Breve nuevo perfil público. Mi compromiso, con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Academia Universal

mayo 19, 2016 § 2 comentarios


 

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus. (bis)
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
ubi iam fuere.
Vita nostra brevis est,
breve finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.
Vivat Academia,
vivant professores.
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore.
Vivant omnes virgines,
faciles, formosae
vivant et mulieres
tenerae, amabiles
bonae, laboriosae.
Vivat nostra societas!
Vivant studiosi!
Crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.
Vivat et res publica,
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.
Pereat tristitia,
pereant osores.
Pereat diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrisores.
Quis confluxus hodie
Academicorum?
E longinquo convenerunt,
Protinusque successerunt
In commune forum.
Alma Mater floreat
quae nos educavit,
caros et conmilitones
dissitas in regiones
sparsos congregavit.
Alegrémonos pues,
mientras seamos jóvenes.
Tras la divertida juventud,
tras la incómoda vejez,
nos recibirá la tierra.
¿Dónde están los que antes que nosotros
pasaron por el mundo?
Subid al mundo de los cielos,
descended a los infiernos,
donde ahora se encuentran.
Nuestra vida es corta,
en breve se acaba.
Viene la muerte velozmente,
nos arrastra cruelmente,
no respeta a nadie.
Viva la Universidad,
vivan los profesores.
Vivan todos y cada uno
de sus miembros,
resplandezcan siempre.
Vivan todas las vírgenes,
fáciles, hermosas!
vivan también las mujeres
tiernas, amables,
buenas y trabajadoras.
¡Viva nuestra sociedad!
¡Vivan los que estudian!
Que crezca la única verdad,
que florezca la fraternidad
y la prosperidad de la patria.
Viva también el Estado,
y quien lo dirige.
Viva nuestra ciudad,
y la generosidad de los mecenas
que aquí nos acoge.
Muera la tristeza,
mueran los que odian.
Muera el diablo,
Cualquier persona en contra de los estudiantes,
y quienes se burlan.
¿Por qué hoy tal multitud
de académicos?
A pesar de la distancia están de acuerdo,
Superando el pronóstico del tiempo
En un foro común.
Florezca la Universidad
que nos ha educado,
y ha reunido a los queridos compañeros
que por regiones alejadas
estaban dispersos.

 

A mis padres

A mis compañeros de camino pasados, presentes y futuros

A mis amigos de ahora y de siempre

A mis enemigos

A la Universidad Autónoma de Madrid, a los responsables de su gobierno y gestión y a todos aquellos que han compuesto, componen o compondrán su comunidad universitaria

A la Academia

Y A.M.D.G.

 

Hola a todos. Llevo mucho tiempo sin escribir en este blog, y es porque ahora, gracias a Dios, tengo mucha carga de trabajo.

Para los que no me conozcan, sobre todo, vengo con esta entrada a actualizar mi principal perfil público en la red.

Soy Pablo Luis Guérez Tricarico, investigador y profesor universitario por vocación, en el ámbito de las Ciencias jurídicas y, más especialmente, en el ámbito de la llamada Ciencia del Derecho penal y disciplinas auxiliares. Me doctoré en 2011 con una tesis sobre la relevancia jurídico-penal del consentimiento del paciente en el tratamiento médico curativo, en la que abordé, desde diversas perspectivas jurídicas y no jurídicas, los problemas relativos a la autonomía del paciente en las modernas sociedades democráticas y plurales, la configuración de las dimensiones de la salud como bien jurídico protegido y como valor de configuración social compleja, más allá de su identificación con las definiciones salud en el ámbito de la Fisiología, la Medicina, la Psicología y, en general, las Ciencias de la Salud, y los complejos problemas de regulación en nuestro país, y por medio de un análisis de Derecho histórico y comparado, de los distintos casos en los que el consentimiento del paciente a un tratamiento médico puede ser privado legítimamente de validez en un Estado democrático de base liberal y no paternalista, incluido el análisis de la problemática del llamado consentimiento presunto y la regulación de los detalles de prestación del consentimiento en las distintas regulaciones sobre la materia, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico.

Durante más de dieciséis años he venido prestando mis servicios, con carácter de exclusividad de 1997 a 2011, a la Universidad Autónoma de Madrid. Primero, como estudiante de la Licenciatura en Derecho y miembro del Claustro Universitario, para la defensa de los intereses de los estudiantes en la comunidad universitaria, Licenciatura que finalmente obtuve con una media de Sobresaliente y varias Matrículas de Honor que me pagaron casi la mitad de la carrera; media que, unida a los méritos de mi primer Director de Tesis y Maestro Ilmo. Sr. Dr. D. Agustín Jorge Barreiro, discípulo del Excmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Maestro de la Escuela de penalistas de la Autónoma, me permitieron optar a una beca FPU del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que me fue concedida el 28 de diciembre de 2001. A partir de entonces, comenzaba un camino incierto, ya entonces plagado de insondables misterios y de grandes dificultades, que sin embargo, me permitió el mayor espacio de libertad investigadora y general que haya tenido nunca en ningún puesto laboral, además de haberme brindado la oportunidad de conocer a personas excelentes en lo académico y en lo humano. Solamente por eso estoy agradecido a la Universidad Autónoma de Madrid y, en particular, al Área de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

Durante mi carrera universitaria tuve oportunidad de conocer el mundo de la Universidad germánica, gracias a dos estancias de investigación, en los años 2003 y 2004, concedidas por la entonces Secretaría de Estado de Universidades, y de participar en debates de la primera fila internacional de la dogmática y de la política criminal. En particular, guardo un recuerdo imborrable de mis estancias en la Albert Ludwigs-Universität de Freiburg, al amparo de mi Profesor y Maestro en el Derecho y en la vida el Prof. Dr. Dr. H.c. múlt. Wolfgang Frisch, experto tanto en las cuestiones más complejas e intricadas de la dogmática jurídico-penal como sensible a las necesidades político-criminales de protección penal a nivel internacional y transnacional.

Aquellos felices días de mi juventud académica me dieron fuerzas para el arduo trabajo que me esperaba a la vuelta, la elaboración de una tesis doctoral “a la antigua”, donde los atributos de la calidad y la cantidad eran igualmente exigidos, junto al rigor, para autorizar su defensa.

En los años de la crisis económica internacional y española, la asistencia moral en sus largos y fatigosos procesos de habilitaciones a Cátedras, felizmente resueltas a favor de casi todos mis Maestros, las necesidades docentes derivadas de mi contrato como Profesor Ayudante, unidas a las derivadas de la incesante burocratización de la Universidad y de las exigencias de gestión, las propias necesidades de la investigación, que precisaba, a mi juicio, un conocimiento de lo que en la Ciencia del Derecho Penal suele llamarse “ciencias auxiliares”, pero que en realidad se trata de las nobles disciplinas científicas de la Psicología, la Filosofía y la Bioética, entre otras, así como otros factores objetivos y subjetivos contribuyeron a retrasar la finalización de mi tesis doctoral, cuya codirección asumió el entonces Decano de la Facultad de Derecho, ahora Maestro y amigo personal, Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Molina Fernández, también discípulo del Excmo. Sr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo. El resultado final fue una tesis que recibió el premio extraordinario de Doctorado y que me permitió, junto a otros méritos, conseguir la acreditación a Profesor Contratado Doctor por la Agencia de Acreditación, Calidad y Prospectiva (ACAP) de la Comunidad de Madrid al año de su lectura, y estando el libro resultante de la tesis todavía en prensa para Thomson Reuters Civitas Aranzadi, grupo editorial al que agradezco enormemente la deferencia en orden a la publicación de los principales resultados de mis investigaciones.

Pocos días después de haber leído la tesis, que obtuvo en el acto de lectura la calificación máxima de Sobresaliente “cum laude” por unanimidad del Tribunal, me venció la prórroga de mi contrato como Profesor Ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ante una política de promoción del profesorado incierta por parte del Rectorado y unas directrices en todas las Administraciones Públicas de crecimiento cero –lo que se tradujo en la ausencia de tasas de reposición del profesorado, especialmente en los niveles de ingreso en las categorías, laborales o funcionariales, de profesorado permanente-, en la línea de la ortodoxia económica impuesta por Bruselas y por los Gobiernos de los principales países de la Eurozona, incluidos los Gobiernos de España, como principal estrategia para luchar contra la crisis, el Área de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid tuvo la gentileza de proponer mi nombramiento como Profesor Honorario de dicha Universidad, cargo que me permitió seguir dando docencia limitada, fundamentalmente en Seminarios sobre delitos contra la vida junto a mi compañero y amigo Fernando Molina, tarea que compaginé con contribuciones profesionales y editoriales puntuales mientras estuve apuntado al Servicio Estatal de Empleo, al que fui derivado tras la finalización de mi relación laboral con la Universidad Autónoma de Madrid el 28 de julio de 2011.

El 11 de enero de 2016 la Tesorería General de la Seguridad Social volvió a darme de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, como Profesor colaborador doctor de la Universidad Internacional de La Rioja, para la dirección de trabajos de fin de Máster en el Máster para el Ejercicio de la Abogacía online que oferta dicha Universidad. El 25 de enero del mismo año, tras haber superado las fases de concurso y oposición previstas por la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 14 de octubre de 2015, para la provisión de plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, encomendándose su selección a los Organismos públicos de empleo, entré a trabajar como funcionario interino de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de la Subdirección General de Asilo (Dirección General de Política Interior) del Ministerio del Interior, cargo que detento en la actualidad y en el que aprendo cosas nuevas todos los días, pues a diario me veo confrontado, aun sólo en mis expedientes, con la realidad de la vida y de la muerte de personas que huyen de la guerra de Siria y de otros conflictos bélicos.

De momento, me gano el pan de cada día intentando ayudar desde el poder civil a personas que lo han perdido todo, salvo quizá, la fe y la esperanza. Mi misión, como digo muchas veces, es trabajar en mi presente para conseguir un futuro para personas que, en muchas ocasiones, lo han perdido todo y no pueden regresar a su país de origen.

Por ahora, sólo soy una pequeña piedrecita de una cadena de mando altamente jerarquizada, y hacemos lo que podemos. En cualquier caso, y a pesar de la excesiva burocratización que caracteriza a nuestra Administración Pública, las cosas que aquí se hacen –y también, lo que se deja de hacer-, tienen repercusiones –positivas o negativas- sobre las vidas de personas que se encuentran provisionalmente en el CETI de Melilla o en territorio español a la espera de que una autoridad competente les diga si pueden residir legalmente y trabajar en España, otorgándoles un documento que poca gente conoce equivante a un NIE, pero con la leyenda “protección internacional” y, en su caso, un título de viaje equivalente a un pasaporte, en cuya portada, debajo del Escudo de España, aparece la leyenda, en castellano, francés e inglés, “Documento de viaje. Convención de 28 de julio de 1951”, para los beneficiarios del derecho de asilo -los menos-, o “Documento de viaje. Protección internacional”, para los beneficiarios de protección subsidiaria, que es la protección internacional que actualmente está dando España con carácter más general.

En cuanto a mí, soy consciente de que mi trabajo “para el Gobierno”, como dirían en una película norteamericana, es provisional: como toda obra humana, como expresara en un discurso de fin de curso el que fuera Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, y después Ministro de Educación, conocido mío Excmo. Sr. Dr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Catedrático de Metafísica en servicios especiales.

Mi pasado pertenece a la Misericordia de Dios, y mi futuro está en manos de la Providencia Divina.

En cualquier caso, sigo sintiéndome un investigador, un profesor universitario y un académico. Quizá por eso, y por otras cosas que no pueden fácilmente resumirse en una entrada, por la gran bondad y misericordia del Excmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Presidente de la Sección de Derecho Penal de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Censor de dicha Corporación, la Junta de Gobierno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación estimó favorablemente, en sesión celebrada el 11 de abril de este año, mi ingreso en dicha Corporación en la categoría de Académico Correspondiente, acto que ya me ha sido comunicado en forma. Mi gratitud a D. Gonzalo, así como a otros Maestros Académicos de dentro y de fuera del Derecho penal es sencillamente inefable y, sinceramente, considero que queda mejor expresada con un reverente silencio que con palabras.

Gracias a todas aquellas personas, de dentro y de fuera de la Universidad, que han contribuido a mi formación académica y humana en el sentido más amplio, predoctoral, doctoral y posdoctoral como penalista y como investigador humanista y cristiano comprometido con el mundo en el que le ha tocado vivir. La Universidad, la Academia, cualquiera de ellas que tenga tal nombre por estilo de trabajo y de vida, dondequiera que se halle en todo el ancho mundo, será siempre mi Casa, mi vida, mi refugio y mi estímulo para seguir adelante y para aportar mi humilde conocimiento sobre las cosas de este mundo para la ayuda de mi prójimo y la mejora de la comunidad cuyo servicio quiera la Providencia encomendarme. Con la ayuda de Dios.

 

Pablo Luis Guérez Tricarico

En Madrid, a 19 de mayo de 2016, XXXVII aniversario de mi Bautismo en la Iglesia Católica

A.M.D.G.

A.I.P.M.

Ad Inmaculatum Cor Mariae ego omnes dignae opera mea consecrare volo.

 

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¿Educar para ser útiles? Reflexiones generales y personales, a modo de ensayo, sobre las relaciones entre educación, economía y empleo, y sobre mi situación académico-laboral, al hilo de la entrevista al Prof. Lledó publicada en El País del miércoles 19/11/2014

noviembre 21, 2014 § Deja un comentario


 

El enlace:

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/18/actualidad/1416318635_332372.HTML

 

Ilustración de Doré. Satanás expulsado del Paraíso.

 EL PARAÍSO PERDIDO. ILUSTRACIÓN DE GUSTAVO DORÉ

“¿Eres tú…? Mas, caído, cuán cambiado y cuán otro de aquél que en los felices reinos de la luz, ornado de fulgor trascendente, sobrepujaba a miles por brillantes que fueran… Tú eres, sí, al que la alianza de una esperanza misma, idéntico proyecto e igual azar y riesgo en la gloriosa empresa, unió a mí como ahora la adversidad nos une en ruina semejante. ¡De qué altura y de qué abismo hemos ahora caídos, puesto que él con su trueno demostró ser más fuerte! Pero ¿quién hasta entonces conocía la fuerza de sus armas? (…)” (El Paraíso perdido, John Milton, Libro I, 85-94)

Ars gratia artis

Defensionem vitae maea

υπεράσπιση της ζωής μου

הגנה של החיים שלי

A mis padres, quienes pagaron  parte de mi formación académica, y con quienes tengo una deuda de gratitud por tantas otras cosas que guardo para mí

A los contribuyentes cumplidores, quienes sufragaron con sus impuestos la mayor parte de mi formación universitaria, hasta que logré el Grado de Doctor, el Premio Extraordinario de Doctorado y la acreditación a plazas de profesorado laboral permanente

A mis ex compañeros

To whom it may concern

 

Esta entrada la tenéis disponible, para su mejor descarga y lectura más cómoda, en un archivo pdf: Defensa

 

Nota muy personal: Os recomiendo encarecidamente la lectura de la entrevista. No tiene desperdicio. Éstas son sólo reflexiones personales de un modesto investigador y ex profesor universitario en paro, quien aprovecha, “by the way”, algunos de los comentarios del ilustre Profesor para reflexionar sobre algunas cuestiones teóricas que han afectado de manera muy cercana a su vida. Los responsables de dicha situación están sentados en el trono del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, o pululan como fuerzas vivas de cuyo nombre no quiero acordarme, carentes de representatividad, siquiera estamental alguna, por su Facultad de Derecho, a la cual me es permitido en ocasiones regresar fugazmente para mover o retirar los libros y enseres personales que dejé en mi antiguo despacho tras mi reciente salida, cual fantasma que no quiere abandonar el plano astral por haber dejado cosas pendientes en la tierra. Ninguno de los profesores a los que aludo pertenece al Área de Derecho Penal. No guardo contra aquéllos rencor alguno, y escribo estas líneas desde la serenidad y sin acritud; mas a aquéllos que pudieron haber tenido una responsabilidad, siquiera política o administrativa, aun objetiva, les invito, serenamente, a reflexionar con sinceridad sobre los efectos de una política de no promoción del personal docente e investigador en formación basada en una concepción del becario y del profesor ayudante de reemplazo, deliberadamente elegida, entre otras que fueron posibles, incluso habiendo mantenido los objetivos de reducción del déficit del presupuesto universitario. Como consecuencia, asuman ellos, desde sus cálidos y funcionariales tronos, dominaciones y potestades empíreas de la Academia, la responsabilidad que les corresponda, aun objetiva y por omisión, por no haber promocionado a varios de sus mejores talentos, entre los que servidor se cuenta, según me han reconocido insignes penalistas nacionales y extranjeros, y por haber permitido que profesionales como yo, ahora mismo, estemos en la calle sin adjetivar. Sí, debí ser “instrumental”. Haber hecho una tesis rápida y haberme acreditado enseguida. Como algunos, cuyos nombres no diré, sencillamente porque no hace falta. Sólo para “colocarme”. Sin vocación. Sin amor al conocimiento.

Mis acusadores, entre los que se encuentra, como lo denominaba Milton en su inmortal poema, el Archienemigo, tentarán a mis enemigos, a mis amigos y a mí mismo, empujándome a la desesperación, y poniéndome a prueba. Sí, es verdad, he cometido errores. Y los estoy pagando con intereses desorbitados y, sobre todo, con mucho sufrimiento. Pero mi culpa no es una culpa de ángeles, sino de hombre. Desgraciadamente, la humanidad y muchas de las ideas que hizo aflorar en una sociedad inhóspita el humanismo cristiano se están perdiendo o se han perdido ya. Pero mientras quede un alma buena en el mundo, no todo estará perdido. Los errores cometidos por quienes no aprendimos, o no quisimos, aprender a desenvolvernos en este mundo, y no queremos aceptar algunas consecuencias de una culpa (o deuda) desmesurada, serán reparados. Mejor dicho, ya han sido reparados, aunque todavía muchos no nos hayamos dando suficiente cuenta. Fueron reparados por la Sangre de Aquél cuya Fiesta como Rey del Universo muchos celebraremos, si Él nos lo permite, el domingo 23 de noviembre. Con tal de que le digamos que sí. Al cumplimiento de Su santa y sabia Voluntad.

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EL PARAÍSO PERDIDO. ILUSTRACIÓN DE GUSTAVO DORÉ.

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1. Algunas ideas políticamente comprometidas sobre la educación

 

Excelente entrevista de Tereixa Costenla en el diario El País de ayer al Prof. Enrique Lledó, que acaba de hacer un “triplete” de premios literarios. Es un ejemplo de pensador “de la vieja escuela”; y yo diría, “de la buena escuela, de la de siempre”. Coincido con buena parte de su pensamiento, políticamente muy incorrecto. Especialmente, con el distanciamiento con el que el viejo profesor se muestra respecto a la importancia desmedida que hoy se le da a las “nuevas” tecnologías (que ya no son tan nuevas), y al bilingüismo: “La verdadera riqueza es la cultura”, sostiene. Y también: “El bilingüismo de algunos colegios me pone un poco nervioso. No, lo que se necesitan son colegios monolingües que enseñen bien otros idiomas”. Para mí, que me eduqué en el Liceo Italiano de Madrid, esta afirmación es completamente acertada. Aquél era -no sé si seguirá siendo- un colegio italiano en el extranjero donde se complementaban algunas asignaturas en lengua española para obtener la convalidación al Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P) y al Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.). Sin embargo, la peregrina idea de los colegios bilingües de la señora Aguirre y del ministro Wert, no es sino un intento publicitario de modernidad condenado al fracaso. Para ello, no hace falta dar muchos argumentos. Baste con echar un vistazo al índice de fracaso escolar reflejado, por ejemplo, en el último informe Pisa. Mi experiencia universitaria como profesor y corrector de exámenes también me reveló la enorme caída en formación básica, comenzando por la ortografía, que se dio en los estudiantes españoles al menos desde el año 2002 al 2008.

También afirma Lledó que “Obsesionar a los jóvenes con ganarse la vida es la manera más terrible de perderla”. Me recuerda a la máxima de Jesús, quien en Mt 16, 25, dice: “Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por mi causa, la ganará”. En el Evangelio de Marcos 8, 25, se contiene la misma idea, y con mayor precisión leemos: “Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por mi causa y la de mi Evangelio, la ganará”. Sabias palabras las de Jesús. Y las de Lledó. Palabras que me producen, al mismo tiempo, alegría y melancolía juntas, por difícil que parezca poder compaginar dichas emociones. Quizá porque una parte de mí todavía crea que haber estudiado filosofía o historia, o Derecho, por amor al conocimiento, “ars gratia artis”, como decía el lema de la productora Metro Goldwin Mayer, todavía cree que en estos tiempos dominados por el eficientismo inmediatista y las estrategias instrumentales es posible emprender un camino humanista, camino que creí encontrar en la Academia y que por cierto culminé. Si no encontré plaza fue sencillamente porque no se convocaron, no porque yo fracasara como fracasa un opositor que luego es contratado por un gran despacho de abogados como premio a su esfuerzo memorístico. Así que, aquellos que sostengan todavía que debo pasar por una oposición no universitaria para “culminar mi tarea” incurren a mi juicio en un “bis in idem” muy injusto.

 

2. Sobre el problema de la clase empresarial española. Mentalidad funcionarial en la selección de personal y en la propia dinámica de la empresa: una revolución burguesa pendiente

 

Volviendo a la entrevista, creo que Lledó también compartiría conmigo mi crítica a la, a mi modesto juicio, nefasta inclusión obligatoria en los programas descafeinados de Filosofía en el Bachillerato de “Filosofía aplicada a la empresa”, algo que me rechina casi tanto como la simonía, a menos a nivel sentimental. Aunque, una vez dicho esto, otra parte de mí, más pragmática, está cada vez más convencida -y no le faltan razones- de la necesidad de adular a la empresa, dada mi situación laboral actual; y ello, pese a mi orientación política, que simpatiza con las tendencias, normalmente identificadas con las izquierdas, en la tradición histórico-política continental europea, defensoras de la justicia social y de la redistribución de la riqueza como uno de los medios para aproximarse a ella -que nunca lograrla del todo-, o con el liberalismo igualitario de autores como Rawls o Dworkin, en la tradición filosófica y política anglonorteamericana, procedente a su vez de la filosofía analítica moral y jurídica y de la teoría de la justicia.

Sí, el pensamiento, el conocimiento y la literatura son refugios, como señala Lledó, en los que el hombre puede alcanzar su máxima libertad. Para lo demás, para ganarse el pan, hoy por hoy, hay que acudir a las empresas, y eso también es filosofía; pragmática, pero filosofía. Y quizá hoy más que nunca yo muestre una simpatía que nunca haya tenido hacia el mundo empresarial, entre otras cosas, porque la empresa española, en general, nunca se ha caracterizado por un espíritu verdaderamente emprendedor, ni ha aceptado del todo las reglas del libre mercado que dice proclamar, cuando no incluso adorar.

En España siempre ha estado el Estado, ya fuera monárquico de corte más o menos autoritario, ya dictatorial, ya socialdemócrata o demócrata conservador, para subvencionar a las empresas, o para rescatarlas cuando venían mal dadas. Así que esta falta de espíritu emprendedor siempre me ha hecho dudar de la calidad de la mayor parte de la clase -que no casta- empresarial española. Por otra parte, tampoco el Estado ha querido incentivar una mentalidad diferente, trasmitiendo su nefasta mentalidad funcionarial a las mayores empresas de la Historia de España; normalmente, del sector bancario y, en menor medida, del sector de servicios en general. A este respecto, si realmente se quiere respetar la libertad de mercado y fomentar el tan cacareado por nuestra clase política “autoempleo”, hay que comenzar por eliminar el ingente volumen de papeleo inútil de trámites burocráticos a que se ve sometida, sobre todo, la pequeña y la mediana empresa (la mediana de verdad, pues el concepto de “mediana empresa” en política económica es, a mi modesto entender, demasiado amplio), tanto desde su génesis, como durante su vida jurídica y económica (formularios variados de inscripción en varios registros, declaraciones de impuestos con plazos demasiado cortos, etc.).

Asimismo, y mientras en Europa y en el mundo el pensamiento único ultraliberal siga detentando la hegemonía cultural, el Estado social (tal y como lo define nuestra Constitución en el art. 1, además de democrático y de Derecho), o lo que queda de él, debería fomentar una fiscalidad realista para redistribuir la riqueza del país, que, de acuerdo con el art. 128 de nuestra Constitución, “sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”, tanto para las grandes multinacionales y corporaciones, como para las PYMES. La fiscalidad adecuada podría ser calculada por los economistas en términos de buena economía como la resultante de la curva del óptimo de Pareto en el máximo tipo impositivo que las grandes multinacionales estén dispuestas a soportar a cambio de no deslocalizar su producción, lo cual podría lograrse con una buena política de incentivos fiscales o de bonificaciones a la Seguridad Social. Por el contrario, y debido a la naturaleza más “personal” o “humana” de las pequeñas empresas, el Gobierno debería aliviar la presión fiscal de los trabajadores autónomos, muchas veces insoportable, especialmente en períodos recesivos como en el que vivimos, al mismo tiempo que fomentar el pequeño comercio, con el objetivo de aproximarse más a ideales de justicia social. Al mismo tiempo, debería promover un discurso económico, a nivel supranacional, capaz de contrarrestar el discurso dominante de las viejas recetas de la austeridad del ultraliberalismo de la escuela de Chicago, y encarnado por las vetustas instituciones de Bretton Woods.

Retomando mis reflexiones iniciales, y en relación con los perfiles demandados con la mayoría de las empresas de países occidentales razonables, se puede constatar que éstas prefieren, en sus escalas superiores, a empleados con capacidad crítica -que no es lo mismo que rebeldes-, y no a simples autómatas o sumisos. Ello debería ser tenido en cuenta en la mayor parte de los departamentos de recursos humanos de las empresas de nuestro país, y ahí lo dejo para la reflexión de “a quien pueda interesar”, o “to whom it may concern”, como se acostumbra a decir en el ámbito anglosajón. Por otra parte, de incentivos y motivación a los trabajadores, mejor no hablamos, o se lo dejamos a las psicólogas recién licenciadas de recursos humanos -sí, en femenino, porque son mayoría, y además, monas; y es así, no me importa ser políticamente incorrecto, las cosas funcionan de esa manera, y ésta también es una de las varias formas de machismo. Ellas se limitan, en la mayor parte de las empresas, y en el mejor de los casos, a seguir firmando las nóminas de los afortunados que tienen trabajo, y, en el peor, a “negociar” EREs o despidos “objetivos”. Alguien con un currículum Senior no tiene que pasar por ellas, pues no sabrán -o no querrán- apreciar lo que podemos aportar; sencillamente, porque no viene en el manual; porque no se han formado en una escuela crítica como aquélla que quizá tuviera en la mente el Prof. Lledó. Sin embargo, son las empresas las que me pueden dar trabajo, y a ellas se lo debo suplicar.

 

3. Crítica del proceso de selección en el sector público

 

La otra solución para encontrarlo, el empleo público, es para mí peor y quiebra aún más mis principios, sencillamente por la ridiculez de su proceso preferente de selección por antonomasia: las oposiciones. En la mayoría de ellas sólo se valora -y de manera desmedida- una de las características de la capacidad: la memoria, en su vertiente más cruda: la memorización alienante consistente en la compresión, que no comprensión, de temas en un tiempo determinado. Que dicha característica pueda ser un “mérito”, lo dudo; en cualquier caso, está en el mismo plano lógico -y también deontológico- de mérito que la cualidad del que consigue subir o bajar los peldaños de la Torre Eiffel mil o cien veces. Más les valdría a ciertos opositores memorizar piezas imperdurables de la literatura, como el Tenorio, o el Paraíso Perdido, antes que artículos de normas que versan sobre plazos, términos y triquiñuelas procesales contingentes, que pueden ser derogadas por “el  legislador” al día siguiente al de la toma de posesión de la plaza ganada. Ello les daría al menos una formación más humana; a los funcionaros de las incontables Administraciones Públicas, para conocer mejor a la persona que se esconde detrás del calificativo de “administrado”, propio del lenguaje administrativista; y a las juezas y fiscales, para conocer mejor la realidad social, de la que la literatura constituye una emanación preeminente, en orden a la aplicación e interpretación de las normas del Derecho positivo, el cual, de acuerdo con el art. 3 del Código Civil, deben ser interpretadas de acuerdo con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”. Con arreglo a esta consideración, es legítima la pregunta: ¿con qué criterio pueden conocer la realidad social una joven o un joven perfectamente disciplinados, chicas o chicas obedientes, como cantaba el grupo Jarcha, “hasta en la cama”, de veintitantos años, que se ha pasado cuatro o cinco años de media memorizando de forma alienante normas jurídicas sin ton ni son? Desde luego, la opositora o el opositor han conocido el sufrimiento. Pero se trata de un sufrimiento inhumano y que no tiene nada que ver con el mundo ni con la vida. Y el Derecho, como dijo sabiamente Legasi Lacambra, “o sirve para la vida, o no sirve para nada”.

Por su parte, la clasificación de las plazas de funcionarios en grados de tipo A, B, C y D según la titulación (sobre todo si tenemos en cuenta que para optar a plazas “A” sólo basta hoy un nivel académico de “Grado” y sin valoración alguna de la calificación, algo impensable en países serios como Alemania, y accesible a todo el mundo gracias, entre otras cosas, a la “titulitis” de que adolece el país), acompañada de obstáculos fácticos y normativos para la promoción interna, sí que refleja un modelo que sociológicamente podría definirse “de castas”, y que resulta, utilizando el lenguaje de la Administración, “manifiestamente mejorable”. Una mala copia del modelo francés, el cual, también en la educación, prima otras cualidades o, como se dice ahora en el lenguaje de los pedagogos, que llegó hace mucho al de los burócratas redatores de leyes, “competencias”, un anglicismo como tantos otros.

En definitiva, está bien que intelectuales como Lledó hablen, siquiera de pasada, de estas cosas, y puedan suscitar reflexiones como la mía, o mover a ciudadanos como yo a escribirlas. Coincidiendo con Fernando Vallespín, D.E.P. el “librepensador”, el intelectual, mientras agoniza el escritor. Bienvenidos los expertos, los “community managers”, los “coachers”, “counsellers” y los “oustiders” procedentes de tierras inhóspitas.

Fdo.: Dr. Pablo Guérez Tricarico

Acreditado por la ACAP a Profesor Contratado Doctor desde mayo de 2012

Ex Profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid

Desempleado desde el 28-7-2011, sin prestación social alguna desde el 10-7-2013

Hijo de Dios, por Su entrañable Misericordia, desde el 19-5-1979

@pabloguerez

http://pabloguerez.com

 

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¿Educar para ser útiles? Reflexiones generales y personales, a modo de ensayo, sobre las relaciones entre educación, economía y empleo, y sobre mi situación académico-laboral, al hilo de la entrevista al Prof. Lledó publicada en El País del miércoles 19/11/2014 by Dr. Pablo Guérez Tricarico is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.
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Y ahora, os dejo con una bonita canción para el fin de semana:

El mito de las clases medias

septiembre 15, 2014 § Deja un comentario


Interesante diagnóstico sobre el fin de la clase media, que explica cómo muchos pasamos, a veces no sin nuestra imprudencia u omisión, carne de cañón de las entidades usureras legalizadas llamadas entidades bancarias, sujetas o no a la supervisión del Banco de España, de ser clase media acomodada -al menos “en potencia” y con expectaivas legítimas perfectamente razonables- a clase media empobrecida. Sin embargo, no puedo compartir la conclusión sobre la vuelta a la “conciencia de clase” de la clase obrera, sencillamente porque esta se encuentra alienada de verdad en unos términos que ni los marxistas más ortodoxos pudieron prever. Bastante tiene que sobrevivir, con evitar que se les eche de sus casas o de su trabajo o con conseguir un trabajo de 400 euros como en los peores tiempos del caciquismo español. Me pregunto si vosotros podríais soportarlo sin tirar la toalla de la “lucha” política. Claro, que la opinión de un Catedrático, figura a extinguir en la Universidad pública española, condenada a extinguirse también debido a la necesidad de amortizar plazas, quizá difiera un poco de la de un simple profesor en paro acreditado para plazas de profesorado permanentes que ahora, tal vez y digo sólo tal vez -las hipótesis contrafácticas nunca me han gustado porque no pueden comprobarse-, sería Profesor Titular si hubiera nacido cinco años antes. Aunque cuando tuve trabajo temporal durante seis años y medio, e incluso beca, nunca abandoné mi sensibilidad social.

Comentario a un artículo de “El Confidencial” sobre el trabajo de Profesor de Universidad

septiembre 9, 2014 § Deja un comentario


¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que entrarían (Mt 23, 13-14). 

 

Estimados amigos, compañeros, profesores, estudiantes, familiares, ciudadanos y más de 6.000 lectores y visitantes de mi blog:

 

Os dejo un link del periódico “El confidencial” sobre “los males de la Universidad española” y mis comentarios al respecto, ligeramente ampliados en esta entrada. Son comentarios de alguien que tiene su corazón en la Universidad y en el claustro de profesores, pero que ya no es, como sabéis, y como le ha sido dicho con un lenguaje más propio de otras organizaciones, “uno de los suyos”.

 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-07-07/los-8-males-del-profesor-universitario-es-uno-de-los-trabajos-mas-toxicos-que-existen_156018/

 

Buenas tardes. Permítanme que haga una breve presentación de mi perfil universitario, a los principales efectos de justificar mi experiencia y conocimiento del sistema universitario español, pasa pasar seguidamente a comentar someramente este artículo.

 

He sido profesor honorario (sin cobrar nada) de una de las Universidades más prestigiosas del país durante tres años. Actualmente estoy en situación de legal de desempleo desde ese tiempo, y sin percibir prestación ni ayuda social alguna. Anteriormente trabajé con contrato laboral temporal -algo sólo permitido legalmente a las Universidades-, durante seis años y medio y, previamente, obtuve una beca predoctoral de cuatro años concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A pesar de ser Doctor “cum laude”, Premio Extraordinario de Doctorado y acreditado para plazas de profesorado permanente por la Agencia de la Acreditación, Calidad y Prospectiva de la Comunidad de Madrid, no encuentro trabajo. De nada.

 

Como comentaba al principio, y en estricta observancia de las normas de esta Comunidad, a la que agradezco la posibilidad de expresar mi opinión, lo que he escrito lo he hecho con la finalidad de fundamentar mi experiencia y mi conocimiento del sistema universitario español, de sus grandezas y de sus deficiencias.

 

A mi juicio, los principales problemas del sistema universitario no son ni la sobrecarga administrativa -aunque a mí me pasó factura-, ni el modelo feudal denunciado en el artículo -hoy mezclado con un régimen de control de agencias de calificación que hace que se potencien los efectos negativos de uno y otro modelo-, ni otros -a mi juicio anecdóticos- que se mencionan. Aunque me ha alarmado que se denuncie como problema generalizado el acoso por parte de alumnos. Admito el mobbing entre compañeros, pero el acoso por parte de los alumnos me suena a la típica herramienta de pendiente resbaladiza de la derecha no democrática para cargar sobre los alumnos las frustraciones de los profesores, implantar métodos docentes retrógrados basados en la autoridad y no en el respeto e impedir un aprendizaje autónomo por parte de éstos, que, no lo olvidemos, deberían poder acceder a las élites -abiertas, por supuesto- del mañana. Los profesores nos debemos a ellos y, en buena medida, muchos “viejos profesores” lo han olvidado. A mí, los estudiantes universitarios no me han dado más que satisfacciones en mi trabajo. Como entiendo que no puede ser de  otra manera.

Así que, desde la perspectiva que aquí sostengo, los principales problemas de la Universidad española actual son, a mi juicio, básicamente dos, y afectan, sobre todo, al reemplazo generacional.

En primer lugar las bases de ambos problemas se encuentran en el tremendo desfase entre el tiempo de la Universidad y el tiempo de la vida actual, que viene a coincidir, mal que nos pese, con el tiempo del mercado de trabajo, especialmente dominado en nuestro país por la idealización de la prisa y del cortoplacismo eficientista. La Universidad pública española ha exigido -por el reconocimiento que históricamente tuvo,  sobre todo fuera de las fronteras de nuestro país-, un tiempo de “formación” integral no agotada por la elaboración y redacción de una tesis doctoral; un “tiempo” muy superior al de la empresa privada e incluso al del sector público, formación que el último decreto sobre los estudios de Doctorado ha intentado recortar, como casi todo en este país, al amparo de la “convergencia” con el llamado espacio europeo de Educación Superior, limitando los Doctorados a tres años prorrogables e incorporando como paso intermedio la dudosa titulación del Máster Universitario de investigación. Sin embargo, hasta la última reforma de los estudios de Doctorado en 2011, el tiempo de tesis doctoral -que no es sólo el tiempo de realización de la tesis, sino tiempo de formación general, de colaboración en tareas docentes, de docencia real, de tareas administrativas, de trabajos por encargo-, se había alargado tanto que, para cuando una persona consigue tener un perfil universitario ideal, tiene de media 34 años, según la última encuesta del CIS al respecto. Parece que este país no conoce el término medio: o hacer tesis titánicas que más bien parecen tratados en las que se inviertan ocho, diez o doce años de trabajo, o realizar “tesis-express” puramente de especialización para adaptarse a las exigencias de no se qué mundo laboral. Como en tantas otras cosas, en este país, el término intermedio no existe. No quiero extenderme con ejemplos de Derecho Doctorado, pero en Alemania, donde se exigen tesis más breves, por ejemplo, un tiempo de investigación doctoral de cuatro o seis años es perfectamente asumible por el sistema universitario.  Y en los Estados Unidos el tiempo dedicado a cursar estudios de Doctorado (Phd degree), con un reconocimiento social y económico envidiable, si bien varía bastante según las Universidades, se sitúa de media entre los cuatro años para las disciplinas más científico-técnicas y los diez años para los estudios de Antropología. En cuanto a mí y a mis circunstancias típicamente hispánicas, que para mi tesis tuve que aprender alemán a un nivel académico desde la nada -incluidas estancias de investigación en Alemania-, y a pesar de que me cambiaron las reglas del juego una vez iniciada la partida, me doctoré algún año antes por encima de la media española, pero lo que percibíamos muchos Ayudantes cuando comenzó la crisis universitaria, antes de que comenzara la crisis general, era que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca conseguiríamos estabilizarnos, pues los Rectorados iban a cerrar el grifo de las plazas permanentes, tanto laborales como de cuerpos docentes universitarios, especie por cierto intocable en nuestro sistema universitario público y especialmente privilegiada de funcionarios, a la que todo le es permitido, desde el “simple” abandono de sus labores docentes hasta comportamientos y decisiones basados en la más absoluta discriminación por razón de sexo, salud o cualquier otra circunstancia personal o social, o el acoso sexual en toda regla, pasando por la inobservancia supina de la Ley de Incompatibilidades. Por supuesto, todo ello sin consecuencias. Pero no es mi intención hablar de ello con mayor profundidad en esta entrada. Allá cada uno con su conciencia.

El segundo gran problema, consecuencia en buena medida del anterior, es decir, de la falta de voluntad política de reemplazo generacional desde hace ya demasiado tiempo, es que, precisamente como los que tenemos un currículum laboral-universitario y no conseguimos obtener plazas, nos vemos abocados a entrar en el “tiempo” que nos corresponde. En el de personas de la década de la treintena cuya vocación universitaria ya no puede compensar por sí misma las necesidades de una persona que, no ya por su edad, sino por sus méritos, debería tener un “status” de “senior”. En lugar de esto, nos encontramos sin trabajo y en peores condiciones de quienes todavía no han acabado la carrera. Es una de las manifestaciones de la hipercualificación, tan penalizada en este país debido al cortoplacismo empresarial y social imperante, de la que ya he hablado en otro lugar. El sentimiento de frustración de muchos expulsados como yo, además, agrava las secuelas psicológicas de nuestra situación y hace más difícil que consigamos, literamente, “rehacer nuestra vida”. Porque, a pesar del sentimiento de frustración que nos produce el ver nuestra carrera universitaria truncada, algunos, como yo, seguimos teniendo vocación universitaria y creyendo en la Universidad como un proyecto de comunidad de vida, más que como en un trabajo.

Por tanto, la aportación que quisiera realizar a este foro es que debería distinguirse muy bien entre profesorados permanentes y quienes no lo son. No digo que éstos no tengan problemas, no estén lo suficientemente remunerados ni reconocidos como debieran ni sobrecargados administrativamente, ni que no se les haga injusticia. Pero, aun con todo, si tienen vocación, están desempeñando, a mi juicio, una de las mejores profesiones que existen. Con gusto volvería yo a la Universidad con un puesto de profesorado permanente cobrando 1.500 euros, que es el último sueldo que percibí, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el mercado de trabajo. Por ello, cuando escucho a mis ahora ex compañeros -en realidad soy yo el ex compañero, puesto que han echado ellos- hablar de estas cosas, no puedo menos que indignarme o, en el mejor de los casos, ruborizarme. Porque no puede compararse la frustración de un Vicedecano sobrecargado con puesto fijo, o el un Profesor Titular que no llega a Catedrático, por ejemplo -por legítimas que sean estas quejas-, con la de quien ni siquiera está en situación de pedir una ayuda social con treinta y pico años tras trece años de dedicación a la Universidad lo mejor que ha podido.

 

Así que, si realmente se quiere dignificar a la Universidad, ábranse las promociones por abajo, puesto que son su futuro, y éstas asumirán con gusto las cargas de la burocratización, la endogamia y los demás males que denuncian aquellos que tienen dentro de la Academia la vida resuelta. Es más, estoy convencido de que el reemplazo generacional constituirá un elemento muy positivo para una reforma material -no política- de la Universidad, y redundará en provecho de la comunidad universitaria en su conjunto, para que aquella pueda servir a la principal finalidad que le ha sido encomendada por todas las leyes democráticas universitarias de nuestro país: la creación, desarrollo, transmisión y crítica del conocimiento, el arte y la cultura.

 

Vivat Accademia, vivant Professores

Vivat Accademia, vivant Professores

Vivat membrum quodlibet

Vivant membrae quaelibet

Semper sint in fiore, Semper sint in fiore.

 

Hasta aquí mi comentario: Sobre la hipercualificación y sus perniciosos efectos en el mercado laboral, recomiendo otro enlace en el mismo periódico digita. Son hechos: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-09-09/el-paro-de-los-espanoles-con-estudios-superiores-triplica-la-media-de-la-ocde_188713/

 

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De nuevo sobre el problema de la hipercualificación y contra la crítica a la presunta “ociosidad” de la juventud sin trabajo

julio 8, 2014 § 1 comentario


Creo que hay que reconocer que los jóvenes más inteligentes de los países occidentales tienden a padecer aquella clase de infelicidad que se deriva de no encontrar un trabajo adecuado para su talento (…) El cinismo que tan frecuentemente observamos en los jóvenes occidentales con estudios superiores es el resultado de la combinación de la comodidad con la impotencia. La impotencia le hace a uno sentir que no vale la pena hacer nada, y la comodidad hace soportable el dolor que causa esa sensación (Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, 1930)

 

La lucidez y la clarividencia del gran matemático, fílósofo, lógico, epistemólogo y humanista Bertrand Russell, quen ganara el Premio Nobel de Literatura escribiendo prácticamente sólo ensayo, hacen que sus siempre textos de referencia, escritos en la mejor tradición de la prosa anglosajona, hablen por sí mismos y no merezcan comentarios. Por esta razón, me limitaré a subrayar la actualidad de esta reflexión de Russell, que mantiene plena vigencia en el tiempo presente.

En una entrada anterior expresé una idea ciertamente iconoclasta, en la que describí como acreedora a una nueva forma de discapacidad a la persona hipercualificada, joven o no tanto, pues la formación de la buena necesita su tiempo y su madurez, más allá de las modas impuestas por las supuestas necesidades de innovación que tan bien parecen interpretar los políticos, con su incesante reforma de las enseñanzas regladas con el único objeto no declarado de sumir a la Academia en una vorágine burocráctica que, cual Leviatán acaba por fagocitarse a sí misma. En aquella entrada, como recordarán mis lectores, me aventuré a definir al parado hipercualificado como una persona extraordinariamente formada -no sólo en un ámbito del conocimiento humano, pues todo conocimiento está interconectado-, la cual, precisamente por su peculiar estilo investigador y su profundo amor al conocimiento teórico -no digamos ya si posee un Doctorado, cuyo contenido ha querido aligerarse en los últimos años con el pretexto de la convergencia con el proceso de Bolonia-, estaba en estos tiempos en peores condiciones de obtener un puesto de trabajo “normal” o, si se quiere, empleando términos más ampulosos de la sociología sistémica moderna, “disfuncional” para el sistema. Un sistema de producción y distribución de bienes que se basa en un estadio de la economía capitalista que parece que ya no da más de sí, y en el que la brecha entre los llamados “creadores de empleo” o “emprendedores” y los trabajadores va aumentando cada vez más, tanto en poder adquisitivo como, sobre todo, en el diverso estatus social de unos y otros, a quienes se les reconoce, de facto, un diferente estatus jurídico, con menos derechos y con menos dignidad. Pero sobre ello ya he tratado largo y tendido en otras ocasiones. Fijémonos en la cita de Russell: a diferencia de algunos “discursos” que ahondan en la idea de que la “titulitis” ha sido el mal endémico de la juventud española, y de que los jóvenes -y aquellos no tan jóvenes que han perdido el trabajo-, no quieren trabajar, Russel se fija en el aspecto psicológico, causa de infelicidad en los jóvenes universitarios, los cuales, como el propio Russell reconoce, desarrollan sus propias estrategias de evitación emocional para no sucumbir ante lo que el autor, en capítulos atrás, hubiera magistralmente como la mayor de las desdichas psicológicas, la “infelicidad byroniana”, en honor a Lord Byron. En lo referente a la infelicidad de la que trata el párrafo citado, el aspecto psicológico comprende, aunque no lo agota, un doble sentimiento de frustración por parte de las personas cualificadas que no pueden acceder a un puesto de trabajo acorde con su formación -lo que significa, ni más ni menos, ¡un puesto que van a desempeñar mejor que otras personas no cualificadas!, y eso se les olvida a muchos de aquellos que ven la solución al problema del desempleo en España en que los ingenieros, por poner un ejemplo, se vayan a servir cafés a Londes (escuchado en el Congreso de los Diputados, sic.)-. Por esta razón cuando he expresado en anteriores entradas que lo que produce frustración a muchas personas hipercualificadas es su profunda sensación de no poder devolver a la sociedad, en términos de progreso y de desarrollo económico, aquello que la sociedad -muchas veces con los impuestos reamente pagados, y que normalmente son los impuestos que recaen sobre las nóminas, pensiones e ingresos regulares directamente controlables por el fisco- ha invertido en su formación. A esta primera frustración se añade el pesar derivado de la constatación que mucha gente, de cuyas buenas intenciones no cabría dudar, y que han pagado impuestos para formar a los mejores talentos del país, se suma a los argumentos populistas del estilo de que “si los jóvenes y/o los parados no trabajan es porque no quieren, porque podrían trabajar perfectamente limpiando suelos o de reponedores por 400 0 600 euros mensuales con jornadas de 12 horas”. Exceptuando a nuestros políticos, prefiero pensar que la pobre gente que utiliza estos argumentos lo hace con buenas intenciones; no obstante, permítaseme destacar algunas características que se suelen dar en la gente que busca este tipo de “soluciones” al desempleo juvenil y cualificado. Por mi experiencia, he podido constatar que se trata de personas, digamos, al menos de clase media acomodada, con un puesto fijo -algo ya impensable en la “nueva economía”-, y con cierta formación -más bien titulación- universitaria, por cierto, la mínima formación académica instrumental que les permitiera en su día acceder a puestos de trabajo clásicos como empleados de banca, corredores de seguros, asesores, e incluso abogados.

La solución al tremendo drama del desempleo juvenil y no tan juvenil cualificado tiene que venir, por el contrario, de un replanteamiento de las estructuras económicas que sirven de base a la superestructura jurídica constituida por el Estado. Mis lectores podrán reprocharme la falta de rigor científico en la elección deliberada de términos marxistas -o marxianos-, pero éstos son los que expresan más que nunca la actual supremacía de la economía frente a la política en la más noble de sus acepciones, es decir, el arte del buen gobierno de la cosa pública en aras al Bien Común.

Lo que ocurre con el drama al que acabo de aludir es que no es sino el corolario necesario del actual estadio del sistema capitalista; comoquiera que la educación, como derecho prestacional de un Estado social cada vez más en crisis, se ha escindido del fomento del empleo, por parte de los poderes públicos, que tenga en cuenta el grado de formación para que los mejores talentos puedan desarrollar las competencias y las habilidades adquridas durante su largo proceso formativo, muchos ellos no encuentran salidas en empleos acordes a su formación. Nótese aquí cómo estoy presentando el problema desde un punto de vista de cálculo de la eficiencia económica: una de las funciones del Estado social y del Estado de bienestar consiste en ofrecer canales entre la educación y el empleo, pero no para satisfacer el orgullo -ni siquiera la dignidad- del trabajador cualificado o hipercualificado en paro, sino para lanzar el gran reto al sector productivo privado de contar con gente de elevada cualificación, la cual, en puestos directivos, garantizará seguramente a largo plazo el desarrollo de empresas concretas y, con ello, el desarrollo del país. Dicho de una manera mucho más simple: el hecho de que haya “muchos ingenieros sirviendo cafés” puede ciertamente contribuir a culivar la virtud de la humildad de los ingenieros, pero resulta tremendamente disfuncional para un sistema socioeconómico que no esté centrado exclusivamente en obtener beneficios a corto plazo. Si hay ingenieros de caminos sirviendo cafés, significa que no se construirán puentes, como no habrá progreso tecnológico si los informáticos se dedican a limpar escaleras. Y todos convendremos, incluso desde un punto de vista de estricta eficiencia económica, que un país moderno debe apostar por el trabajo cualificado enmarcado en una dirección empresarial con anchura de miras, sobre todo, como respuesta a “los retos” de la tan cacareada por los actores sociales y políticos “sociedad de la información y del conocimiento”, la cual ya adelanto, desde mi punto de vista, que no es sino una “sociedad de la desinformación y de la ignorancia”. Sin embargo, y analizando la realidad social española -pero no sólo, puesto que sobre ella influyen premisas ideológicas disfrazadas de ciencia económica basadas en el austericidio, cuyas consecuencias en orden a cualquier recuperación económica siempre son omitidas por los “sabios” de la Troika y de las instituciones clásicas del orden mundial surgido tras los acuerdos de Bretton Woods-, me temo que nos hemos topado ante uno de los principales escollos: la combinación, terrible, entre “emprendedores” que sólo buscan el beneficio a corto plazo e intentan minimizar el riesgo, con lo que siguen empeñándose en procedimientos y en maneras tradicionales -y ello dificulta la contratación de personas con elevados conocimientos pero con capacidad realmente crítica y transformadora-, y una banca caracterizada por privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, con el apoyo de los Gobiernos a los que sustenta, que no dudan en “echarles un cable”, vía línea de crédito o directamente de préstamo con dinero que sale de los contribuyentes y cuya supervisión brilla por su ausencia.

En este contexto socioeconómico, las palabras de Russell cobran nuevos matices en el ámbito psicológico. Russel habla de impotencia, pero la impotencia no es más que el reflejo psicológico de la lucha por la dignificación del trabajo cualificado que resulta menospreciado por el connubio Estado-Banca-Empresa. Y la comodidad no deja de ser una huida humana, muy humana, que alivia el dolor, el que previó Russell y el dolor más existencial referido al sentimiento personal de autofrustración y falta de dignidad a que siempre lleva el talento desperdiciado. Tras este análisis, ¿realmente puede alguien en conciencia reprochar humanamente a los jóvenes sin empleo o a los parados que han perdido el suyo, después de que éstos hayan “quemado”, muchas veces casi literalmente, los mejores años de su vida en la preparación para carreras vocacionales con la esperanza no sólo de ganarse la vida, sino de contribuir al desarrollo del país? Que cada uno responda a esta pregunta en conciencia.

Sobre este problema, tenéis más referencias en este mismo blog en http://pabloguerez.com/2014/07/08/de-nuevo-sobre-el-prolema-de-la-hipercalificacion-y-contra-la-critica-a-la-presunta-ociosidad-de-la-juventud-sin-trabajo/.

 

Por Pablo Guérez Tricarico, PhD. /Signed by: Pablo Guérez Tricarico, PhD

@pabloguerez

 

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Perfil público actualizado

enero 19, 2014 § Deja un comentario


PERFIL PÚBLICO

Una cuestión de dignidad

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán contra vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame que te saque la mota del ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita: sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano (Mt 7, 1-5).

Dedicado a todos los que en esta vida me han querido y me siguen queriendo, estén o no ya entre nosotros, comenzando por mis padres e incluyendo también a algunos miembros de la Academia 

Dedicado a todos los Doctores expulsados por el sistema y a todos aquellos investigadores que, aun sin haber llegado nunca al Grado de Doctor, se desvivieron por la Academia y nunca recibieron de ella ni las gracias

¡Hola! Soy Pablo Guérez Tricarico, Doctor en Derecho Penal (programa de Doctorado en Ciencia Jurídica) y especializado en Derecho penal. Aunque esto no es lo más importante de mí, como bien saben mis familiares y amigos -¡y me refiero a cosas buenas! Como ser humano, no soy perfecto, y he cometido mis errores, fuera y dentro del ámbito profesional, como cualquier persona y cualquier trabajador en activo. Ahora mismo estoy fuera de la Academia… vamos a decirlo suavemente… por “circunstancias objetivas”. Y estoy fuera, también, como les gusta decir a algunos juristas más o menos “progres”, “en sentido material”, conservando las libertades formales. Es decir, que no cobro un solo céntimo de la Universidad, pero, eso sí, soy “Profesor Honorario”. ¿Y qué es eso de “Profesor Honorario”? Para los menos entendidos en figuras contractuales universitarias o equivalentes funcionales en la historia de las reglamentaciones universitarias recientes en España, la figura de Profesor Honorario es una figura de profesorado universitario no permanente, creada “praeter legem” -como dirían los administrativistas-, es decir, a falta de previsión legal o reglamentaria, por la normativa estatutaria de la propia Universidad. El sentido de la figura, en principio admisible, sobre todo en tiempos de crisis, es el de un reconocimiento especial que se otorga por la Universidad a profesionales de prestigio en sus diversas disciplinas -y que como tales, se ganan sus cuartos en el ejercicio de actividades laborales, profesionales o empresariales vinculadas al conocimiento y a la aplicación de dichas disciplinas-, a fin de que dichas personas, nombradas “Profesores Honorarios” por el Consejo de Gobierno de la Universidad, con quien no les une ninguna relación contractual ni estatutaria, ni mucho menos una expectativa de la misma, como es lógico, “transfieran” su conocimiento, normalmente adquirido en buena medida fuera de la Universidad, al ámbito universitario, facilitando de esta manera la transferencia del conocimiento. La figura vendría a ser un poco como la del antiguo Profesor Asociado LRU “de verdad”, es decir, el profesional de prestigio que aporta conocimientos prácticos a la Academia, y su función no varía mucho de la de un moderno Profesor Asociado -del tipo que sea- de la LOU/LOMLOU. Más bien el sentido de la figura del “Profesor Honorario” debería ser el de una persona, ya de edad avanzada, que pudiera aportar una valiosa experiencia a la Universidad, y pudiera permitirse el lujo, a cambio del “honor”, de hacerlo a titulo gratuito. Sin embargo, la política rectoral actual de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque ha ido dando, como en casi todos los terrenos, vaivenes en este sentido, tiende a un remplazo de las plazas de Profesores Asociados -sobre todo de aquellos con poca carga docente-, por la de Profesores Honorarios, motivado por la necesidad de ahorro impuesta por la incontestable política de contención del gasto público a raíz de la coyuntura económica de crisis general que sufre el país. Me gustaría que se hablara más de “autonomía universitaria” y de búsqueda de fuentes alternativas de financiación en colaboración con el sector privado en este ámbito, y menos en órganos políticos como el CCU o en lobbies de influencia mediática como la CRUE o la CRUMA, reclamando simplemente más gasto público sin ofrecer nada a cambio, cuando los rectores, que se supone que son gente culta, deberían saber que la batalla, no ya por la sostenibilidad, sino por la propia supervivencia del sistema universitario, no puede plantearse en estos términos tan rudos. Volviendo a la figura del Profesor Honorario, también es notorio que ésta ha sido criticada, no sin razón, por los sindicatos del ámbito universitario, cuando ha podido constatarse que ésta ha constituido una forma de encubrimiento de funciones docentes o investigadoras propias de un profesor o investigador a tiempo completo no remuneradas. En este sentido, y aun siendo consciente y denunciando la gravedad de este peligro genérico en la Universidad mientras subsista la figura, quiero dejar claro que éste no ha sido mi caso, sino todo lo contrario. Mi nombramiento como Profesor Honorario me ha permitido conservar una cierta -aunque lábil- vinculación con la Universidad que ha cosechado incluso algunos frutos, y frutos económicos, como por ejemplo, alguna invitación a impartir clases de posgrado en alguna Universidad extranjera. Esto tengo que reconocerlo. Sin embargo, ello no empaña la constatación de que el mantenimiento de una situación prolongada de “Profesor Honorario” va produciendo con el tiempo disfunciones o “desajustes” en el sistema y en la propia persona que ostenta el “cargo”, en la medida en la que, lo que en principio pudo pensarse como situación provisional, acaba convirtiéndose en situación indefinida en el peor de los sentidos, es decir, en situación no definida. Así, por lo que conozco de la Facultad de Derecho, los pocos profesores honorarios que nos encontramos en esta extraña y precaria situación de ser “sólo” profesores honorarios, sin actividad profesional alguna, si bien al principio de nuestra situación -respaldada económicamente por el inicio del cobro de la ayuda de la prestación por desempleo-, pudimos vernos en una especie de “purgatorio contractual”, a la espera de que se nos abrieran las puertas del cielo de las plazas de profesorado permanente, ahora el devenir de los acontecimientos, especialmente influidos por la devastadora crisis económica que se ha ido desarrollando más y más en nuestro país y en nuestras instituciones, como si de una enfermedad se tratara, muestra una realidad totalmente distinta. Si antes podía haber un conato de esperanza, ahora no hay esperanza alguna, y el purgatorio contractual acaba cediendo ante el infierno del desempleo sin prestación. Ahora que me queda poco, tengo la libertad para escribir de los deshauciados, para quejarme, legítimamente, pues las personas que hayan tenido la responsabilidad de poder mover los hilos decanales y rectorales durante mi “etapa de formación”, tanto por acción y omisión, ya saben con qué parte de responsabilidad les ha tocado cargar por haberme perdido. O quizá hayan sido tan ineptas que no lo sabían, algo muy propio en este país, especialmente en su endogámica Universidad. Y si esto le molesta a alguien, como suele decirse popularmente, tiene dos trabajos. Y si le duele es porque es verdad, como los datos que aporto en esta entrada. Y la verdad duele. A todos. A mí también.

Sin embargo, ahora, visto con algo de perspectiva y con un sano cinismo, no sé qué me sorprende de todo esto. En mi carrera académica truncada, por favores de diversa índole -algunos también imputables a mí, por qué no, pero en ningún caso desproporcionados al ostracismo al que me he visto obligado- Algo que, inconscientemente, ya predije cuando comenzó la “crisis universitaria”, antes del estallido de la crisis general, es decir, allá por noviembre de 2007.  Pero no me enorgullezco de ello, porque si lo hiciera sería un necio. Si realmente lo predije con claridad, debí haber cogido el toro por los cuernos y haber realizado una tesis exclusivamente instrumental para “colocarme” como profesor contratado doctor, incluso sin concurso, en aplicación de una transitoria de la LOMLOU. Desgraciadamente, mi carácter no me permitió orquestar semejante plan, y mi tesis doctoral se fue alargando más allá de lo “conveniente”, precisamente para no descuidar el rigor científico y lo “necesario”. Volviendo al momento presente, y sin temor a equivocarme, los meses que me queden hasta que termine este curso académico sean quizá mis últimos tiempos en la Universidad. Al menos, si los contamos de forma continuada desde mi primera incorporación formal al Área de Derecho Penal en 2002, o de mi primera etapa universitaria. Pues no descarto volver, a ésta o a otra Academia que me reconozca, si las cosas llegaran realmente a cambiar y si a mí realmente me conviniera. Mi nombramiento y, por lo tanto, mis funciones como Profesor Honorario de Derecho de la UAM tienen los días contados -por cierto, como los de todos-.

En lo que desborda al pequeño ámbito universitario, ni la LOU, ni la LRU fueron nunca un ejemplo de derechos laborales del llamado “personal docente e investigación en formación” o de sus equivalentes funcionales. La LRU permitió a principios de los años ochenta del siglo pasado que muchos PNNs -para mis lectores más jóvenes, profesores docentes no numerarios-, pasaran a convertirse, casi por arte de magia, en profesores funcionarios, y que después de unos años, “pasaran” de nosotros, los más jóvenes, que no pretendíamos saltarnos las reglas como ellos, sino simplemente tener la oportunidad de concursar a plazas de profesorado permanente según nuestro mérito y capacidad, que nunca fueron convocadas. Y, queridos lectores, a estas alturas, no puedo creerme que no fueron convocadas porque no hubiera dinero. A pesar de la crisis, a pesar de la crisis económica general, dinero había, y se gestionó mal desde los órganos académicos y desde la Comisión de Profesorado. Podría pedir transparencia a los órganos en su momento encargados de las promociones, pero tal misión sería casi como pedirle transparencia al Banco de España. En otro orden de cosas, la LOU constituyó un avance en el reconocimiento de los derechos laborales del profesorado no funcionario, convirtiendo los contratos administrativos en laborales. Pero para cuando las Universidades públicas pudieron utilizar dichos contratos se dieron cuenta del enorme coste en Seguridad Social que tenían que asumir, y para cuando se aprobaron por los respectivos Claustros y Consejos de Gobierno de dichas Universidad tímidos planes de promoción y estabilización del profesorado docente universitario, al menos en las Universidades de mayor envergadura, como la UAM -y de ello soy consciente, porque participé de alguna de estas lúgubres comisiones, defendiendo la continuidad de las plazas de mis compañeros, nunca la mía-, en los interminables debates de pasillo en los que se decide todo en cualquier organización, al margen de la realidad económica real, ya estábamos en plena crisis universitaria; y después, la recesión general del país, comenzada en la segunda etapa del Gobierno de Zapatero. Bien por Zapatero y su “Ley Caldera”, que hizo que algunos pocos investigadores de organismos autónomos, incluido el CSIC, fueran contratados como fijos después de “disfrutar” de contratos laborales de dos años. Así, efectivamente era la norma. Y el Estatuto de los Trabajadores, que poco a poco se encargaron de desmontar los gobiernos del PSOE y del PP, hasta el punto de que algunos nos planteamos en la actualidad si existe el Derecho laboral en cuanto tal. Sin embargo, y para lo que aquí quiero destacar, fíjense los lectores en lo siguiente: La “Ley Caldera” obligaba a hacer fijos o a indemnizar a cualquier trabajador, ya fuera del sector privado o del sector público (aquello tan bonito de “Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”, con Registro de Personal y todo: sonaba tan bien que algunos, cometiendo un error que sigue pesándonos, pensamos equivalente a una promesa de funcionariado o, al menos de permanencia; aprovecho para decir que me da igual que los Profesores universitarios de las Universidades Públicas sean funcionarios o laborales, como los Médicos de la Seguridad Social: más bien me inclino a pensar que tengan que ser todos laborales, pues la función de docencia e investigación no es una función, a mi juicio, del funcionariado -aunque sí de servicio público, como muchas realizadas por el sector privado-, al menos en el sentido clásico que yo defiendo). Lo que sí me parece una aberración y una injusticia que clama al cielo es que, por dar las gracias por el paro de entonces -el máximo, y que por lo menos era una cantidad digna de 1020 euros mensuales, se nos haya olvidado a muchos reclamar la otra cara de la moneda. La Ley Orgánica de Universidades, de rango superior, prevalecía sobre cualquiera de las Leyes citadas, con carácter ordinario. Esto significa, y significó, que pude estar  SEIS AÑOS Y  DIEZ MESES contratado sin derecho a que se me hiciera investigador permanente; si mi no renovación, de acuerdo con la “Ley Caldera” -que ya hemos dicho que no fue aplicable porque era inferior en rango a la LOU-, se hubiera equiparado a un despido, COSA QUE MATERIALMENTE FUE, me habría correspondido una indemnización de 1o978, 72 euros, aplicando el baremo entonces vigente de los 42 días por año trabajado. Es una cantidad modesta para cualquier empresa de limpieza o para una Universidad pública española, sin querer desmerecer el objeto social de una u otra. Pero una cantidad grande para una persona. Con eso y el paro acumulado podía haber formado mi propia empresa, que ideas no me faltaban, si no hubiera sido por las falsas expectativas dentro de la Universidad que entonces seguían cautivándome. Es la primera vez que hablo de esta cifra. De hecho, la acabo de calcular, aprovechando una gestión que tengo con la Seguridad Social. Y no va dirigida a los representantes universitarios, sino a mi familia y allegados, para que conozcan la verdad y, conociéndola, puedan juzgar, si lo estiman, en conciencia. 

En cuanto al contenido material y a las funciones de Profesor Honorario que he desempeñado hasta el momento, y quiero seguir desempeñando con mayor dedicación en el tiempo que me queda, tengo poco que decir, no sin su importancia. En primer lugar, es más que nada. Significa que conservo mi despacho, mi ordenador, sigo colaborando de buen grado en tareas docentes –porque me gusta-, y sigo conservando la categoría de “Profesor”, hecho que podría utilizar, y de hecho he utilizado, para buscar trabajo o para trabajar muy puntualmente en el sector privado, incorporando este dato y el logo de la UAM a mis tarjetas de visita. También dispongo de un ambiente privado tranquilo donde trabajar y poder hacer mis cosas, entre otras dedicarme a la investigación. Pero ahí empiezan los problemas. Porque, como decían los antiguos, primum vivere, deinde filosofare. Es decir, a diferencia de los profesores honorarios “al uso”, tengo que buscarme algo que me rente, que me dé de comer o, como dicen los norteamericanos –por cierto, por lo general muy pragmáticos y a veces algo “toscos” según nuestro exquisito criterio europeo, pero que nunca habrían permitido una situación académico-laboral como la mía-, “to pay the bills”. Y ahí ya empiezan los problemas, porque, más allá de la gratitud que le debo a mis compañeros del Área de Derecho Penal por haber propuesto al Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid mi nombramiento como Profesor Honorario, las salidas profesionales han brillado por su ausencia, tanto en el “bando” académico como en el “bando” de la empresa privada, aun a riesgo de incurrir en un reduccionismo. Y es que a la empresa privada no parece haberle importado absolutamente nada el que en mi tarjeta de visita ponga “Profesor Honorario” –cosa que, por experiencia, no puedo decir de otros cargos académicos, en general-. Por otra parte, en la política rectoral no ha habido ni una sola acción de verdad encaminada a la inserción de Doctores en el ámbito laboral, pese a la tan cacareada “transferencia del conocimiento” que acostumbramos a escuchar en los discursos rectorales. Mucha exigencia de subvención pública, eso sí, pero de autocrítica, nada; entre otras cosas, porque no la iban a necesitar: todos los peces gordos del gobierno universitario son “funcionarios docentes”, especie dotada de una inmunidad especial en nuestro ordenamiento jurídico, comparable a la de diputados y senadores. A pesar de ello, no es en ningún caso mi intención que esto pueda ser interpretado como un ataque personal contra nadie, y mucho menos contra las buenas personas que desde siempre estuvieron conmigo ayudándome en un camino que ya resulta difícil y penoso por sí mismo, como para que encima se convierta en un callejón sin salida, sobre todo cuando te cambian las reglas una vez comenzada la partida, como acostumbro a decir. O en un camino sin “salidas”, entendiendo como tales las salidas profesionales. O sin salidas profesionales dignas, pero vistas no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de los ciudadanos, de los contribuyentes. Decía J. F. Kennedy que no debemos preguntarnos qué hace nuestro país por nosotros, sino qué hacemos nosotros por nuestro país. Estoy de acuerdo en general, incluso aceptando la idea de que este país sea un país de políticos mediocres, y hasta ahí puedo leeer, como decía Don Narciso Ibáñez Serrador, fiel reflejo de la idiosincrasia española. Y precisamente mi queja no va tanto en el sentido de que no me den un trabajo acorde a mi cualificación, que también, pues soy un ser humano al que la santidad le queda todavía muy lejos, sino de la frustración que me produce el hecho de que los ciudadanos contribuyentes, los que pagan y han pagado durante años impuestos diligentemente -fundamentalmente, los trabajadores por cuenta ajena-, me hayan sufragado una formación pública hasta el máximo nivel que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, el Grado de Doctor, incluyendo el pago de becas y de estancias en el extranjero, y yo no pueda devolver a la sociedad española lo que me ha dado a través de la Universidad; por supuesto que puedo aceptar una ocupación para la que estaría peor preparado, pues de algo hay que vivir: mas no puedo volcar en la sociedad mi saber sin más, un saber que económicamente hemos -pues yo también he pagado impuestos hasta que he podido- sufragado entre todos. En parte ya lo estoy haciendo a través de este blog, que considero una obligación social como ciudadano y como persona. Y para quien quiera más… ¿qué esperáis? Podría, pero moralmente no puedo -ni debo-, por dignidad, por respeto a mi profesión y por respeto a mí mismo, hacerlo por cualquier precio, pues el obrero merece su salario (1Ti 5, 18). Bastante se ha invertido públicamente en mí como para que venga una empresa privada a pagarme un salario despreciable o incluso nada (c0sa que ya ha pasado, pero se dice el pecado, y no el pecador). Hasta aquí mi opinión, justa o injusta que le parezca al lector. Ahora, con su permiso, hablaré muy resumidamente de mi formación: se trata de una formación que ha sido acreditada por los órganos competentes para ello como suficiente para ocupar una plaza de profesor permanente en cualquier Universidad o centro de enseñanza superior de la Comunidad de Madrid, y ello solamente un año después de leída la tesis doctoral, que recuerdo a mis lectores que obtuvo la calificación máxima de Sobresaliente “cum laude” por unanimidad y posteriormente el Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor Tesis de Derecho leída en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid en el curso académico 2010-2011. Esto lo digo no para engreírme –pues bien saben los que me conocen que no me gusta precisamente practicar la soberbia-, sino para exponer datos objetivos. Datos objetivos que simplemente quiero comparar con otros datos objetivos: estoy, desde hace ya prácticamente DOS AÑOS Y SEIS MESES EN EL PARO, SEIS de los cuales sin derecho a prestación, cuando todavía sigo pagando –yo o mi familia- mis medicinas con arreglo a la clasificación T-3, cuando debería estar dentro de la clasificación más baja, al ser considerado oficialmente por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid como “persona sin recursos residente en la Comunidad de Madrid”. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, INDIGENTE. Cuestión distinta es que la caridad familiar me pueda costear la vida. Sin embargo, incluso jurídicamente, la hipocresía del lenguaje debería tener un límite. Por todo esto -aunque no sólo- ahora escribo sobre víctimas y sobre estigmatizaciones, y anuncio un “post” largo en cuya publicación he puesto mucho empeño, por lo que espero que vea la luz en los próximos días. Sin embargo, ¿de qué me quejo? Vivimos en un país capitalista, en un mercado libre, y no en una democracia (la cita es de la película Wall Street, 1987, cit. en varios posts míos); los “sabios” que asesoran a los políticos me dirán: ¿De qué te quejas? Una cosa es la educación y otra es el trabajo. Y es verdad. Pero entonces… ¿el dinero de los contribuyentes? Da igual, puede ser robado por los políticos. Al final, los gastos sociales, médicos y educativos no son sino una “disfunción” del sistema capitalista, lo que en otro tiempo se llamó socialdemocracia. 

Pero volvamos a la Academia, a esa “aula dorada” de formación de élites, como más de uno la han denominado, o le han exigido –no sin razón- que lo fuera. Pero que lo fuera de verdad, como ocurre en países serios. Y esto lo digo muy en serio, pues, a pesar del juego de palabras y de la opinión que en su momento histórico expresara tristemente el Sr. Goebbels, las mentiras no se convierten en verdades por su repetición. España, hoy por hoy, y ya desde hace tanto tiempo que no recuerdo si algún día lo fue, o estuvo a punto de serlo –y ello pese a mi buena memoria-, no es un país serio.

Estoy fuera de la Academia porque, como para algunos -afortunadamente, en mi Universidad, no muchos- se cerró el ascensor justo en el momento en el que nos iba a llevar a la planta de arriba: la planta de la permanencia, y alguien -pues estas cosas no funcionan solas- apretó al botón antes de tiempo; antes de mi tiempo; ¿o quizá fui yo el que llegué tarde? Sea como fuere, estas discusiones son inútiles. Entre otras cosas, porque hubo un día en el que otro investigador rechazado por un prestigioso instituto de matemáticas suizo –con el que para nada intento compararme- nos enseñó, mientras trabajaba como empleado en la Oficina de Patentes de Berna, y a través del envío directo de un artículo a una revista de máximo nivel internacional,  regida simplemente por la autonomía científica y no por variables extrañas de “índices de impacto”, que el tiempo no es absoluto. Más o menos cien años más tarde de aquella valiosísima enseñanza física, comencé mi andadura universitaria “en serio”, con mi primera estancia en Alemania, y diez años después nos encontramos en el momento presente. Ya he comentado en varias ocasiones que para mí, la variable tiempo va perdiendo cada vez más importancia… ¡será cuestión de que me hago mayor!, y que cada vez estoy más convencido de que un distanciamiento con respecto a las premuras de la vida presente sería un remedio saludable altamente recomendable para todos, especialmente para los académicos, que están cada vez más pendientes de “sus cosas”: sus acreditaciones, sus sexenios, sus publicaciones “alimenticias” (expresión del gran penalista y amigo Enrique Peñaranda), y a sus varias tareas más o menos útiles de auto, hétero y múltiple-evaluación y gestión, pero a las que el tiempo acaba haciendo justicia y dictando sentencia, la mayor parte de las veces, relegándolas al polvo del olvido. Varias veces, no sabría precisar cuántas, en el transcurso de todos estos años de vida y producción universitarias, y que ahora parecen diluirse en la nada, yo mismo, mientras vivía inmerso en la vorágine académica, escuchaba una voz impersonal que me decía, una y otra vez: “aguanta, chico… Si total, de aquí no echan a nadie”… “Si por aguantar cinco, diez años… ¿qué más da?”… “Serás Profesor Titular y, además, con un sexenio de investigación nada más terminar la tesis” (esta frase la recuerdo tal cual como fue pronunciada, ya sabéis que tengo muy buena memoria, y a quien la pronunció tras una comida en el restaurante “El Goloso”, próximo a la Universidad, sólo puedo guardarle gratitud, así como a los que asintieron, pero su autoría no será revelada hasta que yo no lo decida). ¿Que qué más da? Pues da. Y mucho. Se puede ir la juventud –de hecho se te va-. Y se te va la vida en las bibliotecas y salas de estudio, cuando no por rincones peores, como reacción a una travesía en el desierto basada en promesas que, ya desde lejos, se van viendo como incumplibles. Como así ha sucedido. Con ello no pretendo juzgar –ni mucho menos condenar- a nadie. Pero tampoco a mí mismo. Lo que sí pretendo hacer es reflexionar sobre un sistema que, en mi caso, no ha sabido o no ha querido incorporarme a su acerbo. Sus razones habrá tenido. Suficientes. Satis, en latín. No quiero ni puedo exigir responsabilidades de ningún tipo a nadie, pues bastante enredada está la madeja universitaria como para tratar de desenredarla: lo que es cierto es que, como en la Dinamarca de Hamlet, algo anda podrido en la Academia española como he dicho antes, y lo de “¡haber tenido que nacer yo para purificarla!”, se me antoja que no va a ser mi destino. Llegados a este punto… ¿Queréis saber la verdad?… ta chann… ¿Y qué es la verdad? Le preguntó Pilatos, intrigado, a Jesús, el Nazareno. No obtuvo respuesta. O al menos eso es lo que nos relata el Evangelio de San Juan en Jn, 18, 38. La verdad la saben los pocos que me conocen de verdad en la Universidad y que me aprecian. Si yo no estoy en la Academia es por circunstancias objetivas de ¿difícil? determinación, y no por mi trayectoria académica ni por la calidad de mis trabajos. Y lo mejor de ello es que mis trabajos son públicos, la mayoría han sido evaluados por expertos independientes y nadie, hoy por hoy, se ha atrevido a discutir su alta calidad. En cuanto a la docencia, el Rectorado custodia mis encuestas y están, o en la media, o por encima de la media: son datos objetivos. Y en cuanto a la gestión, mi representación en órganos universitarios y en proyectos de investigación, desarrollo e innovación ha sido, es y será siempre -al menos si no cambian demasiado los principios de la Administración pública-, públicos. Así que la respuesta a mi no promoción -o lo que es lo mismo, materialmente, que no técnicamente-, al “problema” de la finalización de la relación laboral que anteriormente he venido manteniendo con la Universidad Autónoma de Madrid desde octubre de 2005, previa una relación estatutaria de becario, con dicha Universidad, generada a partir de una convocatoria pública de becas FPU en concurrencia competitiva con efectos desde 1 de enero de 2002, y la posterior “solución” propuesta para mi caso, consistente en la sustitución de una relación laboral por mi todavía no finalizada “relación”, basada en un nombramiento del Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, de “Profesor Honorario”, no tiene nada que ver ni con la calidad de mis trabajos, ni con mi docencia, ni con mi perfil como académico.

Lo que nadie, ni casi ninguna “circunstancia objetiva” –cómo les gusta a muchos economistas y expertos en “empleabilidad” usar estos términos ambiguos en estos tiempos tan duros para tantas personas y tantas familias que, de verdad, están en nuestro país bajo el umbral de la pobreza o en riesgo inminente de estarlo por la incompetencia de muchos, incluida la de los expertos acuñadores de los términos arriba entrecomillados- podrá impedirme será ejercer mi libertad de investigación y de estudio, cuya plena capacidad me reconoce mi Título de Doctor, y dedicarme a lo que realmente me gusta: el estudio, la investigación y la enseñanza. Así que, lo que no pueda hacer desde la cátedra o desde el banco universitario como Profesor lo haré como individuo en la red, como bloguero. Si piensas así, entonces eres de los míos.

Dr. Pablo Luis Guérez Tricarico

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