pero no sólo: también algunos países de la Commonwealth que han mantenido el víncluo histórico con el Reino Unido de Gra Bretaña, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, además de varios pequeños estados soberanos repartidos a lo largo de los cinco océanos del mundo, son ejemplos -si bien cada uno con sus matices derivados de su propia Historia singular-, de países con una calidad de vida extraordinaria -por ejemplo, en relación con el respeto profundamente enraizado en la mentalidad de sus pobladores hacia su entorno natural y sus minorías étnicas, y, en consencuencia, con la apuesta por sus gobiernos por energías limpias y alternativas-, además de ser modelos, en algunas cuestines, de civismo y de cohesión social. Ello da un poco la idea de la accidentalidad de la forma que revista la jefatura del Estado en relación con los problemas que realmente interesan a la ciudadanía. Así las cosas, y teniendo en cuenta el país en el que vivimos, personalmente prefiero ver reinar a Felipe VI como Jefe del Estado que ver competir a los señores Emilio Botín, Francisco González o Amancio Ortega -o a Pedro J. Ramírez, Juan Luis Cebrián o Jesús Ceberio- en unas elecciones presidenciales. Aunque sólo sea como justicia poética. Una justicia que pertenece sin duda a un pasado más noble, en el mejor sentido del término.

Fdo./Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

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Dios salve a S.M. Don Juan Carlos y a  S. M. Felipe VI (dicho por un republicano). Breve ensayo sobre la oportunidad histórica de la abdicación del soberano y sobre la soberanía en el contexto de la crisis española, by Pablo Guérez Tricarico, PhD is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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“Quizá la propiedad, así, sin más, no sea un robo: pero hoy está tramada en tal red de explotación y usura, está inscrita en una estructura tan evidentemente fundada en el hambre de muchos, la ignorancia o el adoctrinamiento miserable de tantos, la violencia organizada de todos, que rebelarse contra ella nunca puede parecer algo en sí mismo reprochable a las almas menos cómplices. ¿No deberíamos empezar ya a desobedecer sistemáticamente sus convenciones como primer paso para revocar de una vez por todas su imperio enraizado en equívocos, tinieblas y temores, pero amparado por las banderas respetadas de la «utilidad» o la «necesidad económica»?” (Prof. Dr. Dr. h. c. Fernando Savater, El contenido de la Felicidad, 1993). Una brevísima recensión a dos frases.

mayo 31, 2014 § Deja un comentario


 

A Fernando Savater, Profesor de Filosofía, filósofo, compañero académico y ciudadano. Felicidades en el día de tu Santo.

 

 

Sorprendente… ¿verdad? Yo no podría haberlo expresado mejor. Por eso he querido reproducir el párrafo entero de Savater. La propiedad está inserta, en la actualidad, en una estructura de poder injusta y opresora. Como he pensado ya desde hace muchos años, la acumulación de la propiedad privada de los medios de producción en manos de unos pocos, en la sofisticada forma que reviste en el estadio del capitalismo posfordiano, afecta de tal manera a la esfera de libertad de cada uno y de todos los ciudadanos que no puede decirse sin más que este tipo de propiedad resulte algo de por sí “natural” o “bueno”, sino que es una artificiosa construcción social de un sistema económico injusto que debe servir para servir al individuo, y no al revés. Sea como fuere, en el párrafo recensionado de Savater encontramos una declaración moral sobre la tendencia a la inmoralidad de la propiedad en el mundo actual tan lúcida,  que me ha despertado al mismo tiempo tanto sorpresa como simpatía. Sobre todo por provenir esta frase de quién viene: El Profesor Dr. Dr. h.c. Fernando Savater, al cual admiro por varias razones, y que no es precisamente un marxista-leninista, sino uno de los pocos intelectuales de este país que realmente merecen ese nombre y que se ha significado notoriamente, hasta el punto de haber puesto en riesgo su vida, en contra de la intolerancia y de la barbarie asesina de ETA, así como de sus cómplices por acción u omisión de un buen sector del movimiento abertxale. Es más, se trata de un firme defensor de la ibertad del individuo frente al Estado y frente a cualquier forma de dominación, sobre todo externa, que no ha dudado, como espero que lean mis lectores en breve, en arremeter contra formas más sutiles de Estado dominador incluso en las sociedades democráticas occidentales; sobre todo, contra la supervivencia de elementos del Estado paternalista y contra el llamado “Estado paternalista terapéutico”; un Estado que, utilizando el lenguaje de la psicología freudiana, “transfiere” los roles tradicionales del Estado absoluto bien entendido como teocracia, bien como suprema realización de la razón hegeliana, a los profesionales de una “salud” definida desde arriba, para el paciente, en beneficio del paciente, pero sin contar con éste. A la defensa de los derechos del paciente, incluso de los que en la actualidad, aun en sociedades democrácticas avanzadas, se niega de iurede facto su libertad, de acuerdo con una  concepción paternalista del proceso terapéutico, he dedicado varias horas durante más de diez años de mi vida, fruto tangible de los cuales han sido una tesis doctoral que probablemente, a pesar de su Premio Extraordinario, quede relegada al olvido, una monografía, un artículo cienttífico largo pendiente de publicación y, sobre todo, una multitud de conocimientos adquiridos y de reflexiones que han quedado para mí y para el resto de mis compañeros. Sin embargo, ya me estoy alargando mucho con esta cuestión. Adelanto la republicaciíon inminente de mi artículo sobre victimización en la psiquiatría, con referencias apropiadas, entre otras, a este magnífico libro “El contenido de la felicidad” de Fernando Savater, ya descatalogado, y que merece más de una recensión. Volvamos por ello a la frase que he querido postear como primicia de la aproximación de este libro, en la línea de mis últimos posts sobre injusticias sociales.

Es por muchos conocida la famosa frase del filósofo, politólogo, economista y trabajador manual francés Pierre-Joseph Proudhon, uno de los mayores pensadores anarquistas de que “la propiedad es un robo”. En realidad, esta frase fue utilizada más a modo de consigna por los movimientos anarquistas revolucionarios y por las encarnizadas discusiones dogmáticas en el seno de la I Internacional sobre las “verdades” de las izquierdas que en su sentido adecuado. En realidad, Proudhon, como el propio Karl Marx, con el cual aquél mantuvo enconadas discusiones teóricas -sobre todo en el ámbito de sus respectivas concepciones de la economía-, nunca sostuvo tal cosa en un sentido radical, es decir, etimológico. Al referise a que la propiedad es un robo, Proudhon habría venido más o menos a defender, contra la propiedad privada de los medios de producción, aquella concepción de la propiedad que venía a considerar el justo precio de la cosa como la suma de su valor originario más el coste proporcional del trabajo realizado para su producción, de manera muy similar a la concepción marxiana -que no marxista-, es decir, del propio Karl Marx, expresada de modo muy clara en el Manifiesto, y de modo algo más sofisticado en El Capital, de que el precio de un bien viene dado por el tiempo de trabajo, y no por la ganancia ulterior del empresario -justificada por el liberalismo por el riesgo de la inversión-, y dada por la economía ortodoxa por el cruce de las curvas de la oferta y la demanda. En ambos casos parece definirse lo que luego, en el pensamientio más elaborado de Karl Marx en Das Kapital, pasaría a la historia del pensamiento socialista como “plusvalía”, o valor añadido. Es significativo que en Alemania se utilice esta palabra (Mehrwert) para indicar ambas realidades económicas, por ejemplo, al definir el IVA (Mehrwertsteuer). De hecho, Karl Marx trata en el Manifiesto, obra genial y cuasi precognitiva -al menos en su primera parte- sobre fenómenos económicos y de globalización consecuencia de la expansión del capitalismo ocurridos un siglo más tarde precisamente en el mundo occidental, y no en el del llamado “socialismo real”, y seguidamente declara expresamente que ni él ni los que pueden denominarse “comunistas” se oponen, ni pueden oponerse, a la propiedad, entendida como un derecho a disponer y administrar los bienes que son fruto del trabajo de la clase proletaria, propiedad a la que prefiere denominar “propiedad personal” en lugar de “propiedad privada”, reservando este términdo para la propiedad de los medios de producción, que es la que el filósofo pretende colectivizar y a cuyo llamamiento llama a los comunistas como vanguardia del proletariado del mundo entero. Es más, la propiedad personal no sólo no debe ser abolida, sino que, a partir de una posición filosófica materialista, constituye un elemento fundamental para el desarrollo de los derechos llamados por el marxismo “burgueses” o “formales”. Esta conclusión está clara y es cierta, y puede ser entendida fácilmente con algún ejemplo, como he propuesto en algún otro post: si yo, el autor de estas líneas, no tengo de qué comer, si no dispongo de un ordenador ni de acceso a Internet, no podría escribir estas líneas y, por lo tanto, no podría desarrolar en plenitud mi derecho a la libertad de expresión y libre difusión de ideas reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española. Estaría, en términos marxistas, alienado, pues el ejercicio de mis derechos dependería en definitiva de las pretendidas bondades de un empleador. Contra ello podría argumentarse que podría no tener nada en propiedad, y vivir “de prestado” o, mejor dicho, en precario. Esta situación se parece mucho a la que tengo actualmente. Pero, llevada a sus últimas consecuencias, ello significaría que el ejercicio de mis derechos fundamentales -y esto vale para cualquier derecho de esta clase que podamos imaginar, como el derecho al voto-, estaría siempre en entredicho, pues dependería de otros que quisieran darme muestras de caridad. Un mendigo puede votar, y, por cierto, su voto vale lo mismo que la persona más rica del país, oficialmente el ciudadano Amancio Ortega -igual de ciudadano, al menos formalmente, que el mendigo-, pero si no tiene de qué comer hasta la extenuación, difícilmente le será posible poder desplazarse hasta las urnas. Ni siquiera las ayudas de un Estado social en progresiva deconstrucción -por utilizar un término posmoderno-, podrá garantizarle ese derecho fundamental, derecho que para el ciudadano Ortega -y quiero utilizar la palabra ciudadano deliberadamente, como se utilizaba en la Revolución francesa y tantas veces ha alabado el Doctor Savater- está perfectamente garantizado; tanto, que hasta puede resultarle irrelevante.

Desde una línea de pensamiento formal y aparentemente opuesta, el propio pensamiento católico volvió a tratar sobre la propiedad privada como derecho natural a partir de la publicación en 1891 de la encíclica “De Rerum Novarum”, del papa León XIII, siguiendo la tradición de los Padres de la Iglesia -los cuales, por cierto, eran más colectivistas que la corriente cristiana que ha acabado por ser la dominante, tanto en el mundo católico como en el protestante-. Sobre los motivos de la oportunidad de la publicación de dicha encíclica se ha escrito ya mucho, y ya es conocida la tesis que sostiene que fue publicada para frenar lo que parecía ser una huida imparable del proletariado cristiano, el cual, a la vez que había adquirido conciencia de clase, era cada vez más consciente de la incompatibilidad entre actitud de la jeraquía eclesíastica y el mensaje evangélico originario. Sin embargo, la corriente cirstiana dominante que tanto la Iglesia católica como las Iglesias reformadas han tratado de imponer a sus fieles a lo largo de los siglos, probablemente por las veleidades de la Iglesia de justificar teológicamente un poder civil cada vez más apoyado en el desarrollo del comercio y de la economía de mercado, y cuyas primeras formas empiezan a costituirse, según auotres como Weber, ya en la Baja Edad Media tardía, a partir de los siglos XIV y XV, a partir del afianzamiento del mercadeo que corrió paralelo al florecimiento de llas ciudades (comunes) del Medievo, ha permaecido cuasi inalterada hasta la actualidad, con poquísimas exepciones como la declaración sobre la “opción preferencial por los pobres” que consta en varios documentos del Concilio Vaticano II promovido por San Juan Pablo XXIII y cerrado de manera algo abrupta por el Pablo VI, Concilio del que, por cierto, la mayoría de los obispos y teólogos españoles de la época apenas se enteraron. O, mejor dicho, no quisieron enterarse.

En el siglo XX, probablemente la común lucha del poder civil de la Iglesia y de los países democrácticos dominantes contra el bloque comunista haya favorecido excesivamente la preferencia de la Iglesia institucional por el capital frente a los derechos de los obreros y de los pobres. La publicación en 1991 de la encíclica “Centesimus annus”, por el papa San Juan Pablo II, en la que, además de condenar los ya desaparecidos regímenes comunistas, encontramos feroces condenas sobre los excesos del capitalismo realizados, a mi juicio, de un modo cualitativamente nuevo, parece confirmar esta tesis. Sin embargo, para lo desviarme demasiado de los objetivos de este limitado post, lo que pretendo destacar con estas referencias a la doctrina social de la Iglesia es que la justificaciíon de la propiedad natural realizada por el papa León XIII no se aparta en lo esencial de una comprensión adecuada que tantoi Marx como Proudhon quisieron realizar, al menos en sus primeros escritos, si bien el texto pontificio es heredero de una tradición eclesial viciada durante mucho tiempo por el autoritarismo y por un cierto “despotismo paternalista”, que cabe apreciar sobre todo en la indulgencia con la que el papa trata en su encíclica a la figura del patrón, y que en aquellos tiempos no tan lejanos era un verdadero cacique en casi todos los países católicos occidentales, como hoy lo es el la mayoría de los países del Tercer Mundo. Por ello, a pesar de la indudable valentía del papa de abrir desde la Iglesia Católica la discusión sobre la llamada “cuestión social” o “cuestión obrera”, toda la encíclica, así como otras venideras y conmemorativas de su aniversario, no pueden sino pecar de tibieza en el tratamiento de la cuestión, denotada sobre todo en la primación que se concede en el tratamiento de todas las cuestiones sociales a la caridad sobre la justicia.

Es indudable que la economía actual no puede ser explicada en términos del XIX. Pero lo cierto es que las predicciones de Marx, pensadas en aquella época, y plasmadas en el Manifiesto, librito cuya lectura recomiendo a todos los seguidores de mi blog, cualesquiera que sea su tendencia, se están cumpliendo a marchas forzadas en la llamada por Joaqín Estefanía “nueva economía” o “economía globalizada”. Se trata de una economía en la que los elementos que tienen que ver con el capital y sus derivados -y utilizao esta palabra en toda su ambigüedad-, han adquirido un protagonismo que ha trascendido lo que el filsófo italiano liberal, tanto antifascista como anticomunista Benedetto Croce definiera como uno de los ámbitos del pensamiento y de la actividad humana: lo económico, para pasar a usurpar otros ámbitos -cuando no a desplazarlos total o parcialmente-, como el filosófico, el político e incluso el ámbito religioso. La Economía para ser, si no la ciencia del todo, la ciencia a la que se le pide la solución a los problemas que la gente considera como más impoortantes. No es mi intención extraer las consecuencias de esta afirmación, cuestión que excedería en mucho los propósitos de este humilde post, que nace como comentario a la frase del Dr. Savater. Sí lo es, por el contrario, subrayar la actualidad de la idea de Savater del carácter espuiro y de la -al menos relativa- falta de legitimidad, aunque sea sólo de legitimidad en ejercicio, de la propiedad privada, entendida ésta sobre todo como acumulación de capitial y como fruto de la compraventa de bienes y servicios cuyo precio está fijado por mecanismos que se me antojan tan esotéricos como las cartas del tarot; un ejemplo de ello es la gran aceptación del llamado “análisis técnico” utilizado en los mercados busátiles para tratar de “adivinar” el precio que alcanzarán los valores cotizados, o de los “instrumentos estocásticos”, todo ello fruto de un ámbito del conocimiento humano que otrora los más destacados filósofos y epistemólogos de la ciencia -sobre todo de orientación popperiana, libera-, no vacilarían en catalogar como “pseudociencias”. Con ello no pretendo declarar sin más la iliciitud general del sistema de economía capitalista financiera in abstracto, sino simplemente ceñirme a la reflexión de Savater. Con todo, a mi juicio, el sistema capitalista en un sistema injusto en su raíz, sin perjuicio de que haya manifestaciones concretas del mismo que no lo sean. Pero no puedo menos que pensar que, en la actualidad, el comercio y la propiedad han perdido tanto de lo que pudo haber sido su ética originaria que resulta perfectamente planteable su ilicitud para cualquier intelectual comprometido con la realidad social.

 

Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil catorce, Festividad de San Fernando.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

@pabloguerez

 

“Quizá la propiedad, así, sin más, no sea un robo: pero hoy está tramada en tal red de explotación y usura, está inscrita en una estructura tan evidentemente fundada en el hambre de muchos, la ignorancia o el adoctrinamiento miserable de tantos, la violencia organizada de todos, que rebelarse contra ella nunca puede parecer algo en sí mismo reprochable a las almas menos cómplices. ¿No deberíamos empezar ya a desobedecer sistemáticamente sus convenciones como primer paso para revocar de una vez por todas su imperio enraizado en equívocos, tinieblas y temores, pero amparado por las banderas respetadas de la «utilidad» o la «necesidad económica»?” (Prof. Dr. Dr. h. c. Fernando Savater, El contenido de la Felicidad, 1993). Una brevísima recensión a dos frases. by Pablo Guérez Tricarico, PhD is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.
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“Las 85 personas más ricas del mundo controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad” (Christine Lagarde)

mayo 29, 2014 § Deja un comentario


“Las 85 personas más ricas del mundo controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad” (Christine Lagarde)

 

Tal cual. Y eso NO ES BUENO. NO ES BUENO QUE AUMENTEN LAS DESIGUALDADES. O, al menos, esto es lo que parece opinar la sra. Christine Lagarde. Así se desprende de las declaraciones vertidas en su ponencia sobre la situación mundial de la economía y el comportamiento del sector financiero ante la crisis, en unas jornadas sobre “Capitalismo inclusivo” (o incluyente), expresión traducida del inglés y que la propia Lagarde, que no es precisamente una peligrosa marxista leninista, se ha atrevido a definir como “paradójica”. Las jornadas han sido organizadas por fundaciones nada sospechosas de “izquierdistas”, entre las que destaca la respetable Fundación Rockfeller, fundación a la que guardo mis respetos, entre otras cosas, porque su fundador sí fue una persona que se hizo a sí misma, comenzando desde abajo y construyendo su fortuna desde la nada. Algo que, en nuestro país, por el sistema ya no de clases, sino de castas sociales caciquiles, jamás sucederá. O al menos eso cabe racionalmente esperar. En ese terreno, bienvenido sea el capitalismo no ya inclusivo -que a mí también me parece una contradicción, pues su propia lógica no permite incluir a nadie cuya actitud económica esté basada exclusivamente en el afán de lucro, la lógica del clásico homo economicus-. Por el contrario, sí que considero factible -aunque en estos momentos casi imposible- un capitalismo corregido, pero de verdad, o una economía social de mercado adaptada al siglo XXI, basada en una confluencia de principios políticos y económicos tomados del regeracionismo democrático, el liberalismo igualitario y la tradición socialdemócrata.

La cita de Lagarde la tomo del periódico español “El País”, tal y como ha llegado a mi conocimiento; para algunos, un peligrosísimo periódico de izquierdas que amenaza con socavar no sé qué democracia en apoyo de doctrinas chavistas y castristas, cuando lo cierto es que, en el momento actual y sin perjuicio de su tradición, se trata de un periódico de la máxima tirada y reputación nacional e internacional, a mi juicio liberal en lo económico, y quizá algo de izquierdas en cuestiones de costumbres o de sociedad -como las bodas gays o el apoyo “de palabra” a algunos movimientos sociales, por citar sólo algunos ejemplos especialmente mediáticos-, sobre todo teniendo en cuenta que en su Consejo de Administración están los máximos representantes de dos de las mayores entidades financieras de España, el BSCH y el BBVA. Más bien mi perplejidad pasa por preguntarme cómo la directiva del periódico ha dejado publicar este artículo. Seguramente, y sin que sirva de precedente, lo hayan hecho para silenciar a los pocos canditatos políticos de la Izquierda a la Presidencia de la Comisión Europea.

No quisiera finalizar mi breve comentario sin unas palabritas sobre el informe del FMI, ése sí silenciado por la mayoría de la prensa tradicional de todas las tendencias. Y es que nadie parece tomarse el interés necesario como para leer detenida y sosegadamente un “tocho” de cientos de páginas. En lo que a mí me interesa, quisiera destacar tan sólo una cosa sobre la famosa “receta” de la moderación salarial. Algunos neoliberales tratan de “vender” esta infumable “receta” a la opinión pública, más sensata de lo que se cree, con el argumento de que es necesaria para luchar contra la inflación, en un contexto recesivo en el que hay que mantener la estabilidad del “sacrosanto” déficit público y empresarial a toda costa, cuando no reducirlo a cotas insostenibles en una sociedad democrática. Sin embargo, el informe del FMI matiza esta “receta”, en el sentido de aplicarla sobre todo a las empresas en pérdidas. Y, como confirma la propia Lagarde, se muestra muy crítico con los rescates al sector financiero, cuya finalidad por parte de los gobiernos no ha sido ni es precisamente la de salvaguardar los derechos de sus trabajadores, sino de sus directivos que condicionan las políticas de aquéllos y “la estabilidad del sistema financiero”. Lagarde propone acabar con el mito de las entidades financieras y de crédito, así como de las grandes multinacionales “irrescatables” (el llamado mito del “to big to fail”), algo que es perfectamente coherente con la propia lógica del sistema capitalista. Las continuas intervenciones del Tesoro Público y de la Reserva Federal estadounidense ordenadas por los gobiernos de los señores Bush y Obama no fueron precisamente una manifiestación del “espíritu del capitalismo” propio de la idiosincrasia de la nación americana, sino intervenciones en el sistema económico que muchos economistas y no economistas norteamericanos no dudaron, con razón, en definir como socialistas. El último triste ejemplo de rescate financiero a costa de las arcas públicas nutridas por el dinero de los contribuyentes norteamericanos lo protagonizó el reciente rescate de General Motors ordenado por la administración Obama.

Volviendo al discurso de Lagarde, el artículo, en el periódico publicado en ayer en soporte papel, lo firma el periodista Max Oppenheimer, que parece ser un reputado periodista internacional. Así que, juzgad por vosotros mismos.

Fdo.: Pablo Guérez Tricarico, PhD

@pabloguerez

 

LO QUE HA DICHO…

mayo 27, 2014 § Deja un comentario


LO QUE HA DICHO EL PAPA SOBRE EL PARO JUVENIL EN ESPAÑA

 

“El paro juvenil en España es del 50%, y en Andalucía del 60% (…) Se trata de un sistema económico inhumano”.

Ante estas palabras del Santo Padre, poco puedo añadir. Este sistema capitalista es un sistema injusto en su raíz, y, además, inhumano. Ambas cosas han sido afirmadas en varias ocasiones por el Pontífice. Que los empresarios y “emprendedores” de nuestro país tomen buena nota de ello, especialmente los que se jactan de “personas de bien” y de “buenas cristianos”. El obrero, dice la Escritura, merece su salario. Más allá de esto, es constatable que la doble moral sigue vigente en España -o en las dos Españas-, y no será difícil que el Papa sea criticado -cuando no sea objeto de cosas peores- si se desvía un ápice del discurso tan rancio como ambiguo al que nos ha venido acostumbrando la COPE y los “curas jóvenes” entusiastas y pagados de sí mismos disfrazados de corderos progresistas.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

@pabloguerez

 

Is a social, democratic and humanist Europe possible?

mayo 27, 2014 § Deja un comentario


Is a social, democratic and humanist Europe possible?

In this European Elections, unfortunately, the European skepticism has favored in a worrying percentage electoral options represented by extreme right political parties. But beyond this political scene we can read a general disappointment of an important sector of the most disappointed and economical disadvataged people, who is based in the faiulre of the neoliberal politics promoted by the Troika and the non democratic UE institutions as CBE, in a context of cultural hegemony of the Economy as a “super-science”, or a new religion, which is asked by many important people and mass media to solve all the problems of the people. People is too tired, on one hand, of the impotence of the traditional sociademocratic parties to face up a situation that is not more able to warrant social and personal rights, and, on the other hand, of the orthodoxy of the popular and conservative parties and the speech of austerity and social cuts. In this situation, the Link’ s options which can keep a creditable and genuine speech according to the demands of the European citizenship of our times seem to be absent from the media and from any possibility of change the direction of the European politic towards countercyclical and keynesians politics that can be a central meeting point in the agenda of parties proceeding of the traditions of equalitarian liberalism, genuine socialdemocracy, plural link, political ecologism and other small amateurs parties. Personally, if it would possible, I would like to have Mr. Tsipras for President of the EU Commission, even if this organism will still have any real power until a deeply reform of the EU Treaties will be implemented. Not only Greek people, but all the European normal citizenship who has suffered and experimented the consequences of the politics based  in the compulsory “austerity”, wihich unresponsible financial deliverances, deserve a better future, which is only possible with a radical change of the EU politics. 

Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD, Spain

@pabloguerez

pablo.guerez@uam.es, pablo.guerez@gmail.com

 

25-M: European Elections in Spain. Los verdaderos ganadores morales de las elecciones europeas en España: los ciudadanos y los candidatos “amateurs”. Otra política es posible.

mayo 26, 2014 § 1 comentario


 

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Dedicado a las formaciones y a los partidos democráticos pequeños progresistas de toda Europa y, sobre todo, a las candidatas y candidatos “amateurs” de corazón de las fuerzas políticas pequeñas ganadoras de estas elecciones europeas en España; en especial, a Marina Albiol Guzmán (EU-PV), María Lidia Senra Rodríguez (ANOVA), Ángela Rosa Vallina de la Noval (EU-PV), Nuria Lozano Montoya (EU-PV), Lara Hernández García (IU), María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (PODEMOS), María Dolores Lola Sánchez Caldentey (PODEMOS), Carlos Jiménez Villarejo (PODEMOS), Pablo Echenique Robba (PODEMOS), Pablo Iglesias Turrión (PODEMOS), Ángela Labordeta de Grandes (CHA), Florent Marcellesi (EQUO), Jordi Sebastià Talavera (COMPROMIS), Mireia MolÀ (COMPROMIS-IPV), Rafael Polo Guardo (LV), Carolina Punset Bannel (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA), Juan Carlos Girauta Vidal (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA), y Javier Nart Peñalver (CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) ¡Enhorabuena a los que han conseguido escaños! Puedo decir que sí me representan, aunque no como delegados de un poder soberano que, desgraciadamente, la UE cedió a las instituciones bancarias en 1992 con el Tratado de la Unión Europea.

Dedicado a Robert Schuman (1886-1963), IN MEMORIAM

 

Los resultados electorales de las últimas Elecciones Europeas dejan pocas dudas sobre el mensaje que el conjunto de la ciudadanía que decidimos ir a votar ayer, aun “in extremis”, quisimos mandar a los partidos políticos. El desplome de los dos partidos tradicionales -el PSOE y el PP-, la entrada triunfal en el Parlamento Europeo de PODEMOS y la subida generalizada de los partidos pequeños, básicamente representativos de un espectro social de centro-izquierda, cuando no de izquierda sin más, renovada y plural, ha canalizado por la vía pacífica de las urnas las frustraciones, las decepciones, pero también las ambiciones y las aspiraciones de mucha gente, joven y no tan joven, de un conjunto muy significativo y significado de la población, el cual, a través de las redes sociales y de otros mecanismos de acción directa y participativa, ha pedido sencillamente, en lo positivo, más (sic) democracia para las instituciones europeas: básicamente, entre otras cosas, que no haya una casta política “chupando del bote” de instituciones europeas no democráticas, al amparo de un Banco sin supervisión de un Tesoro público políticamente dependiente de instituciones democráticas -algo insólito en cualquier potencia mundial y ajeno a cualquier proceso de integración regional en todo el mundo-, que es, básicamente, quien nos “gobierna” directamente en Europa. Pero la ciudadanía ha pedido mucho más: la recuperación de la política entendida en su sentido más noble, como poder de los ciudadanos sobre la cosa común, y su supremacía frente a los poderes fácticos; en nuestra disgregada Europa, sobre todo, al poder de los mercados, que son los verdaderos legisladores que dictan las reglas a las Troikas, a la Sra. Merkel, a los políticos neoliberales y neconservadores que sólo piensan que recortando el gasto público en aspectos esenciales del Estado social -una construcción, la del Estado social, con su “economía social de mercado” ” a la alemana” (sozialmarktwirkshaft) o “a la nórdica”, con sus socialdemocracias tradicionales de los años 60 y 70-, que había conformado la identidad europea por tantas décadas, frente a otros modelos de integración regional en el resto del mundo, y ahogando la demanda interna, haciendo accesible el consumo sólo para unos pocos -los mismos-, es posible mantener la estabilidad del “sacrosanto” déficit público y ofrecer, casi a modo de víctima propiciatoria, a los mercados, el sufrimiento de la población, ya que el crecimiento o el desarrollo económico, sinceramente, no les interesa.

En la otra parte no ya de una ideología, sino de una actitud frente a la política, se sitúan los auténticos partidos ganadores, tanto moralmente, como electoralmente. Felicidades a todos los partidos democráticos que han subido en número de escaños, así como a los nuevos partidos democráticos que han conseguido entrar en el Parlamento Europeo: PODEMOS, Primavera Europea-Compromis-Equo-CHA y Ciutadan’s. Algunos de dichos partidos han conseguido entrar con mucha fuerza, como PODEMOS. A esta formación, de apenas cuatro meses de existencia, le auguro larga vida, así como que sea capaz de tender puentes entre las demás formaciones políticas, ya sean “de izquierda” o surgidas del descontento popular y que abogan por una auténtica regeneración democrática, y que hagan gestos de renuncia a la tan denostada “política de castas”, en la terminología del líder de aquella formación, el Dr. Pablo Iglesias. Como bien recordaba en su excelente discurso de esta noche en una conocida plaza de Madrid, “mañana seguirá habiendo seis millones de parados, y no se pararán los desahucios”. La aspiración del Dr. Iglesias de superar a los “partidos de la casta”, articulando en una organización aspiraciones nacidas en el 15-M, se me antoja quizá demasiado lejana. Pero nunca se sabe. La historia ha dado muchas vueltas, y en los momentos de crisis, en los que el pueblo ha sentido más que nunca pisoteados sus derechos materiales y formales como ahora, puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, el Dr. Iglesias debería ser consciente de una cosa: sin quitarle el mérito indudable del auge de su formación, buena parte de su éxito electoral -que él mismo ha calificado de insuficiente- se ha debido no sólo a la abstención -inferior, por poco, a la de las últimas Elecciones Europeas de 2009-. Como politólogo deberá saber que ha sido favorecido por el sistema electoral de circunscripción única vigente en estas elecciones, algo, por cierto, reclamado por Izquierda Unida y por otros partidos con y sin representación en el Congreso de los Diputados, y que no ha sido suficientemente tenido en cuenta por los analistas políticos “oficialistas”. Éste voto ha sido más generoso y poético de lo que ha parecido, y no puede compararse con hipotéticos resultados futuros o pasados de unas elecciones municipales, autonómicas o generales. Por ello, la consecución de una amplia mayoría social pasa por tender puentes a formaciones políticas con un discurso afín a nivel estatal, tanto de cara a las elecciones autonómicas y municipales, como de cara a las elecciones generales, llevando a la política estatal las propuestas que han sido incorporadas a la agenda europea, algunas de ellas típicamente españolas -o agravadas por el modelo sociopolítico español vigente-. En primer lugar, debería abrirse una reflexión con los movimientos sociales, como aquella formación misma indica, junto a otras como lzquierda Unida, en la que su burocracia interna debería dar lugar, como de hecho está dando, cada vez a nuevas caras y a nuevos modos de hacer política más próximos a la ciudadanía y a los movimientos sociales, no vinculados necesariamente con la antigua historia de la coalición IU y con su antiguo modo de funcionamiento, muy ligado a la realpolitik del aparato del PCE; mucho de esto ya ha sido hecho con la formación de la Izquierda Plural, habiendo integrado a buena parte -si bien no a todo- el ecologismo político español, y ello es de alabar en esta formación en parte “tradicional”, que surgiera históricamente para plantar cara a la “esquizofrenia” socialista ante la entrada de nuestro país en la OTAN, bajo la presión de unos Estados Unidos dominados por una política reaganniana al borde de una verdadera legitimación democrática en ejercicio.

En un análisis político de la jornada electoral de ayer, no se me oculta el impacto social de que en Cataluña Esquerra Republicana haya sido la primera fuerza política; al margen de su proyecto europeo, muy encomiable en muchos puntos, no puedo dejar de avdertir un factor de estabilidad política cuya responsabilidad trasciende a la propia Comunidad Autónoma catalana y es, en parte, imputable a una política muy agresiva del Gobierno central sustentado por el Partido Popular. Personalmente, me cuento entre los que opinan que la secesión de Cataluña es un error y supondría un perjuicio no sólo para el resto de España, sino para la propia formación catalana. Siempre he sido enemigo de los nacionalismos -que no de los nacionalistas pacíficos-, aunque el provincianismo que ellos destilan pueda ser explicable por el descontento de estar siendo manejados por fuerzas que no controlan. Frente a ello, no considero que haya que blandir la Constitución Española -fruto de un consenso y de un esfuerzo muy complicado, hija de su tiempo, desde luego más noble que éste, y que difícilmente pudo haberse hecho mejor-. Basta con recordar a las formaciones independentistas o “sólo nacionalistas” (como CiU, que iniciara el proceso del referéndum y ahora se ha visto castigada; no me extraña: los ciudadanos suelen ser más coherentes y sensatos que sus líderes, y cuando se inicia un proceso de estas características es natural que hayan preferido el original a la copia) algo muy básico en la política europea: el principio de subsidiariedad, que viene a decir, explicado de una manera sencilla, que cuando alguna política puede hacerse desde un territorio u organización administrativa menor, es ésta la competente para hacerla, sin recurrir a las grandes instituciones europeas. España no es una amenaza para Cataluña, sino al revés. Otra cosa es su casta política.

En otro orden de cosas -y aunque no haya sido un problema que se haya dado en España-, no puedo terminar un post sobre las Elecciones Europeas sin manifestar mi preocupación sobre el auge de los partidos de extrema derecha en varios países europeos, desde Francia -con la victoria electoral del partido de Le Pen-, a Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría o Austria (con el auge del partido neonazi “Nuevo Amanecer”). Se trata sin duda de una mala noticia, cuyos efectos sin embargo creo que pueden estar limitados por la incompetencia de los propios líderes elegidos. El mayor problema es el problema de fondo: la canalización de los problemas ciudadanos y de su actitud hacia las políticas de recortes llevadas a cabo por los partidos tradicionales tanto de inspiración socialdemócrata como democristiana o popular a través del voto euroescéptico. No tanto por la fueza que estas formaciones puedan hacer en el Parlamento Europeo -puesto que su eficacia, en contra de lo que se nos quiere vender por parte de los dos grupos parlamentarios mayoritarios de la Cámara y de sus partidos nacionales “de casta”, utilizando la terminología del Dr. Iglesias, es muy limitada-, sino en el fomento de actitudes ciudadanas xenófobas, machistas y violentas, contrarias a la tradición cultural humanista europea. Y quien dice en la calle, dice en poderosos sectores de la sociedad civil; fundamentalmente, en pequeñas y medianas empresas de la economía y de la industria urbana y rural -pensemos en el ejemplo de Francia-, cuyos líderes políticos ultaderechistas pueden haber “comprado” ese discurso.

Concluyo con una consideración politológica de carácter general. Es verdad que el déficit democrático de la Unión Europea y, en concreto, del Parlamento Europeo, es cada vez mayor, y que esta Asamblea no ha conseguido asemejarse -siquiera en determinadas políticas- a las Asambleas legislativas de los Estados miembros. Sin embargo, aunque el Parlamento Europeo tuviera los poderes de los Parlamentos de los Estados miembros -siquiera al modo de un Estado federal, distribuyendo las competencias por materias y poniendo fin a la codecisión con el Consejo de la Unión-, la situación nos remitiría al déficit democrático de los Estados miembros: es decir, a la ficción contractualista según la cual nosotros, el pueblo -parafraseando el comienzo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América-, otorgamos a unos representantes nuestro poder para gobernar. Y lo cierto es que, mientras esta ficción no se corresponda al menos con un porcentaje asumible de la realidad política -como lo era en los tiempos de la Guerra Fría-, mientras el dios Dinero siga mandando sobre todo, mientras sean los mercados los que hagan política o manden hacer política a nuestros “representantes”, mientras éstos actúen como representantes de otros, es decir, de poderes económicos conocidos u ocultos -como una especie de “representantes del pueblo de segundo o tercer orden”, será muy difícil volver a hablar de política y de democracia entendidos como el ejercicio del poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (como, por cierto, todavía se mantiene en la actual Constitución Francesa de la V República, artículo 2). La mejor herencia de la Revolución Francesa, la única que ha conseguido “triunfar” durante tres siglos, está en entredicho, e incluye a los llamados por el marxismo “derechos formales”, los derechos de primera generación, que peligran en nombre de la “seguridad nacional” o, simplemente, porque carecen de base material mínima para que los mismos sean, como manda el artículo 10 de la Constitución Española, “reales y efectivos”. Democracia real y participación ciudadana en los asuntos públicos parecen ser palabras huecas. Y contra ese vacío es contra el que se ha rebelado la mayoría del electorado comprometido en las elecciones de ayer. Pero para recuperar un espacio político para los ciudadanos, de nada sirve apelar al “déficit” democrático de la Unión Europea o a la “política de casta”: hace falta, como bien decía el lema de la Izquierda Plural para esta elecciones, recuperar “el poder de la gente”; la igualdad de la gente. No sólo de aquellos a quienes -al menos a los ojos del mundo- “les va bien”, sino, por ejemplo, de los seis millones de parados que, al menos, gracias a las ideas de verdaderos liberales como Voltaire, Rousseau, Jefferson, John Stuart Mill -si bien este último defendió el voto plural, pero no sobre la base de la clase social, sino sobre la base de la formación, así como el voto de la mujer, algo impensable en aquellos tiempos-, y tantos otros, se les ocurrió la por entonces peregrina idea de que el voto de un mendigo debería valer lo mismo que el de un millonario. Y es así: quizá lo único verdaderamente importante que ha quedado del contrato social es la igualdad del voto, derecho absolutamente formal, casi abstracto, pero fundamentalísimo. El parado, el desahuciado, el enfermo, el marginado, el discapacitado, el mutilado, el excuido, el diferente, el disidente, algunos (y sobre este tenemos que seguir trabajando) inmigrantes, las víctimas de un sistema injusto de distribución de la riqueza, las víctimas del sistema hipotecario y crediticio, los que no tenemos nada (nada directamente intercambiable por las migajas del dios Dinero, o para ofrecer en su altar, ni siquiera prole); en definitiva, los miserables -mis honores para el gran Víctor Hugo-, tenemos el mismo derecho a votar que el señor Botín. O el señor Blesa. O el señor Bárcenas. Al menos hasta ahora. Hasta que seamos realmente importantes y los poderosos cambien hasta el sistema de representación “formal”, dando el voto a los bancos y volviendo al sufragio censitario: ¿os parece un panorama tan distópico como para ser irrealizable? Ojalá me equivoque, pero como los ciudadanos no nos movamos a través de los nuevos canales de comunicación que la llamada sociedad de la información ha puesto a nuestra disposición, como las redes sociales -hasta que sean controladas del todo o censuradas por el gran Poder económico-político, es decir, por el Poder Total que, sobre la base del culto al Dinero, trata de imponerse en todo el mundo, a partir del Club Bilderberg y de un club superior de cuyo conocidísimo nombre no quiero acordarme-, vamos a ver cosas peores.

Sin embargo, no es éste el momento para ponernos pesimistas. Lo importante es que los ciudadanos que realmente queremos un cambio en la política hacia medidas sociales y de regeneración democrática nos movamos y podamos articular una amplia base social -utilizando, como se ha dicho por varios partidos pequeños, “la forma” del partido político, en palabras de varias de las formaciones “pequeñas” triunfadoras de la noche de ayer para concurrir a los niveles inferiores de Poder, como son los de la representación formal de los ciudadanos en los órganos políticos, pero no sólo-; y ello con el objetivo de conmover, siquiera un poquito, las estructuras del Poder y poder plantar cara a nuestras justas reivindicaciones. En concreto, creo que las siguientes reivindicaciones pueden estar compartidas por una amplia base del electorado y de los candidatos (¡viva la política amateur en el mejor mentido, como todo lo amateur, incluido el deporte, en el mejor de los sentidos), y en relación con el caso español -aunque no exclusivamente-: la supremacía de la política y de la economía denominada “real” frente a la economía especulativa (definida como financiera y no real, cuando desgraciadamente es más real que la otra); la lucha contra la corrupción en los partidos políticos y en las instituciones para políticas como las entidades bancarias; el trabajo constante para la corrección de las desigualdades; la finalización de la ficción jurídica de la libertad de contratación entre personas físicas con problemas y grandes personas jurídicas, especialmente las entidades bancarias y las multinacionales; el fin de los privilegios de Derecho civil y fiscales para estas personas jurídicas; el cese de la insostenible situación en un Estado social de los desahucios y la aprobación de la dación el pago; la instauración de una renta de ciudadanía; la aprobación de una tasa para las grandes transacciones financieras internacionales y el levantamiento de las trabas que, en nombre de la lucha del blanqueo de capitales, se imponen al comercio normal de los ciudadanos, para transacciones inferiores a 12.500 euros; la eliminación en lo posible de todas las formas de intermediación y gestión económica de la propiedad personal de las personas físicas, desde los mecanismos de inversión hasta la reinvención de la propiedad intelectual; en este sentido, la promoción de licencias de cultura libre del tipo de Creative Commons y de conocimiento compatido, tanto para la propiedad intelectual como para la industrial, y la reforma de la legislación en materia de propiedad industrial para promover un comercio justo con los países del Sur; la promoción de la paz y de la democracia auténticas en todos los rincones de la Tierra; la apuesta por el desarrollo de energías sostenibles e innovadoras y la valorización del conocimiento y su trasferencia a la sociedad -no sólo a algunas multinacionales-, a través de convenios entre universidades, fundaciones e institutos de investigación con cooperativas y formas de gestión económica societarias, sin descuidar la investigación básica, a la que habría que prestar el mayor apoyo con objetivos a largo plazo; en definitiva, la opción por modelos productivos de desarrollo que favorezcan la creación, transmisión, crítica y transferencia del conocimiento científico, técnico, artístico y humanístico entre toda la población y la distribución equitativa de los bienes culturales directamente derivados de dicha transmisión, así como la distribución y, en su caso, la redistribución de la riqueza y del bienestar derivado de una utilización de dichos bienes en equidad, en beneficio de todos los ciudadanos y, especialmente, de los más necesitados y desfavorecidos. Y esto sólo en economía, que parece ser la “ciencia” que guarda el “fuego sagrado” de nuestro tiempo, la “cifra”, en palabras del filósofo Jaspers, de la post-post modernidad. De los demás ámbitos de la actividad humana, aplastados por la economía -o por lo que dicen ser economía-, espero tener ocasión de tratar, bien en este blog por su temática relacionada con los fenómenos de victimización, además del análisis social, bien en Twitter (@pabloguerez), o en algún lugar de la red.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

@pabloguerez

Signed.: Pablo Guérez Tricarico, PhD

@pabloguerez

 

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Los parados hipercualificados: ¿una nueva forma de discapacidad?

mayo 22, 2014 § 3 comentarios


A mis Padres, Hijos de Tiempos más nobles

 

La noticia de que muchos jóvenes -y no tan jóvenes- con estudios universitarios en paro en este país que se ven obligados a adelgazar sus currícula es más que una leyenda urbana. Es así, y ya me he encontrado con bastantes que sostienen que eso es mejor que nada. Ya dejen de ocultarse en los currícula ingenierías, o cualesquiera clase de estudios superiores. En la vieja Europa del Sur, con España a la cabeza, hemos llegado a un punto en el que algunos casi tenemos que pedir perdón por tener tanta formación. Formación, muchas veces, que ha sido sufragada gracias al sacrificio de miles de ciudadanos, de cualquier extracción social -más bien de la clase media empobrecida y de las clases bajas-, a través de impuestos cuya carga, como es notorio, ha recaído casi siempre sobre los ingresos fácilmente detectables por el Estado, es decir, sobre las nóminas de los ciudadanos asalariados, y, en menor medida, sobre el consumo de profesionales, consumo interno que no ha hecho más que decrecer por la crisis, según datos del propio Gobierno.

Ante la situación de paro insostenible que vive nuestro país, cabe formular una pregunta legítima, que quiero lanzar por primera vez a los actores económicos, políticos y al resto de la ciudadanía: ¿no será la hipercualificación, o sobrecualificación, una nueva forma de discapacidad? ¿O, al menos, su equivalente funcional en una sociedad que no funciona económicamente como cabría esperar de una sociedad desarrollada y avanzada? Desde estas breves líneas, que no pretenden otra cosa sino iniciar un debate en este sentido, ésta es la hipótesis que pretendo defender: la hipercualificación es una nueva forma de discapacidad en la medida en la que dificulta, cuando no impide, el acceso a un trabajo adecuado a su formación, cuando no inadecuado, a miles de personas, simplemente por la razón de que nuestro actual modelo económico -que no me atrevo a llamar productivo- o, para que se entienda más claramente, “las empresas”, no están por la labor de invertir a largo plazo y de apostar por la innovación -a través de la creación de perfiles cualificados-, sino que desean simplemente mantener sus beneficios a costa de una plantilla de trabajadores semicualificados o no cualificados que les sigan reportando los mayores beneficios sin el menor riesgo. O, dicho en otros términos, privatizando sus beneficios y socializando sus pérdidas, cuando no recurriendo a las subvenciones del papá Estado del que nunca se separaron por completo aquellos que se tildan en este país de picaresca de “liberales”. Esta actitud empresarial, en un contexto recesivo o de grave crisis económica, resulta muy racional para los empresarios, pero nefasta para el conjunto de la sociedad. En términos estrictamente macroeconómicos aboca a otra recesión, a más despidos masivos como los que ya hemos presenciado y al abaratamiento de los costes sociales que tanto ha costado conseguir. La propia demanda interna de la clase media-alta se ve resentida, y es en ese punto quizá en el que las personas hipercualificadas podamos hacer algo. Pero una vez que la sociedad económica se ha conformado con una plantilla x para mantener una situación de primacía económica sobre su competencia, cuando no directamente se producen acuerdos colusorios entre las empresas, la apuesta por la .innovación y la creación de perfiles económico-laborales que cuestionen el status quo no resulta ya atractiva para dichas empresas. O, mejor dicho, para las personas que están detrás de dichas empresas. Se les presentan plazos demasiado largos y apuestas de riesgo en un contexto económico hostil del que no son capaces de entrever un horizonte distinto; es normal que no quieran arriesgarse, su mediocridad y cortedad de miras les lleva a ello. Sin embargo, sin el riesgo empresarial nunca ha habido crecimiento ni progreso, ni para la propia empresa ni para la sociedad. Ello revela la poca altura de miras de nuestra clase empresarial de “emprendedores”, como gusta llamarla a nuestra clase política.

La hipercualificación podría entonces definirse como una discapacidad, en sentido amplio, o al menos, en el equivalente funcional de aquélla, constituida por la situación de grave incapacidad que a muchas personas toca padecer para acceder a un puesto de trabajo, ya sea este último acorde con su hipercualificación -porque estructuralmente no se han previsto los mecanismos para su incorporación-, ya sea inferior -por el miedo del empresario a que el orgullo de la persona hipercualificada o su falta de formación específica en relación con el puesto que se le oferta pueda afectar al proceso productivo, ¡cuánto más si se contagia a otros trabajadores!-. Desde un punto de vista de sociología económica podría definirse la hipercualificación como la discapacidad funcional que sufren ya varios miles de personas -muchas en nuestro país- por el hecho de encontrarse en peores condiciones ex ante a la hora de encontrar cualquier puesto de trabajo, incluso muy inferior al que les correspondería en justicia según su grado de formación; ¿la causa?: en un contexto económico recesivo o, en cualquier caso, caracterizado por políticas procíclicas que priman la llamada “austeridad” frente a las políticas de crecimiento basado en el I+D+I, el puesto de trabajo natural para dichas personas ya no resulta atractivo para las principales empresas del mercado, incluidas las multinacionales. Por otra parte, la gran valoración social (simbólica, pues no es otra cosa, pero en el análisis social el funcionalismo sistémico nos enseña que los símbolos tienen importancia) de la juventud exige mano de obra muy joven para trabajos poco cualificados, basados básicamente en el aprendizaje automático y en el cumplimiento de unas pocas instrucciones mecánicas, así como en la fuerza física (este último argumento explica también, junto con otros que no es necesario apuntar aquí -como la posibilidad de embarazo-, la todavía notable preferencia -discriminación, en términos jurídicos- que lleva a cabo el mercado de trabajo privado de varones frente a mujeres, preferencia que, curiosamente, tiende a decrecer a medida que escalamos hacia trabajos más cualificados en los que las competencias de varones y mujeres se igualan, no precisamente “a la Cañete”, sino en una progresión favorable a la mujer (mayor estabilidad emocional, además de poseer, en general, o al menos así lo establecen las últimas estadísticas psicométricas, el mismo nivel en el rango de competencias más altas -como la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto, con un nivel de desviación típica en la estadística menor al 10%). El sector público, con su prohibición de discriminación -dejo a parte a las Universidades públicas con su famosa autonomía (¿o debería decir endogamia?), trata de compensar esta situación de discriminación entre varones y mujeres con acciones positivas (esto también es Derecho europeo). Aunque esto tiene a mi juicio una pega, o más bien un efecto secundario: como no vivimos en un país socialista, sino en un mercado libre en el que el empleo público se presenta como una rara avis, el legislador tiene que tener presente las posibles disfunciones sobre el mercado laboral general: una tendencia que ya se advirtió en los años de bonanza, y que motivó el escoramiento de las mujeres hacia puestos públicos que favorecieron su estabilidad y su progresiva ausencia de los centros directivos de las empresas privadas. Desde mi punto de vista convertir a todas las mujeres en funcionarias y todos los hombres medios en empresarios sería una distiopía peor que la situación social de los años 50 y 60 en nuestro país, antes de la revolución de la mujer y de las revoluciones feministas. Sin embargo, esta situación no se va a producir, por el simple hecho de que el sector público está en un peligroso retroceso que va a afectarnos muy negativamente a todos, varones y mujeres.

Volviendo a la hipercualificación como discapacidad, sería legítimamente exigible, si no su reconocimiento expreso a nivel legislativo combinado con políticas para combatir sus efectos desfavorables, al menos una petición de perdón pública por parte de los líderes políticos parecida a la que hizo el ex presidente del Consejo de Ministros italiano Letta, antes de ser desplazado por Renzi: pidió perdón por todos los jóvenes italianos que se habían visto obligados a abandonar el país por no encontrar trabajo. Y el honorable Letta, hombre inteligente, bien sabía que se trataba de jóvenes cualificados, y que muchos de ellos, de haber permanecido en Italia y haber querido encontrar cualquier puesto de trabajo, como ahora se insta a los jóvenes desde los responsables de nuestro lamentable Ministerio de Empleo, deberían haber adelgazado sus curricula. Algo impensable para un hombre de política, pero verdaderamente democristiano y honrado. Porque sabía que esos jóvenes eran perfectamente capaces de servir cafés y pizzas en cualquier restaurante o cafetería de Italia. Una respuesta muy honesta y muy alejada de las respuestas de nuestros líderes políticos, especialmente de los que sustentan nuestro Gobierno, con sus argumentos de que servir cafés en Londres supone una experiencia enriquecedora para los jóvenes, que por lo demás, tendrían una naturaleza “aventurera”. Hemos oído estas declaraciones en los debates parlamentarios, tanto por parte del partido en el Gobierno como por parte del partido en la oposición, si bien desde éste como crítica: ¿pero qué propuso en el último debate sobre el Estado de la Nación el PSOE y el Señor Rubalcaba, Doctor en Química? ¿Que habría plazas para Doctores en empresas punteras?… Pues nada de eso, queridos lectores, siento desilusionaros. La mayoría de vosotros ya lo sabréis. Lo que propuso, y me temo que va a seguir proponiendo -a pesar de la gran habilidad de este político para cambiar de opinión-, es seguirle el juego a los que aceptan que la hipercualificación deba ser una nueva discapacidad social (salvo para la política, claro; por cierto, en ésta brilla por su ausencia no ya la hipercualificación, sino una cualificación de cualquier tipo): fomentar y alargar la formación profesional -trabajo menos cualificado que el universitario-, para que aquellos alumnos que, siguiendo el benéfico instinto de enriquecimiento, abandonaron sus estudios durante los años de bonanza, para ser readmitidos y por lo menos terminar de pagar sus hipotecas casi perpetuas con un trabajo de 1500 euros al mes. Mejor que el PP, en términos cuantitativos. Pero me atrevería a decir mucho peor, en términos cualitativos. Porque esta política supone un ninguneo -y el Sr. Rubalcaba, como universitario, si no se le ha olvidado, debería recordarlo-, de todos aquellos que en ningún momento abandonamos -al menos de manera definitiva- un camino espinoso y plagado de dificultades; sí, se nos hizo difícil, tardamos mucho, cometimos errores, cada uno los suyos, pero al final lo logramos: el camino de la ciencia, del conocimiento y del desarrollo, para obtener el máximo grado académico reconocido por el ordenamiento jurídico español, que no es precisamente el grado de Máster, a pesar de su hipervaloración social y de su excesiva publicidad, sino el de Doctor: el grado que trae consigo la plenitud de la capacidad docente e investigadora; que debería conferir a su portador, según la legislación vigente, las mayores capacidades de análisis, de creatividad, de resolución de problemas complejos y de cambio. Lo que sobre el papel demandan las grandes empresas y deberían saberse -si es que saben lo que significa-, las psicólogas que son contratadas en sus departamentos de recursos humanos. Pues bien: éste es el camino que elegí. Me equivoqué. Porque, a todas luces, entro dentro de una nueva discapacidad, y una de las que molestan al Poder si éste no es capaz de hundirnos en la depresión o de mandarnos encadenar por los poderes fácticos blandiendo contra nosotros las categorías de molestos o fanáticos, cuando no de enfermos mentales. Y en esto el Poder es muy hábil. A una persona sola pueden silenciarla. Por eso quiero publicar y difundir esto, así como otros blogs; para que, si llega a “ocurrirme” un lavado de cerebro que me devuelva al denominado por Chomsky “rebaño de los adormecidos” (aquí no somos tan importantes con en las Universidades norteamericanas con algunos de cuyos exponentes más subversivos se experimentó dentro del ya desclasificado programa MK-Ultra), si el Poder hace uso del condicionamiento operante el peor de sus sentidos -por ejemplo, a través del Estado terapéutico-, y se me da la falsa felicidad del soma del Mundo Feliz de Huxley, por lo menos estas ideas habrán sido lanzadas al ciberespacio. Lo mismo pretendo hacer, y más pronto que antes, con otros posts.

Termino con unas pocas citas de nuestra Constitución Española, tan en boca de los políticos de todos los colores como prostituida. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, dice el artículo 35 de la Constitución Española en su primer párrafo. Incluso la propia Constitución se hace eco de la protección de los discapacitados, a los que, utilizando la terminología de la época, llama “disminuidos”, en su artículo 49, cuyo texto reproduzco a continuación: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”; la cursiva es mía, y con ella quiero subrayar el hecho de que todas las limitaciones a la capacidad de obrar de los discapacitados deben ser interpretadas restrictivamente, que su tratamiento ha de ser contando con su cooperación, y no de modo paternalista, y que el objetivo del mismo debe ser el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, que son para todos, y no sólo para la mayoría “normal”. Porque, entre otras cosas, de una lectura siquiera superficial del arma más mortífera de la Psiquiatría actual -es verdad que ya no hacen tantas lobotomías como antes, pero por lo general diagnostican más que hablan-, si abrimos el DSM-V de 2013, no hay nadie “normal”. Sólo basta con que alguien acuda a consulta para que sea considerado “enfermo mental”, desencadenándose con ello los nefastos efectos victimizadores propios de la dinámica de inclusión/exclusión en el colectivo de los denominados “enfermos mentales”. Casi no me resisto a seguir, pero sobre ello, téngalo por seguro mis lectores que, si Dios quiere, y como dijo el gobernador de California, “volveré”.

Volvamos sin embargo a la Constitución. Todos los criterios interpretativos sobre la capacidad de obrar de aquellas personas que por alguna u otra razón (edad, trastorno mental transitorio o permanente, incapacidad) son Derecho vigente, y manifiestan una tendencia clara en contra de la regla del paternalismo médico incluso en esos supuestos, tanto en nuestra doctrina como en nuestra jurisprudencia, así como en el ámbito deontológico médico, sobre todo a partir de la aprobación del Convenio de Oviedo de Derechos de los Pacientes de 1999, que tendrían que leerse varias veces muchos de los actuales profesionales españoles de la salud mental. Todo ello, incluso en una época de crisis, es Derecho vigente, aunque sean meros “criterios rectores de la política económica y social”. Pero a ellos han de estar sometidos todos los partidos, incluidos el PSOE y el PP. Por cierto, igualmente vigente resulta el artículo 42 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”. Así que, además de ello, no vendría mal una petición de disculpas públicas por parte del actual Presidente del Gobierno, el Sr. Mariano Rajoy, por los miles de jóvenes y no tan jóvenes que han tenido que dejar este país por la situación de crisis de la que son responsables en cuanto gobernantes. Me dan igual las herencias recibidas; la misma declaración se la exigiría al PSOE si estuviera ahora mismo en el gobierno. Y es que en Derecho civil se enseña que las herencias se transmiten, y que el sucesor es -según las reglas generales- responsable de las deudas producidas por el causante, haya habido o no culpa; la responsabilidad como categoría esctricamente jurídica -cuestión distinta es cuando pretende extrapolarse espuriamente a otros lenguajes, como el clínico-, es una categoría que no necesita la culpa; puede fundarse perfectamente en el riesgo, en la equidad o en otras construcciones jurídicas; por ello, y en una cierta analogía con el Derecho civil, del mismo modo en Derecho político un gobierno es responsable de la situación de un país, tal y como se lo encuentre; ello se ve muy bien en el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en las obligaciones que la IV Convención de Viena impone a los países invasores sobre el país invadido. En la medida en la que las potencias ocupantes se arrogan el ejercicio de una acción de gobierno, se hacen competentes de todos los riesgos que afectan al territorio ocupado -diríamos en teoría del Derecho penal-, procedan de donde procedan. Así que con mayor razón el Gobierno actual es responsable, objetivamente y por voluntad de las urnas -aunque sea una voluntad formal o una ficción jurídico-pública- de la situación del país, y ellos -los gobernantes- tienen que contribuir a mejorarla. Los que pretenden esquivar su responsabilidad -esta responsabilidad, la que implica acción y compromiso de cambio y no aceptación de culpa-, nos dan una idea de lo limitada de su formación intelectual y humana, además de su pusilanimidad.

En resumen: estoy dispuesto a lanzar esta idea: los parados hipercualificados como una nueva forma de discapacidad, y de lanzarla incluso a la arena política. Quiero que se hable del tema, y quiero lanzar, a través de este post, el testigo para que, desde la sociedad civil -aunque luego deban mediar los partidos-, pueda ser recogido por quienes la apoyen. El objetivo: llevar el problema del paro hipercualificado al Congreso de los Diputados como problema político de primer orden de I + D + I, con la legitimidad que debe darnos esta idea. La propuesta podría bien cristalizarse en una iniciativa legislativa popular de Proposición no de ley, pero de puntos programáticos claros, que restituya la dignidad al colectivo de los parados hipercualificados. Las personas hipercualificadas no somos simples personas “vagas” que no queremos aceptar “cualquier trabajo” -como recientemente se nos acusaba por personas afines al Ministerio de Empleo-; somos personas conscientes de que en “cualquier puesto de trabajo” lo tenemos más difícil y que, además, lo vamos a hacer peor que quien ha estado toda su vida en ese trabajo; aunque esta posición parezca elitista, no lo es, pues la mayoría de vosotros conocéis mi posición sobre la necesidad de redistribución de la riqueza y de poner límites al capital; muchos de estos conocimientos los he adquirido, además de en participación en acciones de voluntariado, sobre todo gracias a mi hipercualificación. Así que, más allá de las críticas que se nos dirijan por hacer o no hacer otras cosas, tal y como yo lo veo, somos personas conscientes de la grave responsabilidad que pesa sobre nosotros, como colectivo social, en cuanto talento desperdiciado por el sistema y que ansiamos que revierta en la sociedad para el bien común de todos. En mi caso, si no adelgazo mi currículum, no es por orgullo, sino por no faltar al respeto a tantos miles de personas -muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de cursar estudios superiores- que pagaron una formación excelente y a las que ahora no les puedo devolver, en términos productivos, dicha formación recibida. Ello me llena de amargura, pero constituye también un grave problema social, que espero haber denunciado con este post. Y me costa que lo mismo piensan miles de personas ahora mismo en silencio, cuando no silenciadas. También por ello, no aceptaré -al menos a fecha de hoy, 22 de mayo a las 17:00 h GMT +1)- ninguna discapacidad que no sea ésta. Porque lo contrario sería darles la razón a quienes quieren silenciarnos, a los pseudopsiquiatras y pseudopsicólogos que, a fuerza de querer hurgar en nuestros ombligos, descubren ahí sus propias miserias y justifican un sistema de autoridad prescriptiva y de trastorno mental cuya epistemología resulta altamente cuestionable. Pero eso, como diría el nunca suficientemente ponderado Michael Ende… eso es otra historia. Parte de ella trataré de contarla o de reescribirla en sucesivos posts, con la ayuda de Dios. En cualquier caso, retomo la cuestión fundamental de los problemas de la hipercualificación y de los problemas relativos a la crítica a la juventud por su “ociosidad” en http://pabloguerez.com/2014/07/08/de-nuevo-sobre-el-prolema-de-la-hipercalificacion-y-contra-la-critica-a-la-presunta-ociosidad-de-la-juventud-sin-trabajo/.

 

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico / Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

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De nuevo sobre “la crisis”: ¿es necesaria en nuestro “Primer Mundo” una nueva “revolución burguesa”? (A propósito de la última encuesta de la EPA en España)

abril 30, 2014 § Deja un comentario


 

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1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. (Constitución Española de 1978, art. 35)

 

 

Desde luego, la encuesta sobre población activa publicada ayer nos ha dejado perplejos a muchos. Desde mi supina ignorancia de macroeconomía no he podido evitar hacerme esta pregunta: a la vista del pequeño, pero real, crecimiento económico ¿cómo es posible, o cómo dejamos que sea posible, a nivel político, que no se esté creando empleo? ¿Realmente nos encontramos ante una falta de voluntad de los poderes políticos, en connivencia con los poderes financieros, que no quieren que se creen trabajos cualificados? Porque es lo que parece, a juzgar por las estadísticas de empleo, máxime si examinamos los tramos por edades. No sólo no se crea empleo, sino que en los tramos más altos por edad, parece que se están incentivando las jubilaciones anticipadas, mientras que en los tramos más bajos el llamado paro juvenil (hasta los veinticinco años), desde el que se podría incorporar al mercado laboral a las tan elogiadas por los políticos de los dos grandes partidos como “las generaciones mejor preparadas de la historia de España (por supuesto, gracias a haber sido formadas bajo sus respectivos sistemas educativos, y a pesar de las Universidades y del esfuerzo personal de miles de jóvenes)  sigue en tasas del 45-46%. La conclusión parece muy clara: no hay voluntad política de incorporar al mercado laboral a trabajadores cualificados. Y no digamos ya nada con respecto a los denominados trabajadores “hipercualificados”, cuya sola mención parece un insulto, algunos de los cuales tienen que rebajarse, no ya a aceptar puestos de trabajo de inferior categoría a la que les correspondería según su formación –lo cual, sin dejar de ser una injusticia, supondría en ellos seguramente un signo de humildad y admiración que nunca tuvieron que demostrar, por lo general, las generaciones precedentes-, sino a  adelgazar sus currícula, cosa que ya no supone humillarse, sino una cosa bien distinta, es decir, mentir. Mentir sobre una cualificación que, en la gran mayoría de los casos, ha costado esfuerzo y años de estudio no sólo a las personas directamente concernidas o sus familias, sino a toda la sociedad, que ha contribuido por años a sufragar una formación de élites con sus impuestos y que no ahora se ve privada de su derecho legítimo a verse beneficiada por las competencias y habilidades adquiridas por las personas, jóvenes y no tan jóvenes, altamente cualificadas.

Pareciera que los poderes que actualmente configuran el status quo a todos los niveles (político, burocrático, económico, financiero, cultural e incluso académico), hubieran pactado una suerte de congelación por lo que respecta a nuevas incorporaciones. Me viene a la mente, con respecto al mundo financiero, aquella famosa frase que pronunciara el inversor británico George Soros, aquel hombre que él solo era capaz de hacer temblar la cotización de la libra y, como veis, nada sospechoso de marxista: “Es sencillamente inmoral que permitamos que el mundo esté en manos de jóvenes aprendices de treinta años que sólo piensan en ganar dinero”. Pero por aquel entonces todavía existía una ética –no necesariamente la nuestra, o la mía-, pero una ética del comerciante, que pareciera haber desaparecido casi por completo.

Ya hace años que el historiador Eric Hobsbawn se refiriera a las sublevaciones de 1848 acaecidas en varias partes del continente europeo (sobre todo en Centroeuropa, pero con repercusiones importantes también en áreas como la península itálica o los Balcanes), como la última de las revoluciones “burguesas”, en las cuales la burguesía afianzó definitivamente su poder y tomó su lugar en la sociedad, como eje motriz del desarrollo industrial, entre la nobleza y el proletariado. Así ha sido, ciertamente, a pesar del triunfo, en una buena parte del planeta, de las revoluciones proletarias que habría de llevar al comunismo o, mejor dicho, al socialismo real, al poder, en Rusia, China y el Este de Europa, además de otros países, hasta su derrumbe final como contrapoder al sistema económico capitalista a partir de la caída del Muro en 1989 y de la desaparición de la Unión Soviética en la Navidad de 1990.

Desde finales de la Segunda Mundial, al menos en Europa, en nuestra vieja Europa, se ha dicho muchas veces, tanto desde los partidos democristianos como desde los partidos socialdemócratas, que la clase media era la que sostenía un país avanzado: por un lado, porque, a través del voto y de otros instrumentos de presión más o menos estandarizados, impediría los abusos de la clase alta, en defensa de su interés en conservar determinados derechos sociales adquiridos, hasta hace poco considerados como básicos, como la educación o la sanidad; y, por la otra, porque “tiraría” de la clase baja a través del apoyo solidario a medidas gubernamentales de ayudas y de fomento a la igualdad de oportunidades. En definitiva, la existencia de una clase media es la que ha garantizado la cohesión social en los países más desarrollados económicamente, y ello tanto a nivel político, como económico, habiendo representado el principal motor de la sociedad, basado en su núcleo en la existencia de un tejido productivo compuesto por la pequeña y mediana empresa. Es precisamente por esta razón que su desaparición, hacia la que parece abocarnos la crisis, constituye un craso error, tan históricamente comprobable a través de un detenido análisis de la mayoría de los países del mundo –los cuales carecen de una clase media consistente, o de clase media en absoluto-,  como el fracaso de los regímenes socialistas. Se impone, por lo tanto, una revolución social –no necesariamente violenta-, y, por de pronto, no se me ocurre una manera mejor de llevarla a cabo que a través del fortalecimiento de una sociedad civil capaz de moverse en red y de realizar iniciativas de ayuda a microempresas o empresas cooperativas, prescindiendo, en la medida de lo posible, de intermediarios políticos o financieros, como la Banca. Por supuesto, ello constituye una tarea muy ardua, en cuanto este tipo de iniciativas, aquí tan sólo esbozadas, encontrarán todo tipo de obstáculos por parte de los poderes fácticos –especialmente por parte del poder de las corporaciones y del poder financiero-, sobre todo en una sociedad, como la nuestra –y a pesar de lo que se diga-, en su gran mayoría envejecida en edad y pensamiento y altamente conservadora. Pero esta consideración no debe inducir a desfallecer a las generaciones más jóvenes que quieran hacer algo por este país o que, desde fuera, puedan importar fórmulas de gestión económica más societarias o cooperativas. A ello mes gustaría animarles con esta breve reflexión, esperando que suscite en ellos reflexiones mejores, comentarios y vaya calando la idea, tan arraigada en movimientos del estilo del 15-M, de que “otro mundo es posible”.

 

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De nuevo sobre “la crisis”:¿ es necesaria en nuestro “Primer Mundo” una nueva “revolución burguesa”? (A propósito de la última encuenta de la EPA en España) byPablo Guérez Tricarico, PhD is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.
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